En México y muy recientemente en Tamaulipas, la creciente utilización de minas antipersonal artesanales y drones con explosivos por parte del crimen organizado ,ha convertido estas armas en herramientas cotidianas de terror, con un impacto desproporcionado en la población civil.
Aunque su diseño teórico y motivacional podría sugerir su uso contra objetivos de facciones criminales en pugna, la realidad lastimosa muestra que son dispositivos “anti-inocentes”, cuyas víctimas frecuentes son campesinos, niños y transeúntes ajenos a los conflictos criminales.
Minas antipersonal: letales para la población civil
Estos artefactos explosivos improvisados (AEI), fabricados con metralla, tubos metálicos y detonadores caseros, se han encontrado en 19 estados del país, con Michoacán, Chihuahua y Tamaulipas como focos rojos. Su colocación en caminos rurales, campos de cultivo y áreas urbanas tiene un doble propósito:
- Proteger territorios controlados por grupos criminales.
- Generar miedo social para disuadir la presencia de fuerzas de seguridad y logran ambos.
Consecuencias humanas:
- Entre 2018 y 2022, se registraron 377 incidentes con 1,765 artefactos explosivos, donde 52 explotaron.
- En Michoacán, entre 2022 y 2025, 10 militares murieron y 29 resultaron heridos, mientras que 4 civiles fallecieron y 3 fueron lesionados.
- Casos recientes incluyen la muerte de tres jornaleros en Tumbiscatío (2024) y dos civiles en Buenavista Tomatlán (2025) por minas activadas accidentalmente.
- En Tamaulipas el gobierno ha sido escrupuloso y sistemáticamente mentiroso para ocultar victimas civiles.
El Comité Internacional de la Cruz Roja advierte que estos artefactos dejan un “legado de muertes y sufrimiento prolongado”, afectando especialmente a niños y limitando el uso de tierras agrícolas y dejando a quienes sobreviven con graves mutilaciones.
Drones explosivos: guerra asimétrica desde el aire
Los grupos criminales han evolucionado desde el uso de drones para vigilancia (2009-2014) hasta emplearlos como armas ofensivas:
- Fase inicial (2017): El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) introdujo drones con pequeñas cargas de C4 en Michoacán.
- Escalada (2023-2025): Ahora lanzan granadas de fragmentación y explosivos químicos, con ataques registrados en Guerrero, Chihuahua y Tamaulipas.
Impacto reciente:
- En enero de 2025, un ataque con drones en Guadalupe y Calvo (Chihuahua) hirió a cuatro militares, incluido el general Jorge Alejandro Gutiérrez.
- En Michoacán, entre 2023 y 2024, el Ejército desactivó 980 artefactos explosivos.
Estos dispositivos, modificados a partir de modelos comerciales como el DJI Mavic, tienen un alcance de hasta 20 km y pueden transportar cargas de hasta 2 kg.
El Estado: reactividad y opacidad
A pesar de que México suscribió la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonal en 1997, no existen estadísticas públicas detalladas sobre víctimas o dispositivos desactivados. La respuesta gubernamental se caracteriza por:
- Acciones tardías: En Tamaulipas, las autoridades ubicaron 40 minas después de que una explosión matara a dos civiles en San Fernando (febrero 2025).
- Falta de transparencia: Los informes oficiales no desglosan muertes por artefactos explosivos, obligando a dependender de filtraciones o declaraciones ad hoc.
Retos urgentes:
| Área | Problema | Ejemplo |
|---|---|---|
| Salud pública | Atención a sobrevivientes con amputaciones y trauma psicológico | Solo el 24% de las víctimas en Colombia sobrevive a explosiones de minas |
| Seguridad | Tecnología obsoleta para detectar drones y minas | El Ejército carece de sistemas antiaéreos específicos. |
| Legislación | Sanciones insuficientes | La ley aprobada en 2023 impone multas y hasta 10 años de prisión por uso criminal de drones, pero no se aplica uniformemente en el pais. |
Conclusión: innovación criminal vs. inercia estatal
Mientras los cárteles perfeccionan tácticas híbridas (drones + minas + nihilismo violento), el Estado mexicano responde con medidas reactivas y fragmentadas.
La ausencia de una estrategia integral de desminado, combinada con la opacidad en datos, convierte a civiles en daños colaterales de una guerra no declarada.
Como señaló Romain Le Cour, investigador de violencia en Michoacán, estos artefactos reflejan tanto el aburrimiento estructural de los sicarios como la incapacidad institucional para anticipar amenazas.
Que dice el Diario Español/EL PAIS:
“…En el universo cambiante del crimen en México, los drones bombarderos y las minas antipersona se han asentado como parte de la cotidianidad, con ataques y explosiones que empiezan a ser habituales en diferentes regiones.
