Los 33 mexicanos que están siendo investigados por el Gobierno federal por su aparición en los papeles de Panamá podrían recibir tanto sanciones administrativas como penales que conllevarían condenas de cárcel de hasta nueve años.
En entrevista con EFE, la presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), Leticia Hervert, destacó que el impago de impuestos conlleva una multa de “casi el 100% de la cantidad no pagada”, mientras que si no se consigue aclarar el origen de estos recursos se puede “tener prisión de tres meses hasta nueve años”.
Ambos procesos, tanto administrativos como penales -como una investigación por lavado de dinero- pueden ir “en paralelo”, puntualizó la especialista.
Entre los nombres que aparecen en la mayor filtración de la historia sobresale el contratista del Gobierno mexicano Juan Armando Hinojosa, que ocultó hasta 100 millones de dólares en paraísos fiscales, o el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya
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También un socio del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán y dos altos cargos de las principales cadenas de televisión del país, Televisa y TV Azteca.
Al menos 18 de esas personas tienen ya una auditoría y dos son investigados a petición de otros países, indicó el titular del SAT, Aristóteles Núñez.
En las futuras auditorías a estos contribuyentes, el Estado podrá revisar sus cuentas de hace cinco años y hasta la fecha cuando es un tributario regular o retroceder hasta la última década si el particular no está inscrito en el SAT, apuntó la especialista.
Pero perseguir a los presuntos evasores no será tan fácil por varias razones.
Lo primordial es que la filtración que ha dado la pista al Gobierno federal para que se lance a investigar no tiene validez por sí misma.
“Esa información en un juicio en México carecería de fundamento legal porque fue obtenida de manera ilegal”, explicó Hervert.
Citó el artículo 20 de la Constitución mexicana: “Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula”.
Aunado a ello, los bancos no “están en absoluto obligados” a informar sobre la procedencia de los recursos de sus clientes al no ser “auditores fiscales” y las sociedades “offshore”, a pesar de crearse en un tiempo récord, bajo gran secretismo y sin apenas tributar, están permitidas en México y en muchos otros países.
México firmó a finales de 2014 el Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes (MCAA) y se comprometió al intercambio de forma automática y recíproca de información financiera para efectos fiscales con más de 50 países y jurisdicciones.
Este acuerdo entrará en vigor a partir de 2017 y permitirá rastrear cuentas financieras e inversiones que tengan los mexicanos y sus empresas en más de 80 países, entre ellos paraísos fiscales.
“Lo que hoy no sabe la autoridad, lo va a obtener de estos mecanismos de intercambio de información”, apuntó la representante del IMCP.
Además, este julio se espera que arranque el convenio firmado con Estados Unidos basado en la Ley sobre el Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (Fatca, en inglés).
En 2012, el SAT advirtió que la evasión fiscal sumó 483.000 millones de pesos (27.303 millones de dólares), el equivalente al 3.1% del PIB.
En este contexto, que el peso de la ley recaiga sobre los supuestos evasores dependerá de un factor clave: la voluntad política.
Ricardo Ravelo, analista en temas de seguridad, consideró “fundamental” la actuación de los respectivos Gobiernos.
“Yo quiero ver si realmente el Gobierno de Enrique Peña Nieto va a investigar a (Ricardo) Salinas Pliego (dueño de TV Azteca), al funcionario de Televisa o a toda la lista de personajes relacionados con el caso”, apuntó el especialista, quien auguró que todo quedará en “un tema fiscal que se resuelva pagando”.
Hay antecedentes que llevan a pensar que ni siquiera se llegaría a esto.
Durante el 2013, el SAT condonó 1.123 millones de pesos (63,5 millones de dólares) a grandes empresas por concepto de “multas y recargos” como Gamesa o Sabritas, según reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Con información de: 24 horas/RIO DOCE
EL empresario tamaulipeco Ramiro Garza Cantú hace negocios con Pemex, sin importarle destruir la vida a las personas que tienen la desgracia de vivir en zonas petroleras. Tal es el caso de las comunidades en Villa Ignacio Allende, en el municipio de Centla, Tabasco, donde el mencionado industrial llevó su maquinaria, vieja y obsoleta, sin importarle los reclamos de la población.
Y es que los caminos de entrada en estas comunidades han sido destruidos por la actividad petrolera, vejación a la que se prestó también Roberto Zamora Landero, jefe de la Unidad de Concertación Social de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, con conocimiento de la entonces titular Claudia Elena Zenteno Ruiz y de Ruth Solís Guízar, jefa de la Unidad de Atención Ciudadana (folio 083/13), mediante el oficio SERNAPAM/UCS/019/2013, en donde desacreditan los reclamos sociales.
Para colmo, desde que comenzó el calvario se ha llevado a cabo el proyecto por parte de Pemex de instalar ocho pozos de perforación más en la zona, ante la incertidumbre de los campesinos afectados que, por falta de recursos, no pueden llevar más allá este caso. Ahora, sale a la luz cómo Ramiro Garza Cantú se hizo de la importante y millonaria adjudicación.
A PUNTA DE BILLETES…
Pemex Exploración y Producción (PEP) envió cartas de invitación a las empresas Weatherford, Baker Hudges, Industrial Perforadora de Campeche (IPC) de Grupo R, del empresario Ramiro Garza Cantú, y Nabors México, para participar en el proceso de licitación para dos adjudicaciones directas para arrendamiento de equipos de perforación para trabajos en la Región Sur. La primera para el arrenda¬miento de equipos de perforación terrestre, con capacidades mínimas de: mástil 750’000 libras y malacate de 1500 HP, sin opción a compra, para realizar operaciones de perforación, terminación o mantenimiento de pozos de la Región Sur.
Y otra, para arrendamiento equipos de perforación terrestre, con capacidades mínimas de: mástil 1’000,000 libras y malacate de 2000 HP, sin opción a compra, para realizar operaciones de perforación, terminación o mantenimiento de pozos de la Región Sur. Para la primera, las empresas IPC y Nabors México presentaron propuestas.
Las dos pasaron la evaluación técnica, pero la adju¬dicación fue para Nabors, que ofertó el precio más viable para la contratante. Para el segundo, sólo IPC presentó propuesta, luego que Weatherford y Baker se disculparon al argumentar que sus equipos estaban en el extranjero; mismo caso de IPC, sólo que ésta sí presentó propuesta y hoy Bermúdez Castro y García Mendoza están a punto de agenciarse los servicios, pese a que el dictamen técnico señala que la empresa no cumple porque sus equipos están fuera del país y no estarían disponibles para el mes de junio, cuando arrancarían los servicios en la Región Sur.
El empresario tamaulipeco Ramiro Garza Cantú, es ampliamente conocido en Pemex, por presuntamente sobornar a los altos funcionarios de la exparaestatal a todo aquel que tenga que ver con una licitación de su ramo. Tan sólo de 2003 a la fecha, IPC una de las tantas compañías que opera Garza Cantú facturó a Pemex Exploración y Producción 18 mil 257 millones 206 mil 548 pesos con cinco centavos.
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