La nueva política de salud implementada por el gobierno de la 4 T para la adquisición y distribución de medicamentos en el país sigue presentando serias complicaciones. Una reconfiguración que lejos de resolver los problemas de los mexicanos, ha desatado dudas e inconformidades en todo el territorio nacional.
El avance del proyecto nacional de salud encabezado por el gobierno de la Cuarta Transformación se colocó como uno de los temas de mayor urgencia y preocupación durante el arranque del 2020. A pesar de que el 1 de enero se dio el banderazo que marcó el inicio de operaciones del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), las autoridades no han podido contrarrestar el impacto que trajo consigo el cambio de esquema de las compras consolidadas de insumos médicos, por lo que el tema del desabasto de medicamentos en las clínicas de salud pública del país se mantiene presente en la agenda nacional.
A las denuncias por falta de medicinas en hospitales de estados como Oaxaca, Puebla y Ciudad de México, se sumó la polémica por los cobros excesivos para atender a los pacientes del tercer nivel de salud.
Una problemática que ha desatado la exigencia de acciones urgentes, pero que contrasta con la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien defiende la estrategia al asegurar que el esquema de compras centralizadas es la vía para garantizar la atención médica y el abasto de medicamentos gratuitos para toda la población.
Este martes, el titular del Ejecutivo reafirmó su postura de mantener el rumbo fijo en el sector salud hasta el próximo 1 de diciembre, fecha en la que afirma se podrá consolidar el nuevo esquema de la 4T.
Algunos ciudadanos han denunciado que no se les permite incorporarse al Insabi y que se les cobra por los servicios
“Cada semana vamos a tener un informe sobre el plan de salud pública para que la gente nos ayude informando si hay médicos en los hospitales o no; qué médicos faltan, en qué hospitales, el abasto de medicinas y el estado de las instalaciones. Van a venir aquí los servidores públicos del sector salud hasta el 1º de diciembre, que pensamos es cuando va a quedar ya establecido el sistema de salud público de calidad y gratuito”, dijo.
En julio de 2019, el Gobierno federal presentó la megalicitación para la adquisición de medicamentos para 2020; una compra consolidada que representó una inversión de 17 mil millones de pesos, sin embargo, hasta el momento, aproximadamente el 36 por ciento de dichas compras no se ha realizado
Las partidas quedaron desiertas debido a que las autoridades consideraron que los licitantes incumplieron con el esquema de la nueva administración.
“El proyecto de salud está todavía en pañales. Y si bien es cierto que hay algunas deficiencias, lo que hoy tenemos que rescatar es que se ha dado una reingeniería de los procesos al interior del sistema de salud que implica garantizar medicamentos gratuitos al alcance de todos lo mexicanos”, explica el diputado federal Emmanuel Reyes Carmona, integrante de la bancada de Morena.
A consideración del también secretario de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, la reconfiguración del sector salud implicó una “resistencia” por parte de algunas empresas de la industria farmacéutica, mismas que desde su perspectiva se aferraban a los antiguos esquemas de compras a sobreprecio.
“Antes de que entrara este gobierno, las compras estaban concentradas en unas cuantas farmacéuticas. Tres o cuatro empresas que tenían el 70 por ciento del mercado y que mantenían ventas directamente con la Secretaría de Salud a un sobreprecio de hasta el 35 por ciento del valor de los medicamentos”.
Este lunes, el subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo López-Gatell Ramírez acusó de “chantaje” a empresas como Laboratorios PISA, quienes presuntamente estarían frenando la distribución de medicamentos tales como el metotrexato –indispensable en el tratamiento contra el cáncer– en los hospitales públicos.
Una acusación compartida desde el Legislativo por los integrantes del grupo parlamentario de Morena, quienes defienden que si bien existen fallas, también hay mucha desinformación y conflictos de interés que están provocando incertidumbre en torno al tema.
