La militarización de la seguridad como estrategia de largo aliento no ha funcionado, porque se basa en una estrategia de confrontación y choque con las fuerzas del crimen organizado,a partir de la premisa de la aniquilación del enemigo mediante el escalamiento de la fuerza letal, y esta dinámica no resuelve ni aporta soluciones de fondo al problema de la crisis en el sistema policiaco (que es el origen de la presencia castrense en las calles).
Tampoco ha funcionado, porque al final se ha transformado en una estrategia aislada, de corte ofensivo-reactivo que va dejando de lado a los cuerpos policiacos municipales y estatales y asume liderazgos y controles de tipo regional (Guerrero, Tamaulipas, Nuevo León, etc.) que se desgastan rápido y pasan, además, por el tamiz de una colaboración interinstitucional permeada por la desconfianza y la porosidad que trae consigo la corrupción.
No ha funcionado, porque su premisa fundamental se basa en la reconformación paralela de los cuerpos policiacos, en una refundación de lo policial que sencillamente no se da, no avanza y no tiene forma y fines definidos luego de casi tres sexenios de planteamientos y análisis y diagnósticos precisos sobre le enfermedad, el enfermo, los posibles tratamientos y las complicaciones esperables.
Desde la perspectiva militar, bastaría con dotar a las fuerzas armadas de leyes, reglamentos y límites precisos para actuar de manera más clara y contundente contra la delincuencia en cualquiera de sus formas. No es así.
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Un país en el que la siguiente etapa del combate al narco pasará seguramente por la aplicación de la suspensión de garantías individuales, necesitará forzosamente de mecanismos civiles muy fuertes y a prueba de intervenciones gubernamentales para vigilar de cerca el accionar de cuerpos castrenses en puntos y momentos culminantes de esto que es ya un conflicto agudo de seguridad interior.
Huecos
Esta estrategia no contempla múltiples escenarios que deben ir aparejados al concepto global del combate a la delincuencia. La recuperación de espacios públicos, las políticas y programas de prevención y atención a farmacodependientes, la visión que los ubica como delincuentes y no como enfermos y víctimas del narcotráfico, así como el combate a fondo del crimen organizado, minando sus finanzas y esquemas de lavado e inversión y cortando las redes de corrupción e impunidad que les permiten existir, mantenerse, crecer y mutar a formas más sofisticadas y poderosas de organización, son puntos que la militarización no toca ni alcanza a percibir porque no están en su esfera de atención.
Estos puntos están en la médula del problema de la seguridad en México y no se han resuelto ni resolverán con más y mejores tropas en las calles. La gobernabilidad es relativa por ser un tema más de percepción y de manejo mediático que una realidad concreta y aplicable a todos los escenarios en donde la delincuencia organizada se ha afincado.
Consecuencias
Sacar a los militares y marinos de sus cuarteles y bases y enfrentarlos al crimen organizado ha tenido consecuencias graves para las fuerzas armadas. La principal radica en que al exponerlos a las estructuras de inteligencia y contrainteligencia del crimen organizado, los riesgos de ser cooptados son muy altos y son reales.
Hasta hace unos años el sueldo promedio de un soldado o de un marino era de unos 6 mil pesos al mes, arriesgando la vida todo el tiempo y quedando bajo la lupa de los derechos humanos durante sus actividades de vigilancia en puestos de revisión vehicular. En estos lugares se ha cometido las principales agresiones de militares contra civiles, contra familias completas que por alguna razón no obedecieron el alto ordenado por la tropa y terminaron acribilladas por no detenerse.
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Los cárteles de la droga, en la fase más aguda de la guerra ordenada por Felipe Calderón, colocaban mantas, entregaban volantes, elaboraban videos y creaban blogs para reclutar abiertamente a la tropa y a oficiales, para invitarlos a unirse a los Zetas o al Cártel del Golfo (CDG) o a la Familia Michoacana.
“Deja de comer como un perro, vente con nosotros y gana dinero de ‘a verdad’, no pendejadas”, -señalaban las mantas y anuncios en los que se les aseguraba que cobrarían en dólares, no en “pinches pesos mexicanos”.
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Una de los primeros indicios de peligro y alerta para el gobierno y para el ejército fue el elevado número de deserciones registradas entre la tropa, incluso desde antes de que Calderón iniciara su guerra contra el narco.
