La violencia en Sinaloa que no tiene pa’cuando ceder,escaló este fin de semana con el hallazgo de otros tres policías municipales ejecutados, un episodio que refleja la grave crisis de seguridad en la entidad que padece el actuar de criminales y también de sus estrategia notoriamente fallida,peroe exitosamente mediática.
Los agentes Ezequiel “N”, Joel Alberto “N” y Petra Emilia “N”, asignados a la sindicatura de Costa Rica en Culiacán, fueron secuestrados el pasado 28 de febrero cuando atendían un reporte de ejecución en la carretera
Sus cuerpos con huellas de tortura y disparos fueron localizados este 2 de marzo cerca del puente La 12, en la carretera Culiacán-Eldorado.
Detalles del crimen:
Los uniformados viajaban en la patrulla 0404 cuando un grupo armado los engañó con un falso reporte de violencia.
Uno activó el botón de pánico, movilizando operativos con helicópteros y fuerzas federales, pero solo encontraron la patrulla abandonada horas después.
Los cuerpos presentaban mutilaciones características de ajusticiamiento, método recurrente en ejecuciones del crimen organizado.
Contexto de la violencia:
En los últimos 5 meses han asesinado a 15 policías en Sinaloa, con picos en noviembre 2024 (6 muertes) y enero 2025 (4 casos).
Las víctimas incluyen elementos de Culiacán, Mazatlán y Navolato, muchos atacados durante sus turnos o en días libres.
La SSPE señala que los criminales operan con ventaja: “Actúan en la oscuridad, mientras los policías dan la cara”, lo que suena muy romántico.
Conexión con el crimen organizado:
La Fiscalía investiga si las víctimas tenían vínculos con grupos delictivos, aunque no hay detenidos,lo que de paso los criminaliza injustamente, si atendemos los indicios que dejan ver lo “bandida” de la fiscalía y su gobernador hampon.
La ola violenta se relaciona con la disputa entre facciones de Los Chapitos y “El Mayo” Zambada tras la extradición de Ovidio Guzmán en 2024.
Impacto social y operativos:
Durante el Carnaval de Mazatlán (del 27/2 al 4/3), se hallaron dos cadáveres de canadienses en avanzada descomposición, aunque sin señales de violencia.
Este caso evidencia la táctica de grupos criminales para desestabilizar instituciones: ataques calculados contra fuerzas policiales, combinados con crímenes de alto impacto que generan terror social, mientras el jefe de la “charola mañosa”, dice los tenemos debilitados.
Trece gobiernos estatales, tres universidades y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México hicieron pagos, con recursos de cuatro fondos federales, por 26 millones 362 mil 140.53 pesos a nombre de trabajadores de la educación que habían muerto, un probable daño a la hacienda pública que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) les demanda comprobar o reintegrar los recursos.
El dinero empleado indebidamente en personas que fallecieron no sólo en 2023 –año fiscalizado–, sino en ejercicios anteriores, provino del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), de Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos, del Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, así como de Recursos del Gasto Federalizado Transferidos a las Universidades Públicas Estatales.
En todos los casos, los auditores constataron que emitir pagos a nombres de estos trabajadores fue indebido, pues al momento en el que se cargaba su nombre a la nómina, tenía tiempo que habían fenecido. EMEEQUIS detectó estas inconsistencias tras la revisión de los informes individuales de cada fondo, incluidos en la tercera y última entrega de la cuenta pública 2023 que hizo la ASF el pasado 20 de febrero.
FONE, LA RECURRENCIA
Ocho gobiernos estatales incurrieron en un posible daño a la hacienda pública al transferir, sin justificación, recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo a cientos de personas que, comprobó la ASF, habían muerto.
De acuerdo con la auditoría 1531, el Poder Ejecutivo estatal de Oaxaca no logró comprobar por qué hizo pagos que ascendieron a 8 millones 393 mil 429.84 pesos a 53 trabajados identificados por el propio sistema educativo como decesos en 2023 o ejercicios fiscales anteriores.
