El gobierno mexicano sí apoya a los narcos
Parte de un doble discurso incomprensible, el gobierno ha entregado a varios de los más prominentes líderes del narcotráfico en México y a sus familiares subsidios federales del Procampo, títulos de concesión para uso de aguas nacionales entregados por Conagua y hasta el permiso para operar un aeródromo a las hijas y la ex esposa del narco más buscado del país: El Mayo Zambada.
El mismo gobierno federal que dice combatir a los cárteles de la droga en una guerra que ha costado miles de muertes y desaparecidos, ha entregado esos apoyos y concesiones a los hermanos y los principales operadores de El Chapo Guzmán, a los hijos y a la ex esposa de El MayoZambada e incluso al capo Juan José Esparragoza, el mítico El Azul, de acuerdo con documentos obtenidos por emeequis.
Parece increíble, pero no lo es..
No hubo inconveniente alguno. Aarón Dychter Poltolarek, un doctor en economía por la George Washington University, no vio inconveniente alguno en firmar el documento que estaba enfrente de él. Era el 5 de agosto de 1999 y en la comodidad de su despacho como subsecretario de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) estampó los finos trazos de su firma en la página 5 del documento.
Adquirió así legalidad un permiso para prestar el servicio de transporte aéreo privado bajo la modalidad de servicio especializado de fumigación aérea.
Dychter, un funcionario de pura cepa salinista, que antes había sido un integrante del círculo más cercano al titular de la Secretaría de Hacienda, dio así el primer paso para lo que vendría después.
Pasaría algún tiempo para que la misma persona que se benefició con la firma del subsecretario de Transporte hiciera una nueva petición, sólo que la solicitud ahora tenía un mayor alcance: pidió permiso para administrar, operar y explotar un aeródromo de servicio particular denominado “campo Puerto Rico”, en Culiacán, Sinaloa.
El aeródromo civil, desde el cual podrían despegar y aterrizar las aeronaves sin mayor trámite, se había construido con dimensiones estándar: longitud de 700 metros, ancho de 10 metros, superficie cubierta en su totalidad con asfalto.
Con el visto bueno del director general de aeropuertos de la SCT, el aeródromo recibió las letras de identificación “CPK”, las cuales se emplearían en la radiocomunicación y los planes de vuelo de los aviones.
Así que en junio de 2005 el solicitante pudo operar oficialmente y sin problema el aeródromo Campo Puerto Rico. Cinco años después, en 2010, le renovaron el permiso y pusieron una nueva fecha de vencimiento: junio de 2015, aunque no se sabe si el permiso se extendió de nuevo.
La titular de ambos permisos se llama Rosario Niebla Cardoza. Y en sí el hecho no tendría nada de relevancia si no fuera por tres detalles, entre otros, que llaman la atención:
1) Rosario estuvo casada durante dos décadas con Ismael El Mayo Zambada, uno de los jefes del Cártel de Sinaloa desde 1970, en los años de mayor auge del grupo que domina el tráfico de drogas en México.
2) Es, además, madre de Vicente Zambada Niebla, preso en Estados Unidos en una cárcel de Chicago, y condenado a purgar una sentencia de 15 años, luego de confesar su participación en las operaciones de tráfico de droga y lavado de dinero producto de esa actividad.
3) El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Rosario Niebla desde 2007, junto con sus hijas e hijos, en la lista de personas que forman parte de la red de lavado y operación del Cártel de Sinaloa, e identificó a las empresas que encabeza (entre ellas a la productora de leche Nueva Industria Ganadera de Culiacán) como parte de la estructura financiera para lavar el dinero producto de actividades del crimen organizado.
Pero las autoridades del gobierno federal no consideraron que eso fuera importante. Le dieron esos permisos. Y aún más: le dieron dinero público.
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No es que a la familia de El Mayo Zambada le faltara dinero, pero no le hicieron mala cara al dinero público que las autoridades le entregaron puntualmente durante siete años (2001 a 2008): el establo Puerto Rico recibió del gobierno federal, a través del Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo), un millón 650 mil pesos para la siembra de maíz blanco, pasto y sorgo forrajero.
