El primero –a la sazón presidente del Revolucionario Institucional– es presunto autor del plan que hacía pasar dinero federal a las cajas estatales para de ahí ser llevado a su partido, a fin de reforzar las campañas electorales. El segundo, porque entonces era secretario de Hacienda y debió saber lo que ocurría con los cientos de millones de pesos que iban a dar al tricolor.
Chihuahua, Chih.- El desvío de 250 millones de pesos de las arcas de Chihuahua para financiar las campañas del PRI en 2016, durante el gobierno de César Duarte Jáquez, salpica a Los Pinos y convierte al canciller Luis Videgaray y al exsenador y expresidente priista Manlio Fabio Beltrones en presuntos artífices y cómplices de un gran escándalo de corrupción electoral.
La investigación a cargo de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua –del gobierno del panista Javier Corral– revela una trama de corrupción electoral y malversación de dinero público –presuntamente diseñada por Beltrones– cuyos tentáculos se extienden por lo menos a otras seis entidades: Durango, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, de acuerdo con expedientes judiciales revisados por Proceso y expuestos públicamente el pasado jueves 21 en una audiencia judicial celebrada en esta capital.
El más reciente eslabón de la cadena de fraude y corrupción presentado por la Fiscalía de Chihuahua se logró conocer con el arresto de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, quien fue secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, mano derecha de Beltrones y operador financiero de su partido, y a quien se acusó formalmente del delito de peculado, que se agrava por haberse embolsado 4 millones de pesos de los 250 sustraídos de la entidad norteña para fines electorales.
Proceso y el diario estadunidense The New York Timesiniciaron hace varios meses una investigación sobre el desvío de dinero público a las arcas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Mediante entrevistas y la revisión de documentos se descubrió el supuesto involucramiento de Beltrones y de otros altos funcionarios del PRI, con la anuencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la cual, cuando se cometió el delito en Chihuahua, estaba encabezada por Videgaray, actual canciller.
Los documentos revisados y analizados en la investigación periodística, que comenzó en junio de este año, establecen que el plan del robo del dinero del erario chihuahuense se echó a andar en enero de 2016, cuando –según los documentos del juzgado a cargo del caso– Beltrones se coordinó con Duarte para transferir los 250 millones de pesos al PRI por conducto de las secretarías estatales de Hacienda y Educación.
En el oficio número SH/0014bis/2016 del 13 de enero de 2016, el entonces secretario de Hacienda del gobierno de Chihuahua, Jaime Ramón Herrera Corral, envió a la SHCP la solicitud por 275 millones de pesos con la siguiente justificación: “El estado de Chihuahua enfrenta diversas restricciones y presiones financieras y presupuestales para solventar diversos gastos de operación, entre otros el pago de servicios personales que ocasionaría pérdida en la eficiencia de la capacidad de respuesta del estado en caso de incumplimiento de pago oportuno”.
La petición de recursos a la Secretaría encabezada por Videgaray fue dirigida a Isaac Gamboa Lozano, jefe de la Unidad de Política y Control Presupuestario.
Dos días después, el 15 de enero de 2016, Gamboa Lozano y Herrera Corral firmaron el convenio por la concesión del monto requerido.
Cuatro empresas
Con base en la revisión de documentos de la corte estatal sobre declaraciones de funcionarios del gobierno de Duarte, procesados e interrogados por las autoridades, los 275 millones de pesos que dio la SHCP sí fueron utilizados para los propósitos que expuso Herrera Corral en su solicitud.
Sin embargo, y de acuerdo con la declaración de la sentencia de Ricardo Yáñez Herrera, exsecretario de Educación de Chihuahua, Beltrones, Duarte y Gutiérrez Gutiérrez fraguaron el plan consistente en que 250 millones de pesos de las arcas estatales se enviaran en efectivo al PRI mediante contratos con cuatro empresas que supuestamente prestarían servicios al sistema educativo. El uso de esas empresas era una cortina de humo, por si se hacía una investigación del asunto, para que se asumiera que el dinero se destinó a cubrir necesidades legítimas, lo mismo que el aporte federal.
En su declaratoria de culpabilidad de fraude y enriquecimiento ilícito –delitos por los que fue sentenciado a cuatro años de cárcel y a devolver 246 millones de pesos al estado–, Yáñez Herrera asegura que las cuatro empresas fueron propuestas por Gutiérrez Gutiérrez, con el argumento de que las entidades ya habían sido usadas para el mismo objetivo en otros cinco estados: Durango, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.
Las irregularidades en el proceso de contratación directa de las cuatro empresas, sin licitación, se expone hasta en el orden cronológico asignado en los números de contratos y en las fechas en que éstos fueron firmados.
