Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), reconoció como “un gran desafío para el Estado mexicano” el proteger a periodistas y defensores de las garantías individuales.
Durante una reunión de trabajo con los legisladores que integran la comisión permanente del Congreso de la Unión, el funcionario dijo que dichas amenazas provienen, prácticamente en todos los casos, del crimen organizado.
Señaló que esto se debe a que en México el crimen organizado encuentra ventajas y oportunidades que en ningún otro país tiene, por ser vecinos del principal mercado de consumo de drogas y venta de armas y porque las corporaciones policiales son débiles o están penetradas por la delincuencia.
Campa Cifrián acudió el Senado de la República para dar cuenta de la estrategia del gobierno federal sobre los casos de agresiones y asesinatos contra periodistas, reunión donde admitió que si bien el mecanismo de protección tiene algunas fallas, a cuatro años y medio de su implementación, un total de 727 periodistas y defensores de los derechos humanos han recibido protección.
El funcionario de la Segob dijo que hoy tres de cada 10 incorporaciones al mecanismo de protección son por emitir un monitoreo de riesgo que se realiza a nivel nacional, al tiempo de puntualizar que el 25 por ciento de los casos de protección ingresan con condición de riesgo grave.
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