Procampo fue creado a finales de 1993 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari como un apoyo compensatorio a los productores nacionales ante la apertura comercial derivada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Pero no ha sido la única concesión brindada a la ex esposa de uno de los narcotraficantes más buscados en el país, también ha recibido apoyos en varias ocasiones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
Sus hijas María Teresa, Midian Patricia, Modesta y Mónica del Rosario también han recibido apoyos de la Sagarpa. Vicente Zambada Niebla, hasta antes de ser detenido por fuerzas federales en 2009, también había recibido apoyos de Procampo.
No sólo eso. Una de sus empresas, llamada Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán SA, boletinada por las autoridades de Estados Unidos como una de las compañías que ayudan a lavar dinero del cártel sinaloense, recibió de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) una concesión para explotar aguas nacionales del subsuelo con fines industriales.
La concesión autorizó a la empresa de la familia Zambada extraer del río Culiacán 300 millones de litros anuales, de acuerdo con el título entregado el 10 de noviembre de 2005, del cual emeequis obtuvo una copia mediante la Ley de Acceso a la Información Pública.
La concesión, hasta donde permite saber la información obtenida, sigue vigente.
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Rosario Niebla ya era una mujer conocida por las autoridades cuando le concedieron el permiso para el aeródromo. De hecho, el gobierno federal ya conocía el rancho en el cual operaría la pista aérea.
Había incluso una memoria fotográfica y un amplio expediente recabado un caluroso 20 de junio del año 2000, cuando a bordo de ocho helicópteros y decenas de vehículos, más de 100 soldados y agentes de la fiscalía antidrogas de la PGR tomaron el lugar por asalto e intentaron infructuosamente detener a El Mayo.
El mismo Ismael Zambada con quien se casó en noviembre de 1968 en un pueblo llamado Costa Rica, al sur de Culiacán, y a quien Rosario Niebla acompañó durante los años en que se construyó el imperio criminal más importante del país. Se divorciarían poco más de 20 años después, una vez que el cártel ya era una potencia e incluso daba cobijo en su estructura a uno de los hijos de ambos: Vicente Zambada Niebla.
Ese 20 de junio un acalorado y rubicundo Mariano Herrán Salvatti, el fiscal antidrogas de la época, recorría junto con el general Enrique Salgado, jefe de la tercera región militar, uno de los caminos que conducían al rancho ganadero Puerto Rico, el mismo al que unos cinco años después se concedería el permiso para operar el aeródromo.
“Estamos aquí para cumplimentar una orden de aprehensión en contra de Ismael Zambada García, alias El Mayo”, dijo el fiscal, quien llevaba una camisa de vestir verde y tenía la cabellera pelirroja alborotada por el ajetreo, a los reporteros en una improvisada conferencia de prensa que dio en el camino de terracería que conduce al establo Puerto Rico.
No quiso dar más detalles y no permitió que los medios de comunicación ingresaran al rancho ganadero. También impidió que Mónica Zambada, una de las hijas de El Mayo, y el ombudsman estatal entraran a la propiedad.
La búsqueda del narcotraficante también incluyó el rancho El Sauce y otras tres propiedades en Culiacán, que fueron aseguradas y se montó un cerco militar alrededor de éstas, según consta en los registros del diario Noroeste.
Una semana después, Rosario Niebla Cardoza denunció a través de un desplegado dirigido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que las autoridades federales irrumpieron violentamente en las instalaciones del establo lechero, ubicado en El Salado, y que una vez dentro incurrieron en hechos violatorios de los derechos humanos.
La mujer sostuvo que ingresaron camiones y helicópteros a su propiedad sin mostrar una orden de cateo, que cortaron la energía eléctrica de las instalaciones y suspendieron las actividades de ordeña, lo que causó un daño patrimonial a la empresa.
“Atentaron contra la integridad física y moral de los trabajadores del establo, ya que los mantuvieron cerca de cinco horas tirados en el suelo, boca abajo y apuntándoles con las armas”, destacó en la publicación. Los trabajadores fueron despojados de sus radios de comunicación.