Originalmente, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca ordenó pagos por 12 millones 8 mil 800 pesos a 281 trabajadores que ya habían muerto, pero logró acreditar la situación de 101, con devolución de recursos. La observación, en tanto, persiste por los 8.3 millones de pesos como supuesta remuneración para 53 personas que habían fallecido al momento en el que se hicieron las erogaciones a su nombre.
En la misma irregularidad incurrió el gobierno de Guerrero, el cual, según la auditoría 1087, tiene sin acreditar 357 pagos que sumaron 5 millones 349 mil 153.34 pesos a 72 trabajadores que estaban confirmados como muertos.
Inicialmente, por cuenta y orden de la Secretaría de Educación de Guerrero, se realizaron con recursos del FONE mil 142 pagos por 11 millones 656 mil 800 pesos a 219 trabajadores que ya habían fallecido. Durante la inspección, el ente estatal acreditó el reintegro por 4 millones 346 mil 402.98 pesos, que fue destinado a 147 extrabajadores. Con ello, se mantuvo la observación por los otros 357 fallecidos.
La carga en el erario por “remuneración” a personas que habían muerto también se dio en Jalisco, con tres pagos por 32 mil 669.51 pesos a nombre del mismo número de difuntos, y en Tabasco, donde 995 mil 634.89 pesos igualmente se “destinaron” a fallecidos, con base en las auditorías 1214 y 1918, respectivamente.
En el primer caso, había otros 486 pagos por 3 millones 961 mil 900 a 16 trabajadores identificados como decesos, pero el estado reintegró el dinero tras la intervención del ente fiscalizador.
De la misma forma, Guanajuato y Aguascalientes erogaron “salarios” para personas que habían muerto. El primero, 83 mil 300 pesos de la nómina federal y 63 mil 200 más en las nóminas estatales subsidiadas, mientras que el segundo tuvo órdenes de pago por 324 mil 428.88 pesos para nueve trabajadores identificados como decesos en ejercicios fiscales anteriores, lo cual consta en las auditoras 1008 y 438.
En dos casos más, los informes individuales tras la revisión al FONE muestran registros de pagos a fallecidos, pero se suman a otra irregularidad –remuneraciones a quienes ya habían sido dados de baja de los sistemas educativos–, sin que se precise el monto que corresponde a una y otra falla en el manejo de los recursos. Se trata de los gobiernos de los estados de Baja California y Chiapas.
Ricardo Castillo, secretario de Eduación de Guerrero.
En el primero, la auditoría 476 da cuenta de que un millón 170 mil 598.55 pesos es reclamado por pagos a 25 trabajadores después de la fecha en que causaron baja y a 33 identificados como decesos. En el segundo, son 3 millones 240 mil 206.54 pesos los que se reclaman (auditoría 593).
Inicialmente en Chiapas se habían detectado mil 405 pagos por 11 millones 96 mil pesos a 130 trabajadores muertos, así como 984, que sumaban 4 millones 650 mil 800 pesos, a 256 exempleados que ya no debían cobrar porque habían sido dados de baja de manera definitiva, los cuales contaron con 434 plazas.
No obstante, el dictamen refiere que para justificar ambas inconsistencias el sector educativo proporcionó cheques cancelados, consultas en el sistema de nómina y reintegros, con lo que hizo una comprobación parcial, pero quedaron vigentes los 3.2 millones de pesos, sin que especifique cuántos corresponden a una observación o a otra.
En total, del FONE son 19 millones 652 mil 621.55 pesos reclamados a estas ocho entidades.
En el manejo de las transferencias que recibieron como parte del Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, seis gobiernos estatales también emitieron pagos por 3 millones 438 mil 293.05 a nombre de 248 personas fallecidas.
De nuevo Chiapas incurrió en la irregularidad, al cubrir 94 órdenes de pago, que en pesos son un millón 158 mil 887.18, para 24 trabajadores que habían muerto (auditoría 2271).
