Cuando Donald Trump, Presidente de los EE.UU, dice que “México es uno de los países más corrompidos del mundo y es una pena”, no está descubriendo el hilo negro ni insultando por deporte: está verbalizando, a su manera , algo que los datos y los muertos llevan años gritando.
El punto ya no es si nos gusta el mensajero, sino que el mensaje describe un país donde la corrupción dejó de ser “malas manzanas” y se volvió el sistema operativo.
Periodistas, candidatos y funcionarios asesinados
La parte de que “han matado periodistas que estaban cubriéndolo” y “han matado a sus propios oficiales que estaban tratando de luchar contra el cartel” no es exageración: es la normalidad electoral mexicana.
Cada ciclo de urnas viene acompañado de ejecuciones de candidatos, desapariciones de operadores locales y ataques a reporteros que cubren lo que al poder —legal o criminal— no le conviene que salga.
Que un presidente de Estados Unidos especulé la Presidenta Sheinbaum que lo usa como munición política no invalida el hecho: en amplias zonas del país, informar, investigar o intentar aplicar la ley tiene costo de vida.
El narco no sólo “influye” en la política; la administra, la financia, la castiga y la premia.
Un presidente “instalado” en un sistema capturado
Cuando dice que “no le importa lo que diga que la presidenta de México” sólo está en esa posición porque «ha sido instalada».
México siendo dirigido por carteles toca un nervio real: la duda sobre cuánto del poder formal mexicano es genuina representación y cuánto es el resultado de pactos, dinero turbio y estructuras clientelares.
La palabra “instalada” funciona como metáfora brutal de algo que sí es verificable: el Estado mexicano opera, desde hace años, con niveles de captura por grupos de interés —legales e ilegales— que vacían de contenido la idea clásica de soberanía democrática.
No hace falta compartir el complot trumpista para admitir que una parte importante del poder en México no emana del voto libre, sino del control territorial, de la violencia y del financiamiento opaco.
“Si tuvieran un buen presidente, México no estaría dirigido por cárteles”
Aquí Trump simplifica, pero no del todo se equivoca en el diagnóstico de fondo: la sensación de que México “está dirigido por cárteles” no es solo percepción, sino experiencia cotidiana en regiones donde mandan más la plaza, el comandante local o el jefe de sicarios que cualquier autoridad constitucional.
Pensar que basta “un buen presidente” es ingenuo, pero negar que la presidencia y el aparato federal forman parte de esa ecuación de poder que nos lleva a otra de carácter politico y que explica lo que actualmente sucede.
Lo que su frase deja al descubierto es esto: si el centro político estuviera decidido a romper con la lógica de pacto con el crimen, el país no estaría como está.
No todo depende de un individuo, pero sí es cierto que ha habido presidentes que administran la convivencia con los cárteles en lugar de enfrentar la estructura que los hace posibles.
El Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica,ademas vocero de seguridad de Tamaulipas, Willy Zúñiga Castillo, salió este fin de semana a darle abrazo público al gobernador de Morena Américo Villarreal,esto tras las acusaciónes ventiladas por Steve Fisher, periodista de Los Ángeles Times ligando al mandatario investigaciones de EE.UU por trafico de huachicol.
Pero no habló como funcionario, habló como deudor: “respaldo incondicional”, “fortalecimiento de las instituciones”, “Estado de Derecho”. El problema es que, en su propio historial, el único “Estado” que parece conocer de cerca es el penal de Ciudad Victoria.
El mismo funcionario que hoy se desvive en loas al mandatario que le dio el empleo, fue acusado de secuestro y el expediente fue tan dolosamente mal armado ,que tuvieron que sacarlo por la puerta legal de emergencia.
El comunicado: Willy, palero institucional
El pronunciamiento oficial de apoyo a Americo que firma Willy Zúñiga Castillo es el típico rosario burocrático: “respaldo incondicional al gobernador”, “fortalecimiento de las instituciones”, “paz y seguridad”, “Estado de Derecho”, todo bajo el sello de la Secretaría de Seguridad Pública.
En el texto se arrodilla políticamente frente a Américo Villarreal, reconociendo su “compromiso” y prometiendo contribuir a un “Tamaulipas más seguro”, con instituciones sólidas y servidores “comprometidos con servir a la ciudadanía”.
No es un mensaje técnico, tampoco oficial y menos de seguridad,es un acto de fe: se declara soldado del gobernador garante del orden, la legalidad y la gobernabilidad, justo cuando lo que se discute públicamente son los vínculos criminales del gobierno de Américo exhibidos en investigaciones periodísticas, incluida la cobertura de Los Angeles Times sobre el trafico de huachicol,que derivaron ya en el retiro de su visa, pero le abren la puerta para que continue su labor de informante.
