El abogado de Alto al Secuestro, Samuel González, aseveró que no se puede permitir un Fobaproa penitenciario, unos 200 mil secuestradores saldrían de prisión si la Suprema Corte de Justicia de la Nación no define bien los criterios de la teoría de exclusión de prueba.
González Leyva dijo: “No podemos permitir ni tolerar que se cree un Fobaproa penitenciario por efectos del debido proceso mal aplicado".
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Señaló en entrevista para Radio Fórmula que esto costaría entre 25 mil y 30 mil millones de dólares en reparación del daño para los secuestradores.
"Según nuestros cálculos, la aplicación de estos criterios de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia como tal hechas a los magistrados de los Tribunales Colegiados y como los están tomando por ignorancia, falta de capacitación, o lo que tú quieras, por parte de los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia del país”, dijo.
"Nosotros creemos que con esos criterios saldría de la cárcel el 80 por ciento de las personas acusadas por secuestro y por homicidio. Y eso significa aproximadamente que 200 mil personas saldrían de la prisión, cada una de esas personas tendría derecho a reparación del daño", destacó.
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El abogado Samuel González, señala que van a buscar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación defina el criterio de una prueba ilícita por la liberación de Raúl Martínez Gutiérrez, conocido como ´El Santero’.
‘El Santero’, quien estaba condenado a 60 años de cárcel, por el delito de secuestro, obtuvo su libertad luego de que la Quinta Sala de un Tribunal Colegiado anulara la sentencia por irregularidades en el debido proceso.
El abogado aseguró que a las víctimas se les violó el debido proceso porque no se les notificó correctamente el inicio del procedimiento del amparo, tampoco se le notificó al abogado original y a la Procuraduría.
"Es decir, sí hubo una falla de la Quinta Sala en el sentido de no notificar previamente al inicio de este amparo a todos los involucrados, de ahí que algunos comentarios que hayamos hecho nosotros en el sentido de que no estamos diciendo que de los magistrados ciertamente sí de algún personal del propio Tribunal de los que tuvieron que haber notificado no lo hicieron, eso tampoco fue revisado por el Sexto Colegiado y en consecuencia, el amparo se fue solo, sin que las víctimas, su abogado original, ni la propia Procuraduría pudiera alegar", dijo.
De acuerdo con Samuel González, “esa es ya una falla de origen, muy importante, que lo que tendría que hacer es de manera inmediata reponer el procedimiento, es decir, el amparo concedido tendría que ser nulificado solamente por esta falla”.
Sostuvo que el Estado no ha sido capaz de dar justicia en ocho o diez años, y un sistema de justicia que no garantiza la justicia de las víctimas porque son sometidas a estas vejaciones por parte de todo el sistema, "jueces que no protegen a las víctimas cuando están siendo amenazadas por parte de las familias de los secuestradores, jueces que no entienden lo que es el derecho al juicio rápido, expedita".
Lo que le pedirán a la Corte, indicó, es que determine, para que no haya interpretación de ningún magistrado en ninguna sala del país, cuál es el motivo por el cual una prueba ilícita se vuelve precisamente ilícita.
"Así está presentado el amparo, independientemente ya hay otras vías que ya estamos agotando, en el sentido de decir por qué el propio Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en su Quinta Sala no cumplió con las recomendaciones o con las disposiciones que le dio el Sexto Colegiado, no cumplió, se excedió", subrayó.
Fuente.-LaSillaRota.
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