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El tribunal neoyorquino donde juzgarán a Joaquín "El Chapo" Guzmán se convertirá en manantial con información sobre la red de protección política al crimen organizado. ¿Influirá en las políticas contra la inseguridad y la corrupción?
La democracia de calidad precisa de hechos confiables. El crimen organizado es la principal amenaza a la seguridad, pero ignoramos bastante sobre el alcance de la complicidad oficial con los cárteles. Se intuye y se menciona sin detallarse. Un caso paradigmático es la Operación Intercepción de 1969.
Aquel año el Gobierno de Richard Nixon cerró unilateralmente la frontera. Uno de los operadores fue Gordon Liddy -famoso por Watergate- quien la describió de la siguiente manera: la Operación "fue diseñada para doblegar a México y lograr que actuara de acuerdo a nuestra voluntad". México "se rindió" ante una "extorsión internacional pura, simple y efectiva".
Si Gustavo Díaz Ordaz cedió fue porque la alternativa era la publicación de los "nombres de 20 personalidades mexicanas involucradas con el narcotráfico".
Demos contexto al hecho. Estados Unidos pregonaba que el consumo de drogas no se debía a la adicción de una parte de su sociedad; todo era responsabilidad de los mexicanos que suministraban narcóticos. Cerraron la frontera para exigir que nuestras Fuerzas Armadas se metieran a combatir el cultivo y el trasiego.
Al año siguiente (1970), su Congreso aprobó las Leyes RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) orientadas, en esencia, a descabezar y fragmentar a las bandas del crimen organizado. México ha sido el discípulo devoto y fiel de políticas que han naufragado; prosperan los cárteles, los políticos y empresarios que los protegen, mientras la sociedad paga las consecuencias.
El 19 de enero México extraditó a "El Chapo" y el 20 el fiscal estadounidense cubrió la formalidad de presentar un memorándum al juez pidiéndole que no lo liberara bajo fianza. Es un documento breve (24 cuartillas de texto a doble espacio más otras 24 con fotografías), pero revelador. Me detengo en una de sus ideas centrales.
En siete ocasiones mencionan la corrupción gubernamental mexicana y aseguran que "la corrupción de funcionarios federales, estatales y municipales" ha sido un factor clave tras el éxito de "El Chapo". Tienen razón y durante el juicio saldrán detalles precisos porque, según anuncia el fiscal, "muchos testigos hablarán sobre los pagos hechos por Guzmán a políticos y a integrantes del sistema de justicia".
Suponiendo que comparten esa información, ¿ayudará en el combate a cárteles y corrupción? Dependerá de varios factores: calidad de los datos y disposición de un Gobierno, el mexicano, profundamente reacio cuando se trata de perseguir a los suyos.
Es posible que el desenlace sea razonablemente positivo porque el México de 2017 no es el de los años 60. Acaba de ser nombrado un grupo de personajes independientes para el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción que busca entender los resortes de esa peste y hay una presión social a favor de lo mismo y de que se revise a fondo la política de seguridad.
En este terreno importa el nivel de colaboración entre académicos y periodistas de México y Estados Unidos. Se multiplican las iniciativas como la anunciada la semana pasada. El Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) analiza una impresionante base de datos sobre hechos de violencia y VICE News en México, una empresa mediática estadounidense-canadiense, popular entre jóvenes, la adereza con historias que la hacen accesible.
El juicio a "El Chapo" en Nueva York será un barómetro de la determinación con la cual enfrentamos un problema gravísimo: las redes de complicidad entre delincuentes organizados, empresarios y políticos corruptos.
Colaboró Maura Roldán Álvarez.
Fuente.-opinion@elnorte.com
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