En México, el soborno es una práctica común utilizada por empresas de distintos ramos para obtener contratos o bien para agilizar algún trámite, al grado de que las compañías pueden destinar hasta 25% de sus ganancias para dar “mordidas” a autoridades, de acuerdo con estimaciones de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope).
Esta cantidad es incluso superior a los impuestos que pagan las compañías por Valor Agregado (IVA), cuya tasa es de 16%, o el Empresarial a Tasa Única (IETU), que es de 17.5%.
Entre las compañías más propensas a dar sobornos a la autoridad están las del sector de diversión y esparcimiento, así como las de la industria de la construcción y energética, comentó a este diario el director de la Canacope, Gerardo López Becerra.
Uno de los casos más sonados sobre este tema en los últimos meses es el de la concesionaria española OHL, el cual es sólo “la punta del iceberg” en el tema de la corrupción que hay a nivel empresarial en México, indicó Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa.
El también profesor de la Escuela de Gobierno del Instituto Tecnológico de Estudios de Monterrey indicó que las empresas pueden destinar desde 5% de sus ingresos a estas cuotas extra oficiales, aunque destacó que, por obvias razones, se trata de un fenómeno difícil de cuantificar. Incluso, subrayó que de acuerdo con el Foro Económico Mundial (WEF), la corrupción representa 10% más de los costos de hacer negocios en cualquier país, incluido México.
Según el estudio Anatomía de la Corrupción 2015, 44% de las empresas a nivel nacional reconoce haber pagado “una mordida” a alguna autoridad, lo que ubica al país como el segundo más corrupto en el ramo de los negocios, sólo por debajo de Rusia.
Este reporte elaborado por el IMCO y el CIDE, precisa que 75% de los pagos extraoficiales que hacen las empresas mexicanas se utiliza para agilizar trámites o bien para obtener licencias y permisos, y una tercera parte se entregan a dependencias municipales.
Con el fin de erradicar este fenómeno, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) publicó a principios de este año el Código de Integridad y Ética Empresarial, que se basa en 12 principios generales, entre los que exhorta a las empresas a evitar aportaciones a partidos políticos, campañas electorales y a cualquier entidad pública o privada relacionada con actividades políticas.
Otra medida por parte del gobierno es el Sistema Nacional Anticorrupción, sin embargo, éste tendrá sus primeros resultados en los próximos cinco años.
“Falta generar la normatividad; sólo se ha creado la reforma Constitucional, pero hay que establecer la ley que lo defina”, dijo Joel Salas Suárez, comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
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