Un oficial del Ejército pasó más
de 10 años en la cárcel, acusado de complicidad con narcotraficantes para dejar
pasar un tráiler con 16.3 toneladas de mariguana en un puesto de control en
Sonora; sin embargo, era inocente.
El cabo de sanidad Domingo del
Ángel Coronel abandonó el Campo Militar Número 1, después de que el Octavo
Tribunal Colegiado Penal echó abajo una condena de 15 años de prisión por
delitos contra la salud en la modalidad de fomento al narcotráfico.
La sentencia del amparo directo
233/2016 exhibe un caso plagado de irregularidades y abusos, pues en principio
Del Ángel ni siquiera estaba en el lugar, día, ni hora en que arribó el
vehículo con mariguana, el cual además fue asegurado. El militar estaba en
Hermosillo, a 134 kilómetros del retén.
La captura
El 16 de junio de 2006, elementos
del 60 Batallón de Infantería aseguraron en el puesto de control Estación Oroz,
en Guaymas, un tráiler del servicio público federal que transportaba 16.3
toneladas de mariguana.
De acuerdo con el testimonio del
capitán primero de Infantería Víctor Manuel Contreras Zaragoza, la intercepción
había sido posible gracias a que, cuatro días antes, el sargento primero de
Infantería Juan Javier López Sánchez le informó que el sargento segundo
Sacrovir Hernández Hernández se había acercado a otro sargento, Juan José Gómez
Carreón, para preguntarle si se aventaba un "jale", es decir, dejar
pasar un cargamento. El oficial respondió que no y avisó a su compañero.
La Procuraduría Militar señala
que un traficante, de nombre Iván, ofreció a tres soldados el pago de 100 mil
pesos, de los cuales 30 mil eran para Hernández y 35 mil para el subteniente
Efraín Romero Antonio y el cabo Del Ángel, respectivamente, todos ellos del
mismo Batallón.
El presunto intermediario entre
el narco y los militares era Ángel Martínez Cruz, "El Mopet", quien
supuestamente había desertado del mismo batallón como cabo apenas un mes antes.
Los acusados fueron detenidos el
mismo día del aseguramiento de droga.
Dichos y torturas
De acuerdo con un certificado
suscrito por el jefe de la oficina administrativa del 60 Batallón de
Infantería, el día del aseguramiento de la droga el cabo Del Ángel no estaba en
el retén, sino en un curso de vectores para fumigación, en las instalaciones
del Hospital Militar Regional de Hermosillo.
Los detenidos manifestarían
tiempo después que los elementos de la Policía Judicial Militar los torturaron
para hacerlos firmar declaraciones autoinculpatorias que desconocían y que
además contienen errores de hecho.
El sargento Hernández, por
ejemplo, en ese primer testimonio dice haberse coordinado vía telefónica con
Del Ángel para permitir el paso del cargamento, dicho que luego desmintió.
"Me obligaron a que hiciera
una falsa declaración en contra del subteniente de Infantería Efraín Romero
Antonio y del cabo Domingo del Ángel Coronel", declaró.
El primer testimonio de Del Ángel
-firmado bajo coacción- refiere que él estaba de vacaciones cuando ocurrieron
los hechos, pese a que fue detenido saliendo del hospital donde tomaba el
curso.
Cuando la justicia federal revisó
ese aspecto, anuló la validez de los testimonios como prueba, por las
violaciones a las garantías denunciadas por los acusados.
A Del Ángel también lo refieren
en sus testimonios el subteniente César Augusto Hernández, el coronel Moctezuma
Ilhuicamina Cepeda y el ya referido capitán Contreras.
Pero los tres dicen que otra
persona les comentó que el cabo buscaba cómplices para dejar pasar el tráiler.
Es decir, son testigos de oídas a los que no les constan los hechos, según el
fallo judicial.
'Me han mancillado'
El 24 de marzo de 2015, cuando
compareció ante un Consejo de Guerra, Del Ángel reclamó que se hubiese
permitido un proceso plagado de injusticias.
Notas Relacionadas
"Hasta ahorita se me ha
mancillado de falsedades y mentiras, como lo ha hecho el agente investigador
del Ministerio Público que elaboró la averiguación previa, la cual hizo en
menos de 48 horas", declaró.
Concluido el Consejo de Guerra,
el cabo fue condenado a 15 años de cárcel, al pago de poco más de 7 mil pesos,
a la baja definitiva del Ejército, inhabilitación por 10 años, decomiso de su
celular y la negativa del beneficio de libertad preparatoria.
Desde entonces comenzó a litigar
contra el castigo, y hasta el pasado 16 de febrero consiguió que el Octavo
Tribunal Colegiado le otorgara un amparo directo.
"Fue incorrecto que se
tuviera por acreditada la plena responsabilidad penal del aquí quejoso, con
base en lo expuesto por los testigos aludidos, ya que, como se advierte, (los
hechos) no los apreciaron por sí mismos y, por ende, no debió de concedérseles
valor probatorio suficiente para acreditar lo que manifestaron por referencia
de tercero", sentenció el tribunal.
Fuente.-
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