- La operación de la Policía Militar en Nuevo León con similes en Tamaulipas y San Luis Potosi llega con más interrogantes y riesgos, que certezas,por un lado, el hermético régimen de su corte marcial que marca un futuro obligado de opacidad y falta de transparencia.
- Por otro, las experiencias de civiles desaparecidos y muertos por error en Monterrey, así como en otros estados tienden un velo de terror sobre la creación del nuevo órgano.
Monterrey,N.L 25/Nov/2014 (Reporte Indigo) Las Fuentes de la Séptima Zona de la Sedena en Nuevo León informaron que los elementos de la nueva Policía Militar, que realizará labores civiles en esta y otras entidades, estarán regidos bajo reglamentos y leyes militares.
Normas que dejaron mucho qué desear en las investigaciones y sanciones de homicidios de jóvenes, por confusión, en esta ciudad de Monterrey.
“La Policía Militar es una fuerza militar, que se rige bajo los reglamentos y leyes militares. Así de sencillo”, dijo una fuente de alto grado castrense.
Por ello, las dudas entre organizaciones civiles son muchas, entre ellas, ¿cómo se aplicará la justicia en caso de una tragedia como la sucedida en el Tec de Monterrey?
Consuelo Morales, de Cadhac, explicó que una de las mayores preocupaciones es que con la presencia de estos elementos se incrementen las violaciones en materia de derechos humanos.
Además de que las diferencias entre la preparación de policías civiles y militares son muchas.
Por ejemplo, municipios metropolitanos han apostado por el modelo de la Policía de proximidad: Los uniformados conviven en barrios bravos con los vecinos.
Pero este modelo contrasta con la operación castrense que no es para que los militares tengan un diálogo con los civiles, porque su preparación es de un régimen para el uso de la fuerza y las armas.
Los protocolos para disparar un arma en medio la población civil son distintos.
No existe un reglamento para las atribuciones de los elementos de la nueva Policía Militar.
Además, con la reforma al Código Penal y al de Procedimientos Penales, a los policías civiles les otorgan nuevas atribuciones, como abrir una averiguación y labores de investigación y hasta de peritaje.
Pero ninguna autoridad hasta el momento puede responder si esas atribuciones también serán para los policías militares y si éstos ya son preparados para conocer el nuevo Código Penal y el de Procedimientos Penales.
También, en la experiencia de Nuevo León, durante siete años de combate al crimen organizado, el fuero militar se convirtió en una herramienta para que el Ejército fuera juez y parte de sus propios crímenes por confusiones en balaceras y persecuciones.
La incertidumbre sobre el futuro de la Policía Militar crece por los casos documentados en los que soldados manipularon evidencias para modificar la escena de crímenes.
Esto, para incriminar a civiles inocentes y hacerlos pasar como delincuentes armados y así ocultar la culpabilidad de los militares.
Como sucedió en el caso de Jorge Otilio Cantú, joven inocente asesinado de 20 balazos por soldados en labores policíacas en esta ciudad.
A Jorge Otilio Cantú lo confundieron con un delincuente cuando se desplazaba en su camioneta, la madrugada del 18 de abril del 2011, por la avenida Lázaro Cárdenas, en su cruce con Puerto San Blas, en la colonia Las Brisas.
Ahí, cinco soldados arremetieron a balazos contra Otilio, y al ver que era un civil inocente, los militares le “sembraron” una pistola.
Incluso, la colocaron en su mano.
En el parte informativo ministerial se reveló que los militares repelieron una supuesta agresión, que nunca ocurrió.
No obstante, la investigación de la Procuraduría de Justicia estatal estableció que el joven era un profesionista y no tenía ninguna relación con el crimen organizado.
Otilio llevaba una vida ejemplar.
Los militares fueron acusados por los delitos de homicidio calificado, por delitos cometidos contra la administración y procedimientos de la justicia, y por manipular evidencias.
Aunque el padre del joven asesinado, también de nombre Otilio Cantú, luchó por todos los medios legales para que fueran acusados por tribunales civiles, esto nunca sucedió.
Según la Sedena, los soldados fueron procesados por la corte marcial militar.
Pero hoy en día no se sabe cuál fue el veredicto de estos elementos: culpables o inocentes.
Otro caso de manipulación de evidencia por militares ocurrió con los estudiantes del Tec de Monterrey, Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo.
La madrugada del 19 de marzo, los militares dispararon contra los estudiantes a las puertas del campus, cuando los jóvenes salían de la biblioteca.
Los soldados tardaron hasta cinco horas en permitirle el ingreso al personal de Servicios Periciales a la escena del crimen.
Esto, porque los militares les “sembraron” armas de grueso calibre, fusiles R-15, y reportaron que eran delincuentes que habían disparado contra los elementos castrenses.
Un error de guerra militar puede ser posible, pero el intento de inculpar a un inocente no puedo ser admitido.
En este caso no hubo sanción alguna.
También hay que recordar el reciente caso de Tlatlaya, donde militares sentenciaron y ejecutaron extrajudicialmente a 22 presuntos delincuentes.
En esta ocasión sí fueron detenidos los militares, por la Procuraduría General de Justicia Militar.
Actualmente, los soldados están en la prisión en el Campo Militar Número Uno y están a disposición del Juzgado Sexto Militar.
El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, dijo que la Policía Militar apoyará mientras las corporaciones locales terminan su proceso de reestructuración.
“Apoyará en la función de Seguridad Pública a los cuerpos policiales, en tanto concluyen su proceso de consolidación y reestructuración”, expresó Cienfuegos Zepeda.
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