Igualmente, el Gobierno del Estado de Durango, con 209 pagos por un millón 175 mil 800 pesos a 190 empleados que se comprobó habían perecido; el de Guerrero, que usó 87 mil 976.11 pesos por hacer 18 pagos a cuatro trabajadores identificados como decesos, y el de Michoacán, con pagos improcedentes por 392 mil 583.90 pesos para 20 difuntos, tienen que justificar el porqué de estas cargas que no debieron hacerse. Los tres casos están expuestos en las auditorías 2276, 1095 y 1288, de manera respectiva.
Como ellos, las administraciones de Nayarit y Tabasco hicieron, en ese orden, pagos a nombre de nueve y un difuntos, por 361 mil 790.21 pesos y 261 mil 255.65 pesos, como especifican las auditorías 2286 y 2298. En el primer caso, originalmente eran 76 pagos a diez personas fallecidas, pero el gobierno justificó la procedencia de las percepciones por 173 mil 243.09 pesos para uno, sin que el dictamen de inspección precise más al respecto.
Universidad Autónoma de Baja California.
Otro millón 979 mil 722.85 pesos fue destinado en pagos a 55 difuntos, por tres instituciones educativas de institución superior, como parte de los Recursos del Gasto Federalizado Transferidos a las Universidades Públicas Estatales.
Se trata de las universidades autónomas de Baja California, con 326 mil 208.29 pesos para 36 fallecidos; la de Chiapas, con dos pagos por 26 mil 520.76 pesos, y la de Querétaro, con un millón 626 mil 993.80 pesos en 18 difuntos, observaciones presentes en las auditorías 487, 605 y 1700.
Por su parte, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México empleó un millón 291 mil 503.08 pesos de los recursos que recibió de Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos, en 358 pagos improcedentes a siete trabajadores identificados como decesos, recurso que debe acreditar o devolver a la Tesorería de la Federación.
Estuardo Mario Bermúdez Molina, quien fuera titular de la desaparecida Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra la Salud (FEADS) de la PGR, litiga contra el bloqueo de sus cuentas bancarias dictado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El 2 de agosto de 2023 Bermúdez se enteró que habían sido inmovilizados los recursos de sus cuatro cuentas bancarias en Banamex y Santander, a las que estaban relacionadas cuatro tarjetas de crédito, una de cheques y una de débito.
De acuerdo con registros judiciales, Bermúdez ya logró que la justicia federal ordenara descongelar casi todas sus cuentas, pero después de un año y medio la UIF mantiene inmovilizada una de ellas, en la que cobraba en forma bimestral su pensión universal deadulto mayor.
Según registros judiciales, la última suspensión le permitió al ex fiscal disponer de su pensión del ISSSTE, pero desde junio de 2024 le bloquearon otra cuenta en la que cobraba la pensión universal de adulto mayor.
Fundamentos mediático-emocionales
Este caso presenta múltiples aristas que podriamos intentar analizar desde tres perspectivas clave:
El relato público de Bermúdez se construye sobre dos ejes:
Victimización por error administrativo: Insiste en que el bloqueo de sus cuentas bancarias (implementado en agosto de 2023) se basa en su vinculación equivocada con actividades delictivas ocurridas ocho meses después de su renuncia al despacho Molrod, Silber y Asociados en febrero de 2013.
Apelación emocional: Destaca el impacto económico en su vida cotidiana, particularmente el congelamiento de su pensión universal para adultos mayores, recurso vital para su subsistencia, que lo convierte en único ex funcionario antidrogas con medidas financieras restrictivas que se defiende con esta narrativa.
Desviaciones conductuales y contradicciones institucionales
El caso presenta irregularidades procesales notables:
Inacción de la FGR: A pesar de la carpeta de investigación FED/DGCAP/DGCAP-NAY/0000019/2019 por lavado de dinero, nunca se aseguraron activos ministerialmente ni se citó a declarar a los implicados.
Inconsistencias temporales: La UIF aplicó medidas una década después de los hechos investigados (2013-2018) y cuando Bermúdez ya no pertenecía al despacho.
Trato desigual: Mientras otros ex socios como Héctor Rodríguez Franco ya obtuvieron amparos favorables, su proceso judicial acumula 14 aplazamientos y tres cambios de juzgado.
Contexto estructural
El caso revela patrones preocupantes en el sistema financiero-judicial:
Mecanismos de bloqueo preventivo: La UIF actuó basada en solicitudes de la FGR sin sustento procesal concluyente.
Vulnerabilidad de ex funcionarios: La designación en Listas de Personas Bloqueadas muestra posibles usos discrecionales, pese a resoluciones judiciales favorables a otros implicados.
Disfuncionalidad judicial: El conflicto competencial entre juzgados administrativos y penales retrasó durante 8 meses la resolución del caso, afectando derechos patrimoniales básicos.
Antecedentes institucionales:
1. Cargo antidrogas: • Titular de la FEADS (2001-2003) bajo el gobierno foxista, época clave en operaciones contra cárteles como el del Golfo. • Su gestión coincidió con investigaciones contra Adán Medrano Rodríguez (“El Licenciado”), lugarteniente del cártel del Golfo capturado en 2002.
Este entramado evidencia tanto fallas en los mecanismos de supervisión financiera como vacíos en la protección de derechos fundamentales durante procesos investigativos prolongados.
La ausencia de acciones penales concretas contra los implicados, contrastada con medidas administrativas restrictivas mantenidas por años, plantea serios cuestionamientos sobre el equilibrio entre prevención del delito y garantías individuales.
Por si alguien dudaba del cambio de época, nada mejor que la cabeza de Rafael Caro Quintero. El Príncipe -su apodo predilecto- duerme esta noche en una cárcel estadounidense.
Para entender la trascendencia del momento hay que entender la motivación del cazador: Caro Quintero llevaba cincuenta años en la mirada de la Drug Enforcement Administration (DEA). A salto de mata y entre los agujeros del sistema judicial mexicano, evitó las garras del imperio.
A Trump 2.0 no lo pudo vencer.
La historia es vieja y la cuentan los viejos.
Rafael Caro Quintero, criado en las faldas de las montañas de la Sierra Madre, se hizo de un nombre a finales de los años setenta.
En su mesa se sentaban fantasmas del pasado. Sus alias huelen rancio: Pedro Avilés Pérez, El León de la Sierra; Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, Juan José Esparragoza Moreno ‘El Azul’. Primeros protagonistas de una serie que ahora va en su octava o novena temporada.
Dos malas jugadas marcaron el futuro del joven Quintero. La primera sucedió en enero de 1985. Caro y sus matones cenaban en La Langosta Loca, un restaurante de mariscos en Guadalajara. Dos mesas al lado se sentaron dos güeritos. Eran turistas estadounidenses.
Atravesado por la cocaína y los nervios, Caro pensó que eran agentes de la DEA. Los descuartizó con picahielos y navajas.
La segunda jugada ocurrió semanas después, el 8 de febrero de 1985. La lamentaría el resto de su vida. Ordenó el secuestro del agente de la DEA, Enrique Camarena. Las motivaciones del acto quedan a la especulación. Sobran libros, películas y malvados.
Aquel error no habría sido tan grande si no existieran grabaciones de los matones de Caro torturando a Camarena. Empezaba la persecución. Quintero acababa de cumplir 32 años. El resto de su vida sería símbolo.
Caro Quintero huyó a Costa Rica de la mano de su novia. Ahí, frente al mar y a los ojos de Sara Cosío, fue arrestado y traído de vuelta a México.
En el Altiplano y luego en Puente Grande pasó 28 años. Estados Unidos lo reclamaba, pero los jueces se aferraban a mantenerlo en México. En 2013, cuando los periódicos ya no hablaban de él, pasó lo increíble: un tribunal colegiado lo dejó en libertad arguyendo una minucia técnica: el asesino de Camarena debió haber sido juzgado en el orden local y no en el federal.
De la noche a la mañana fue liberado. Cuando la Embajada de Estados Unidos y el Gobierno federal se dieron cuenta, Caro ya andaba a salto de mata en la sierra.
Ploff. Hay onomatopeyas providenciales. Ploff.
