Este domingo 30 de agosto las autoridades tradicionales del pueblo indígena otomí-ñätho de Xochicuautla emitirán el “contra decreto de reapropiación” que habían anunciado como respuesta al decreto expropiatorio de Enrique Peña Nieto contra su territorio.
Lo harán en una ceremonia junto a otros pueblos como el nahua de Ostula, la Tribu Yaqui de Sonora y San Salvador Atenco; además de intelectuales como Sergio Aguayo y el padre Raúl Vera.
En conferencia de prensa, autoridades de la comunidad denunciaron que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no emitió el tipo de medidas cautelares que habían pedido personalmente a Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión.
Xochicuautla exigió que se detuvieran los trabajos del proyecto y retirara la maquinaria, así como personal de la empresa y de cuerpos policiacos. Sin embargo, las medidas cautelares son temporales y terminaron hoy, por lo que el gobierno federal puede proceder a la indemnización de los terrenos.
“No dudados que en los próximos días, que ya pasaron las medidas cautelares, policías puedan hacer arribo para incursionar”, dijo el vocero José Luis Fernández. También reveló que personal de la empresa y de elementos de gobernación del Estado de México todavía se internan en sus bosques.
“Exigimos que la CNDH analice exhaustivamente la documentación, las pruebas presentadas para emitir la recomendación necesaria para cancelar y parar urgentemente el proyecto denominado autopista Toluca Naucalpan”, dijo el vocero.
Sobre el acto de “reapropiación”, Antonio Lara, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), acompañante del pueblo otomí, dijo en entrevista para Más de 131 que la intención es que los pueblos más representativos del país acompañen a Xochicuautla para contraponer su visión sobre el derecho “ante la concepción jurídica occidental”.
El abogado cuestionó la autoridad que pueda tener Enrique Peña Nieto para haber expropiado casi 40 hectáreas del pueblo bajo la excusa de “utilidad pública” para la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, concesionada a empresas de Armando Hinojosa Cantú, contratista favorito del presidente.
“El interés público no está encima de ningún derecho. Se violan derechos para un negocio”, explica Lara, quien contó además que están por ir a Xochicuautla elementos del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que posteriormente organizaciones sociales firmen una petición de información a relatores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Antonio Reyes, miembro del Consejo Supremo Indígena que emitirá el acto de “reapropiación”, advirtió en la conferencia de prensa sobre la falta de agua que el proyecto podría generar: “No digan que no les estamos avisando lo que va a suceder. Es momento de que despierten. Los ríos subterráneos se pueden secar”,
Sobre la movilización que Xochicuautla hizo a la Secretaría de Gobernación, las autoridades del pueblo indicaron que rechazaron cualquier diálogo con el gobierno, pues desde el 2007 no consultaron a la comunidad. Consideran que, a estas fechas, una consulta ya no es viable por la forma en la que se implementa el proyecto, además de que ya no es previa, como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
“El día que platiquemos con el gobierno es para que nos digan que ese proyecto está cancelado”, dijo Fernández.
También contó que este domingo 9 de agosto hicieron otra asamblea para reafirmar el “no” a la autopista. E invitó a presenciar los murales de la comunidad, especialmente el realizado en memoria del fotógrafo Rubén Espinosa, cuya última marcha fue precisamente de Xochicuautla y Ostula.
Por @Aldabi
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