El perfil de Willy : del antisecuestros al anti-escrúpulos
El texto de Revista Vertical recuerda que a Willy Zúñiga, alias “Ladrillo”, no lo inventaron los memes: lo acusaron de privar de la libertad a una persona y estuvo encarcelado hace alrededor de diez años, para luego ser reciclado como Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y vocero del gobierno de Tamaulipas.
La crónica detalla que, cuando trabajaba en Hidalgo, Tamaulipas, él y Pedro Efraín González Aranda, entonces director de Averiguaciones Previas, terminaron casi dos años presos en el penal de Ciudad Victoria por un secuestro cometido en estado de ebriedad, identificado directamente por la víctima después del pago del rescate.
De los antecedentes del caso, los que no han sido borrados pues estan fuera de su control, quedaron asentados en expedientes federales de solicitudes de amparo por parte de los detenidos a los que podemos acceder en su totalidad y que alejan cualquier pensamiento que gire en torno al infundio,los ataques a la soberanía, lo poco patriotas o la ultraderecha gringa.
Gonzalez Aranda,otro de los detenidos con Willy, tambien fue recientemente reciclado, pues el pasado mes de Marzo fue nombrado Vicefiscal de Delitos de Alto Impacto y Violaciones a Derechos Humanos por el Fiscal General Jesus Eduardo Govea Orozco,tambien detenido en 2002 por servir al Cartel del Golfo,solo que el permaneció solo 7 meses preso en el penal federal de La Palma,hoy del Altiplano.
Según la informacion, «en el reclusorio no se arrepintieron,se perfeccionaron” y siguieron estudiando con la gente del crimen organizado, hasta que el Supremo Tribunal de Justicia los liberó por expedientes mal integrados, y más tarde reingresaron a la Procuraduría de Tamaulipas ya con expediente y antecedentes “borrados”, incluida una orden de reaprehensión que habría sido literalmente quemada.
Vertical añade que Willy terminó como coordinador antisecuestros, director de delitos de alto impacto, fiscal en desapariciones y luego rector de la Universidad de Seguridad y Justicia a la llegada de Américo Villarreal, al tiempo que crónicas lo señalan por operar con “su propia banda” para arreglar rescates, antes de volver a Tamaulipas para cobrarle el favor político a Américo y convertirse en su vocero de Seguridad.
El contexto: por qué le sirve a Américo
Vertical apunta que Willy no llega a Américo por mérito moral sino por utilidad política: le prometió al gobernador que ahora es “nueva fuerza de Morena” pese a su pasado priista y, sobre todo, que ya “se estaba portando bien”, y a cambio se le paga un favor personal con cargos clave en seguridad.
En un escenario donde medios nacionales e internacionales han ventilado señalamientos sobre la relación del actual gobierno con estructuras criminales,como lo hizo el propio Salvador Garcia Soto,de El Universal, con Willy Zuñiga, tener como vocero de seguridad a alguien con acusaciones tan graves de secuestro, prisión previa y expedientes borrados no es un descuido, es un mensaje: la lealtad cuenta más que la reputación.
Por eso su respaldo “incondicional” al gobernador no es una expresión de ética pública, sino una confesión de dependencia política: el hombre al que el sistema sacó del penal, recicló en las fiscalías, acomodó en la universidad de seguridad y sentó frente a la cámara como vocero, hoy devuelve favores blindando al gobernador en pleno fuego mediático.
Desmenuzando el contraste: la moral de cartón
Cuando el comunicado habla de “fortalecer las instituciones”, Vertical recuerda que a Willy le borraron antecedentes, expediente y hasta una orden de reaprehensión, justo el tipo de manipulación institucional que destruye cualquier Estado de Derecho.
Cuando en el boletín dice que se privilegia “la legalidad y el bienestar de los tamaulipecos”, el texto de Vertical relata que un fiscal antisecuestros terminó en el penal por secuestrar, y que su paso por prisión fue escuela para perfeccionar su relación con el crimen organizado.
Cuando el pronunciamiento presume “instituciones sólidas con hombres comprometidos con servir a la ciudadanía”, la crónica cuenta que esos mismos hombres regresaron a la Procuraduría con el pasado “limpiado” a conveniencia, y luego fueron premiados con cargos de alto impacto y control de información sensible.
