“ASI lo RESOLVIERON de VOLADA”:”AUTORIDADES de OAXACA dicen 8 JOVENES SECUESTRADOS y EJECUTADOS TRABAJABAN para CRIMINALES SIN NINGUN DETENIDO”…con pura saliva.

Las autoridades de Oaxaca dicen que tienen pistas de que los ocho jóvenes asesinados en Huatulco estaban implicados con un grupo criminal de la región e indagan una red de policías municipales y células locales del crimen organizado que estarian detrás de la violenta muerte de los jóvenes que viajaron de Tlaxcala a las costas de Oaxaca para trabajar con Alfredo Lavariega Canseco “Jocha”, quien también fue asesinado.

Una de las pistas que siguen autoridades estatales es que los jóvenes acudieron a la costa oaxaqueña para supuestamente cometer una serie de robos a cuentahabientes y turistas bajo el liderazgo de “El Jocha”, propietario de Hospedaje “Jocha” y quien en 2021 fue candidato a Alcalde de Santa María Huatulco.

Acusaciones públicas sin sustento judicial

La revictimización de los nueve jóvenes tlaxcaltecas asesinados en Huatulco por parte de las autoridades de Oaxaca se sustenta en tres factores clave: señalamientos sin pruebas contundentes, omisión en el avance de las investigaciones y contexto de control criminal en la región.

Las autoridades estatales, particularmente la Fiscalía de Oaxaca, han difundido la teoría de que las víctimas estaban vinculadas al grupo “Zacapoaxtlas”, supuestamente dedicado a robos a turistas bajo el mando de Alfredo Lavariega “El Jocha”. Sin embargo:

• No hay evidencia forense o documental que confirme la pertenencia de los jóvenes a esta célula.
• Las familias niegan categóricamente los vínculos, señalando que los viajeros eran estudiantes y trabajadores sin antecedentes delictivos.
• La sobreviviente Brenda Mariel Salas declaró que fueron levantados por policías municipales de Huatulco, no por grupos criminales.

2. Inacción ante la corrupción policial y nexos con el crimen organizado

A pesar de los testimonios que implican a elementos de la policía de Huatulco, ningún funcionario ha sido detenido o suspendido. Esto ocurre en un contexto donde:

• Bandas criminales como el CJNG y el Cártel de Sinaloaoperan en la zona, con presunta complicidad de autoridades locales.
• Existen denuncias históricas sobre redes de extorsión y narcotráfico que involucran a policías municipales, especialmente en zonas turísticas como Huatulco.
• El gobernador Salomón Jara se limitó a pedir “denuncias formales” en lugar de ordenar investigaciones proactivas, a pesar de que el caso involucra a tres entidades federativas (Oaxaca, Puebla y Tlaxcala).

3. Narrativa oficial vs. realidades territoriales

La insistencia en criminalizar a las víctimas contrasta con el control fáctico de grupos delictivos en la región:

• Huatulco es un punto estratégico para el tráfico de cocaína y la extorsión a negocios turísticos, con presencia documentada del CJNG desde 2023.
• El asesinato de Lavariega “El Jocha” (vinculado a los jóvenes) ocurrió en circunstancias similares a ejecuciones cartelarias, incluyendo una cartulina acusatoria.
• Las manos cercenadas de las víctimas coinciden con métodos de castigo del crimen organizado por “robar” en territorios controlados.

Consecuencias de la revictimización

• Desvío de atención: La narrativa oficial minimiza la responsabilidad institucional en un estado con 95% de impunidad en delitos graves.
• Estigmatización social: Medios replicaron sin verificar capturas de un grupo de WhatsApp llamado “Zacapoaxtlas”, atribuyéndolo a los jóvenes pese a no mostrar conexiones reales.
• Trauma familiar: Madres como la de Angie Lizeth Pérez han tenido que desmentir públicamente los señalamientos: “Mi hija no tenía que ver con ese grupo […] no se merecía eso”.

Este caso refleja un patrón recurrente en México: la criminalización de víctimas para ocultar fallas estructurales en seguridad y justicia. Mientras persista esta dinámica, se perpetuará el ciclo de violencia e impunidad en regiones controladas por el crimen organizado.

Con informacion: ELNORTE/