La defensa de Kenia Hernández, activista vinculada a la toma de casetas, denunció que es sometida a una tortura emocional en el penal de Morelos.
"La persecución y el aislamiento al que está siendo sometida, seguramente está generando repercusiones emocionales y psicológicas a la defensora", dijo su abogado José Antonio Lara Duque.
"Hoy, Kenia está siendo objeto de una tortura emocional en el penal de Morelos, de máxima seguridad, por el aislamiento al que la tienen sometida".
En conferencia de prensa, reveló que, desde marzo de 2019, Caminos y Puentes Federales (Capufe) presentó denuncias penales en contra de Hernández.
Detalló que han detectado que hay cuatro denuncias penales federales de Capufe, además de la orden de aprehensión por la que se le mantienen en prisión.
"De lo que tenemos detectado, hasta hoy, hay cuatro carpetas (de investigación) federales del Estado de Guerrero y hay dos carpetas del fuero común en el Estado de México", dijo Lara Duque, miembro también del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.
Recordó que Hernández, coordinadora del colectivo "Zapata Vive", forma parte del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación.
El abogado informó que solicitaron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que ya inició un expediente de medidas cautelares, las cuales podrían ser emitidas el próximo sábado.
El abogado indicó que en protesta por la detención de Hernández fue tomado el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en Oaxaca; se mantiene tomada la caseta de Tlalpan, en la Ciudad de México, y hay un plantón en el edificio central de la Fiscalía General de la República (FGR), organismo al que acusó de actuar de forma dolosa y sin apego a derecho.
"El momento de mayor algidez de estas protestas se estarán verificando los días viernes y, sobre todo, el sábado, donde se tendrá que definir la situación jurídica de la defensora indígena", advirtió.
Hernández fue detenida el 18 de octubre en Amozoc, Puebla, y trasladada al Estado de México, donde fue recluida en el penal de Santiaguito, acusada de robo con violencia.
El 24 de octubre, a las 22:00 horas, se ordenó su libertad con medidas preventivas, pero cuatro horas después, a las 2:00 de la madrugada del 25 de octubre, le cumplimentaron una orden de aprehensión federal girada por un juez federal de Guerrero, por el delito de ataques a las vías de comunicación.
Por ello, ese mismo día fue trasladada del Estado de México hacia Acapulco, Guerrero, sin embargo, no fue ingresada al penal, sino que permaneció en instalaciones de la FGR en Acapulco.
Posteriormente, la llevaron a un penal de Morelos, ya que el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos advirtió que existen amenazas en su contra.
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