Además, las investigaciones están detenidas.
Un 45% de las personas señala que ha intentado ponerse en contacto con las autoridades competentes en materia de desaparición de personas, sin tener respuesta. Un 55% dice que las mesas de trabajo se frenaron, mientras que el 62% comenta que su investigación está en espera.
Lo anterior se desprende del Diagnóstico de Afectaciones a Partir de Covid-19: Colectivos de familiares de personas desaparecidas de los estados de Veracruz, Puebla, Oaxaca y Estado de México, realizado por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).
“Hay decenas de casos en los que durante la pandemia no se tiene avance, ya que todo se ha detenido y no hay voluntad de las autoridades, quienes comúnmente responden que ‘no pueden checar cómo están los expediente ni cómo van las diligencias’ debido a las restricciones de la pandemia”, refiere el informe.
El año pasado el IMDHD entrevistó a 133 personas por medio de una encuesta digital, con el objetivo de conocer los efectos de la pandemia en las familias con personas desaparecidas. La mayor parte con residencia en Veracruz, donde gobierna Cuitláhuac García, pues concentró 66% de las respuestas. Le siguen Oaxaca, Estado de México y Puebla, pero también hay otros estados que tienen menos de cuatro encuestados: Querétaro, Jalisco, Guerrero, Sinaloa, Nuevo León y Ciudad de México.
Durante los últimos gobiernos los desaparecidos no han sido la prioridad, tanto a nivel federal como local, por eso muchos colectivos de búsqueda han surgido ante la necesidad de encontrar a sus familiares. Aunque dicho diagnóstico se concentra en cuatro entidades, es un fenómeno que se extiende por todo el país.
AMLO TAMPOCO ESCUCHA
Apenas el pasado 20 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue interceptado al salir del Aeropuerto Internacional de La Paz, en Baja California Sur, por un grupo de personas que le pedían escuchar sus casos, pues las autoridades no los han atendido. No obstante, el mandatario, a bordo de su camioneta, no se detuvo, ni siquiera bajó el vidrio para escuchar las súplicas.
Y no ha sido la única ocasión, en junio de 2020 sucedió lo mismo en Veracruz, cuando en particular le reclamaron que sólo atendía a la mamá del “Chapo”, pues tampoco se bajó de su vehículo. La gente, con pancartas y fotos de sus familiares, intentó en vano dialogar con él.
Un mes después de eso, en Zapopan, Jalisco cuando acudió a la inauguración del cuartel de la Guardia Nacional, las madres también le solicitaron apoyo y sólo se limitó a bajar un poco la ventanilla para recibir algunos documentos.
Ni en la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero, ni las fiscalías estatales tienen avances en las carpetas de investigación, señala el diagnóstico, que le da voz a integrantes de los colectivos.
Mientras tanto, en México no cesan las desapariciones: un 93% de las personas encuestadas apuntan que tuvieron conocimiento de nuevos casos durante el confinamiento.
De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en 2020 se reportan 7 mil 479 hombres y mujeres que no han sido ubicados, entre enero y agosto se tuvieron entre 800 y 600 casos por mes, fue hasta entre septiembre y diciembre que la cifra disminuyó entre 491 y 316.
“En el contexto de la pandemia, la mayoría de las voceras coinciden en que abrir carpetas de investigación no ha sido un problema, las autoridades tienen disposición para ello. Sin embargo, cuando se trata de investigar y localizar a los desaparecidos, la falta de personal y voluntad política –aunado a las dificultades internas de investigación y la escasez de recursos– entorpecen los procesos de búsqueda y los casos permanecen, en su mayoría, sin avances”, resalta el diagnóstico del IMDHD.
ESFUERZO COLECTIVO
La búsqueda de familiares por parte los colectivos de igual forma sufrió afectaciones por la Covid-19, ya que 75% de los entrevistados apuntó que se han retrasado sus procesos, un 43.5% dice que se generó incertidumbre, 33% continuaron, pero con un número limitado de personas y solo 0.8% siguió de manera normal, pero también han lidiado con contagios dentro de los colectivos.
“Respecto al contagio de Covid-19, se aprecian realidades diferentes, principalmente por el número de integrantes de cada colectivo, además de su ubicación geográfica y el tipo de actividades de las mujeres que forman parte de éste. En un colectivo de Veracruz, con pocas integrantes, no se había presentado ningún caso de Covid-19, y en el resto de los colectivos los contagios eran inferiores al 10%, en cambio, en los colectivos del Estado de México, aproximadamente el 20% de las integrantes se contagiaron”, indica el documento.
No obstante, en algunos casos no se atreven ni a mencionarlo, ya que en un colectivo en Veracruz y en el de Oaxaca, las voceras refirieron que los integrantes preferían no compartir este tipo de información por temor a ser discriminados o atacados por encontrarse en una situación de riesgo.
A esto se suma la crisis económica que desató la pandemia, y es que se han tenido que enfrentar dificultades para solventar los gastos de sus traslados para diligencias de búsqueda, esto se debe a que han perdido sus fuentes de ingresos y los apoyos económicos de instituciones gubernamentales, como las comisiones de atención a víctimas.
EN 2020 TODO FUE MENOS
Denuncias, fosas y cuerpos recuperados fueron menores en 2020, según datos que mostró el pasado 29 enero, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas.
El año pasado hubo una disminución del 33% en el número de fosas clandestinas ubicadas, y una reducción de casi 18% en los cuerpos recuperados en estas fosas.
En tanto que las denuncias presentadas fueron 22.39% menores en el número de denuncias por desaparición presentadas en 2020 respecto a 2019.
“No vamos a cejar en nuestras responsabilidades. Independientemente de las limitaciones que ha puesto la pandemia, hemos ubicado la búsqueda de personas como una tarea esencial que, con limitaciones, siguiendo las normas sanitarias, se mantiene en todo lo largo y ancho del país como una de las prioridades marcadas por el presidente de la República” dijo Encinas.
Además, presumió que se ha mejorado de “manera sensible” y se ha tenido una mayor calificación en el trabajo de las fiscalías de los estados, esto en lo que corresponde en la identificación y de regreso de los cuerpos recuperados con sus familias.
Encinas actualizó el panorama histórico, pues las cifras cambian constantemente. Dijo que, de 2006 a la fecha, había registro de 80 mil 888 denuncias de personas desaparecidas. “Se mantiene una tendencia en el incremento de estas denuncias”.
Alejandro Encinas durante la conferencia del 29 de enero en la que actualizó el panorama de los desaparecidos. Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro.com.
En septiembre del año pasado, esta revista digital publicó la investigación “El país donde desaparecen hasta los cadáveres. Una tragedia que nadie ve”, que señala que en las últimas dos décadas casi mil cuerpos humanos de personas no identificadas fueron donados por fiscalías a universidades.
IRREGULARIDADES
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su reciente entrega de 2019, halló que en la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP), órgano desconcentrado de la Segob no se tienen establecidas las atribuciones y funciones de las áreas que la integran; además, no se cuenta con una metodología para identificar, analizar, evaluar y administrar riesgos, ni con un sistema informático que genere información integral de forma “oportuna, suficiente y confiable” para dar seguimiento a la gestión de los subsidios transferidos a las entidades.
Asimismo, carece de mecanismos de supervisión suficientes para verificar que a los recursos transferidos a las Comisiones Locales de Búsqueda se les diera el uso y destino convenido, y no se ha elaborado el Reglamento que dispone la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el cual tenía como plazo de emisión el 15 de julio de 2018.
En específico en la revisión efectuada a la Comisión Estatal de Búsqueda de Coahuila de Zaragoza se determinaron deficiencias en la ejecución de obra pública para la Construcción del Edificio Centro de Identificación Humana del municipio de Saltillo, pues se ejercieron recursos de trabajos no ejecutados en diversas partidas por 9 millones 947 mil pesos, y en trabajos duplicados por 291 mil pesos.
Las obras que no se llevaron a cabo fueron: cimentación, muros, cadenas, castillos, estructura metálica, azoteas, pintura, banquetas, herrería, cancelería de aluminio, voz y datos, sistema de pararrayos, rotulación y señalización, red general de agua y drenaje, sistema de paneles solares, cisterna para riego, barda perimetral (130 m), caseta de vigilancia (1 módulo), arquitectura de paisaje, equipamiento y barda existente.
En agosto de 2020, la Segob informó que el gobierno federal otorgó un subsidio al estado de Coahuila de 90 millones de pesos, para la construcción y equipamiento sobre una superficie de 10 mil metros cuadrados, con un área de construcción de 2 mil 140 metros cuadrados en dos plantas.
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