El 24 de febrero de 2016 la empresa Servicios y Asesorías Samex, SC, representada por Sandibel Gallardo Gallardo, y el gobierno estatal, representado por Yáñez Herrera y por el director general de Hacienda, Gerardo Villegas Madriles, firmaron el contrato número SH/AD/078/2016 por 55 millones de pesos. Los servicios que esta empresa prestaría a Chihuahua, y que nunca llevó a cabo, serían: capacitación e impartición de un curso para la actualización de 5 mil 605 padres de familia de nivel preescolar y primaria en el desarrollo de un sistema de actitud eficaz, enfocado a desarrollar una mejor calidad de vida en el ambiente familiar.
Con la empresa Servicios y Asesorías Sinnax, SA de CV, representada por José Juan Saliano González, Yáñez Herrera y Villegas Madriles, firmaron el 25 de febrero el contrato número SH/AD079/2016, por 55 millones de pesos, por servicios que tampoco se prestaron: un curso para la actualización de docentes de nivel básico y evaluación de personalidades, motivaciones, áreas de oportunidad y fortalezas.
El 26 de febrero de 2016, Villegas Madriles y Yáñez Herrera rubricaron el contrato SH/AD/080/2016, por 46 millones de pesos, con la empresa Servicios y Asesorías Sissas, SA de CV, representada por Aarón Talavera Mejía, por 46 millones de pesos a cambio de la capacitación e impartición de un curso en temas relativos al medio ambiente, dirigido a docentes para que éstos lo impartieran a alumnos de niveles preescolar y primaria en el estado.
El último contrato, el número SH/AD /077/2016, asignado a Despacho de Profesionistas Futura, SA de CV, representada por María de Lourdes Gallardo Carrillo y firmado por Villegas Madriles y Yáñez Herrera, amparó 90 millones de pesos por la presunta prestación de servicios “profesionales de planeación, diseño e implementación de software que se denomine ‘Sistema Integral de Trámites y Movimientos del Personal de Subsistema Estatal’, el cual tiene como fin sistematizar y hacer más eficientes los procesos de administración de recursos humanos del magisterio”.
La suma de los montos asignados al vapor a estas cuatro empresas por la Secretaría de Hacienda de Chihuahua da la cifra de 246 millones de pesos. En dicha ecuación queda claro que faltaban 4 millones de pesos de los 250 solicitados en el Acta de Adjudicación SH/AD/080/2016, firmada a las 19:00 horas del 26 de febrero de 2016 por Antonio Enrique Tarín García, presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado; Érick Manuel Hernández Aguilar, representante de la Dirección de Programas de Inversión de Hacienda, y por Karla Areli Jurado Bafidis, directora administrativa de la Secretaría de Educación.
En esa Acta de Adjudicación de recursos del estado para la contratación de las cuatro empresas –que están en la lista negra del Sistema de Administración Tributaria (SAT)– quedó en blanco la línea correspondiente a la firma de un testigo, que en este caso debió ser algún funcionario de la Secretaría de la Contraloría de Chihuahua.
Estalla el escándalo
El jueves 21, The New York Times publicó en la primera plana de su edición impresa un amplio reportaje firmado por su corresponsal en México, Azam Ahmed, y por el corresponsal de Proceso en Washington, en el cual se expuso el mecanismo del desvío de fondos del erario chihuahuense para el PRI, con la presunta coordinación de Beltrones, Duarte, Gutiérrez Gutiérrez y la supuesta anuencia de la SHCP de Videgaray.
Horas antes de esa publicación, en la tarde del miércoles 20, el diario neoyorquino subió a su página en internet la nota que daba cuenta de la captura de Gutiérrez Gutiérrez y del robo del dinero de Chihuahua para los fines electorales del PRI.
La publicación del reportaje mencionado se precipitó por el arresto de Gutiérrez Gutiérrez, anunciado por el gobernador Javier Corral en su cuenta de Twitter. En un operativo conjunto de la Policía Federal y la estatal de Chihuahua, fue detenido a petición de la corte estatal, acusado de peculado agravado.
Corral, según las versiones a las que este semanario tuvo acceso, se vio obligado a hacer precipitadamente el anuncio de la captura del exdirectivo del CEN priista porque los agentes federales se negaban a entregar al detenido a las autoridades del gobierno de Chihuahua para ser llevado a la capital del estado, donde iba a ser presentado ante el juez.
Las declaraciones de Yáñez Herrera fueron la clave para detener a Gutiérrez. Gracias a ellas y a las pesquisas de la Fiscalía estatal, que siguió la ruta del dinero, se descubrió que los 4 millones de pesos faltantes de la asignación de los 250 desviados a las arcas del PRI se los embolsó Gutiérrez. De ahí la acusación de peculado.
El 15 de abril de 2016, a las cuatro de la tarde con 20 minutos y 36 segundos, se depositaron 4 millones de pesos en la cuenta de Banorte número 072076005436939210, a nombre de la empresa Jet Combustible, SA de CV, propiedad de Gutiérrez Gutiérrez.