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Con Vicente Fox en la presidencia y con la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información (antes IFAI y hoy INAI), se conocieron cifras escandalosas de deserción militar; en todo el sexenio de Fox y en los primeros años des sucesor desertaron más de 150 mil soldados, es decir, todo un ejército.
La baja en la moral de la tropa fue uno de los problemas a atacar desde el inicio de la administración de Felipe Calderón. El segundo presidente panista ordenó incrementar sueldos, disminuir horas en los cuarteles, menos movilidad de efectivos para que pasaran más tiempo con sus familias.
El Informe de Rendición de Cuentas, Etapa 1, elaborado por la Sedena, indica, en su apartado sobre Recursos Humanos – Bajas del Personal Militar, que entre el 1° de diciembre de 2006 (inicio del mandato de Felipe Calderón) y el 31 de noviembre de 2012 (finalización del periodo presidencial) desertaron un total de 41 mil 327 efectivos.
Una tabla más detallada del mismo informe muestra la magnitud del fenómeno, en el que el año 2007 fue el más difícil, con más de 17 mil deserciones registradas entre la tropa, en pleno inicio de la guerra calderonista contra las drogas.
La siguiente pregunta, obligada ante este panorama, era lógica: ¿A dónde se fueron 41 mil soldados? La respuesta quedó abierta a todo tipo de especulaciones sin aclarar, confirmar o desmentir.
Algo queda
El impacto ha sido significativo en ambas vías; aceleró procesos de modernización, obligó a replantear misiones y a rehacer una parte sustantiva de la doctrina militar para modificar la formación de nuevas generaciones de soldados y suboficiales desde las aulas y en el campo militar.
En sentido contrario, hizo que se desecharan o quedaran en suspenso muchos proyectos de renovación militar y aérea vinculados con la doctrina tradicional de defensa de la soberanía nacional. Uno de los más importantes tenía que ver con la compra de 12 aviones de combate F-16 para iniciar la sustitución de los F-5E del Escuadrón 401 de Pelea, comprados nuevos en 1982.
El general Galván propuso y defendió este proyecto desde el inicio de la administración de Felipe Calderón, así como el de la compra de blindados y de sistemas antiaéreos y de radares para reforzar la vigilancia territorial.
En este gobierno el general Cienfuegos retomó parte de lo planeado por Galván y al dar a conocer el Programa Sectorial de Defensa nacional 2013-2018, anunció la modernización (sólo operativa, no administrativa) de la Fuerza Aérea Mexicana, la gran olvidada durante décadas por los gobiernos del PRI y del PAN), que implica la compra de una flota diversa de 171 aparatos de ala fija y de ala rotativa para mandar a los museos el material con el que hoy desempeña sus funciones esta arma aún dependiente del ejército.
Es un hecho innegable que la militarización del combate a la delincuencia organizada aceleró varios aspectos en la modernización operativa de las fuerzas armadas mexicanas, pero dejó intocados otros temas de fondo como el de una mayor supervisión y fiscalización civil sobre el ámbito militar.
La militarización de la seguridad pública obligó a la Sedena a dejar de lado varios proyectos, pero dio pie para surgiera o se retomaran otros que abonarán en la evolución del ejército y fuerza aérea. El caso de la Marina es distinto.
En cuanto a la autonomía militar, esta ha sido una sido una constante en el juego político del Estado mexicano, sabedor de que como institución el ejército se mantiene leal, demandando por otros conductos cierta solvencia para resolver sus asuntos adentro de los cuarteles, sin presiones políticas de por medio.
Sin embargo, un contexto de crisis estructural del Estado Mexicano ha permitido a los militares alzar la voz más allá de lo imaginado y llevarla al terreno de lo inédito, de la protesta que linda con una lucha de poderes no buscada como objetivo final.
Es tanta y tan marcada la debilidad del gobierno y sus instituciones, que el reclamo militar encontró un eco inusitado que se tradujo en repentina toma de conciencia por parte de legisladores y políticos.
¿Legislar para buscar solución al tema de la inseguridad y profesionalización de los cuerpos policiacos y lograr el regreso paulatino de los militares a sus cuarteles o legislar para que los mandos de tierra, aire y mar se apacigüen mientras acaba el sexenio?
Fuente.-@JorgeMedellin95/La SillaRota
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