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Un año antes de la matanza de San Fernando —72 migrantes brutalmente victimados—, un informe especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos había alertado a las autoridades federales sobre el aumento en el secuestro de migrantes cometido en México.
El informe señalaba que una víctima de nacionalidad hondureña había sido secuestrada en Reynosa, Tamaulipas, por una banda de hombres armados que se hicieron pasar por coyotes y ofrecieron “pasarla al otro lado”.
La víctima relató que los coyotes lo habían secuestrado a él y a 72 personas más, y que el grupo fue trasladado a una “casa de seguridad en la cual ya se encontraban otros 133 secuestrados”.
Esto ocurrió a principios de 2009. Los hechos de San Fernando se dieron en agosto de 2010. El migrante hondureño permaneció secuestrado 27 días y fue liberado mediante el pago de mil 500 dólares, que sus familiares hicieron a través de un depósito realizado en una empresa de envíos de dinero.
La historia llegó a la Red del Registro Nacional de Agresiones a Migrantes. Los focos de alarma se encendieron. Según el informe especial, el relato del hondureño era uno más “en la tendencia creciente de secuestros en contra de migrantes”.
A través de expedientes de queja, de entrevistas y testimonios recogidos por Oficinas Regionales de la CNDH, y también por testimonios recabados por la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el entonces quinto visitador de la CNDH, Mauricio Farah, inició una investigación.
El resultado fue estremecedor. En solo seis meses, entre septiembre de 2008 y febrero de 2009, 9 mil 758 migrantes habían sido secuestrados en México. La cifra se obtuvo “a través de los testimonios de los migrantes que informaron con cuántas personas más fueron secuestradas o cuántas personas cautivas vieron en las casas de seguridad o en los lugares en los que se les resguardaba”.
Según el reporte, 238 fuentes informaron de 198 casos de secuestro.
“Tomando en cuenta las cifras recabadas en seis meses, el número de eventos de secuestro por año podría llegar a ser de alrededor de 400 y la cifra de víctimas podría ser de 18 mil al año”, decía el informe.
El documento informaba que Tamaulipas ocupaba el tercer lugar nacional en secuestro de migrantes, luego de Veracruz y Tabasco. En los meses de la investigación, más de 6 mil migrantes habían sido secuestrados en las tres entidades.
“En la inmensa mayoría de los casos las víctimas (9 mil 194 migrantes) fueron plagiadas por bandas organizadas”. Según el reporte, 5 mil 723 migrantes fueron secuestrados por polleros; 3 mil por secuestradores sin identificación específica; 427 por plagiarios que dijeron ser Zetas y 44 por maras.
La CNDH pudo documentar casi un centenar de casos en los que el secuestro fue cometido por “delincuentes y autoridades”. De acuerdo con los testimonios, en dichos casos participaron corporaciones estatales y de seguridad pública: “Pudieron percatarse de que la policía estaba coludida con los secuestradores, ya que, según dijeron, elementos de diversas corporaciones acudían a las casas de seguridad y los secuestradores les entregaban dinero”.
La CNDH concluyó que “la participación de autoridades mexicanas en el secuestro de al menos 91 migrantes revela que existen lazos de complicidad entre la delincuencia y algunos agentes del Estado”.
“No denuncié el secuestro porque vi a la policía involucrada —relató una víctima—, policías con camisa blanca y pantalón que llegaron a ir como cuatro o cinco veces, dos de ellos siempre iban y los otros eran diferentes cada vez, los policías también bebían e inhalaban coca…”.
Los testimonios recogidos por el organismo son, como siempre, desoladores: “A mi compañera la mataron porque ella no tenía quién le ayudara y no les dio ningún número, entonces le dispararon dos veces en la cabeza y la dejaron desangrándose como tres horas enfrente de mí para intimidarme…”.
“Los secuestradores comían enfrente de nosotros, pollo u otra comida, para que los viéramos, los que se atrevían a recoger los huesos de pollo que sobraban les castigaban con tablazos…”.
El informe fue entregado en junio de 2009 a los titulares de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública (PGR, Defensa, Marina, la entonces Secretaría de Seguridad Pública, etcétera), así como al Instituto Nacional de Migración.
Nada ocurrió.
Catorce meses más tarde, los cadáveres de 72 migrantes fueron hallados en San Fernando, Tamaulipas.
Fuente.-@hdemauleon
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