La entidad que realizó el depósito a la cuenta de la empresa de quien fuera mano derecha de Beltrones fue el estado de Chihuahua, cuya referencia la estipula el documento de la transferencia bancaria revisado por Proceso.
Fracaso electoral
La trama del desfalco a Chihuahua para financiar las campañas del PRI en las elecciones de 2016 –de acuerdo con las declaraciones de los cinco implicados que han sido capturados y sentenciados, y a una decena más de antiguos funcionarios del gobierno de Duarte que están cooperando con la Fiscalía estatal– obedeció a los temores de Beltrones de perder el control de los gobiernos de los estados a donde se enviaron los fondos estatales, como los 246 millones de pesos del estado de Chihuahua.
El robo en cada una de esas entidades no funcionó para materializar los planes definidos supuestamente por Beltrones. En esos comicios el partido del presidente Enrique Peña Nieto perdió siete de las 12 gubernaturas en juego, y en cuatro de ellas el PRI fue el gran derrotado por primera vez en su historia.
Poco después del fracaso del PRI con Beltrones como presidente del CEN, en agosto de 2016, Duarte descubrió que el gobierno electo que encabezaría Corral tenía conocimiento de los desvíos de dinero.
Esto se desprende de la declaración de sentencia de Yáñez Herrera que se leyó en audiencia en la ciudad de Chihuahua el pasado jueves 21, cuya copia ya había sido revisada en días anteriores por The New York Times y Proceso.
La alarma en el gobierno de Duarte no fue compartida por los exdirectivos del PRI. Poco después de agosto del año pasado, por orden de Duarte se pactó una reunión en la sede del CEN del PRI en la Ciudad de México, a la que asistieron Gutiérrez Gutiérrez, Yáñez Herrera, Alejandro Gutiérrez Jr. (hijo del ahora implicado y acusado de peculado agravado), otros cuatro directivos del PRI y funcionarios del gobierno chihuahuense.
La declaratoria de sentencia de Yáñez Herrera sostiene que el exsecretario de Educación cuestionó a los Gutiérrez sobre las cuatro empresas entre las que se repartieron los 246 millones de pesos, argumentando que evidentemente eran frentes creados con el único propósito del timo.
Alejandro Gutiérrez Jr. “le refirió que las empresas que le habían proporcionado eran serias, a lo que el declarante le preguntó si eran capaces de soportar esos recursos y desviar el dinero”, se lee en la declaratoria de la sentencia.
Herrera Corral y Yáñez Herrera querían en esos momentos, y luego de descubrir que el gobierno electo de Corral estaba enterado del fraude, que el CEN del PRI les devolviera los 250 millones de pesos para cubrir el desfalco.
La declaración de sentencia de Yáñez Herrera establece de la siguiente forma la contestación de Gutiérrez a las necesidades del gobierno de Duarte de cubrir el desvío de los 250 millones de pesos por medio de las cuatro empresas: “Que las empresas estaban blindadas por el SAT y, en caso de una auditoría, no habría problema… la respuesta fue que no se podía devolver el dinero, que lo habían operado en campañas de otros estados y que no se preocupara”.
En una reunión posterior a la celebrada en el CEN del PRI en la Ciudad de México, ahora en Plaza Carso, de acuerdo con la declaración de sentencia de Yáñez Herrera, ante la insistencia del gobierno de Duarte de cubrir el fraude con la devolución de los 250 millones de pesos, Gutiérrez estaba iracundo y, por ello, a modo de reclamo, preguntó a los funcionarios del estado de Chihuahua: “¿Por qué sigue viva la persona que firmó las facturas?”.
Ante las evidencias recolectadas por la Fiscalía de Chihuahua del gobierno de Corral y con la aceptación de culpabilidad, de declaratorias y sentencias de quienes fueron funcionarios del gobierno de Duarte, Beltrones podría y debería ser citado a declarar sobre el asunto; lo mismo que Videgaray, como titular de la SHCP en ese momento, ya que debió aprobar la transferencia de los 275 millones de pesos, o por lo menos haber revisado la solicitud del gobierno de Duarte.
En un país donde sí se aplican las leyes, en caso de que Videgaray se deslinde del asunto aludiendo el desconocimiento de la transferencia de dinero, podría ser acusado del delito de omisión y falta de cumplimiento de sus responsabilidades como administrador y guardián del dinero del Estado mexicano.
Como máximo representante del PRI en 2016 y hasta la fecha, Peña Nieto debería también aclarar si se enteró del plan orquestado presuntamente por Beltrones.
Ahora José Antonio Meade, destapado por Videgaray como próximo candidato del PRI y ratificado posteriormente por Peña Nieto, a la luz del escándalo destapado en Chihuahua tendrá problemas para convencer al electorado de que él es distinto de los funcionarios y exfuncionarios del partido que lo arropó, sobre todo cuando los emblemas de este sexenio, reconocidos a nivel nacional e internacional, son la impunidad, la corrupción y el fraude electoral.
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