La guerra contra el narcotráfico en México tuvo su preludio en un oscuro y estremecedor suceso ocurrido el 6 de septiembre de 2006 en el corazón de Michoacán, cuando el país aún estaba en la recta final de la presidencia de Vicente Fox.
Aquella noche, en un club nocturno de Uruapan conocido como Sol y Sombra, un table dance donde solían reunirse tanto locales como forasteros, sucedió un hecho que se convirtió en símbolo de la brutalidad de los cárteles mexicanos.
Según relata el periodista Óscar Balderas en su podcast Territorio Rojo, fue poco después de la medianoche cuando tres camionetas irrumpieron a alta velocidad y de ellas bajaron alrededor de 20 hombres armados con rifles de asalto. Vestían uniformes falsificados de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI) y, sin perder tiempo, dispararon al aire, ordenando a todos los presentes que se reunieran en el fondo del local.
El caos y la confusión se apoderaron de los clientes, meseros y bailarinas, que quedaron atrapados sin una vía de escape. Temían por sus vidas, convencidos de que iban a ser asesinados.
Sin embargo, tras unos segundos de silencio absoluto, los sicarios sacaron de bolsas negras cinco cabezas humanas, que lanzaron al centro de la pista de baile. Sobre el suelo, junto a los cuerpos mutilados, dejaron un mensaje en una cartulina en donde se podía leer: “La familia no mata por paga. No mata mujeres. No mata inocentes. Se muere quien debe morir. Esto es justicia divina”.
Aquel mensaje dejaba claro que se trataba de un ajuste de cuentas y era una advertencia directa: La Familia Michoacana hacía su aparición pública y declaraba su dominio territorial en Michoacán.
Cuenta el periodista que este suceso fue registrado en un video por un camarógrafo amateur, que capturó el horror y desconcierto de los presentes. La noticia de aquel macabro ataque corrió rápidamente, y las imágenes llegaron a medios internacionales como The New York Times y el Le Monde.
Para entonces, este tipo de actos violentos y exhibiciones de decapitaciones no eran comunes en el país. Incluso la palabra “decapitado” estaba fuera del vocabulario público.
Sin embargo, en México, a partir de entonces, esta realidad comenzó a instalarse y a formar parte de la narrativa de violencia que se extendería a lo largo y ancho del país y que hoy en día se ha recrudecido.
Detrás de este acto de violencia se encontraba el enigmático líder de La Familia Michoacana, Nazario Moreno, conocido como “El Chayo” o “San Nazario”, un hombre con una retorcida visión religiosa que había forjado una doctrina que justificaba sus acciones.
Sus seguidores no solo lo veían como un líder, sino que le atribuían cualidades mesiánicas, y él, a su vez, proclamaba que su misión era proteger a los michoacanos de otros grupos criminales, especialmente de Los Zetas, que en ese momento buscaban expandirse en el estado. Con esta lógica implementaba métodos de castigo extremo y prácticas violentas que consideraba necesarias para mantener el control y disciplinar a quienes traicionaran a La Familia.
La Familia Michoacana no solo se dedicaba al tráfico de drogas, sino que también instauró un sistema de extorsión conocido como “derecho de piso”. A través de este mecanismo, exigían cuotas a agricultores, mineros, comerciantes y prácticamente cualquier negocio local, bajo la excusa de protegerlos de otros cárteles.
La economía michoacana comenzó a depender en parte de estos pagos, que representaban una carga para los habitantes, pero que aseguraban su supervivencia en un estado ya asediado por la violencia. Además, La Familia Michoacana instaló centros de detención clandestinos y desarrolló su propio “sistema de justicia”, donde resolvían disputas y cobraban deudas, apropiándose de funciones que tradicionalmente correspondían a las instituciones estatales.
En diciembre de 2006, la situación en Michoacán y en otras regiones del país llegó a un punto crítico. Con la llegada de Felipe Calderón a la presidencia, México enfrentaba un panorama complejo.
Calderón, quien había asumido el poder tras una cerrada elección y en medio de acusaciones de fraude, decidió lanzar un operativo militar en Michoacán, su estado natal, como una demostración de su compromiso para enfrentar la creciente amenaza del crimen organizado. Apenas 11 días después de asumir el cargo, Calderón anunció el Operativo Conjunto Michoacán, enviando alrededor de 5 mil soldados para frenar la violencia y tratar de recuperar el control del estado, lo que marcó el inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico”.
Esta intervención militar, señala Óscar Balderas, no sólo no logró su objetivo inicial, sino que además desató una reacción en cadena entre los cárteles, que intensificaron sus disputas por el control territorial. A medida que el gobierno federal trataba de contenerlos, los cárteles aumentaban sus métodos violentos, incluyendo secuestros, decapitaciones y enfrentamientos armados.
Con información: INFOBAE/