Para la DEA, la liberación de Caro fue la constatación de que México no tenía remedio. Fue todo a la vez: burla, ofensa, humillación. Su recaptura se convirtió en una obsesión burocrática. La DEA ofrecía 20 millones de dólares por la cabeza de un señor que rondaba los 70 años.
Algunos dicen que Quintero volvió a consolidarse como jefe regional del narco en Sonora. La verdad es que no hay evidencia de eso. Lo más probable es que anduviera a salto de mata escapando de los agentes yanquis.
En julio de 2022, finalmente Quintero fue aprehendido de nuevo en Choix, Sinaloa. Por entonces, con dos órdenes de aprehensión y otra de extradición, todo apuntaba a que pasaría el resto de su vida en Estados Unidos. No fue así.
Por tres años, el equipo de abogados de Quintero utilizó todas las argucias legales para impedir una extradición que se dilataba más y más. Suspensiones, amparos, aplazamientos. La mejor de todas las estrategias: argumentar que Caro Quintero no era Caro Quintero. Dictámenes periciales, sistemas de identidad fisonómica, fotografía forense. Las herramientas de la justicia utilizadas para escapar de ella.
Caro Quintero pudo con todo, pero no con Donald Trump y su amenaza arancelaria.
En otro giro de tuerca a una historia de impunidad, el jueves el Gobierno de México “trasladó” al Príncipe y a 28 narcotraficantes más a Estados Unidos. No lo hizo bajo el marco de la extradición, sino de una conveniente interpretación de una ley de 2005 que permite procesos de extradición fast track.
Procesos que podían durar años, se resuelven en un solo día. Por más cambios que se hagan a la Constitución para poner la palabra SOBERANÍA en mayúsculas y negritas, Trump cambia las reglas del juego.
La implicación más obvia es que Caro Quintero y el resto de los “extraditados” podrán ser sentenciados a condenas que, no siendo legales en México, sí lo son en Estados Unidos. El fantasma de la pena de muerte.
Parece Colombia en los noventa, pero es México en la era Trump.
Se equivoca quien piense que esta historia terminó. Si algo nos ha enseñado el affaire Quintero, es que siempre hay más tela de donde cortar.
Apenas el viernes, Quintero compareció ante un tribunal de Nueva York. A la lectura de cargos asistieron más de 100 agentes del FBI y la DEA para “honrar la memoria de uno de los suyos”. Los cerrojos metálicos que acompañaron las muñecas del narcotraficante pertenecieron a Camarena. Todo es símbolo.
Es un cambio de época. El tortuoso proceso de extradición se convirtió en un veloz traslado. Trump 2.0 consiguió a Quintero. La DEA cobra su revancha y los aranceles -al menos un mes más- no entrarán en vigor.
Por ahora, la cabeza de Caro saciará el hambre de la bestia. Pero ¿a quién habremos de ofrendar el próximo mes.
Entre la noche del martes y miércoles de esta semana, los dueños de las casi 12 mil gasolineras que existen en el país comenzaron a recibir en WhatsApp un documento .pdf titulado “Acuerdo Nacional Gasolina”. Entre unos y otros se enviaron las ocho páginas con el sello de la Presidencia de la República y un subtítulo que dice “Política nacional para promover la estabilización del precio de la gasolina en beneficio del pueblo de México”.
Un articulo de la autoria del periodista Claudio Ochoa Huerta,en EL UNIVERSAL advierte al final:
“…Los testimonios identifican que en distintas partes del país alguien con tremendo poder e influencia está importando y distribuyendo ese mismo diesel a precio más barato, con un margen de seis pesos de ganancia gracias a que lo mete como aceite y no le aplica el IEPS. ¿Quién será?…”
La referencia del columnista es una clara alusión al gobernador de Morena en Tamaulipas,Americo Villarreal Anaya,el principal “traficante” de las cuotas al “contrabando de Huachicol fiscal” que es introducido desde Texas sin pagar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS),que deja una “millonada que tambien salpica a carteles y militares”.