Días después, hizo publicar otro desplegado, dirigido ahora al entonces presidente Ernesto Zedillo, así como a los clientes y proveedores de la empresa lechera Nueva Industria Ganadera de Culiacán, en el que los mil 507 trabajadores de la empresa aseguraron desconocer a Ismael Zambada García.
“Damos fe que la persona a quien se conoce como El Mayo Zambada no ha sido visto en nuestras áreas de trabajo ni en las inmediaciones de las mismas durante el tiempo que tenemos trabajando en la empresa. Nos solidarizamos con la presidenta del Consejo de Administración de la empresa, la señora Rosario Niebla Cardoza y su respetable familia, para que por la vía jurídica continúen luchando para proteger nuestro trabajo”, se leía en la inserción pagada.
Niebla Cardoza reclamó que le fueran devueltas las propiedades con el argumento de que se había divorciado de Zambada desde años atrás.
Meses después, a la llegada de Vicente Fox al poder, el establo Puerto Rico, que produce la leche que comercializa con la marca Santa Mónica, otra empresa de los Zambada, retomó sus actividades productivas que en ese entonces marchaban viento en popa.
La empresa jamás clausuró. Aunque decayeron sus ventas y su distribución de leche se vino abajo cuando llegaron nuevas marcas al mercado estatal, siguió operando y en el camino fue recibiendo subsidios federales y permisos gubernamentales para su operación.
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Era octubre de 2008 y Nora Ruvalcaba Gámez se armó de valor. La entonces diputada local del Congreso de Aguascalientes convocó a una conferencia de prensa para denunciar lo que había descubierto: el Procampo era un “cochinero”.
Luego de revisar el padrón del programa federal, la diputada perredista había encontrado lo que para entonces era una revelación: que familiares e integrantes de diversos cárteles de la droga en México habían sido beneficiados con dinero público.
En el listado que mostró la legisladora estaban Jesús, Ofelia y Aureliano, hermanos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, así como su suegro Inés Coronel Barreras –actualmente preso–, quienes desde 1995 recibían cada año, puntual, apoyos para sus cultivos.
“Procampo ha resultado ser un camuflaje perfecto para los grandes cultivadores de la droga en el país, en razón de que las primeras ramas genealógicas del narcotráfico se han multiplicado en los campos temporaleros regados con el dinero público”, afirmó entonces Ruvalcaba Gámez.
Días después, Gustavo Cárdenas, alto funcionario de la Sagarpa encargado del manejo de ese programa, dijo que se depuraría el padrón para evitar que los apoyos de Procampo llegaran a manos de narcotraficantes.
Nada pasó. Casi un año después, en agosto de 2009, otro legislador, ahora en Michoacán, denunció que Alfredo Beltrán Leyva y varios familiares de El Chapo Guzmán seguían en la lista.
Gustavo Ávila Vázquez reveló que Beltrán Leyva había recibido desde 1994 –año en que se inició el programa– y hasta esa fecha la cantidad de 314 mil pesos.
Por su parte, a Jesús, Ofelina y Aureliano Guzmán Loera, hermanos del líder del Cártel de Sinaloa, se les habían entregado 376 mil pesos como apoyo para trabajar sus tierras.
Nada volvió a pasar.
Fue hasta febrero de 2010 cuando el entonces titular de la Sagarpa, Francisco Mayorga Castañeda, anunció que habían comenzado una depuración de Procampo para evitar que los recursos se entregaran a narco productores agrícolas.
Pero la medida no fue efectiva. Nunca se detectó que Griselda López Pérez, ex esposa de Joaquín Guzmán Loera, también boletinada por el Departamento del Tesoro, recibió dinero del gobierno federal. Durante 14 años, de 1999 a 2012. La mujer recibió puntualmente sus 76 mil pesos anuales para estimular la siembra de sorgo.
La paradoja es que en mayo de 2010 la compañera de El Chapo fue detenida en Culiacán y trasladada a la Ciudad de México para declarar. La PGR informó que “se presentó a Griselda López Pérez o Karla Pérez Rojo, quien después de rendir declaración ante el agente del ministerio público, se retiró con las reservas de ley”.
