"LIBERAN" a MAS MILITARES DETENIDOS por la "MASACRE de TLATLAYA"...

En octubre pasado fueron cuatro de ocho militares detenidos por el caso Tlatlaya que fueron exonerados por un juzgado federal. Ahora tocó turno a los juzgados castrenses donde en días pasados se decretó la libertad del oficial que iba al mando del pelotón y cuatro de sus coacusados.

En el caso de la muerte de los 22 civiles, de los cuales al menos una docena fueron fusilados, la justicia civil solo procesa a tres soldados, quienes a decir de sus colegas podrían obtener su libertad en el corto plazo. Pese a la evidencia dada a conocer en julio pasado, de que existían órdenes expresas de “abatir” delincuentes, la línea de mando sigue sin ser investigada.

El teniente Ezequiel Rodríguez Martínez quedó en libertad al cumplir la sentencia de un año de prisión, por el delito de desobediencia, junto a cuatro coacusados más que fueron detenidos a raíz de la masacre de Tlatlaya en el Estado de México, donde 22 supuestos miembros de la delincuencia organizada fueron abatidos por militares. El oficial de más alto rango detenido el año pasado, luego de que se conocieron testimonios de cómo sucedieron los hechos, abandonó la prisión del Campo Militar número uno hace unas semanas después de que el juez sexto militar, el teniente coronel Jorge Suárez Becerril, decretara compurgada la pena de prisión que le impusiera.

En octubre pasado el teniente Rodríguez Martínez fue exonerado por un juzgado federal junto a tres de sus compañeros por los delitos de ejercicio indebido de servicio público, abuso de autoridad y encubrimiento. Los cuatro quedaron libres de los cargos en el ámbito federal, después de que el sexto tribunal unitario determinó que la PGR había violado sus garantías individuales al no permitirles hablar con su abogado defensor, además de que nunca les notificó los cargos por los que habían sido detenidos.

Rodríguez Martínez se inició como soldado raso a principios de los años 80, en 1995 era sargento cuando se presentó a examen para entrar a estudiar al Colegio Militar el llamado Curso Intensivo de Formación de Oficiales de las Armas (CIFOA), donde durante un año se prepara a la tropa con más aptitudes para desempeñarse como “técnico militar”.

En junio del 2014 estaba al mando de un pelotón compuesto por 10 soldados, patrullaban la comunidad del Limón, perteneciente al municipio de Tlatlaya, cuando según la versión oficial fueron atacados a tiros desde el interior de una bodega. Al caer herido uno de los militares que formaba parte del área de sanidad, el teniente Rodríguez Martínez solicitó instrucciones a la comandancia del 102 batallón de infantería donde salió la orden de disparar. Los soldados abrieron fuego y, a decir de una testigo, los individuos que estaban dentro del lugar al poco tiempo se rindieron. No hubo clemencia y según peritajes posteriores, entre ocho y 15 víctimas fueron asesinados a quemarropa.

Con la liberación de los cinco militares encabezados por el teniente Rodríguez Martínez, el caso Tlatlaya en el fuero de guerra tiene solo a tres detenidos, de ocho que inicialmente fueron consignados en septiembre del año pasado. La PGR acusó a estos tres soldados de homicidio, delito por el cual son procesados en un juzgado federal.

“Hicieron su trabajo”

Los ocho militares acusados por el caso de los 22 individuos abatidos en una bodega de la comunidad del Limón, en el municipio de Tlatlaya, simplemente hicieron su trabajo que les fue ordenado, señalaron abogados litigantes y militares del servicio de justicia militar que siguen el caso en el fuero de guerra. De estos solo quedan detenidos tres, acusados de homicidio, quienes podrían estar en situación de abandonar la prisión en el corto plazo de confirmarse los recursos legales que su defensa interpuso.

La historia de la masacre de Tlatlaya tuvo su versión en los tribunales militares. Desde que se inauguró el cuartel del 102 batallón de infantería en el año 2010 en Santa María Ixtapan, en el municipio de Tejupilco en la Tierra Caliente mexiquense, la actividad operativa se incrementó en la zona. El área está considerada de tiempo atrás como salida natural de las poblaciones de Guerrero que conectan con Michoacán. Es una zona de tránsito de droga, de disputa por el control territorial y de presencia de diferentes organizaciones criminales. Durante los primeros meses del año 2014, este municipio junto a Tlatlaya estaban considerados focos rojos en secuestros y extorsiones.

Ese era el contexto cuando el gobernador Eruviel Ávila solicitó apoyo al presidente Enrique Peña Nieto. El jefe del Ejecutivo mandó llamar al general Salvador Cienfuegos Zepeda quien dispuso se redoblara la presencia y el patrullajes castrense en la zona, según fuentes militares.

Parte de la orden de operaciones, dada a conocer en julio pasado por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, decía que “las tropas deberán operar de noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en las horas de oscuridad, ya que el mayor número de ilícitos se comenten en ese horario”.

Con el objetivo de “abatir” especificado, el Centro Pro aseguró que los militares tenían órdenes expresas de matar, como ocurrió aquella noche en la bodega de la comunidad del Limón, en Tlatlaya. Pese a que existía esa disposición, que venía del secretario de la Defensa hacia la comandancia de la primera región militar, con jurisdicción en el centro del país, la cual canalizó a la comandancia de la 22 zona militar que abarca esa zona del Estado de México y llegó al cuartel del 102 de infantería, la línea de mando hasta el momento no ha sido investigada judicialmente.

En el proceso en juzgados federales que se sigue a los tres soldados acusados de homicidio, testigos de la comunidad han declarado en varias ocasiones y han identificado a las dos mujeres detenidas, presas en el penal federal del Rincón en Nayarit, como las personas encargadas de alimentar a las personas que secuestraba la banda que operaba en esa zona, y cuyos presuntos integrantes fueron abatidos aquella noche por el ejército.

Sobre este argumento es como la defensa de los detenidos ha armado su estrategia legal que podría ponerlos en la calle en los próximos meses. Se trató de un caso donde hubo órdenes superiores, las cuales la tropa solo obedeció.

Fuente.-Juan Veledíaz

@velediaz424