Las fugas masivas y de personajes emblemáticos, como las de Joaquín El Chapo Guzmán, han puesto en eldebate público la posibilidad de privatizar las prisiones del país.
En el Congreso de la Unión yacen múltiples iniciativas para intentar darle a la Iniciativa Privada (IP) el estatus legal para que puedan asumir los costos, la administración y la manutención de los centros penitenciarios del territorio nacional, sin embargo ninguna propuesta ha prosperado.
Esta idea consiste, en esencia, permitir a particulares participar en la construcción y en el manejo de las cárceles, implicando el cuidado y la vigilancia de reos de poca y alta peligrosidad.
Se trata de replicar el modo de operar de la industria de los centros penitenciarios que ya existen en otros lugares del mundo, como es el caso de los Estados Unidos y algunos países de Europa.
De acuerdo con datos de la organización México Evalúa existen más de 242 mil 754 internos en los 420 centros penitenciarios del país y actualmente estos lugares se encuentran sobrepoblados en 25 por ciento, pues cada cárcel tiene una capacidad máxima de 195 mil personas.
Adicionalmente, 50.1 por ciento de la población carcelaria nacional de todo el país se concentra en tan sólo 27 centros penitenciarios, lo que ha generado un importante problema entre los internos.
En términos presupuestarios, el costo diario por cada interno es de alrededor de 137 pesos. En 2012, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que los estados destinaron 8 mil 658 millones de pesos para el mantenimiento de sus centros penitenciarios.
La fuga masiva
La última vez que estuvo en la agenda pública del país esta posibilidad de privatizar los centros penitenciarios fue en septiembre de 2012, cuando se fugaron 131 reos del Centro de Reinserción Social de Piedras Negras, Coahuila.
En ese momento se puso en marcha un operativo de búsqueda por parte de la policía federal y efectivos castrenses en un área cercana a la frontera con Estados Unidos.
Del total de reos fugados, 86 internos de la prisión del Cereso de Piedras Negras estaban purgando sentencias o tenían juicios pendientes por delitos federales como tráfico de drogas.
El resto estaba acusado de delitos del fuero común y las autoridades estatales anunciaron la recompensa de hasta 15.000 dólares por información que lleve al arresto de cada prófugo.
El director del penal y otros empleados fueron detenidos para ser investigados, como está sucediendo en este momento en el Penal de Alta Seguridad del Altiplano.
En ese debate, el entonces secretario técnico del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, Felipe Borrego Estrada, planteó la posibilidad de estudiar qué tan viable sería otorgar el manejo de las cárceles a la IP.
“Habrá que hacer un estudio profundo, ya que en algunos países, tanto en América Latina como en Europa, les ha dado resultados la operación de un sistema penitenciario privado”, aseguró.
Respecto de la presunta complicidad de las autoridades penales en casos de fugas, el funcionario dijo que más que un nuevo esquema de control de confianza, se necesita un “nuevo modelo de personas que tengan principios y vocación para el trabajo que se realiza en los centros de detención".
Cárceles, tierra de nadie
Organizaciones de la sociedad civil, como México Evalúa, consideran que las cárceles mexicanas en su condición actual son espacios propicios al contagio criminógeno, no sólo por el hacinamiento que muchas registran, sino también por la convivencia entre internos de distinta peligrosidad.
Aseguran que las cárceles mexicanas en la actualidad no reinsertan ni rehabilitan, sino todo lo contrario: arruinan vidas, pues el paso por la prisión, aunque breve, marca de por vida al interno.
En esa condición de estancia está más del 60 por ciento de la población en reclusión, que purga penas menores a tres años por delitos no graves ni violentos.
En esta misma tesitura de reacciones desproporcionadas están además los miles de presos sin condena que aun sin haber sido declarados culpables y sin representar ningún riesgo para la sociedad, se les priva de su libertad.
¿Cómo es en otros países?
En Estado Unidos la industria de la privatización penitenciaria es poderosa. Para dar un ejemplo, la Corrections Coorporationss of America es la más grande operadora de prisiones en la Unión Americana.
En el vecino país, uno de los principales debates se dan sobre los actos de corrupción entre estas empresas y los políticos para que aprueben leyes excesivas como la Ley Arizona, la cual permite la detención de cualquier persona que las autoridades sospechen que es inmigrante.
Para mucha gente, esta medida genera un negocio redondo para los empresarios que manejan las prisiones, pues representa un flujo constante de internos, por lo que cuales cobra al gobierno las distintas prestaciones.
Fuente.-LaSillaRota.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: