La reforma fiscal, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y la "tibieza" por el manejo de los bloqueos de la CNTE muestran un creciente deterioro de la relación empresarios-Gobierno.
Juan Pablo Castañón, al frente del Consejo Coordinador Empresarial, y Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, son los líderes más visibles del gremio que han defendido los intereses de su sector.
Ambos organismos han movilizado a cabilderos y a sus agremiados para poner en la agenda de Los Pinos temas como la modificación de la llamada Ley 3de3 y las pérdidas sufridas por el conflicto magisterial.
Incluso el sector patronal interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra del Estado Mexicano por incumplir con sus obligaciones.
La Coparmex también cumplió con la advertencia de llevar a la OCDE la denuncia en contra de legisladores mexicanos por el atraso en la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
La corrupción también ha sido motivo de desencuentro y Juan Pablo Castañón exhortó a que no haya simulación ni paquetes de inmunidad para gobernadores salientes con sospechas de corrupción.
Son acciones inéditas en un momento que sólo podría compararse con los motivos que dieron origen al propio Consejo Coordinador en 1976, según expertos.
"En aquella época la política del Gobierno de Luis Echeverría era en contra del empresariado y Juan Sánchez Navarro y otros líderes hicieron manifiesto la voz del sector empresarial", señaló Roberto Sánchez de la Vara, profesor de la Universidad Iberoamericana y ex presidente de Canacintra.
Opinó que sin darse una ruptura con el Gobierno, el empresariado está dando a conocer sus inconformidades.
El activismo tanto de Juan Pablo Castañón y de Gustavo de Hoyos abre una brecha en relación al estilo que imprimió Gerardo Gutiérrez Candiani, ex presidente de Coparmex y del CCE, quien estableció una agenda conjunta con el Gobierno federal para impulsar las reformas estructurales.
Pero las diferencias surgieron al momento de la implementación de las reformas, sobre todo la fiscal.
"Desde el día 1 (de la reforma fiscal) estuvimos en desacuerdo", externó Luis Foncerrada, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.
Advirtió que la reacción empresarial condensa el creciente descontento de la sociedad por la corrupción y la falta de acciones contundentes del Gobierno.
Gustavo de Hoyos dijo que el principal reclamo es la falta de capacidad para hacer valer el Estado de derecho.
"No se está cumpliendo con la obligación primaria de hacer cumplir la ley y está habiendo una tolerancia que podría convertirse en complicidad en caso de que no se actúe", comentó.
De Hoyos se atrevió anticipar la configuración de una crisis de gobernabilidad.
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