La candidatura de Ricardo Gallardo Cardona, aspirante a la gubernatura de San Luis Potosí (PVEM-PT), no puede explicarse sin el evidente visto bueno de personajes ligados a la 4T. Pero tampoco sin la presencia dominante de una facción proveniente de Tamaulipas cercana al exgobernador Eugenio Hernández (2005-2010), preso desde 2017 bajo acusaciones múltiples, incluida la de crimen organizado.
Esto ocurre al mismo tiempo en que se han reactivado gestiones de poderosos despachos de abogados, que alegan tener la venia de Palacio Nacional para gestionar la liberación de Hernández Flores, bajo proceso por peculado, lavado de dinero y ligas con los cárteles del narcotráfico que se extienden hasta su antecesor en la gubernatura, Tomás Yarrington (1999-2005), detenido en Italia en 2017 y extraditado a Estados Unidos desde 2018.
En el clan tamaulipeco dentro de la campaña Gallardo Cardona destaca César García Coronado, una presencia ineludible durante las principales reuniones del candidato con empresarios y otros actores clave del estado. Es también su operador principal con los líderes del Partido Verde, lo mismo en Chiapas o en Quintana Roo que en el Congreso federal.
Fuentes conocedoras de la trayectoria de García Coronado refieren que en 2013 Hernández Flores acordó con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, la designación de aquél como delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en San Luis Potosí.
La mayor parte de quienes ostentaron ese cargo en los estados mantuvieron una subordinación hacia el círculo personal del ahora senador, para facilitar contratos a empresas contratistas. Bajo esa dinámica, en septiembre de 2015 García Coronado fue denunciado por el alcalde de San Luis Potosí por chantajear a los municipios que buscaban hacer obras. “El Rey del Moche”, se le bautizó desde entonces y según testimonios recogidos, sigue haciendo honor al mismo.
Otro integrante clave del equipo de Gallardo Cardona es el tamaulipeco Roberto “Bobby” Hernández Báez. Con Eugenio Hernández fue responsable de la autoridad sanitaria estatal. Por vía de su jefe, se le designó delegado en San Luis Potosí del IMSS durante el sexenio Peña Nieto, por gestión directa, se dijo a este espacio, de Jorge Márquez, el poderoso operador de Osorio Chong. En noviembre de 2017, una ambulancia del Seguro Social presumiblemente asignada a la delegación potosina fue detenida en carreteras tamaulipecas con 371 kilos de cocaína a bordo, sin que el asunto haya sido esclarecido.
Desde el otoño de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera denunció ante la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz, a Ricardo Gallardo Cardona; a su padre, Ricardo Gallardo Juárez, y a media docena de parientes, socios y prestanombres. En el oficio 110/278/2020, la UIF se declara en “alerta” ante desvíos de dineros públicos por al menos 743 millones de pesos.
Por motivos que deben corresponder a lo que no se puede confesar, el fiscal Gertz ha guardado silencio, como lo han hecho otras figuras del oficialismo. “Callaron como momias”, se les podrá decir con justicia en el futuro.
Fuente.-Roberto Rock/(imagenes/twitter)
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