La madrugada del sábado 8 de octubre de 2016, el campesino José Santos Jiménez Guevara falleció en una humilde casa del ejido 20 de Noviembre, en El Ébano, un municipio ubicado en la huasteca, en los límites de San Luis Potosí con el norte de Veracruz. Un cáncer de pulmón le causó la muerte, según testificó el médico Ernesto Ordaz, quien acudió a levantar el acta de defunción, ante la presencia de la viuda y dos hermanos.
A los 45 días de haber fallecido, don José Santos "revivió" o lo revivieron para transar a su nombre. El 22 de noviembre de 2016 llegó al Congreso de San Luis Potosí una carta supuestamente firmada por el muerto en la que solicitaba el apoyo para la compra de despensas para los habitantes pobres de su pueblo, ubicado a 370 kilómetros al oriente de la capital potosina.
El diputado del PAN Mariano Niño Martínez propuso apoyar la petición, y turnó la carta a la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.
A las dos semanas, el miércoles 7 de diciembre, los diputados Fernando Chávez Méndez, del PRI, y Enrique Alejandro Flores, del PAN, firmaron un oficio en el que autorizaron entregarle 400 despensas al difunto, para que él a su vez las distribuyera entre sus vecinos de la huasteca.
El difunto agradeció tan generoso obsequio de los diputados, con una carta en la que se falsificó su firma, pues fue elaborada el 19 de diciembre de 2016, cuando el ejidatario ya tenía 72 días de haber fallecido.
Peor aún, la empresa Joef Innovadores SA de CV, que supuestamente surtió las 400 despensas y por las que se gestionó un pago de 86 mil 499 pesos, también era inexistente. El domicilio aportado en la factura corresponde a una vivienda en la colonia Ricardo B. Anaya, de San Luis Potosí, cuyos ocupantes negaron que en ese sitio exista o haya existido una empresa, y también negaron dedicarse a la venta de despensas.
A los 45 días de haber fallecido, don José Santos "revivió" o lo revivieron para transar a su nombre. El 22 de noviembre de 2016 llegó al Congreso de San Luis Potosí una carta supuestamente firmada por el muerto en la que solicitaba el apoyo para la compra de despensas para los habitantes pobres de su pueblo, ubicado a 370 kilómetros al oriente de la capital potosina.
El diputado del PAN Mariano Niño Martínez propuso apoyar la petición, y turnó la carta a la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.
A las dos semanas, el miércoles 7 de diciembre, los diputados Fernando Chávez Méndez, del PRI, y Enrique Alejandro Flores, del PAN, firmaron un oficio en el que autorizaron entregarle 400 despensas al difunto, para que él a su vez las distribuyera entre sus vecinos de la huasteca.
El difunto agradeció tan generoso obsequio de los diputados, con una carta en la que se falsificó su firma, pues fue elaborada el 19 de diciembre de 2016, cuando el ejidatario ya tenía 72 días de haber fallecido.
Peor aún, la empresa Joef Innovadores SA de CV, que supuestamente surtió las 400 despensas y por las que se gestionó un pago de 86 mil 499 pesos, también era inexistente. El domicilio aportado en la factura corresponde a una vivienda en la colonia Ricardo B. Anaya, de San Luis Potosí, cuyos ocupantes negaron que en ese sitio exista o haya existido una empresa, y también negaron dedicarse a la venta de despensas.
Una práctica recurrente
Este caso es apenas un botón de muestra de una práctica generalizada en el Congreso de San Luis Potosí, en donde diputados de todos los partidos se han confabulado para saquear millones de pesos de recursos públicos con el uso de decenas de empresas fantasma y el robo de identidades o falsificación de firmas para simular donativos y obras.
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) corroboró que 51 proveedores presuntamente fantasma han recibido pagos por al menos 33 millones 635 mil pesos del Congreso de San Luis Potosí, y en las operaciones están involucrados diputados locales del PAN, PRI, PRD, PT, Partido Verde, Nueva Alianza, Morena, Movimiento Ciudadano y del partido local Conciencia Popular, así como personal de la Auditoría Superior del Estado que, se supone, es el órgano que debería vigilar el correcto manejo de los recursos públicos.
A ello se añade el desvío de 9 millones 600 mil pesos de obras inexistentes gestionadas por los legisladores, con lo que el desfalco documentado, hasta ahora, supera los 43 millones de pesos.
