En la reunión a puerta cerrada en Los Pinos, la noche del pasado 20 de enero, hubo un cuarto asistente que fue pieza clave en el armado del pacto que busca evitar que López Obrador gane la Presidencia en 2018.
Luis Videgaray Caso, el poderoso canciller que ejerce el poder presidencial, acompañó a su jefe, Enrique Peña Nieto, en la negociación con Ricardo Anaya y Santiago Creel, y fue el principal artífice de esos acuerdos, que comenzaron a fraguarse semanas atrás, a partir de que el grupo de Anaya tomó control total del panismo con la elección de los 300 nuevos consejeros nacionales en diciembre pasado.
Anaya reveló desde antes a varios gobernadores del PAN la existencia de un “preacuerdo” que estaba por “cerrar” con el presidente Peña, lo que se consumó la noche de ese viernes en Los Pinos. Ahí Anaya no sólo amarró la alianza de facto para que el gobierno federal fortalezca al candidato panista en 2018, también logró que Videgaray y el presidente comprometieran “juego limpio” y “piso parejo” en los comicios del Estado de México y avalaran la candidatura de Josefina Vázquez Mota, con el compromiso de reconocer un posible triunfo de la panista y a disciplinar, en ese caso, al priísmo mexiquense.
Con el acuerdo todos ganan: Peña porque con su “amiga” Josefina en el PAN, cruza una “doble apuesta”: ganar, ya sea con su primo Del Mazo o con Vázquez Mota, a la que Videgaray financió con recursos públicos. Cualquiera de los dos representa para el presidente y su grupo cercano la “tranquilidad” de poder refugiarse en su tierra natal al término de su mandato, con protección del gobierno estatal. Pero además, con Jose, Peña atiende otro foco de preocupación en los comicios mexiquenses: el fuerte crecimiento de Delfina Gómez, candidata de Morena, quien según encuestas recientes llegó al segundo lugar de preferencias antes de iniciar campañas. ¿Quién mejor que una mujer amiga, para golpear y neutralizar a otra mujer incómoda?
Por supuesto, con el pacto también gana Ricardo Anaya, quien se erige como único interlocutor del panismo con el presidente y como apuesta de Los Pinos en el PAN para 2018. Anaya es funcional para el grupo gobernante porque garantiza control de la estructura panista y tiene la confianza de Videgaray, quien decide todo en este gobierno. Además, tiene otra virtud, a juicio del influyente canciller: es bien visto por el gobierno de Estados Unidos, por su conocida admiración por el american way of life, que lo llevó a trasladar a su familia a vivir en Atlanta y a educar a sus hijos en el vecino país. Según Videgaray, de sus pláticas con Jared Kushner, yerno del presidente Trump, se deriva que mientras López Obrador es visto con recelo y desconfianza por la nueva administración republicana, a Anaya lo ven casi como “uno de los suyos”.
Los únicos que perdieron y mucho con el “Pacto de Los Pinos” fueron los Calderón y Rafael Moreno Valle. Antes del acuerdo con Ricardo Anaya, Videgaray y Peña tenían a Margarita como su apuesta dentro del PAN. La señora garantizaba la continuidad del “amasiato” y el entendimiento que, según el periodista Álvaro Delgado, hubo entre Felipe Calderón y el entonces candidato Peña en 2012 para cerrarle el paso a López Obrador, y tenía además la cercanía familiar con Videgaray por el parentesco con su esposa. Pero al cambiar los equilibrios dentro del PAN y con el fortalecimiento de Anaya en las elecciones de 2015, el llamado joven maravilla se volvió una apuesta mucho más atractiva para el grupo peñista con miras al 2018 y su “blindaje” transexenal. De ahí que Videgaray y Peña optaran por romper con los Calderón y pactar con Anaya.
NOTAS INDISCRETAS…El pacto Peña-Anaya también echa por tierra la idea de un “entendimiento” o de un “acuerdo de no agresión” entre el presidente y Andrés Manuel López Obrador. Al tabasqueño le mandaron varios mensajes desde el gobierno para decirle que “no tenían ningún problema con él” y que “no iban a obstaculizarlo o a bloquear de ninguna manera su campaña presidencial”. En al menos tres ocasiones, entre agosto y diciembre de 2016, a Ricardo Monreal lo buscaron Luis Videgaray, José Antonio Meade y hasta Miguel Osorio, para mandar no sólo esos mensajes a Andrés Manuel sino incluso para pedir una reunión directa entre el presidente Peña Nieto y el dirigente de Morena. López Obrador nunca aceptó el encuentro, pero sí tomó la oferta de “no agresión” y por eso hizo público su ofrecimiento de una “amnistía para todos los que están en el poder, incluido el presidente” e insistió en que no buscaba “ni persecuciones ni venganzas” con el grupo gobernante. Pero ahora que se sabe que en Los Pinos se alían con el PAN en su contra, la pregunta es si el tabasqueño seguirá tomando el atole con el dedo…Los dados mandan Escalera. Subimos.