Así, el mensaje oficial sin fecha y sin firma, intenta vender a Willy como garante del “Estado de Derecho”, mientras el relato periodístico lo ubica como producto de un Estado de chueco: uno que encarcela, negocia, borra expedientes y luego recicla a sus propios fantasmas en puestos de poder.
La Secretaría de Marina (Semar) asignó la vigilancia de los puntos de inspección y salas de espera de las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), que recibirán a los visitantes extranjeros en pleno Mundial, a dos compañías que han tenido como socios y operadores a presuntos integrantes de una red de tráfico de armas.
Una de ellas es SERPROSEP S.A. de C.V. que, de acuerdo con actas mercantiles en poder de MCCI, ha tenido como accionistas a Jorge Enrique Alberts Ponce, alias «Yoryi», y a Sandalio Alfonso Sainz de la Maza Zúñiga, señalados por la Fiscalía General de la República (FGR) como miembros de la organización criminal encabezada por Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo.
Por este caso, Alberts Ponce incluso cuenta con una orden de aprehensión en su contra por el delito de delincuencia organizada en su modalidad de tráfico de armas e hidrocarburos.
La otra de las compañías beneficiadas con contratos para resguardar el AICM es Armour King S.A. de C.V., donde Alberts Ponce es apoderado y Sainz de la Maza Zúñiga aparece desde su constitución como comisario, además de que comparte a otros funcionarios con SERPROSEP.
Las actas mercantiles muestran que ambas compañías han alternado a un reducido grupo de personas en los cargos de socios, administradores, comisarios, apoderados y delegados.
José Ángel Gómez Hernández fue socio fundador y primer administrador en las dos empresas; Oscar Humberto Bistrain Tenorio, fue accionista inicial de SERPROSEP, y designado apoderado de Armour King en la misma asamblea en que se dieron poderes a Alberts Ponce, mientras que Christian Pablo Varela Escobedo aparece como representante recurrente en asambleas de ambas compañías, además de fungir como representante legal en SETER, otra compañía de seguridad que según la FGR era usada para traficar armas.
Las dos compañías contratadas por la Marina para la seguridad de ambas terminales del aeropuerto capitalino han reportado como su domicilio una casa ubicada en la calle Séneca 350 en Polanco, inmueble que es propiedad del hijo de Julia Abdalá Lemus, pareja de Manuel Bartlett. Esa misma propiedad, como reveló MCCI, también la ha ocupado la empresa Acurgen, en la que son socios Alberts Ponce y Sainz de la Maza Zúñiga.
MCCI revisó la totalidad de las actas que SERPROSEP y Armour Kingtienen inscritas en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, y constató que entre los documentos disponibles para consulta no existe ninguno que dé cuenta de la salida de Alberts Ponce y de Sáinz de la Maza Zúñiga de esas empresas.
En junio de 2025, la Marina otorgó a SERPROSEP un contrato por cerca de 317.3 millones de pesos para otorgar el servicio de seguridad y vigilancia en los puntos de inspección de personas y salas de espera en el área internacional de la Terminal 1. El contrato tiene una vigencia de dos años, hasta mayo de 2027.
Mientras que Armour King recibió también en junio de 2025 tres contratos que suman más de 877.6 millones de pesos. Dos de ellos son para vigilar la zona perimetral, el control de accesos, así como puntos de inspección de personas y salas de espera del área nacional en la Terminal 1, mientras que un tercer contrato incluye la seguridad de la zona perimetral y control de accesos de la Terminal 2.
LOS EMPRESARIOS Y PRESUNTOS TRAFICANTES
De la causa penal que la Fiscalía General de la República sigue contra esta red de tráfico de armas y huachicol, se desprende que Jorge Enrique Alberts Ponce y Sandalio Alfonso Sainz de la Maza Zúñigaoperaban el contrabando de armamento por medio de empresas de seguridad privada que administraban.
Para ello -siempre según el expediente de la FGR-, mantenían comunicación con integrantes de organizaciones criminales, como se detalla en llamadas intervenidas que se encuentran en el expediente.
El grupo, encabezado por Alberts Ponce y por Jacobo Reyes León, alias «Yaicob», surtía de armas rematriculadas a cárteles de la droga; según el expediente de la FGR, recibían el armamento con licencias de portación a nombre de Comercializadora de Bienes Segurimex, Servicios Terrestres de Seguridad Privada (SETER) y Servicios Especializados de Investigación y Custodia (SEICSA), compañías controladas por Alberts Ponce. De esta forma, los criminales evitaban ser detenidos en flagrancia por fuerzas del orden.
