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Durante una breve audiencia, el Juez de Control Gustavo Aquiles Villaseñor, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, aplazó el juicio porque se desconoce el paradero de tres de los testigos ofrecidos por la Fiscalía General de la República (FGR) y otro más reportó que no podía estar presente.
Los que están ilocalizables son Ardelio Vargas Carrillo, ex administrador de Supervisión 2 del Servicio de Administración Tributaria (SAT) e hijo del ex mando del INM; Adrián Viccón Basto, ex tesorero de la Secretaría de Administración y Finanzas de Veracruz, y Jorge Moreno Montealegre, ex perito de la FGR.
El Fiscal federal Manuel Granados Quirós dijo en la audiencia de esta tarde que todos ellos habían cambiado de domicilio y tampoco había sido posible localizarlos en los inmuebles más recientes de los que se tiene registro.
"Tenemos testigos que no han sido notificados oportunamente, ya se han girado oficios a la Policía Federal Ministerial y se ha pedido al CENAPI (Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia) para que busquen en distintas bases de datos los domicilios y podamos notificarlos", dijo el fiscal.
La testigo que sí está localizable, pero no pudo comparecer por motivos de salud, es Ana María Ponce Jacobo, ex directora de Recursos Financieros de la Secretaría de Educación de Veracruz.
En el caso de Ponce, los fiscales informaron al juez que por motivos de salud no estaría presente este lunes y que, llegado el momento, tampoco podía comparecer físicamente en la Ciudad de México, sino por videoconferencia desde Xalapa, ciudad en la que reside.
Con cierta molestia, el juez dijo que no va permitirle que declare desde su casa, porque puede ser auxiliada con anotaciones o personas para inducir su testimonio; por tal motivo, instruyó a que comparezca por vía remota desde el Centro de Justicia Penal Federal de la capital veracruzana.
Como el trámite para un enlace de videoconferencia no se resuelve de inmediato y también es incierta la fecha para localizar a los otros testigos, el juez aplazó el juicio hasta nuevo aviso.
El 20 de febrero de 2018, Javier Nava Soria fue deportado por España e ingresado al Reclusorio Norte, donde fue procesado por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.
Sin embargo, el 7 de febrero de 2020 salió de la cárcel, luego de que el juez de la causa le concediera seguir su proceso en libertad con el uso de un brazalete electrónico, las prohibiciones de salir del País y acercarse a los testigos del proceso, así como la entrega de su pasaporte y presentarse en forma periódica a la Unidad de Medidas Cautelares.
La FGR acusó a Nava de haber sido apoderado legal de Consorcio Brades, una empresa facturera que pagó 223 millones 800 mil 963 pesos por unos terrenos en Campeche que valían 18 mil veces menos.
Para este juicio, las perspectivas de la FGR no son necesariamente buenas, porque en la audiencia intermedia del 7 y 8 de noviembre de 2018 fue anulada por ilegal toda la información financiera que presentó contra el acusado.
Se trata de 10 estados de cuenta bancarios, el testimonio de 10 funcionarios de los bancos y un dictamen de contabilidad.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) combatió esa decisión hasta la última instancia judicial y perdió, pues en noviembre de 2019 el Décimo Tribunal Colegiado Penal desechó el amparo con el que dicho organismo pretendía que fueran aceptadas sus pruebas.
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