La corrupción en el ejercicio de los mil millones de pesos que el gobierno de Enrique Peña Nieto adjudicó a la panista Josefina Vázquez Mota para su fundación Juntos Podemos comienza a emerger y están implicados personeros de ella y de su amigo Gerónimo Gutiérrez, virtual embajador de México en Estados Unidos.
Afiliado al Partido Acción Nacional (PAN) desde 2001, subsecretario de Estado con Vidente Fox y Felipe Calderón, Gutiérrez Fernández es identificado como uno de los respaldos de Vázquez Mota para recibir de Peña los mil millones de pesos que para Ricardo Anaya, presidente panista, no es sinónimo de corrupción política, sino un “esfuerzo de gestión” de la opaca aspirante a gobernadora del Estado de México.
En la lógica de Anaya, Vázquez Mota puede ser tildada de “coyote”, como el habla popular y la Academia Mexicana de la Lengua definen al “gestor ilegítimo de trámites burocráticos”, como fue la obtención de los mil millones de pesos para que la fundación Juntos Podemos, que ella preside, canalizara ese apoyo a los migrantes mexicanos en Estados Unidos.
El asunto ha sido turbio desde el origen: Vázquez Mota, derrotada por Peña en 2012, obtuvo repentinamente mil millones de pesos después de una gestión en la que intervino Luis Videgaray, entonces secretario de Hacienda y actual canciller; Gerónimo Gutiérrez –amigos éstos desde estudiantes del ITAM–, y Eduardo Bravo Calderón, presidente de la Fundación AEM, una de las instancias, junto con Parents Alliance, que “dispersó” los recursos en Estados Unidos.
Apenas la semana pasada, el miércoles 25, Eduardo Bravo Calderón fue expulsado de la Asociación de Empresarios Mexicanos (AEM), una organización jurídica y financieramente independiente a la Fundación AEM –que sin autorización usa sus siglas–, acusado de incurrir en conflictos de interés y desvío de más de un millón de dólares, equivalentes a 22 millones de pesos, según los primeros resultados del comité de investigación.
Los recursos presuntamente desviados son parte de los mil millones de pesos de recursos federales gestionados por Vázquez Mota, quien tiene una estrecha relación profesional y de amigos con Bravo Calderón, Emilio España, tesorero de la AEM, y Alejandro Quiroz, de Parents Alliance, también implicados en este escándalo de corrupción y expulsados de esa institución fundada en 1996.
Estos tres individuos son, justamente, los dueños de la marca Juntos Podemos de Vázquez Mota y son sus operadores políticos y financieros en su proselitismo por ciudades estadunidenses, con maquillista incluida, todo con cargo al erario federal que puso Peña a su disposición.
El reporte del comité de investigación de la AEM lo conoció Gerónimo Gutiérrez por haber formado parte de él en su calidad de consejero de este organismo privado –cargo al que renunció el 18 de enero, justo cuando internamente se supo de los malos manejos–, y expone que Bravo Calderón estableció un esquema de desvío de recursos públicos en su beneficio, en complicidad con España.
Como si fuera un benefactor, supuestamente Bravo Calderón pagaba de su bolsa la renta de las oficinas, la nómina del personal, las redes sociales, los sistemas de pago, los eventos, viajes y hasta la Revista Empresarios AEM, institución de la que había sido presidente.
Pero las oficinas de la AEM están a nombre de MMG Communications Inc, empresa de su propiedad, y la revista la editaba también otra compañía suya, Ediciones Supcorp SA de CV –con sede en la Ciudad de México–, por lo que cobraba lo que quería y él mismo se pagaba con recursos de la Fundación AEM, receptora de parte de los mil millones de pesos gestionados por Vázquez Mota.
En la reunión de la AEM, que duró cinco horas y en la que renunció Javier Martínez a la presidencia que asumió Rafael Herrera, se tomó el acuerdo de recomendar a los dirigentes e integrantes de la AEM no tener ninguna relación con los tres directamente implicados y Emmanuel Loo, director del Integra Institute, que es la imagen pública de Fundación AEM y quien opera empresas creadas por ésta, como Mexpliqa LLC y Tianguist.
La investigación contra los operadores de Vázquez Mota y de Gerónimo Gutiérrez –Bravo Calderón dice que es su compadre– apenas inicia, no sólo porque habrá más información sin uno de los cómplices como tesorero de la AEM, sino sobre todo porque, si la SRE no exige cuentas de los mil millones a Vázquez Mota, existen otras instancias del Estado mexicano para esclarecer el caso, como la Auditoría Superior de la Federación (ASF). No se olvide que se especula que un tercio de los mil millones fueron para gastos de operación.
Ante la versión de que Peña y Anaya ya establecieron un pacto mafioso para el 2018, como en 2006 y 2012 lo hizo el actual presidente de la República con Felipe Calderón, urge que Vázquez Mota –junto con Peña, Videgaray, José Antonio Meade y Gerónimo Gutiérrez– rinda cuentas sobre un claro episodio de corrupción política.
Los ataques contra puntos estratégicos en Quintana Roo podrían marcar el sanguinario regreso de Los Zetas por el control criminal de México. La organización podría aprovechar el vacío que enfrenta su principal enemigo, el Cártel de Sinaloa, con la reciente extradición del Chapo
Los Zetas, el cártel del narcotráfico más violento que ha padecido México, podría haberse fortalecido en meses recientes. Los ataques coordinados del pasado 17 de enero en la zona turística y política de Quintana Roo –de los cuales dos afectaron seriamente al gobierno estatal– serían su sanguinario regreso por el control de plazas para sus negocios criminales.
Aunque las autoridades federales trataron de minimizar la presencia de ese grupo criminal, al desestimar la manta que atribuyó a esa organización la embestida armada en la discoteca Blue Parrot, en Playa del Carmen –que dejó seis muertos–, y al atribuir “todos los ataques” a un nuevo “cártel independiente”, Los Zetas parecen reactivarse.
La manta –colgada en una zona cercana a dicho bar y firmada por el Fayo Z– advierte claramente la intención de, por lo menos, recuperar el control de mercado quintanarroense: “Esto es una muestra de que ya estamos aquí. Fue por no alinearte, Phillip BPM. Es el inicio: vamos a cortar las cabezas de golfos, pelones y chapulines”.
En entrevista con Contralínea, el doctor en antropología Carlos Antonio Flores, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), indica que este conflicto en Quintana Roo podría ser el regreso de Los Zetas. “Es la impresión que da”.
El también autor del libro El Estado en crisis: crimen organizado y política. Desafíos para la consolidación democrática, observa que los ataques coordinados en Quintana Roo “recuerdan escenas ya vistas en el país con organizaciones delictivas. Aparentemente, quien reivindicó la balacera en el bar de Playa del Carmen [Los Zetas] tiene el mismo modus operandi, así que pudiera ser [que esta organización sea] la que está involucrada en el resto de las acciones”.
Y es que ese mismo 17 de enero, por la tarde, Quintana Roo vivió momentos de terror cuando fueron atacadas con armas de fuego las instalaciones de la Fiscalía General y del Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones (C4).
“Se trata de un tipo de organización que tiene por tradición, costumbre y método confrontar de manera muy violenta a las corporaciones, sin importar de que nivel de gobierno sean. Este caso da cuenta del incremento de violencia en lugares que pueden ser estratégicos para la delincuencia organizada”, refiere el investigador Carlos Flores.
De acuerdo con datos recientes de la Procuraduría General de la República (PGR), en la zona del conflicto opera el Cártel del Golfo a través de dos pandillas: los Talibanes y Los Pelones. La primera de ellas es a la que el Fayo Z identificaría –en su mensaje de la manta– como Chapulines, pues esa pandilla era originalmente una célula de Los Zetas.
En Quintana Roo, además, opera el Cártel de Sinaloa, según refieren datos de la Agencia Antidrogas estadunidense (DEA). En su “Map 1. Mexican cartels: areas of dominant influence and key areas of conflict” (“Mapa 1. Cárteles mexicanos: áreas de influencia dominante y zonas clave del conflicto”), la DEA revela que, en Quintana Roo, el Cártel del Golfo y el Cártel de Sinaloa protagonizan uno de los 38 conflictos agudos entre organizaciones del narcotráfico que se viven en México.
