Cualquier persona que haya seguido la ruta de la inseguridad y violencia criminal en México en las últimas dos décadas sabe que cuatro presidentes antes de Sheinbaum también hablaban de la coordinación con los Estados como punto clave en el combate al crimen. Miles de homicidios, asaltos, secuestros y balaceras después, sabemos que eso fue una farsa o un fracaso.
El documento que presentaron Sheinbaum y su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, tiene más rigor que cualquier plan que llegó a articular Andrés Manuel López Obrador. Reconoce que hay generadores de violencia en el país que no se van a aplacar con abrazos, por lo que propone el combate frontal. Enfatiza la inteligencia para anticiparse a los criminales. Propone diagnósticos con base en dinámicas regionales, entendiendo que el motor de la violencia en León, por ejemplo, es distinto a la de Tijuana.
Ese rigor derrapa cuando se habla de coordinarse con los Gobiernos estatales porque, dicho así nada más, la frase es hueca y remite a algo que solo se promete pero nunca se logra. Falta una parte esencial: cómo meter a los gobernadores al carril para que trabajen por la seguridad.
En el documento se nota la mano de García Harfuch. El acento en las labores de inteligencia e investigación fueron el eje de una exitosa estrategia que aplicaron él, como secretario de Seguridad de la Ciudad de México, y Sheinbaum, como jefa de Gobierno. Pero a García Harfuch le pasa lo que a muchos funcionarios chilangos: creen que el resto del país es como la Ciudad de México.
En la capital, García Harfuch tuvo dos cosas a su favor: un mando total de la policía local y la confianza plena de López Obrador en Sheinbaum para dejarle el manejo de la seguridad. La misma Sheinbaum, como jefa de Gobierno, se ufanaba de que en la Ciudad de México no operaba la Guardia Nacional. Incluso unos días antes de tomar posesión dijo que no necesitaban ese nuevo cuerpo de seguridad.
García Harfuch tuvo mano ancha y nunca tuvo que preocuparse por coordinarse con nadie, ni arriba con el gobierno federal, ni abajo con los alcaldes. No es lo mismo tener un control pleno de los cuerpos de seguridad que trabajar con otros niveles que tienen otros intereses u objetivos. Dicho en menos palabras, el secretario de Seguridad nunca ha tenido que lidiar con un gobernador.
En la historia de la reciente violencia criminal los gobernadores tienen, en su mayoría, una página de infamia. Se llenan la boca con promesas de coordinación pero en cuanto ven que el gobierno federal les manda soldados o marinos, se echan a dormir. Su incentivo perverso es que mientras peor sea la situación de seguridad, más posibilidad hay de aventarle el paquete a la Federación. Seguros que la Secretaría de la Defensa o la Marina se encargarán del problema, no se preocupan por mejorar sus policías locales.
Hay excepciones, por supuesto. La Laguna es uno de los casos más exitosos desde que en 2013 el Gobierno federal estableció un modelo de seguridad donde el Ejército coordina a policías estatales de Coahuila y Durango y a las municipales de la zona metropolitana. En el resto de Coahuila, ya son tres Gobiernos estatales consecutivos que han mantenido índices delictivos bajos en colaboración con cuerpos federales. La zona metropolitana de Monterrey llegó a ser otro caso, aunque el resto de Nuevo León sea territorio dominado por criminales.
En contraste, hay incontables casos en los que los presidentes Calderón, Peña Nieto o López Obrador fueron a alguna región con el gabinete de seguridad y dijeron que el gobierno estatal tendría todo el apoyo y que habría toda la coordinación, sólo para ver cómo las cosas empeoraban. Eso pasaba con gobernadores del PRI, PAN, PRD o Morena.
¿Cuáles van a ser los incentivos que tendrán los gobernadores actuales? ¿Cuáles serán las herramientas que tendrá el gobierno federal para meterlos en el carril? Son preguntas clave cuando hay gobernadores que tienen otros intereses, ajenos y opuestos a los de la seguridad. Y esa es la parte que García Harfuch omitió al presentar la estrategia de seguridad.
Se refirió, por ejemplo, a Guerrero, donde el fin de semana fue asesinado el alcalde de Chilpancingo, pero no habló de cómo la gobernadora Evelyn Salgado ha sido tolerante con los grupos que pelean en el estado, ni mencionó los señalamientos de que su padre, Félix Salgado Macedonio, hizo pactos con varios jefes criminales.
Luego García Harfuch viajó a Sinaloa, sumida un mes en una violencia desatada por pugnas entre los herederos del Chapo Guzmán y el Mayo Zambada. Se reunió con el gobernador Rubén Rocha Moya y volvió a salir la famosa palabra “coordinación”. Pero el secretario de Seguridad en ningún momento se ha referido a las sospechas que hay sobre el gobernador: la carta de Zambada en la que dice que iba a reunirse con Rocha Moya cuando supuestamente fue secuestrado, o la forma en que manipuló la investigación del asesinato de su rival político Melesio Cuén para desvincularlo de esa reunión con El Mayo.
Y esos son los gobernadores del mismo partido que García Harfuch y la presidenta Sheinbaum. Están en una posición muy similar a la que estuvieron sus antecesores, cuando solaparon a gobernadores señalados de vínculos con el narcotráfico.
El resto del país no es como la Ciudad de México. Se puede esperar que por su trabajo en la extinta Policía Federal, García Harfuch lo sepa. Ojalá también lo aprenda la presidenta Sheinbaum, cuya experiencia en el gobierno se limita a la capital. Pronto se darán cuenta que, en eso de la coordinación, los gobiernos estatales son, en su mayoría, más parte del problema que de la solución.
Fuente.-Javier Garza Ramos/DIARIO ESPAÑOL/EL PAIS
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: