Emilio Zebadúa González, pieza clave en la "Estafa Maestra", ofreció hacerse testigo protegido para revelar el papel del ex Presidente priista Enrique Peña y de su ex jefa, Rosario Robles, como artífices del desfalco por más de 5 mil millones de pesos, desviados para campañas electorales del PRI.
Fuentes del Gobierno federal confirmaron que hace apenas unos días el ex funcionario acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar el criterio de oportunidad, es decir, colaborar con las investigaciones a cambio de inmunidad penal.
Zebadúa fue Oficial Mayor de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el sexenio de Peña, cuando Robles encabezó ambas dependencias.
El ex funcionario es desde hace 20 años colaborador de Robles, que está detenida y vinculada a proceso desde agosto del 2019 por los desvíos de la Estafa Maestra.
Según los informantes, en su primer acercamiento ofreció revelar que fue Robles quien le dio indicaciones para operar los contratos de las dos dependencias a través de los que se desviaron más de 5 mil millones de pesos.
También hizo saber que cuenta con información que relaciona al ex Presidente con la Estafa Maestra, la que está dispuesto a exponer en el momento en que le sea requerida por el Ministerio Público Federal.
Asimismo está listo para detallar que los recursos desviados de la Sedesol y la Sedatu fueron usados para financiar las campañas del PRI en casi todos las entidades del País durante el sexenio pasado.
La información recabada apunta, además, a que el ex Oficial Mayor ofrece proporcionar nombres relacionados con este caso.
La llamada Estafa Maestra fue un mecanismo a través del que durante el sexenio de Peña la Sedesol y la Sedatu suscribieron convenios y contratos, principalmente con instituciones de educación superior, por 5 mil 073 millones 358 mil 846 pesos.
Sin embargo, los recursos fueron desviados de sus fines originales.
Chiapas, Estado de México, Morelos, Hidalgo, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas son las entidades en las que se encuentran las universidades, institutos, sistemas de radio, televisión y comunicación social que recibieron los contratos.
El Código Nacional del Procedimientos Penales contempla el criterio de oportunidad como una figura que permite a la FGR extinguir o cancelar la acción penal en favor de la persona que aporta información esencial para perseguir un delito más grave al que le imputan.
Pero se hace efectivo hasta que el beneficiario comparece a declarar en una audiencia de juicio contra el imputado.
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