En las últimas semanas, la detonación de dos minas antipersona en Michoacán y Tamaulipas, con al menos cuatro víctimas mortales, han iluminado un problema creciente.
También el caso de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua, donde criminales atacaron con explosivos lanzados desde drones a militares. El crimen avanza y perfecciona sus técnicas, innova. El Estado mira y reacciona, siempre cuando el problema ya afecta a la población.
Este lunes, Sergio Chávez, secretario de seguridad de Tamaulipas, estado del Golfo de México, fronterizo con Estados Unidos, ilustraba precisamente el paradigma, la reacción ante un problema consumado.
El funcionario señalaba que las autoridades ubicaron alrededor de 40 minas en municipios fronterizos. Esto, luego de que una mina volara por los aires una camioneta, en un camino rural de San Fernando, algo al sur de la frontera. Antes, el Ejército ya había encontrado y detonado controladamente 15, en caminos fronterizos, según informó el diario Reforma, lo que convierte de repente al Estado en un foco rojo de esta modalidad criminal.
No es algo nuevo en el país. Desde hace años, Michoacán, en la costa del Pacífico central, ha visto cómo caminos y campos de las regiones de Tierra Caliente y Sierra Costa se llenaban de minas, una forma de afectarse entre las organizaciones criminales, pero también de limitar el actuar de las autoridades, particularmente del Ejército, cara y brazos del Estado en la lucha contra el crimen en regiones rurales. El fin de semana pasado, dos personas murieron en una comunidad de Buenavista Tomatlán, en Tierra Caliente, cuando activaron accidentalmente una mina, mientras laboraban en un campo de limoneros, según dijeron sus familiares.
También son habituales los drones explosivos en Michoacán, situación que se ha visto también en los últimos años en zonas de Guerrero y Chihuahua.
Hace una semana, criminales atacaron precisamente mediante esta técnica a un contingente militar en Guadalupe y Calvo, en la sierra de Chihuahua, en el que iba el general a cargo de la 42ª Zona Militar, Jorge Alejandro Gutiérrez. El ataque dejó otros tres heridos y se produjo, aparentemente, sin que mediara un enfrentamiento. Los criminales solo dejaron caer el explosivo sobre el convoy, durante un patrullaje.
El uso de drones con explosivos se ha generalizado en poco tiempo. En septiembre de 2023, EL PAÍS constató ya su empleo en una zona serrana de Guerrero, estado vecino de Michoacán, donde dos grupos criminales se enfrentaban por el predominio en un puñado de pueblos y rutas campestres. El poblado de Nuevo Caracol, parte del municipio de Heliodoro Castillo, había sufrido el embate de uno de los grupos, que asumía que los vecinos protegían o incluso ayudaban al grupo contrario. Las bombas que lanzaban eran en realidad artefactos caseros, llenos de clavos y pedacería de metal, mortales en todo caso. Los drones eran como cualquiera que uno puede comprar por internet, alterados para el combate serrano.
Es difícil saber al detalle dónde, cómo, cuándo y cuánto han usado estos artefactos los grupos criminales. El Gobierno federal carece de una estadística pública. Lo mismo ocurre con los Ejecutivos estatales. Las autoridades informan sistemáticamente de las cifras de asesinatos, pero no dan detalles, más allá de si son voluntarios o involuntarios, o si se perpetraron con arma de fuego o arma blanca. Lo mismo ocurre con los delitos de lesiones. Así, la sociedad depende que salga un funcionario, como el jefe de policía de Tamaulipas, a informar sobre el asunto en cuestión, o a pedir la información vía ley de transparencia al Gobierno, aguardando, si tiene suerte, una respuesta positiva.
El uso de drones y minas, sobre todo los primeros, debe entenderse como parte del paradigma moderno criminal en el país, esta extraña guerra de guerrillas en que el objetivo es puramente económico, en un esquema difícil de definir, pero que bebe de un evidente nihilismo democrático. Hace tres años, después de que un grupo criminal soltara bombas con un dron en Tepalcatepec, Michoacán, Romain Le Cour, que realizó una investigación profunda sobre la violencia en el Estado, dijo a este diario: “Hay que imaginar un contexto de varones que tienen entre 15 y 30 años, hombres de rancho, ámbitos rurales que en su tarea de sicario se aburren, fuman porros, usan drogas, toman alcohol… el 95% de los días no pasa nada, hay un aburrimiento masculino muy universal. El dron se convierte en una herramienta divertida. Es eso, y después todo lo demás”.
Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/PABLO FERRI
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