Alonzo Peña, ex
director adjunto de Inmigración y Aduanas de EU, dijo en una entrevista con San
Antonio Express News que los políticos en México están temblando por la
información que el ex priista pueda contar. “¿Va a cooperar? ¿Va a contar todo
y poner en peligro a otras personas?”, dijo.
El ex Gobernador de
Tamaulipas Tomás Yarrington, prófugo de la justicia en Estados Unidos y México
desde por lo menos un lustro y acusado de lavado de dinero y vínculos con el
crimen organizado, fue detenido en Florencia, Italia, 12 años después de que
dejara su cargo como mandatario estatal.
La captura, anunciada por la
Procuraduría General de México el domingo por la noche, es a juicio de los
analistas un ejemplo de la falta de voluntad de las autoridades a la hora de
detener a uno de los suyos, un exmandatario que puede contar con información
delicada que podría involucrar a otros políticos corruptos.
Yarrington fue Gobernador de Tamaulipas de 1999 a 2005 por el Partido
Revolucionario Institucional (PRI), el mismo del Presidente Enrique Peña Nieto,
y supuestamente aceptó sobornos tanto del cártel del Golfo como de los Zetas,
los dos grupos del crimen organizado más poderosos en esa región, cuya lucha
encarnizada ha dejado miles de muertos, desaparecidos, a la sociedad totalmente
atemorizada, los medios de comunicación silenciados y la frontera noreste del
país plagada de fosas clandestinas.
Según explicó el subprocurador Jurídico
y de Asuntos Internacionales de la fiscalía federal, Alberto Elías Beltrán, el
arresto se produjo por las autoridades italianas gracias a la información de
inteligencia proporcionada por México y Estados Unidos. Los dos países aspiran
a conseguir la extradición del exmandatario, dijo Beltrán, pero será Italia el que
decida a qué autoridades lo entregará una vez se formalicen las peticiones.
La unidad especializada en narcotráfico y delincuencia organizada de la
fiscalía federal inició una investigación en su contra el 13 de julio de 2012.
Más de cuatro años después, en noviembre de 2016, el gobierno ofreció una
recompensa de 15 millones de pesos (unos 730 mil dólares) por información que
llevara a su captura porque pese al “amplio despliegue” para intentar
capturarlo no se había podido conocer su paradero, decía el Boletín Oficial de
la Federación al hacer pública la recompensa.
Sin embargo, aunque las autoridades
federales no daban con él, Yarrington contó hasta el otoño de 2016 con escoltas
asignados por la fiscalía de Tamaulipas, según dijo el lunes Francisco García
Cabeza de Vaca, actual Gobernador del estado y primer mandatario de esta región
que surgen del partido opositor PAN (o Partido de Acción Nacional), en
entrevista con la periodista Carmen Aristegui.
De forma paralela a las investigaciones
iniciadas en México, el FBI lo buscaba al menos desde diciembre de 2013, por
lavado de dinero y fraude, entre otros delitos, acusaciones que sus abogados
siempre negaron.
Según Estados Unidos, Yarrington recibió
pagos de narcotraficantes que operaban en el estado fronterizo con Texas. Según
un comunicado de prensa del FBI de diciembre de 2013, supuestamente lo hacía a
cambio de “dejarles operar a gran escala” en sus actividades criminales.
Las autoridades estadounidenses también lo vinculan con distintos
crímenes después de ser Gobernador: en concreto lo acusan del tráfico de
“grandes cantidades de cocaína” de 2007 a 2009 desde el puerto de Veracruz al
sur de Tamaulipas, y del uso de fondos públicos robados.
Pese a todas las investigaciones en su
contra durante años, el PRI no lo expulsó sino hasta diciembre de 2016. En un
comunicado, el partido explicaba entonces que era por “vulnerar
sistemáticamente los estatutos del partido, el código de ética y cometer actos
de falta de probidad durante su gestión al ser señalado como autor de diversos
actos de corrupción y, en consecuencia, haber afectado la imagen del PRI”.
Expertos en crimen organizado
enfatizaron lo mucho que se tardó en llegar esta detención y coincidieron en
indicar que el arresto tiene connotaciones políticas, ya que este año habrá
votaciones en varios estados importantes y en 2018 se celebrarán elecciones
presidenciales, por lo que las autoridades quieren mostrar acciones contra la
corrupción.
De hecho, hay otros dos ex mandatarios
priístas prófugos: Javier Duarte, que gobernó el estado oriental de Veracruz de
2010 a 2016, y César Duarte, mandatario del norteño estado de Chihuahua en el
mismo periodo. Ambos tienen a sus espaldas acusaciones de corrupción y al
veracruzano se le vincula, además, con el crimen organizado. Aunque comparten
apellido, no son familiares.
La Fiscalía no ofreció detalles sobre
cómo se concretó la captura de Yarrington pero el analista Raúl Benítez, indicó
que se le pudo ubicar gracias a las comunicaciones telefónicas que tenía con su
familia, aunque había cambiado de identidad.
A juicio de Benítez, el gobierno de Peña
Nieto “ha protegido a muchos gobernadores priístas” durante mucho tiempo, pero
ahora, por “cuestiones políticas”, el Presidente ha considerado que era
necesario que cayeran algunos, sobre todo aquellos a los que se vincula con el
crimen organizado.
“La mezcla de corruptos con narcos es
explosiva, muy difícil de sostener para el gobierno”, añadió el analista en
declaraciones a The Associated Press. De ahí, añadió, que se optara por “ir
capturándolos aunque fueran del PRI”.
Hace menos de dos semanas fue arrestado
en Estados Unidos Edgar Veytia, fiscal general del estado de Nayarit, también
gobernado por el PRI, por asociación delictuosa para traficar con cocaína,
heroína y metanfetaminas desde enero de 2013 hasta el pasado mes de febrero.
Para Edgardo Buscaglia, consultor
internacional y experto en crimen organizado, la protección a los gobernadores
va más allá de los partidos políticos. “Son señores feudales, intocables, a
veces con más poder que el Presidente de la República”, dijo.
En su opinión, son “los principales
arquitectos del financiamiento mafioso de las campañas electorales” porque desvían
dinero de fondos públicos y gestionan irregularmente dinero tanto de empresas
legales como del crimen organizado. “Cuando se vuelven impresentables (para la
opinión pública) y bajo presión internacional, la Procuraduría General de la
República actúa, pero estos gobernadores tienen mucha información con la que
caería la mitad de la clase política como sucedió en Italia o Colombia”, añadió
en declaraciones a la AP.
Precisamente por eso, Buscaglia está
convencido de que a los gobernadores no se les encarcela directamente cuando
hay una orden de aprehensión en su contra. “Comenzarían a revelar información y
comenzaría a generarse un efecto dominó”.
“Negocian su entrega, su patrimonio”,
agregó el experto. “Por eso milagrosamente no se encuentra a los gobernadores
prófugos”.
Fuente.-
todo fue obra de calderon que tiene iformacion pero amlo que no se ha pronunciado al respecto es el ganon
ResponderBorrar