“Vivimos perfectamente bien en Sinaloa”, declaró este jueves el gobernador Rubén Rocha Moya, extraño habitante de un mundo paralelo. Ese mismo día el cuerpo de un funcionario de la fiscalía de justicia de la entidad apareció sin vida, en la ciudad de Culiacán, frente al Palacio Legislativo. Horas más tarde un casino ubicado en la misma población fue consumido casi por entero debido a un incendio probablemente provocado.
El delirio de Rocha Moya cuenta con respaldo político, el cual quedó consignado en un desplegado publicado el lunes 12 de agosto del año pasado. Tal documento lleva la firma de gobernadores (en funciones y electos) pertenecientes a la coalición mayoritaria, que reaccionaron con solidaridad para defender a su precioso colega sinaloense después de que Ismael El Mayo Zambada lo hubiera acusado de tener vínculos con el crimen organizado.
La paradoja de ese documento es que varias de esas personas firmantes, a su vez, habían sido antes mencionadas por sostener relaciones similares con la maña, en sus respectivas entidades. Dichas acusaciones podrían ser desestimadas como provenientes de la perversa oposición o por ser mera propaganda malintencionada de los delincuentes.
Sin embargo, no es posible mirar para otro lado cuando los señalamientos por corrupción y crimen son enderezados por los mismos dirigentes de Morena. En este último cajón destacan los casos de Tabasco, Chiapas, Veracruz y Morelos. Estas entidades son un polvorín de violencia y coincide en ellas que el cambio de gobierno está sirviendo para destapar la coladera.
Tabasco, por ser la cuna del lopezobradorsimo, merece ser la entidad referida en primer lugar. Entre 2018 y 2024 la violencia en tierras del poeta Carlos Pellicer creció en un 300 por ciento. Dos fueron los mandatarios en esos seis años: Adán Augusto López y Carlos Merino, el segundo en calidad de gobernador interino cuando su antecesor fue nombrado secretario federal de Gobernación.
Javier May, que recientemente tomó posesión, no contuvo la lengua cuando decidió incendiar los puentes partidarios que le vinculan con quienes le precedieron. Esta semana declaró con fuerza: “Nosotros nunca vamos a pactar con la delincuencia organizada. Va a haber cero impunidad (…) Creo que quienes estuvieron antes que nosotros tendrán que explicar todo esto … Todos saben, aquí era vox populi, quién comandaba… ¿O no sabemos?”.
Es convicción del gobernador May que el secretario de Seguridad, cuando las administraciones de Adán Augusto López y Carlos Merino, fue el causante de una parte relevante de la descomposición que vive Tabasco. Se trata de Hernán Bermúdez Requena, quien además de funcionario fue fundador y líder del principal grupo delincuencial de la entidad.
Bermúdez creó La Barredora que operó durante años como un “cártel policiaco” dedicado a traficar con migrantes y droga y también a extorsionar negocios comerciales. Esta organización terminó ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación; habría pruebas de que formaron también parte de esta red José Castillo y Leonardo Leyva, números uno y dos en importancia dentro de la policía del estado.
Durante la administración que recién concluyó en Chiapas, las cifras de homicidio, extorsión, ejecuciones, desplazamiento y tráfico de personas se potenciaron igualmente de manera angustiante.
Como hizo Javier May en Tabasco, Eduardo Ramírez, nuevo gobernador chiapaneco, quebró cualquier tipo de complicidad con Rutilio Escandón, su antecesor. Recién publicó un mensaje en la red de Facebook que no deja lugar para ambigüedades: “se acabó la corrupción en mi gobierno, ningún área y, mucho menos, en los mandos policiales como la policía estatal, ministeriales y municipales se permitirá ningún acto fuera de la ley, es urgente que las familias recuperen confianza en sus autoridades”.
El nuevo Ejecutivo ha prometido limpiar las escaleras de la impunidad que reinó durante los seis años previos. Son demasiados los municipios controlados por las redes mafiosas: Tapachula, Frontera Comalapa, Huehuetán, Huixtla, Tonalá; Tuxtla Gutiérrez, La Concordia, Motozintla y Ocozocoautla, entre otras.
En coordinación con la Federación, el nuevo mandatario emprendió una operación policial para detener a los funcionarios subordinados a los intereses criminales. En paralelo también avanza una investigación, a nivel federal, donde se acumulan pruebas de un presunto enriquecimiento ilícito que habría favorecido al ex gobernador Rutilio Escandón.
Es difícil desvincular la corrupción criminal en la entidad de la supuesta fortuna adquirida en tan pocos años que le habría permitido a este político morenista la adquisición de varios ranchos en Campeche, Chiapas y Tabasco.
A los casos anteriores se suma el de Cuitláhuac García, ex gobernador de Veracruz. Su sucesora, Rocío Nahle, también esta semana rompió el silencio para colocar sobre este político una sombra densa de sospecha. Ocurrió después de que elementos del Ejército, la Marina y la policía estatal desmantelaran una red de cámaras colocadas por el crimen organizado en los municipios más importantes de la entidad.
Según informó la nueva gobernadora, se hallaron estos dispositivos en el puerto de Veracruz y Boca del Río, en Coatzacoalcos, en Minatitlán y también en Poza Rica. Al respecto Nahle se expresó así: “Es raro que el gobierno anterior no detectara cámaras del crimen organizado”. En efecto, resulta extraño que el gobierno de Cuitláhuac García no supiera de la proliferación de estas cámaras de vigilancia instaladas por la maña.
Otro caso de denuncia presentada por un gobierno morenista en contra de su antecesor es el de la flamante gobernadora de Morelos, Margarita González, quien recibió en las urnas la encomienda de administrar la segunda entidad más violenta del país. En días pasados la mandataria promovió cuatro denuncias contra presuntos actos de corrupción cometidos por el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco: entre los argumentos presentados ante la fiscalía destaca un vínculo eventual con el narcotráfico.
Son cuatro los góbers preciosos acusados por mandatarios que pertenecen a la misma coalición política. Reitero, no los denuncia la oposición, tampoco el crimen organizado, los señalamientos provienen de la misma casa.
Parafraseando a Rubén Rocha, antes todos ellos “vivían perfectamente” pero fue tan gorda la estela de sus arbitrariedades que ahora ni siquiera sus correligionarios están dispuestos a ejercer de tapadera.
Con informacion: MILENIO/RICARDORAPHAEL/
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