La “guerra contra las drogas”, decretada por el presidente Felipe Calderón Hinojosa en diciembre de 2006, ha dejado un saldo de 12 mil 43 militares presos en cárceles castrenses.
En promedio, mil 200 uniformados fueron remitidos a estas prisiones cada año, revela un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional, obtenido por EL UNIVERSAL vía Ley de Transparencia.
Antes del inicio de esta batalla frontal contra los cárteles del narcotráfico, la justicia castrense sentenciaba en promedio a 800 militares al año (periodo 2000-2006), lo que representa un aumento de 47% en la cantidad de uniformados remitidos a prisiones de la Sedena.
El reporte en poder de este diario señala que 92% de los presos son parte de la tropa: cabos, soldados, sargentos. Les siguen capitanes y tenientes, que conforman 7%. Sólo ocho generales han caído en una cárcel militar.
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Javier Oliva, especialista en seguridad, dice que hay 500 servicios diarios, en promedio, de apoyo a tareas de seguridad pública por parte del Ejército. Esto quiere decir que este sexenio concluirá con un millón de servicios.
“El número de eventos donde se verían implicados los militares mexicanos en lo que se refiere a violación a derechos humanos es sumamente bajo en comparación con el número de elementos que hay, unos 50 mil militares de las tres Fuerzas Armadas”, dice el experto.
¿Desobediencia o “narcodelitos”?
Los 12 mil militares remitidos en la última década están en las tres prisiones que hay en el país: 73% se encuentran en la cárcel de la Región Militar I, en la Ciudad de México; le sigue la prisión de la Región Militar III, en Mazatlán, Sinaloa, y sólo 1% están en la cárcel de la V Región Militar, en Zapopan, Jalisco. La mayoría de los altos mandos sentenciados se encuentran en la prisión del Campo Militar Número 1.
Uno de los casos más sonados de altos mandos sentenciados se dio en febrero de este año, cuando el general Manuel Barragán fue sentenciado a 16 años y medio de prisión más el pago de una multa de 19 mil 120 pesos. La pena la impuso el segundo consejo de guerra de justicia militar, por delitos contra la salud en grado de tentativa y abuso de autoridad, más la baja definitiva del Ejército Mexicano.
La Sedena tiene registrados 148 casos de militares juzgados por delitos del fuero federal y otros 303 casos por ilícitos comunes.
El documento castrense señala que los delitos más frecuentes son: abandono de servicio, abandono de mando, insubordinación, abuso de autoridad, desobediencia, robo, deserción, administración fraudulenta, daño a propiedad ajena, lesiones culposas y agravadas.
Sin embargo, Alejandro Carlos Espinoza, delegado de la Asociación Internacional de Justicias Militares, asegura que la mayoría de los soldados remitidos a prisiones castrenses cometieron delitos contra la salud.
“En su modalidad de fomento a la colaboración. Ellos son competentes ante eso”, señala el experto.
En el sexenio anterior se tuvo un promedio de mil 493 presos por año y, en 2013, inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, se registró un descenso de 46%. En 2013 hubo 829; en 2014, 773; en 2015, 800, y en lo que va de 2016 se reportan 381 presos.
Para Alejandro Carlos Espinoza, experto en justicia militar, el aumento en el número de presos está directamente relacionado con su participación en la lucha contra el narcotráfico.
“El tema es cuando los militares se confrontan con los civiles y se suman a las fuerzas de los policías, es cuando genera una problemática mayor e involucramiento en delitos”, señala.
El año con mayor registro de presos fue 2011, con mil 742. A partir de ahí comienza la baja. “La explicación también puede darse en el sentido de la modernización del sistema penal militar y los ajustes que se le hicieron desde el Poder Legislativo para la impartición de justicia.
“Esto agilizó los juicios de la presentación de los casos, hay que tomar en consideración que la justicia penal militar en México, desde su origen, se basa en juicios orales y abiertos. Esto permite darle más agilidad”, señala el profesor-investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Javier Oliva.
Guillermo Lecuona, doctor en Derecho, comenta que el hecho de que disminuyan los presos militares es por la reducción en la intensidad de las movilizaciones.
“En el periodo 2006-2012 parece un tema claramente relacionado con el Presidente, encabezando al Ejército, involucrándolo en la guerra contra las drogas, y posteriormente en la nueva administración se pasó de un discurso de guerra a una ausencia de discurso”, señala.
Crece presupuesto para “milicárceles”
La Sedena reporta que el presupuesto para las prisiones militares se incrementó 251% de 2006 a 2016, pasando de 263 mil a 925 mil pesos. La prisión con el mayor aumento fue la del Campo Militar Número 1, al pasar de 63 mil a 602 mil pesos, 856% mayor, mientras que las otras dos cárceles registran repuntes menores a 100%, 43 y 72, respectivamente.
Néstor Troncoso, abogado defensor de militares, advierte que son tres los elementos por los que un soldado está en prisiones castrenses: porque un superior lo ordenó, porque a alguien le estorba o porque se las tiene que pagar a algún alto mando.
“El enfoque no es qué hacemos con las Fuerzas Armadas, sino qué tenemos que hacer con las policías. Me parece que el foco está en ese faltante, y si las Fuerzas Armadas están de manera circunstancial participando en estas labores”, comenta Javier Oliva, quien se pronuncia por avanzar hacia una Ley de Seguridad Interior, actualizar la Ley de Seguridad Nacional y diseñar una política nacional de defensa.
Los especialistas coinciden en que hay que modernizar las reglas de participación del Ejército en tareas de seguridad.
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