Siete años después de develar los apoyos federales a los narcotraficantes, Nora Ruvalcaba considera inadmisible que continúen y se hayan diversificado. “Eso habla de la colusión del crimen organizado con las autoridades, del reparto de plazas y de la inclusión de todas las bandas criminales que hay en el país en estos apoyos”, insiste ahora en entrevista conemeequis.
La ex legisladora cuenta que en 2007 cuando ella y sus colaboradores revisaron el padrón de beneficiarios de los últimos 15 años, pronto comenzaron a detectar apellidos conocidos. Tras la inspección encontraron que un buen porcentaje de Procampo estaba destinado a apoyar a criminales y sus familias. “No es posible que las autoridades no detecten nombres tan conocidos”.
Ruvalcaba sugiere que estos apoyos pueden ser un pago de favores: “Es un secreto a voces que las campañas de muchos gobernantes han sido financiadas con dinero del crimen organizado. Es obvio que existen compromisos que se pagan cuando llegan al poder”.
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Es uno de los delincuentes más buscados en México y Estados Unidos. Lo buscan la PGR, el Cisen, la DEA y el FBI. Desde hace 40 años es considerado uno de los grandes capos. Es cierto: es el decano de todos ellos. Se llama Juan José Esparragoza Moreno y se le conoce por El Azul,un sinaloense que hoy día representa al viejo reverenciado por su tribu.
Desde que en 1993 salió de una de las tres ocasiones en que purgó una condena por narcotráfico, lo buscan las autoridades. Sigue vivo y libre por más esfuerzos que ha hecho la inteligencia civil y militar por ubicar su paradero y cumplir con las órdenes de aprehensión que existen. Todo ha sido en vano.
Quizá ni el Cisen ni el ejército se habrían frustrado tanto si hubiesen hecho una llamada al ingeniero Raúl Antonio Iglesias Benítez, un funcionario público que en 2008 cobraba como director general del organismo de la Cuenca Lerma Santiago Pacífico, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)
Con ese título tan largo como soterrado en la burocracia del estado, tuvo el poder para conceder una concesión de uso de aguas nacionales a nombre de… Juan José Esparragoza Moreno y de su esposa María Guadalupe Gastélum Payán.
Así es. Ese funcionario medio de Conagua le dio a El Azul el título de concesión número 12AMOC08 para “explotar, usar o aprovechar” aguas nacionales por un volumen de 180 millones de litros al año, extraídos del acuífero Toluquilla, de la cuenca Río Santiago-Guadalajara.
Para darse una idea de qué tanto implica ese volumen podría decirse que con esa cantidad de líquido podría abastecerse casi un mes a los dos millones de habitantes de Gambia, uno de los países que menos agua disponible tienen en todo el planeta.
El título de concesión se expidió en Guadalajara el día 15 de octubre de 2008 y se inscribió en el Registro Público de Derechos de Agua poco más de un mes después. La concesión vence en 2018 y, a su término, El Azul y su esposa habrán extraído mil 800 millones de litros de agua.
El Azul no era un hombre desconocido ni en Jalisco, ni en Sinaloa, ni en el DF ni en Washington.
Ha habido reportes de inteligencia al por mayor sobre él y su círculo familiar y de operadores desde hace décadas, pero obtuvo su título de concesión para el uso agrícola de las aguas nacionales, mismo que aún se encuentra vigente.
En uno de los más recientes reportes elaborados por el Departamento del Tesoro de EU, con fecha 24 de julio de 2012, se acusó a una de sus esposas, María Guadalupe Gastélum Payán, la cotitular de la concesión entregada por Conagua, de poseer propiedades en nombre del narcotraficante.
En el comunicado, se señala que El Azul ha utilizado el producto de su participación en el tráfico de narcóticos para construir una gran red de negocios que incluyen un complejo de viviendas, un centro comercial y un parque industrial.
Estos negocios son operados por miembros de su red, incluyendo su familia. Gastélum Payán, de 65 años de edad, dice el documento, posee propiedades en Tlajomulco de Zúñiga, municipio cercano a Guadalajara, en nombre de Esparragoza Moreno.