“El proyecto del Insabi apenas va naciendo; se va consolidando y es evidente y lógico que hoy se estén afectando los intereses de las farmacéuticas. Yo pensaría que lo que está pasando es que estas empresas están una vez más haciendo quedar mal el proyecto de salud de la Cuarta Transformación”, afirma.
Emmanuel Reyes, diputado federal de Morena, dice que es necesaria una mayor voluntad política para implementar el nuevo esquema de salud pública
DIAGNÓSTICO INCORRECTO
Desde la perspectiva del diputado del PAN y también secretario de la comisión de Salud, Éctor Jaime Ramírez Barba, la crisis de salud tiene su origen desde el periodo de transición en 2018, cuando López Obrador ordenó frenar las compras de medicamentos bajo la lógica de combatir el fenómeno de los sobreprecios.
“Este programa se volvió crítico desde que el gobierno en su transición dio instrucciones para que no se hicieran más compras. Hay que recordar los desabastos para los estudios de tamiz, la renegociación de contratos y el no haber hecho las compras para el año pasado.
“Lo que vimos en julio de 2019 fue la crisis que se detonó porque, durante la transición y con este mecanismo de sospechosismo, se empleó un austericidio en casi todo sentido. No previeron los tiempos, considerando que era muy fácil adquirir medicamentos”, afirma.
Desde la óptica de Ramírez Barba, el mecanismo centralizado de compras sólo ha evidenciado el grave problema administrativo del régimen de la 4T, mismo que si no se revierte desde ahora, podría empeorar para mediados de este mismo año.
“A la fecha seguimos arrastrando una gran incompetencia gerencial que se ha demostrado no sólo con la insuficiencia en medicamentos, sino en contrataciones y otros insumos que se hacían antes, como servicios integrales de salud.
Nuestro pronóstico es que el desabasto de productos va a ser peor para 2020 porque iniciaron tarde y mal el proceso. Acaban de adjudicar el 63 por ciento de los medicamento (los más baratos, genéricos) y faltan por licitar el 37 por ciento de los medicamentos de alta especialidad
DIVISIÓN ENTRE SECTORES POR EL INSABI
La apuesta del gobierno de la 4T en el tema de salud pública no ha sido del todo compartida por múltiples gobernadores del país.
Al menos cinco estados mostraron su inconformidad con la llegada del Instituto de Salud del Bienestar este 1 de enero.
Se trata de Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes y Baja California Sur; entidades que siguen analizando su incorporación o no al modelo propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, señaló que si bien existe la voluntad de apoyar al titular del Ejecutivo con los objetivos nacionales de gratuidad en los servicios de salud, esto no se puede hacer sin tener certeza legal.
“Tenemos que hacerlo con reglas claras, con una planeación adecuada, respetando las facultades en la materia de los estados y entidades federativas. Vamos a ver qué nos dice el Presidente, pero Jalisco se mantiene en su posición de que (en la ruta actual) sería muy complicado entrar en el esquema que se está planteando”, afirmó en el marco de la comida que se sostuvo este martes en Palacio Nacional.
Por su parte, el gobernador de Tlaxcala, Marco Mena, reafirmó que aún existen dudas sobre la operación del Insabi en los estados.
Marco Mena, gobernador de Tlaxcala, y su homólogo en Jalisco, Enrique Alfaro, se mostraron inconformes con el Insabi
Sabemos cuáles son los propósitos, cuáles son el conjunto de objetivos pero necesitamos conocer a detalle las reglas
En entrevista para Reporte Índigo, el diputado federal de Morena Emmanuel Reyes Carmona dijo que tanto en el caso de Guanajuato –estado que representa– así como las demás regiones que han mostrado su inconformidad con la adopción del nuevo esquema de salud, es necesario mostrar mayor voluntad política.
“Haya o no convenio de incorporación, me parece que el Insabi va a caminar y está caminando. Más allá de las deficiencias, merece que le demos el beneficio de la duda y que esperemos su etapa de madurez, que no debe pasar de más de medio año”.
