Entre los servidores públicos denunciados penalmente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por investigar indebidamente el caso Ayotzinapa se encuentran funcionarios de la extinta PGR, la Policía Federal y la Secretaría de Marina.
Tomás Zerón, ex director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR; Abraham Eslava Arvizu, antiguo titular de la Unidad Especializada en Investigación de Robo y Asalto de Vehículo, y Bernardo Cano Muñozcano, ex jefe de la Policía Federal Ministerial, están entre los denunciados, según fuentes consultadas.
También fueron acusados Carlos Gómez Arrieta, entonces titular de la Policía Federal Ministerial en Guerrero, y Gualberto Ramírez Gutiérrez, quien comandaba la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la SEIDO.
El pasado martes, la CNDH informó que había presentado seis denuncias penales en contra de 235 funcionarios que indagaron la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
En entrevista, José Trinidad Larrieta, titular de la Oficina Especial para el caso Iguala de la CNDH, detalló que 116 de esos servidores públicos fueron denunciados por actos u omisiones en la investigación, mientras que 119 por actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
De estos últimos, solo 5 fueron acusados en el fuero estatal, tanto de Guerrero como del Estado de México, mientras que 16 pertenecen a la Marina, 54 a la Policía Federal Ministerial y 44 a la Policía Federal.
"Los marinos, en la parte sustantiva (durante el desarrollo de los hechos) no tienen mayor participación, pero entran en la parte de la investigación y cometen violaciones a derechos humanos, particularmente cuando vienen las detenciones y hay imputaciones muy graves", comentó en referencia al caso de Emmanuel Alejandro Blas Patiño, quien según la ONU-DH habría muerto como consecuencia de actos de tortura por parte de la Marina el 27 de octubre de 2014.
Aunque Trinidad Larrieta no dio nombres, refirió la diligencia del 28 de octubre de 2014 en el río San Juan, que fue encabezada por Tomás Zerón, así como la tortura evidenciada en video en contra del detenido Carlos Canto Salgado presuntamente a manos de Carlos Gómez Arrieta, e incluso más actuaciones de peritos de la PGR y de quienes observaron la evolución de los hechos en el C4 de Guerrero.
También reveló que, con anterioridad, la CNDH había denunciado a Lourdes López Lucho Iturbe, agente ministerial de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la SEIDO, por haberse negado a asentar en actas la declaración de un testigo que señalaba la participación de dos policías federales en los hechos de Iguala, en la zona frente al Palacio de Justicia.
Ven similitudes con trama Colosio
Para José Trinidad Larrieta, quien fuera director general de Averiguaciones Previas de la PGR cuando el actual Ombudsman Luis Raúl González Pérez fungió como subprocurador especial para el caso Colosio, los mismos errores de esa trama se repitieron al investigar la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
Ahora, como titular de la Oficina Especial para el caso Iguala de la CNDH, se dijo asombrado por las denuncias contra 235 funcionarios, tanto federales como estatales.
"Esto es un termómetro, revela cuál es la realidad de nuestro sistema de procuración de justicia, así como en aquel momento con el caso Colosio y ahora en esta investigación, (se exhiben) los errores que se cometieron, y pasados los años se siguen cometiendo y no aprendemos de la historia", dijo.
fuente.-
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