Alberts Ponce habría realizado estas actividades delictivas en coordinación con personas bajo su mando directo, entre ellas Sandalio Sainz, quien ha sido su socio en SERPROSEP y con quien participa también en Armour King, ambas encargadas de vigilar las instalaciones del AICM.
«De la misma intervención de comunicaciones del número telefónico de Jorge Alberts Ponce, se advierte el cómo dirige su actividad criminal, el tráfico y venta de armas de fuego Jacobo es el encargado de ver todo en Tamaulipas en donde están armando a la persona con alias el CAPE o CAFEX, quien es un líder del Cártel del Golfo, aunado a que también apoyan a gente de Tijuana para que les hagan entrega de las armas de fuego», se lee en el expediente.
En distintas partes de la causa penal se hace referencia a múltiples comunicaciones donde los involucrados, entre ellos Alberts Ponce, alias «Yoryi», hablan de la venta y renta de armas como revólveres y escopetas, operaciones en las que participa Sainz de la Maza Zúñiga, y del tráfico de licencias de portación de las mismas, que conseguían gracias a la colusión de miembros del Ejército.
Alberts Ponce, cuyas empresas ahora se encargan de vigilar las instalaciones del AICM, también incursionó en el tráfico de huachicol. Esto quedó de manifiesto en diversas conversaciones telefónicas interceptadas por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en las cuales se advierte que el empresario participa en la importación de hidrocarburos que la red ingresaba al país ilegalmente desde Guatemala.
POSTURA DE MARINA
MCCI contactó el 5 de junio a la Secretaría de Marina -que opera y administra el AICM– y se le hizo llegar un cuestionario donde se le preguntó si la dependencia tenía conocimiento de que Jorge Enrique Alberts Ponce y Sandalio Alfonso Sainz de la Maza Zúñiga son señalados por la FGR como presuntos operadores de una red de tráfico de armas.
MCCI también preguntó a la Marina si desconocía que Alberts Poncecuenta con una orden de aprehensión en su contra y si no considera que existen riesgos en que compañías vinculadas a presuntos traficantes de armas tengan a su cargo la seguridad aeroportuaria.
El sábado 6 de junio, la Marina, a través de la Dirección General del Grupo Aeroportuario, contestó que «de ser el caso, se dará vista a los órganos fiscalizadores con los señalamientos que hoy se conocen a efecto de que, en el ámbito de sus atribuciones se realicen las investigaciones respectivas y determinen lo conducente».
La dependencia también dijo que «hasta no contar con una determinación firme por parte de una autoridad jurisdiccional, no se puede presumir un riesgo al cumplimiento de los derechos y obligaciones que adquirieron las partes al momento de formalizar los instrumentos jurídicos respectivos».
BAJO LA LUPA
En junio de 2025, la Marina otorgó cuatro contratos para vigilancia en el AICM a empresas cuyos socios son investigados por la FGR:
Porque nada grita más “justicia para todos” que un servicio de valet parking exclusivo para los altos mandos, el Poder Judicial que llegó por la via del acordeón decidió que caminar unos metros desde el estacionamiento es, aparentemente, una carga inconstitucional.
Mientras el discurso oficial insiste en la austeridad republicana, en los pasillos de mármol parece que la prioridad es otra: que ministros, magistrados y compañía no tengan que lidiar con el mundano acto de estacionar su propio coche. ¿El argumento implícito? Que su tiempo es demasiado valioso… aunque las sentencias tarden años.
En la licitación OAJ/SEA/ DGRM/ITP/011/2026, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) argumentó que la contratación de este servicio proporcionará el acceso a personal capacitado y equipos adecuados asegurando que los trabajos se realicen con eficiencia y utilizando los productos correctos.
El detalle no es menor. En un país donde la justicia suele llegar tarde, mal o nunca, la preocupación logística de las élites judiciales revela una desconexión bastante grotesca con la realidad. Para el ciudadano común, el acceso a la justicia implica filas interminables, trámites opacos y resoluciones que se evaporan en la burocracia. Para la cúpula, en cambio, el problema urgente es quién les recibe las llaves del auto.
El famoso “acordeón” —ese mecanismo ilegal que los empoderó, ahora ya en el cargo parece extenderse también a los privilegios cotidianos. Porque no basta con el poder: hay que administrarlo con comodidad.
Y así, mientras afuera se acumulan expedientes, víctimas y pendientes, adentro se afinan los detalles del servicio de valet. No vaya a ser que la justicia llegue… pero con los zapatos incómodos.
Al final, el mensaje es claro: hay dos velocidades en el sistema judicial. Una para quienes esperan justicia, y otra —mucho más ágil— para quienes exigen que les estacionen el coche.