La información estadunidense refiere que en los municipios de Benito Juárez (Cancún), Solidaridad (Playa del Carmen) y Chetumal es el Cártel del Golfo el grupo dominante.
De lo anterior se desprende que el gobierno federal conocía los conflictos entre cárteles y pandillas en la zona turística. En su reciente mapeo del narcotráfico (de mediados de 2016), la PGR detectó que el Cártel del Golfo entró a la entidad al cooptar a Los Talibanes.
Lo que sucedió en Quintana Roo es una muestra de los vacíos y las deficiencias que se tienen en materia de inteligencia, observa el doctor Flores. “Ahí se cuenta con la presencia de instituciones federales dedicadas específicamente a dar seguimiento, a analizar e investigar este tipo de organizaciones delictivas. Con el trabajo de inteligencia, [las autoridades] deben lograr ser capaces de percibir los movimientos que pueden significar un atentado en contra de un número significativo de personas y, por supuesto, contra la propia seguridad de las instalaciones de gobierno. El hecho de que ocurran este tipo de acciones es muestra de las falencias”.
La plaza
Para la delincuencia organizada, la entidad gobernada por Carlos Joaquín González no es una plazamenor. El incremento de violencia se da en lugares que pueden ser estratégicos para la delincuencia organizada, observa el doctor Carlos Antonio Flores.
Recuerda que en otro momento, en Acapulco esa misma organización criminal se enquistó de tal forma que el problema sigue vigente. Para el investigador del CIESAS, Cancún y la Riviera Maya son atractivos para la delincuencia por su “potencial para operar extorsiones, vender droga al menudeo y obligar a los empresarios turísticos, a los dueños de bares a pagar cuotas; y de amedrentar a las autoridades y representantes del Estado mexicano, para que estas se dobleguen a sus intereses”.
Respecto de este tema, el maestro en finanzas Jorge Retana Yarto observa: “Quintana Roo naturalmente es una plaza extremadamente importante para la criminalidad trasnacional; del conjunto de las actividades que éstos desarrollan, no sólo el narcotráfico”.
En entrevista, el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) –especializado en economía internacional e inteligencia para la seguridad nacional– afirma que “toda esa área tiene inversiones muy importantes de la mafia rusa, sobre todo en inversión turística. Ellos han desarrollado desde hace unos 6 años inversiones fuertes en el sector turístico. No se han metido tanto al asunto del narcotráfico, como sí lo han hecho en el tema del turismo, la prostitución y sobre todo en el tráfico de diamantes en Cozumel”.
Agrega que la otra parte de la criminalidad la conforman los grupos trasnacionales de origen mexicano, que están involucrados en narcotráfico y prostitución. Se trata, dice, del “Cártel del Golfo, lo que ha quedado de Los Zetas en esa zona y el Cártel de Sinaloa, que han estado desarrollando una lucha soterrada por el control de la plaza. Obviamente el turismo internacional, sobre todo europeo y norteamericano genera un mercado importante de consumo de estupefacientes”.
Para el autor del libro El imperio de las mafias trasnacionales, esos cárteles estaban en pugna constante por el control de la plaza, pero “esto no había salido totalmente a flote con la crudeza con la que salió recientemente, porque Roberto Borge, el exgobernador, mantenía un equilibrio con los diferentes grupos delictivos”.
El conflicto y la tensión
La llegada de las fuerzas federales para contener el conflicto entre cárteles no sería suficiente para revertir la violencia en la entidad. En el lugar no sólo opera la venta de drogas al menudeo, también se desarrollan otros ilícitos, como secuestro, cobro de derecho de piso y extorsiones.
El doctor Carlos Flores observa, con preocupación, un escenario en Quintana Roo que ya se presenta en Acapulco, “donde organizaciones criminales han estado disputando el control de la venta de droga al menudeo, la extorsión generalizada a distintos tipos de empresarios, sean de carácter lícito o ilícito”.
Los cárteles y pandillas, dice, estarían incluso extorsionando “a distintos vendedores al menudeo o incluso obligando a personas a vender droga; a proveer el servicio de vigilancia táctico de manera obligada para las organizaciones que los tienen sometidos. Estos criminales son los que tienen presencia en esas regiones de la entidad”.
