A seis meses de su implementación en todo el país, el Sistema de Justicia Penal Acusatorio camina desaceitado por la falta de pericia de policías, jueces y ministerios públicos para investigar y probar delitos, mientras que los abogados abusan del amparo para alargar los procesos, afirman especialistas que ya plantean los primeros ajustes al modelo penal.
En entrevista, el presidente de la Red Nacional de Juicios Orales, Martín Carlos Sánchez Bocanegra, afirmó que el sistema -que entró en vigor el 18 de junio- “sí está funcionando en términos generales (porque) no hay ningún juicio en el país que no sea en una audiencia pública, presidida por un juez y de las partes, algo que no sucedía en el sistema anterior.
“Millones de personas que han sido víctimas de un delito han resuelto sus problemas a través de controversias alternativas, acuerdos reparatorios, lo que implica un ahorro al Estado y también a las personas, para evitar las cárceles innecesarias y asegurar la reparación del daño”, consideró.
Sin embargo, afirmó que la falta de compromiso de los gobiernos estatales en la capacitación de policías dificulta la implementación del sistema.
“Esos resquicios están favorecidos porque los policías no están bien preparados, no han terminado su preparación, y eso facilita que al momento de la detención (de presuntos delincuentes) y de la preparación de las carpetas por parte de los investigadores se cometan errores que son aprovechados en las audiencias por los abogados de los presuntos delincuentes. Entonces, esto obliga al juez a decretar la libertad o una medida de solución alternativa”, comentó.
Doce años para su operación
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que la implementación total del sistema requerirá entre 10 y 12 años.
Y es que, a nivel federal, los avances aún son lentos. En las respuestas del Ejecutivo a preguntas parlamentarias del Congreso se menciona que del 24 de noviembre del 2015 al 30 de noviembre del 2016 se han llevado a cabo 1,269 procedimientos abreviados por delitos federales; se celebraron 26 juicios orales, y 5,529 imputados fueron vinculados a proceso.
También se han llevado a cabo 337 mecanismos alternativos y 172 acuerdos reparatorios del daño, mientras que, por resolución judicial, 1,382 imputados fueron sujetos de suspensión condicional de proceso.
Se aferran a viejas prácticas
El presidente de la Red Nacional de Juicios Orales, Martín Carlos Sánchez Bocanegra, afirmó que “queda materia pendiente que requiere de mucha responsabilidad política”.
Por ejemplo, dijo, “hemos detectado que en todo el país, y sobre todo en aquellos estados que tienen más tiempo de operar el sistema, hay fallas en el sistema porque el Ministerio Público estaba acostumbrado al arraigo, a las pruebas que ellos inventaban, y no a un sistema donde necesitan resultados profesionales que no saben cómo operarlo”.
Afirmó que policías, jueces y magistrados “añoran el sistema inquisitivo, donde ellos se las sabían de todas, todas”. Externó que la implementación del Sistema de Justicia Penal demostró que “México no tiene esa capacidad investigadora de los delitos.
“Los operadores y las autoridades acostumbrados a un sistema inquisitivo, donde metían a toda la gente a la cárcel, ahora tienen que tener eficiencia policiaca, eficiencia del Ministerio Público, de la policía investigadora, para que las carpetas de investigación sean bien trabajadas, y se pueda llevar una adecuada acusación”.
Piden cambios
El Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, pidió el mes pasado al Congreso ajustar las leyes penales para no permitir que en el nuevo sistema de justicia los delincuentes capturados en acopio de armas de alto alcance sean liberados.
“Necesitamos también reformar la ley para que el delito de portación de arma de fuego amerite prisión oficiosa preventiva. No necesitamos más armas, necesitamos menos armas y sancionar con mayor severidad a quien porta en la calle una AK-47, una Barret calibre 50, un lanzagranadas”, dijo.
liminar la prisión oficiosa
En este sentido, Martín Carlos Sánchez Bocanegra planteó ajustes legales para alcanzar la consolidación del nuevo modelo penal acusatorio.
Propuso la desaparición del arraigo, de la prisión preventiva oficiosa y de la vinculación a proceso que dura hasta 10 horas.
También planteó un marco de competencias de las autoridades federales y estatales en materia de delincuencia organizada y la modificación del amparo, “para que se enfoquen los derechos en la protección de la libertad, pero no para obstaculizar el proceso”.
AVANCE LENTO A NIVEL FEDERAL
- Procedimientos abreviados: 1,269
- Número de juicios orales celebrados: 26
- Imputados vinculados a proceso: 5,529
- Número de mecanismos alternativos: 337
- Acuerdos reparatorios del daño: 172
- Imputados sujetos a suspensión condicional de proceso: 1,382
Fuente.-
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