Que dice el columnista del documento:
“…Entre la página 1 y 2 explica, en resumidas cuentas, que la gasolina y el diesel tienen un impacto directo con la producción de bienes y servicios que integran la canasta básica. Que uno de los mecanismos que se han utilizado para suavizar el efecto de la fluctuación del precio ha sido el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, pero que, no obstante en los momentos en que los precios de referencia internacional han bajado, el beneficio no necesariamente se ha transferido al pueblo de México y por lo tanto se requiere impulsar una política nacional para promover la estabilización del precio de la gasolina.
Al terminar de leerlo, los dueños de las estaciones de servicio comenzaron a buscar a sus distribuidores de combustible, es decir marcas como Valero, Shell, la casi liquidada British Petroleum y la propia Pemex. Si los empresarios ya estaban sorprendidos con el documento, las respuestas de los representantes de estas grandes firmas los dejaron aún más: el plan no está sustentado en ningún análisis, mucho menos en números. Reconocieron haber participado en reuniones a lo largo de las semanas anteriores con oficinas como la Secretaría de Energía, Profeco y la Organización de Expendedores de Petróleo, conocida como Onexpo, pero nada concluyente.
Con el paso de los días, los dueños de las gasolineras se dieron cuenta que el acuerdo había sido entre la cúpula de la Onexpo y el gobierno de la presidenta Sheinbaum y ese no ha sido su primer disgusto.
Al menos cinco gasolineros entrevistados para esta columna coinciden en que están sobrerregulados y nadie los defiende. De cada peso que ganan, 36 centavos se van en contratar a empresas que les hacen el muestreo de la gasolina o que revisan las máquinas dispensadoras, para luego entregar esos reportes a Hacienda, que finalmente da el visto bueno para seguir operando.
El tercer reclamo es que los liderazgos de la Onexpo ya ven más por la política que por los intereses del sector. Como muestra explican que el congreso más reciente, celebrado en Cancún, perdió protagonismo. Contrario a la costumbre, no aparecieron funcionarios de primer nivel, sino representantes de los representantes.
El cuarto reclamo es que los compradores de grandes cantidades de diesel están desapareciendo. ¿Por qué, si siguen circulando las unidades que lo necesitan? Los testimonios identifican que en distintas partes del país alguien con tremendo poder e influencia está importando y distribuyendo ese mismo diesel a precio más barato, con un margen de seis pesos de ganancia gracias a que lo mete como aceite y no le aplica el IEPS. ¿Quién será?
Ante la entrega de 29 criminales a Estados Unidos, entre ellos capos del narcotráfico, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, previó una reacción del crimen organizado.
“El que el Gabinete de Seguridad haya actuado de esta manera, nos da seguridad. Obviamente tenemos que estar pendientes de las reacciones que pudiera suscitarse con motivo de los vacíos que se dejan frente al traslado de estos personajes”.
El morenista llamó a respaldar a la Presidenta Claudia Sheinbaum ante lo que llamo “hostilidades” del Gobierno de Donald Trump y que México tiene que estar unido y México tiene que respaldar a la Presidenta Sheinbaum,que la curricula manchada,Omar García Harfuch,dijo que no tuvo nada que ver en la entrada de capos a EE.UU.
“Son momentos críticos, difíciles, que estamos viviendo frente a la hostilidad de un Gobierno extranjero, que la única manera de aguantar, de resistir y enfrentar con éxito esta embestida es con la unidad de mexicanas y mexicanos”.
Monreal también achacó a jueces el retraso para entregar a estos delincuentes.
“Se demuestra que muchos de ellos en su mayoría no estaban siendo trasladados ni extraditados por obstáculos que la justicia federal interpuso, y que la justicia federal de manera recurrente evitaba al otorgar amparos y suspensiones que evitaban la extradición”, indicó.
Ricardo Monreal, fundamenta sus advertencias sobre reacciones del crimen organizado en un contexto marcado por tres factores clave: la presión geopolítica de la administración Trump, la narrativa oficialista sobre obstrucción judicial para justificar una medida ilegal y los antecedentes de infiltración criminal en instituciones mexicanas de las que Morena es lider..