El investigador del CIESAS señala que “el Estado mexicano tiene que focalizar su esfuerzo no solamente de contención, sino de trabajo de inteligencia, para saber qué es lo que está pasando y hasta qué punto esas redes se han logrado enquistar con algún tipo de contribución o de colaboración de las estructuras de poder y de las estructuras de seguridad, que prácticamente dejaron crecer este problema de la manera que revienta ahora”.
Para el maestro Retana Yarto, la ola de violencia en la entidad no ha terminado. “En Quintana Roo, muy probablemente y a pesar de la presencia de militares, podría presenciarse lo que pudiera ser el segundo estado ya no con una gran presencia e influencia de la criminalidad trasnacional, sino con un empoderamiento en la administración pública por parte de los grupos trasnacionales, a partir de ese vacío que dejó el exgobernador y de la falta de un mecanismo de equilibrio que ha desatado una lucha abierta por el control de la plaza”.
En entrevista, el investigador de la UNAM observa que el Ejército tendrá un problema muy complicado, porque la subestructura de complicidad criminal del aparato de administración pública tiene varios años.
“El Ejército tiene como factor adverso el hecho de que la acción política para desmantelar la estructura de complicidad que hay en el aparato de la administración pública estatal es un trabajo que debiera hacer la Secretaría de Gobernación; y los militares nada más se van a circunscribir a capturar a los principales cabecillas y tratar de limpiar lo más posible la plaza. Pero el enquistamiento de los grupos criminales en el gobierno es un trabajo que difícilmente puede hacer el Ejército. Entonces el asunto puede tender a recrudecerse.”
Por lo pronto, la DEA ha alertado de tres conflictos agudos focalizados en el estado. Uno en Chetumal, protagonizado por los cárteles de Sinaloa, del Golfo y Los Zetas. En Benito Juárez, por el Golfo y Sinaloa; y en Solidaridad, por esos dos grupos. El nuevo componente que ahora se agrega en toda la región es la presencia de Los Zetas.
El periodista de Univisión, Jorge Ramos, consideró en VIDEO ENTREVISTA que
el gobierno de Enrique Peña Nieto no puede apelar a la unidad nacional y, al
mismo tiempo, estar negociando en lo oscuro con el presidente de EU, Donald
Trump.
Si es posible dividir el paraíso del infierno, las
autoridades de Mazatlán lo hicieron con una línea azul: una raya en calles y
avenidas de importantes sectores de este puerto que los turistas nacionales y
extranjeros deben seguir si no quieren verse en peligro, incluso de muerte.
La línea empieza en el muelle, adonde llegan turistas de
cruceros; atraviesa la calle Emilio Barragán, se adentra en el sector llamado
Playa Sur (entre el muelle y el centro histórico), sigue por la avenida
Carnaval, cruza el bulevar Miguel Alemán y termina en las escalinatas de la
plaza Machado y el teatro Ángela Peralta.
Seguir o no esta raya en bicicleta, a pie, en taxi o en
automóvil propio puede ser la diferencia entre quedar en medio de un tiroteo o
disfrutar el sol mazatleco, el viento marino, una cerveza frente a la puesta
del sol o un café en el viejo malecón.
Mazatlán se pudrió. Su violencia compite con la de
Culiacán, capital del estado. En los primeros 30 días de este año se han
cometido en Sinaloa por lo menos 106 asesinatos, 40 de ellos en el puerto de
Mazatlán y el resto en Culiacán y otros municipios.
El gobierno de Quirino Ordaz Coppel empezó el último día
de 2016 y los grupos del narcotráfico ya se hicieron notar. El comandante Juan
Antonio Murillo, ex secretario de seguridad pública de Mazatlán y funcionario
de la Procuraduría de Justicia del estado, fue herido a balazos y dos de sus
tres escoltas murieron.
Otros dos agentes, entre ellos el supervisor operativo de
la policía municipal de Culiacán, fueron secuestrados y el 27 de enero un
comandante se enfrentó a tiros con un grupo de presuntos sicarios en la
capital.
Mazatlán, otrora puerto seguro y apacible de habitantes
que se levantan tarde y visten pantalones cortos y chanclas para trabajar, de
borrachera temprana y bohemia eterna, está enfermo de inseguridad y violencia
provocadas por el narcotráfico.
El cártel de los Beltrán Leyva
–presuntamente en alianza con con células de cártel Jalisco Nueva
Generación– lucha a muerte con el cártel de Sinaloa
por el mercado de la droga en el sur del estado.
