Se llamaban Erika y Cornelia y se quitaron la vida con un día de diferencia. Ambas estaban presas en el Cefereso 16, la cárcel federal femenina de Morelos, que lleva un año investigada por una brutal ola de suicidios, atribuida a las condiciones de tortura, aislamiento y falta de atención médica que sufren las mujeres dentro del centro.
Son ya 19 las muertes registradas desde 2022, seis de ellas este año. Ante un escenario que se repite, el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) reclama a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana un “cambio estructural en la política penitenciaria que garantice la integridad y vida de las mujeres”.
La historia es conocida: ellas utilizan sábanas y las guardias no llegan a tiempo. En una prisión de máxima seguridad, las cientos de cámaras que vigilan los movimientos de estas mujeres no han servido para proteger sus vidas.
A Erika la encontraron el 3 de noviembre a las 23.55 horas, dentro de su celda. Le practicaron “de inmediato” la reanimación, pero “el personal médico la diagnosticó sin signos vitales”, dice el comunicado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Readaptación Social (OADPRS), la dependencia que gestiona las prisiones. Había sufrido un “paro cardorrespirratorio por asfixia por ahorcamiento”.
Su madre no lo podía creer. Erika tenía 23 años y le quedaban apenas un par de años para salir de la cárcel. Había sido detenida en 2021 por portación de arma de fuego y con un procedimiento abreviado la condenaron a cinco años de prisión. Era la más joven de las 19 mujeres que han perdido la vida hasta ahora dentro del Cefereso 16. Venía de Guanajuato y había advertido de forma explícita el empeoramiento de su salud mental, para lo que había pedido atención psicológica y psiquiátrica. En una comunicación, el Órgano Administrativo Desconcentrado de Readaptación Social le había contestado que no tenía psiquiatra disponible. Erika también había referido malestar físico general, además de que pasaba mucho tiempo en aislamiento, en una situación llamada “al límite de estancia”. Un combo de avisos que fueron, como en muchos de los casos anteriores, ignorados.
En la mañana del 5 de noviembre, personal del Cefereso 16 encontró el cuerpo de Cornelia en las duchas. Lo mismo señala el comunicado: se le realizaron maniobras de reanimación, pero se declaró la muerte por asfixia por ahorcamiento. Procedía del Estado de México y había sido sentenciada a 80 años por secuestro. Recibió una última llamada el 2 de noviembre, pero las autoridades no tienen registro de visitas de familiares o de su abogado. Aunque el delito por el que había sido condenada era del fuero común y dependía de autoridades locales, la Defensoría Pública federal la había entrevistado en una de sus brigadas, en 2022 y 2024, donde había referido algunos malestares físicos. Tenía 27 años.
Ambas venían de otros centros penitenciarios, en un marco de traslados masivos que empezó en 2022. Las condiciones dentro de la cárcel federal de Morelos son muy distintas que las de los centros estatales, de donde venían la mayoría de las mujeres fallecidas.
Las presas están 23 horas al día dentro de la celda. Las llamadas están limitadas a una a la semana, de máximo 10 minutos, y las internas deben elegir entre su familia o su abogado. No hay actividades de ningún tipo que puedan hacer. “Por lo que se limitan a dormir, hablar con sus compañeras en caso de encontrarse cerca de alguna de ellas y esperar que pasen los días para realizar su llamada telefónica programada”, sentenciaba la CNDH, en una de sus últimas recomendaciones sobre la prisión. Además, las internas se enfrentan a una brutal desatención médica. El centro no cuenta con abasto de medicamentos para enfermedades crónicas o generales. Se puede tardar tres meses en conseguir un paracetamol.
En el Cefereso 16, están ahora presas unas 1.030 mujeres. El 40% de ellas no ha sido condenada, según el Cuaderno de Estadística Penitenciaria de septiembre. Es decir, hay 415 mujeres en prisión preventiva, que son a ojos de la justicia todavía inocentes, pero que están siendo obligadas a seguir su proceso judicial durante años en una cárcel de alta seguridad. Desde que en 2022 explotará el número de internas fallecidas, la CNDH ha emitido nueve recomendaciones para la cárcel: por suicidios, intoxicaciones alimentarias, falta de acceso a la salud y agresiones sexuales. Solo en este año hay tres avisos por vulneraciones a los derechos humanos.
La Defensoría Pública Federal continúa con su estrategia de defensa de estas mujeres (ya han presentado 273 peticiones administrativas para atención médica y entrega de medicamentos, y 29 controversias judiciales por negativa de acceso a la defensa, tortura y malos tratos), pero reclaman un cambio de modelo. “Tenemos que insistir en la importancia de generar cambios estructurales en la política penitenciaria”, apunta Sofía de Robina, secretaria Técnica de Combate a la Tortura del IFDP, que propone una mesa que siente a las secretarías, Estados y organizaciones para abordar la situación.
En su comunicado, la Secretaría de Seguridad, de quien depende Órgano Administrativo Desconcentrado de Readaptación Social, asegura que está tomando medidas. La principal es impulsar traslados desde el Cefereso de vuelta a las cárceles estatales, como las del Estado de México, Guerrero y Sonora. En octubre fueron 59 traslados. Además, “desde el uno de octubre, se implementó un modelo de operación penitenciaria con perspectiva de género, el cual consiste en un programa de prevención y atención a conductas autolesivas, y fortalecimiento con el exterior”, ha anunciado. Pero un mes después de esa medida, otras dos mujeres han fallecido.
Fuente.-Beatriz Guillen/DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/
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