Además, ella y sus hijos desarrollaron una comunidad residencial llamada Provenza Residencial, un centro comercial llamado Provenza Center y un parque nombrado La Tijera.
emeequis obtuvo documentos que muestran que el gobierno municipal de Tlajomulco le otorgó a Gastélum Payán, primero, una licencia de construcción y, posteriormente, un certificado de habitabilidad para las bodegas de almacenamiento que edificó en el fraccionamiento La Tijera.
Además, la Cooperativa Avestruz Cuemir, también ubicada en Tlajomulco de Zúñiga, y boletinada por el Departamento del Tesoro en febrero de 2014 como parte de la red de lavado de El Azul, recibió 2 millones y medio de pesos como parte del programa de apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura de la Sagarpa, según el padrón difundido por la dependencia en diciembre de 2011.
La empresa, que se dedica a la cría de avestruces, en 2009 ya había recibido otro apoyo de la Sagarpa, pero en esa ocasión del Componente de Apoyo al Fondo Nacional de Garantías (Fonaga) por una cantidad de 83 mil pesos.
Y la PGR, mientras tanto, ofrece 30 millones de pesos a quien aporte información para la captura de El Azul.
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La entonces procuradora Marisela Morales publicó en septiembre de 2011 un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación: ofrecía una recompensa de hasta tres millones de pesos a quien diera información que ayudara a localizar y capturar al sinaloense Manuel Torres Félix, El Ondeado o M1, jefe de seguridad y pistoleros de El Mayo Zambada.
Estaba en la lista de los 10 delincuentes más buscados por las autoridades mexicanas, luego de que las autoridades de Estados Unidos lo incluyeran como parte de la red de operadores de primer nivel de El Mayo.
Quizá hubiese bastado que la procuradora hiciera una llamada y solicitara al titular de la Sagarpa que le proporcionara la dirección que registró el narcotraficante nacido en Cosalá, Sinaloa, cuando se inscribió como beneficiario de Procampo.
Torres Félix recibió recursos federales de 1995 a 1997 y de 2002 hasta octubre de 2012, cuando fue abatido por elementos del ejército en la sindicatura de Quilá, en Sinaloa.
Pero no era el único que aparecía en el listado de los más buscados y que a la vez estaba inscrito en algún padrón federal como beneficiario de apoyos o concesiones.Jesús Alfredo Salazar Ramírez, por quien se ofrecían dos millones de pesos como recompensa en el mismo acuerdo, un hombre considerado por la PGR como operador del Cártel de Sinaloa en Sonora y Chihuahua, detentaba desde el año 2000 una concesión de aguas nacionales entregada por la Conagua.
Su padre, Adán Salazar Zamorano, acusado de ser otro de los operadores de El Chapo Guzmán, también ha sido beneficiado por la Conagua: cuenta desde 1996 con una concesión de aguas nacionales para uso agrícola que vence en 2016. Diez años de usufructuar con el aval del Estado un bien nacional.
Don Adán, como se le conoce, fue detenido el 12 de febrero de 2011 por policías federales en Querétaro y en junio de 2012 el gobierno de Estados Unidos solicitó su extradición.
De hecho, en su informe de gobierno de 2011, el ex presidente Calderón, destacó su aprehensión como parte de los logros de su Estrategia Nacional de Seguridad.
El capo, que operaba en Sonora y que fue acusado de haber lavado más de 15 millones de pesos, fue absuelto por un tribunal federal en noviembre del año pasado, ya que, según el juez, presentó documentos para comprobar que su actividad económica era la ganadería.
Entre ellos, podría haber estado su título de concesión para el uso de aguas nacionales.
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Llegaba el final de 1995 y un joven funcionario de la Dirección de Alcoholes del Gobierno de Sinaloa tramitaba ante la Sagarpa un apoyo para seis hectáreas de siembra. A la par, el hombre que después se haría llamar El Licenciado buscaba un nuevo empleo.
Así, a principios de enero de1996, Dámaso López Núñez presentó su currículum a la Coordinación de Centros Federales porque buscaba convertirse en funcionario penitenciario.
El 1 de marzo de 1999 —después de trabajar tres años en Morelos— llegó hasta el penal de Puente Grande, en Jalisco, como subdirector de seguridad. Ahí comenzó a otorgar una serie de privilegios a Joaquín Guzmán Loera y a sus aliados, como Luis Héctor El Güero Palma y Arturo Martínez Herrera. Poco a poco afianzó su relación con el capo sinaloense.