"Prácticamente en San Luis Potosí tenemos un crimen muy bien organizado donde participan todos los partidos políticos, utilizan instituciones como es el Congreso, la Auditoría Superior del Estado, la Junta de Coordinación Política, y todos han operado de manera eficiente para sus intereses", acusó el abogado Óscar David Reyes Medrano, quien ha asesorado a 13 víctimas a las que les robaron su identidad.
"Están ligados y coludidos todos los partidos. Ahí sí no hay distingo de colores, de ideologías, ahí los une el abuso, el fraude, la corrupción, el uso de empresas fantasma", coincidió José Guadalupe González Covarrubias, fundador de Ciudadanos Observando, organización que ha investigado y documentado el saqueo realizado desde el Congreso del Estado, al que han calificado como "El Honorable Gremio del Fraude".
Según esta organización, tan sólo 7 empresas fantasma han recibido del Congreso de San Luis Potosí 25 millones 175 mil pesos para facturar supuestas ayudas sociales.
Lupita Vera, activista e investigadora de Ciudadanos Observando desde hace tres años, relató que han detectado que algunas de estas empresas cobran una comisión de 8 por ciento por emitir o vender facturas por servicios inexistentes.
En el listado de proveedores del Congreso aparecen cuatro empresas y una persona física que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha incluido en su lista negra por presuntamente simular operaciones, las cuales a su vez están ligadas a otras nueve compañías que también han recibido contratos directos de los diputados potosinos, según constató MCCI al hacer un cruce de información de actas.
De los 48 proveedores presuntamente fantasma identificados en esta investigación, la mayoría son de San Luis Potosí, aunque también hay dos empresas de Oaxaca, dos de Aguascalientes, una de Querétaro, una de Guanajuato y otra del Estado de México.
Simula también el auditor con empresas fantasma
Funcionarios de la Auditoría Superior del Estado (ASE), el órgano responsable de vigilar el correcto manejo de los recursos públicos y de sancionar actos de corrupción, también recurrieron a la simulación de operaciones con empresas fantasma.
En diciembre de 2016, una persona residente en Aguascalientes, de nombre Benjamín Lozano Canseco, emitió una factura a la Auditoría por 600 mil pesos para servir una cena navideña para 100 personas (50 adultos y 50 niños).
El servicio incluía renta e instalación de mobiliario, equipo de sonido e iluminación, un grupo de música versátil, un mariachi, mesa de regalos para rifar cinco minicomponentes, cinco pantallas planas, 10 tostadores eléctricos, 10 sandwicheras, 10 cafeteras y 10 tabletas. Para la ambientación, a la hora de bailar se repartirían globos, sombreros, corbatas y diademas.
Para los niños habría un show de payasos, un trampolín, un inflable, pintacaritas y mesa de dulces.
La fiesta resultó una simulación. Nunca se efectuó, pero sí se pagó por el servicio al falso proveedor.
En la factura que emitió a la ASE, Benjamín Lozano dio como su domicilio fiscal la casa marcada con el número 709 de la calle Los Arcos, en Aguascalientes, pero en ese sitio no lo conocen ni ofrecen ningún tipo de servicios de organización de fiestas. Es, en síntesis, un proveedor fantasma.
Este no es el único caso en que se ha involucrado al órgano de fiscalización en actos de corrupción.
El 12 de junio de 2017, el diario Pulso difundió un video en el que el diputado panista Enrique Alejandro Flores y el alcalde El Ébano, Crispín Ordaz Trujillo, hablan de cómo limpiar observaciones por 40 millones de pesos, con el auxilio de funcionarios de la Auditoría.
"Pero ellos sí te van a pedir lana para que no debas ni nada, por dejarte limpio, que no debas nada, que no tengas ni un pedo, pero me dicen: que pase por lo menos el 10 por ciento de lo que debe", se escucha en el video.
En entrevista, la auditora Rocío Cervantes Salgado reconoció que la imagen de la institución está muy dañada por este involucramiento en actos de corrupción, y por ello han aplicado controles internos más estrictos y han cesado a trabajadores.
Actualmente la ASE tiene en curso una auditoría sobre los pagos realizados por el Congreso a empresas presuntamente fantasma, y se prevé que los resultados se entreguen en agosto.
fuente.-
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