En 1950, el embajador de EE.UU. en Guatemala, Richard Patterson, utilizó una analogía –que a la fecha se conoce como la “prueba del pato”– contra el entonces presidente Jacobo Arbenz Guzmán, de quien se sospechaba que era comunista.
POR LA MISMA VEREDA DEL DELITO Y LA SIMULACION:
Sin adentrarnos a la polémica política, aquella analogía se ha vuelto una especie de dicho popular y podría aplicar a la ruta que llevan las investigaciones y acusaciones en contra del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, conocido como el “Súper Policía”, señalado por participar en una “empresa criminal” para conspirar en el tráfico de drogas desde el interior del Gobierno mexicano.
La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, con sede en Brooklyn, presentó una acusación de reemplazo en contra del exfuncionario del presidente Felipe Calderón, cuyo señalamiento central es “liderar una organización criminal durante un largo periodo”, es decir, básicamente el mismo –y principal– cargo por el que fue sentenciado a cadena perpetua Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. El señalamiento incluye seis agravantes.
Un gran jurado en Long Island, Nueva York, encontró elementos suficientes para señalar a García Luna e integrar a dos de sus excolaboradores Luis Cárdenas Palomino, quien en 2008 irónicamente fue designado Coordinador de Inteligencia para la Prevención del Delito de la Policía Federal, y Ramón Pequeño García, exjefe de Inteligencia de esa dependencia e investigado por ayudar a escapar a Guzmán Loera.
La definición de un “cártel” se integra para organizaciones criminales fuera del Gobierno, pero la descripción en la acusación firmada por el fiscal interino Seth D. DuCharme es básicamente la misma sobre la “empresa criminal” presuntamente operada por García Luna y sus secuaces.
Se trata del sexto eslabón de la cadena que integra el Cártel de Sinaloa, pero con una operación independiente desde el Gobierno, para “brindar protección… a cambio de sobornos”, señala el documento judicial.
García Luna y su gente es señalada por “acordar no interferir con la droga del Cártel de Sinaloa”; proporcionar acceso a información confidencial sobre la aplicación de la ley sobre operaciones policiales en contra de esa organización; detener a los miembros de grupos rivales, así como nombrar a funcionarios corruptos en puestos clave para la operación del narcotráfico.
El primer cargo “Liderar una Empresa Criminal en Forma Continua” indica que desde 2001 a la fecha, García Luna y sus secuaces actuaron en contubernio con el Cártel de Sinaloa que le redituaron “ingresos y recursos sustanciales”.
Las violaciones o agravantes de esta acusación son cinco, todas relacionadas a la distribución internacional de cocaína en distintas fechas y montos, como 5,000 kilogramos en septiembre de 2008; 23,000 kilogramos en octubre de 2007; 19,000 kilogramos en marzo de 2007; 1,977 kilogramos en enero de 2003; 1,925 kilogramos en agosto de 2002, y 1,923 en mayo de 2002.
Los siguientes tres cargos también son señalamientos por tráfico de droga: “conspiración para la distribución de cocaína”; “conspiración y posesión de cocaína para su distribución, y “conspiración para importar cocaína”. Todos los casos están relacionados con la distribución en EE.UU., por ello esa autoridad ejerce el derecho a juzgar a García Luna, Cárdenas Palomino y Pequeño García.
La quinta acusación está relacionada con mentir a las autoridades de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), para solicitar su Residencia Permanente. Una de las principales faltas que pueden llevar a la detención y eventual deportación de un inmigrante es mentir sobre si se cometió o se pretende cometer un delito, es lo que la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) señala como “buen carácter moral” para obtener un beneficio migratorio.
Un exfiscal de Nueva York me indicó que las acusaciones se especifican con ciertos montos y en fechas particulares, para asegurar la culpabilidad de los implicados, es decir, tal como ocurrió en el juicio a Guzmán Loera.
Los nuevos cargos reemplazan a los que enfrentaba García Luna, quien está encerrado en el Centro Correccional Metropolitano de Brooklyn.
“A través de la acusación de reemplazo… García Luna y sus co-conspiradores enfrentarán la justicia por delitos que involucran la importación y la distribución de cantidades masivas de drogas peligrosas a los Estados Unidos”, expresó el fiscal interino DuCharme.
El caso de García Luna comenzó a tomar relevancia luego de que su nombre surgiera durante el juicio a Guzmán Loera en voz de Jesús “El Rey” Zambada, quien señaló que el Cártel de Sinaloa le entregó al menos $6 millones de dólares para permitir las operaciones de esa organización criminal y proteger a sus miembros.
Sin embargo, los fiscales que lograron la sentencia contra “El Chapo” presentaron distintas pruebas que establecen los nexos entre la Policía, entonces controlada por Gacría Luna, y el Cártel de Sinaloa, incluyendo el audio de un mando ubicado con “El Yanqui” a quien Guzmán Loera directamente le da órdenes.
“En la empresa (el cártel) hay gente suya… no me los cambie de ahí, que ellos mismos sigan”, pidió Guzmán Loera. “Perfecto, cuente conmigo”, recibió la orden “El Yanqui” vía telefónica.
Una defensa complicada
García Luna ha enfrentado problemas para su defensa, debido a que actualmente cuenta con un abogado de oficio, César de Castro, quien ha intentado sin éxito obtener la libertad de su cliente a cambio de una fianza de $2 millones de dólares.
Las cuentas del exsecretario y Palomino en México están congeladas desde 2019, confirmó este viernes Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mexicana. “Las cuentas de ambos y de Ramón Pequeño están congeladas. Cumplimos la instrucción del Presidente (Andrés Manuel López Obrador): combatir corrupción”, escribió en Twitter.
En entrevistas previas, el abogado De Castro reconoció la complejidad del caso, pero se quejó principalmente de la dificultad de tener acceso a su cliente, ya que en ocasiones debe esperar más de dos horas para reunirse con él, debido a las extremas medidas de seguridad en la prisión con García Luna.
Aunado a ello, la Fiscalía ha ido sumando miles de documentos de prueba, como ocurrió el 4 de junio, cuando se integraron descubrimientos hechos el 14 de abril y el 29 de mayo, reportaron los fiscales Michael P. Robotti, Ryan Harris y Erin Reid.
“Esas producciones incluyen, entre otras cosas, declaraciones del acusado, registros financieros, registros comerciales y comunicaciones interceptadas”, informaron al juez Brian Cogan.
Esa misma fecha se programó una nueva audiencia para el 30 de julio, pero fue cancelada supuestamente por la pandemia de coronavirus, aunque se confirmó a este diario que sería por teleconferencia, es decir, no se requería presencia física de los involucrados. Ese mismo día se dieron a conocer los nuevos cargos. La revisión del caso ante el juez Cogan será el 7 de octubre.
Se pidió una postura a la defensa sobre las nuevas acusaciones, pero no hubo respuesta hasta la publicación de este artículo.
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