Hasta ocho asesinatos en un día
La incidencia delictiva en esa región ha aumentado desde
2016. Células de organizaciones rivales del cártel de Sinaloa
ingresan por la frontera con Nayarit y operan desde Escuinapa, El Rosario,
Concordia y Mazatlán, cuya serranía, en el norte del municipio, sirve de
guarida para grupos armados.
De un lado, el infierno, las balas, la nada. Del otro,
las patrullas, las operaciones policiacas, los servicios de guías y
orientación. Todos lo saben, incluso los que ofrecen servicios y productos a
turistas, sobre todo cruceros, que dejan más ganancias a la industria local y
al comercio.
Los taxistas, propietarios y conductores de pulmonías (vehículos
de alquiler descubiertos y sin ventanas, preferidos por los paseantes) y
quienes ofrecen paseos en embarcaciones menores saben que hay que seguir la
línea azul.
Igual hacen con la violencia. Se habla bajito para
referirse a ella y no afectar al turismo. “Ni se te ocurra ir a la
Lázaro”, dice un estudiante de la Universidad Autónoma de Sinaloa a otro que no
es del puerto. La colonia Lázaro Cárdenas está a un par de kilómetros del
centro y a tres o cuatro calles de la línea azul. Ahí hay drogas, armas,
asaltos, robos, balaceras.
“ ”
“Fue como una lluvia de balas”, aseguran vecinos a los
reporteros en alusión a lo sucedido el 2 de diciembre de 2016, cuando un grupo
armado atacó a vecinos de la Lázaro Cárdenas en la calle Teniente Azueta. Tres
hombres murieron y uno fue herido cuando intentaba huir en una motocicleta.
Este año ha habido hasta ocho homicidios en un día en Mazatlán.
Las operaciones policiacas han sido infructuosas. Con el
nuevo gobierno estatal, cerca de mil 800 elementos de la Policía Militar están
en los 18 municipios de la entidad y empezaron por Mazatlán. El 27 de enero
capturaron a 14 hombres, la mayoría asaltantes, narcomenudistas,
vándalos y pandilleros. Ni un solo pistolero de cualquiera de los dos bandos.
Éstos, como los buenos boxeadores, entran, golpean y se van.
“ ”
“Calladitos. Los asesinatos se dicen en voz baja, para no
afectar al turismo”, cuenta una empleada de un restaurante cuando se le
pregunta sobre la ola de homicidios nunca vista en Mazatlán, y menos en tan
poco tiempo.
Un taxista afirma que es “un problema entre la gente
de la droga”, pero “lamentablemente está afectando a todos”. Teme que de
nuevo las compañías de cruceros pongan a Mazatlán en la lista negra y dejen de
llegar turistas.
Desde que llegan al puerto, antes de bajar de los
cruceros, a los paseantes se les advierte: sigan la línea. En el trayecto de la
línea azul, los turistas se topan con agentes de las policías municipal y
estatal preventiva, hasta llegar a la plaza o jardín principal, la catedral y
el mercado.
Seguir la línea puede ser la diferencia. Desviarse de la
raya azul pintada en la superficie de bulevares, en las aceras del malecón y en
las calles significaría adentrarse en el patio trasero de esta ciudad, la
segunda en importancia de Sinaloa, manchada de cadáveres y mensajes colocados
sobre ellos, trastocada por los pasos infernales de gatilleros de ambos bandos.
Por eso, la línea azul la siguen taxistas, prestadores de
servicios turísticos y paseantes. Hay que seguirla para mantenerse apartado del
infierno que colinda con el precario y herido paraíso mazatleco.
Un ex agente federal estadounidense que ayudó a capturar al narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán está trabajando en un libro sobre la operación.
La editorial HarperCollins le dijo a The Associated Press que el funcionario de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), que escribe bajo el seudónimo Cole Merrell, está colaborando con el escritor Douglas Century en el libro Hunting El Chapo (Cazando a El Chapo). El libro será lanzado el 17 de octubre. Entre las obras previas de Century están "Barney Ross" y "Street Kingdom".
De acuerdo con la editorial, Hunting El Chapo ofrecerá un recuento "cinematográfico" de la investigación y captura de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera en el 2014. El Chapo se escapó en el 2015, fue recapturado el año pasado y se le extraditó a Estados Unidos este mes.