El 30 de septiembre de 2000 renunció a su cargo, pero siguió visitando a El Chapo, hasta que el 19 de enero de 2001 éste logró escapar del penal federal con ayuda de López Núñez y otros funcionarios penitenciarios.
A sus 34 años –en ese entonces—, El Licenciado se convirtió en una de las personas más cercanas a Guzmán Loera. Actualmente es una de las piezas claves en el Cártel de Sinaloa.
Aunque se le dictó orden de aprehensión por el delito de evasión de preso y cohecho, nunca pisó la cárcel, ya que el ilícito prescribió y el 20 de abril de 2010 se sobreseyó la causa penal donde estaba implicado.
En esos años de enfrentar acusaciones turbulentas en México y mientras Estados Unidos comenzaba a tenerlo en la mira por sus actividades delictivas dentro del Cártel de Sinaloa, López Núñez continuaba dedicándose a sus tierras.
Al menos eso es lo que dijo a la Sagarpa, pues la Secretaría le otorgó subsidios federales del Procampo durante 16 años (de 1995 a 2011). En ese lapso le entregó cerca de 300 mil pesos para sus cultivos.
Además, durante 10 años –de 1997 a 2007— contó con una concesión de la Comisión Nacional del Agua para el usufructo de aguas nacionales con fines agrícolas.
Mientras en México quedó absuelto por la fuga del narcotraficante más buscado y recibió subsidios para sus actividades agrícolas, en Estados Unidos desde noviembre de 2011 enfrenta una acusación en Virginia por lavado de dinero y distribución de cocaína. Dos años después, en septiembre de 2013 el Departamento del Tesoro lo incluyó en su lista negra.
Su hijo, Dámaso López Serrano, apodado El Mini Lic, y a quien en diversos corridos se le menciona como ahijado de El Chapo Guzmán, también recibió apoyos de Procampo, pero sólo en 2010 y 2011.
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De acuerdo con los registros consultados y obtenidos por emeequis, prácticamente no hay cártel de las drogas en México cuyos integrantes, en mayor o menor medida, hayan recibido concesiones o apyos del gobierno federal.
Para Raúl Benítez Manaut, investigador de la UNAM y experto en temas de seguridad nacional, área sobre la cual ha dado clases en el Center for Hemisferic Defense Studies de EU, el Centro de Estudios Superiores Navales o el Colegio de la Defensa Nacional, la información obtenida por emeequis revela una gran incongruencia: el gobierno federal mantiene un enérgico discurso contra el narcotráfico y, por otra parte, entrega a los líderes de los cárteles y sus familias apoyos oficiales.
“Por qué no se cortan esos apoyos a los familiares. Es un hecho que el gobierno lo sabe. Eso habla de la falsedad de la guerra contra el narco que se inició con el gobierno de Calderón. Por un lado, se hablaba de eso y, por otro, recibían apoyos federales, muchos de los cuales son utilizados para facilitar sus operaciones delictivas, como en el caso del permiso del aeródromo (de El Mayo)”, cuestiona Benítez Manaut.
Tendría que ser la Secretaría de Hacienda, dice el investigador, la encargada de verificar la información financiera de los miembros del mundo del narco y sus familias.
“Ellos tienen esta información, pero no quieren pasar a la limpia de las actividades de lavado de dinero”. Pero no quieren, destaca el presidente del Colectivo de Análisis de Seguridad con Democracia, un grupo de expertos sobre este tema. “Este doble discurso se debe al miedo de develar la red de corrupción dentro del mismo gobierno que ha permitido que los líderes del narcotráfico en México reciban apoyos y subsidios federales”.
“Cuando el Departamento del Tesoro hace algo, boletina a una persona, su correlativo en México es la Secretaría de Hacienda, que tendría que investigar muchos de estos asuntos, pero no lo hacen porque puede que haya muchos funcionarios públicos implicados”.
Mientras, ellos siguen disfrutando de sus subsidios y su concesiones.
Fuente.-
Sorayda Gallegos @ZoGallegos/
Silver Meza @Silbermeza
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