En el más reciente acto de “justicia selectiva” al puro estilo mexicano, donde volvemos a presenciar una tragicomedia digna del absurdo legal: el presunto infractor, absuelto gracias a un laberinto de tecnicismos y peritajes dignos de telenovela barata por parte del INE, sale a escena ahora pidiendo disculpas y exigiendo justicia, mientras presume que el video donde fue exhibido recibiendo dinero como maleante politico de Morena, según la Fiscalía, fue alterado y obtenido de manera ilícita.
Manipulación de pruebas y ausencia de delito
El discurso oficial sostiene que la única “prueba” en contra —un video, convenientemente manipulado y filtrado por vías poco claras— carece de todo valor probatorio por haber sido obtenida ilícitamente y manipulada. Aquí la autoridad no sólo admitió la ilegalidad de la prueba, sino que cerró la carpeta usando esa misma causal como escudo, ignorando la raíz del asunto: la evidencia apunta a actos irregulares y la justicia cierra los ojos, siempre que convenga al poder de turno.
Irregularidades y selectividad del procedimiento
¿Debido proceso? Más bien un pérfido ejercicio de la maquinaria burocrática: tras cinco años de investigación, decenas de peticiones de información, y vueltas a instituciones como la UIF, el SAT y la CNBV, el INE dictaminó que no existía ni responsabilidad administrativa ni delito.
No por falta de hechos, sino por la supuesta invalidez de las pruebas, línea digna del mejor litigante especializado en tecnicismos donde el INE todo indica,actuo como su abogado. Queda la duda de cuántas veces procesos similares terminan rápido contra adversarios políticos menos protegidos.
Retórica de la víctima y el “daño irreparable”
El personaje central, Pio Lopez, lejos de mostrar modestia, se coloca en el papel de mártir: denuncia daño emocional, social y moral causado por “maliciosos medios”, pero nunca reconoce las circunstancias que propiciaron el escándalo. Esta es la clásica jugada: presentarse como adalid del Estado de Derecho y dejar de lado toda autocrítica, mientras la justicia electoral mexicana se atora en tecnicismos y simulaciones.
¿Legalidad o simulación?
El INE, bajo la legalidad facial, amparó al investigado en la cadena de custodia y la obtención de evidencia, pero nunca indagó a fondo la sustancia de los hechos señalados en el video. Así, el mensaje es claro: en México, basta con que la prueba tenga un defecto procedimental para anular el fondo del caso. Cuando el poder está de tu lado, la ley se vuelve un escudo hecho a la medida.
En resumen: el proceso terminó tan impoluto y exonerador como cabría esperar de una “justicia” que sirve al interés, no a la verdad. Ante el teatro legal, los verdaderos delitos electorales quedan impunes y el sistema premia al político hábil para escudarse en tecnicismos, no al ciudadano que busca justicia.
Con informacion: ELNORTE/
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