1. Tensión bilateral y cálculo político La extradición, entrega o expulsión, ocurre en un escenario de creciente amago del gobierno de Donald Trump por la tambien creciente desconfianza hacia México, de lo que MORENA es en gran parte responsable y Shenbaum beneficiaria, no se olvide que es continuida_”.
Monreal busca el protagonismo par capitalizar este escenario en su favor,dizque fortaleciendo la unidad nacional alrededor de Sheinbaum, muy deteriorada en su caso personal y repitiendo el discurso soberanista de la “segunda independencia” que propone reducir la dependencia económica de EE.UU. Aunque la sedicente acción antinarcóticos coordinada ,contradice parcialmente esta retórica, mostrando la dualidad del gobierno morenista: defensa de soberania,confrontación discursiva con cooperación operativa al nivel del entreguismo bajo el “flojitos y cooperando”.
2. Judicialización de la seguridad Las críticas de Monreal a los jueces federales replican el argumento central de la reforma judicial morenista que vaticina ser un completo caos:
Acusa al poder judicial de proteger criminales mediante amparos, como sucedió con proyectos de AMLO bloqueados por tribunales, quien paradogicamente ejerció un gobierno protector de criminales.
Omite que 83% de extradiciones a EE.UU. entre 2019-2023 fueron aprobadas bajo su gobierno, de tal suerte que el argumento no es valido ,basado una generalidad que se fundamenta en la suposicion.
Ignora que los Abogado ligados a Morena fueron quienes demoraron la extradición del Z-40 por mas de 10 años y hasta el dia del escandalo de la “Carta del Mayo Zambada”, no les incomodaba,se beneficiaban de ella.
Este discurso justifica la elección popular de jueces (vigente desde 2025), medida que expertos consideran riesgosa por exponer el sistema judicial a influencia criminal,como quedo acreditado hace tan solo unos dias en que una madre irrumpió en un congreso para tumbar la candidatura de un ligado a doble ejecución que quería ser juez.
3. Riesgos reales de la reacción criminal La advertencia de Monreal tiene sustento en:
El histórico control de cárteles sobre estructuras estatales, locales y federales operando en todo el pais en cientos de células ayudadas por todo los gobierno,ahora fragmentadas,aunque ceñidas a Carteles.
El asesinato de 35 candidatos en elecciones 2023-2024, mostrando capacidad de cooptación violenta del proceso político y los alcances materiales de su control.
El precedente de represalias tras capturas de líderes ,las que terminan beneficiando a otros segmentos del crimen organizado, convirtiendo esto en un mero enroque, que siempre nos trae nuevos liderazgos, cada vez mas violentos que los que ya se fueron, que obliga la asunción de perfiles menos pensantes y desde los estratos mas bajos,mas torvos, cruentos y sanguinarios,porque la realidad nos advierte siempre se puede estar peor.
Colusión y contradicciones La acusación implícita de “traición” conecta con:
Denuncias recientes sobre vínculos entre Morena y Juan Pablo Penilla, abogado de “El Mayo” Zambada, donde Monreal apareció fotografiado.
La estrategia de AMLO de culpar a jueces por problemas de seguridad, mientras reformas morenistas debilitaban órganos autónomos anticorrupción.
El antecedente familiar que lo ubica por informes del ejercito en el decomiso de 14 toneladas de mariguana, cuya inacción penal no prueba su inocencia, sino la influencia que ejercen narcopoliticos en el sistema judicial que hoy critican, porque ahora lo quieren tambien a su servicio, para hacerlo igual o incluso peor.
La paradoja radica en que Monreal, cuestionado por presuntos lazos criminales, ahora se erige como portavoz de la “unidad nacional” contra el narcotráfico.
Esta contradicción refleja la compleja dinámica del morenismo: un partido que se ha colegiado con el crimen organizado,que lo combate narrativamente mientras absorbe prácticas clientelares tradicionales, generando riesgos reales de cooptación por grupos delictivos