Para el diputado federal, la decisión de incorporarse o no al programa de salud es parte de la autonomía de los estados y deberá respetarse desde el Gobierno federal, pero esa misma decisión no debe significar “poner piedras en el camino” para que el Insabi se caiga o la problemática de salud pública se agrave aún más.
“Me parece muy importante recalcar que Insabi lo que busca es que se garantice salud plena para todos los mexicanos”.
La falta de reglas de operación en torno al proyecto del Insabi generó el rechazo para su adopción en múltiples estados del país, regiones que se aferran al modelo del Seguro Popular hasta no contar con certeza jurídica
MOMENTO DE RESPONDER
Los diversos grupos parlamentarios de oposición tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados han manifestado la urgencia de convocar a un periodo extraordinario para la resolución de la problemática del abasto de medicamentos y la falta de reglas de operación del Insabi.
Debido a las múltiples dudas en torno al proyecto de salud de la 4T, integrantes de la Comisión de Salud de ambas Cámaras buscan que los titulares de la Ssa, SHCP y del Insabi comparezcan para dar respuesta a las problemáticas de abasto y gratuidad en las clínicas del país
Sin embargo, no sólo se solicitará adelantar las sesiones –programadas para comenzar de forma ordinaria en febrero– sino que esta misma semana se buscará convocar a comparecer ante las comisiones de Salud a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Salud y del propio Insabi.
Por parte de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, la coordinadora Verónica Juárez Piña aseguró que es necesario que los tres funcionarios –Arturo Herrera, Jorge Alcocer y Juan Antonio Ferrer– aclaren los planes a corto, mediano y largo plazo en el sector salud, así como el proceso de compra de medicamentos previsto para este año.
Es importante que digan qué es lo que está pasando con las reglas de operación que debieron haber estado desde que se implementó el 1 de enero el Insabi. Cuáles son los lineamientos, cuál es el sistema financiero y cuáles van a ser las metas
Esta perspectiva fue compartida desde el Senado de la República por la integrante de la bancada del PAN, Martha Cecilia Márquez Alvarado, quien desde 2019 solicitó la presencia del titular de Salud para que explique las problemáticas en la compra consolidada de medicamentos, pero que ahora buscará la presencia de Herrera Gutiérrez al considerar que el tema es financiero.
“Pedí la comparecencia del secretario de Hacienda ante la Comisión de Salud. Yo creo que el secretario de Salud ya no tiene mucho que resolver, ahorita el tema ya es económico”.
La también secretaria de la Comisión de Salud en la Cámara alta, subraya que en otras administraciones, las compras consolidadas se daban un año antes durante el mes de abril, pero que en esta nueva etapa están pendientes de comprar casi 40 por ciento de los medicamentos que se necesitan para 2020.
“Si pedimos un periodo extraordinario es precisamente para presentar iniciativas y que vayan a la Comisión y puedan ser aprobadas. Urge porque es un tema de salud; podrán decir que ya en febrero comienza el periodo ordinario, pero cada día a la gente se le está negando la atención en salud. Es grave y urgente”.
Este martes, los integrantes de la bancada del PAN en el Senado presentaron una iniciativa para reformar la Ley General de Salud en el artículo 36 referente al pago de cuotas para los pacientes del país. Una proyecto que desde el punto de vista de Kenia López Rabadán, ayudará al presidente a cumplir su palabra
“Hoy lamentablemente la ley claramente define cuotas a pagar, así es que vamos a ayudarle al presidente de la República a que honre su palabra; vamos a ayudarle a que deje de mentir, vamos a ayudarle a que deje de confundir a las personas.
“Con esta iniciativa, lo que se está proponiendo es que se eliminen de la Ley de Salud las cuotas que se tienen que pagar por parte de los pacientes. Y también vamos a modificar el artículo 77 bis 1, en donde se establece la gratuidad, pero solamente en el primero y en el segundo nivel”, dice la legisladora blanquiazul.
La senadora Kenia López y otros integrantes del PAN en la Cámara alta aseguraron que intentarán modificar la ley para que nadie deba pagar por los servicios de salud.
fuente.-
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