El presidente electo de México tiene problemas en su relación con sus Fuerzas Armadas: con la ignorancia evidente de sus colaboradores en temas militares y de seguridad, Andrés Manuel López Obrador parece estar solo frente a las críticas acerbas de sus adversarios políticos y las torpezas de su equipo de transición.
Los retos que enfrenta no son minúsculos, pues sus adversarios aprovechan cada oportunidad para sobredimensionar cualquier roce con las Fuerzas Armadas y azuzarlas contra su futuro comandante en jefe. Su equipo cercano también parece, con sus errores, presto a alimentar los argumentos de las fuerzas políticas opuestas a López Obrador, como parece haber ocurrido con la aparente decisión de hacer a un lado a la mayoría de mandos militares en activo e invitar a sólo unos cuantos generales a la toma de posesión presidencial el próximo primero de diciembre.
Inconformes en privado, pero disciplinados en público, los militares obedecerán cualquier disposición oficial que avale su próximo comandante en jefe. Un incidente similar ocurrió hace 19 años en la víspera de la toma de posesión de Vicente Fox como presidente de la República, cuando un enlace militar se acercó al equipo de transición para preguntar sobre cuántos mandos castrenses serían invitados a la ceremonia de investidura presidencial. Palabras más, palabras menos, lo que, atónito, escuchó el enlace militar fue que los generales corruptos no serían invitados y, por lo tanto, casi no habría generales. El incidente generó incomodidad, pero no pasó de ser un chisme político y una muestra de la ignorancia y falta de tacto del equipo de transición.
En el fondo, lo que está en juego en estos momentos de una vida política caracterizada por la alternancia de partidos es la subsistencia de privilegios militares que han sobrevivido a pesar de una transición a la democracia que se aceleró con la llegada al poder de candidatos provenientes de la oposición.
Durante las más de siete décadas de gobierno monopartidista, los militares mexicanos gozaron de autonomía para definir su gasto, elegir sus armas, aumentar la cantidad de generales, colocar a mandos militares en activo como diputados federales o senadores, y definir una estructura de haberes que deja a la tropa en una condición ligeramente arriba de la pobreza extrema y pone a los generales en una situación de riqueza, quizá no extrema, pero sí privilegiada y contrastante. Con tal de mantener esa autonomía, los mandos militares dejaron que los gobernantes civiles les indicaran el camino a recorrer sin importar que esa guía les condujera, a veces, a la ilegalidad.
López Obrador enfrenta otra presión fuerte por parte de la sociedad civil. Muchas fuerzas sociales y políticas, que vieron con simpatía su victoria electoral esperan que López Obrador termine con la militarización orgánica que ha impedido la conformación de policías confiables, la reforma policial de fondo y la rendición de cuentas efectiva que reduzca los abusos de los militares contra la población civil en el contexto de la lucha contra el narcotráfico y otras modalidades de la delincuencia organizada.
Otra fuente de presiones proviene de los sectores de la sociedad que no olvidan lo que ocurrió en las masacres de 1968 y en 1971, cuando fuerzas paramilitares, entrenadas en campos castrenses, reprimieron las protestas estudiantiles a punta de golpes, detenciones arbitrarias, asesinatos y desapariciones. En parte, la decisión de desaparecer al Estado Mayor Presidencialobedece a la convicción extendida de que los mandos militares estuvieron detrás de esas fuerzas paramilitares y de los escuadrones de la muerte que también exterminaron a los grupos guerrilleros de la época.
Con el uso y abuso de las fuerzas castrenses para fines políticos, los gobiernos del país, independientemente del origen partidista, han recurrido a los militares para una variedad de acciones que no siempre están respaldadas por la Constitución: desde la ruptura de huelgas, el robo de urnas, los golpes espectaculares que legitiman a presidentes en turno, la creación de paramilitares, hasta la “guerra” contra el narcotráfico y los incidentes de ejecución extrajudicial y desaparición forzada de presuntos delincuentes.
Esta será sin duda un serie de retos muy complejos de resolver para el futuro comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, más aún en un ambiente tan adverso e impredecible, en el que no hay fuerzas políticas que cuenten con el consenso general y los partidos tradicionales están a punto de la disolución.
A final de cuentas, el tema de si los generales acuden en masa o no a la toma de posesión es sin duda un asunto banal, intrascendente, que desvía la atención de los temas más importantes: ¿Cómo seguir adelante con la transición a la democracia mientras persisten los viejos privilegios militares? ¿Cómo resarcir el prestigio de las Fuerzas Armadas? ¿Cómo devolverlas a los cuarteles, si aún no hay policías capaces y confiables?, ¿cómo resarcir la dignidad militar dañada con décadas de militarización, roce con la población, riesgo de violar derechos humanos y de sucumbir al intento de los grupos criminales de entregar fortunas a cambio de impunidad y protección?
El reto de López Obrador consiste más bien en cómo dirigir a las Fuerzas Armadas con el uso de la Constitución y la legalidad, sin confundir a la seguridad nacional con la seguridad pública, sin olvidarse de la necesidad de una policía eficaz y respetuosa de los derechos humanos. Quizá el presidente electo necesite abrirse más a las críticas y alejarse de colaboradores que sólo son capaces de decirle al oído lo que quiere escuchar y no lo que necesita saber.
Fuente.-Jorge Luis Sierra/
Especialista en temas de seguridad y fuerzas armadas
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: