Antonio Villalobos Adán, quien se desempeñó como el presidente municipal de Cuernavaca, fue detenido la noche de este miércoles 28 de septiembre y trasladado al penal de Atlacholoaya, en el municipio de Xochitepec.
Villalobos fue imputado por Ejercicio Abusivo de Funciones durante su gestión, por lo que un juez de control le dictó prisión preventiva en tanto finalicen las investigaciones correspondientes, para lo cual dio un mes. Al igual que el funcionario, fueron vinculados a proceso los ex regidores Anayeli Fabiola "N" y Enrique "N", a quienes les dictaron prisión preventiva.
Lo anterior, informaron las autoridades de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) adscrita a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morenos, por presunta omisión de funciones, por lo que resultaron afectados trabajadores del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (Sapac) y al Instituto de Crédito Para los Trabajadores al Servicio del Gobierno de Morelos (ICTSGEM).
El juez dio un plazo de un mes para finalizar las investigaciones correspondientes. Crédito: Twitter / @AntonioLovito01
Fue el Agente del Ministerio Público quien presentó los 13 mil 709 recibos de los trabajadores, quienes informaron que se les hicieron diversos descuentos sin que estuvieran enterados de los mismos. La retención de cuotas, revelaron, causó una afectación de 9 millones 147 mil 482 pesos.
La investigación preliminar de la FECC arrojó que fue desde la primera quincena de enero del 2019 a la primera de octubre del mismo año que se retuvieron los pagos, incluidos 2 millones 284 mil 854 pesos son por recargos generados contra Sapac por no pagar las cuotas.
El arresto del ex presidente municipal
Antonio Villalobos sufrió un accidente automovilístico la mañana del miércoles, por lo que los servicios de emergencia lo trasladaron al Hospital de Morelos donde lo internaron a lo largo del día, y es por ello que no pudo estar presente en la audiencia de vinculación.
Foto: Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción
Pese a ello, el Juez autorizó a la Fiscalía Anticorrupción la orden de aprehensión, ejecutada por las autoridades en pleno respeto a sus derechos humanos, y posteriormente trasladado al penal en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.
Sin embargo, de acuerdo con el artículo 20 constitucional, toda persona imputada tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.
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