La publicación de esta imagen que hemos mejorado, inicialmente filtrada en redes por parte de @FuriaNegra77, le pone nombre, camisa y mesa de madera al caos mas reciente en Camargo,en la frontera chica de Tamaulipas: el sujeto de la izquierda, ahora identificado como Abelardo Arellano,alias “El Ave”, ya no es solo mote recurrente en los reportes de «levantones,ejecuciones y extorsiones», sino operador de carne y hueso sentado muy cómodo mientras la región Ribereña de Tamaulipas se compunge por sus acciones y las omisiones y complicidades del gobierno de Morena de Americo Villarreal.
En la narrativa criminal de la zona, @FuriaNegra77 no se equivoca,es un takuache de segundo nivel en Camargo ,pero de «primerísima“ linea con con Noe Morfin,alias el «R8» y afamado «Sanchez» jefe de plaza que junto con el «Primito» y el «Mofles» se vincularon a la traicion que terminó en ejecucion del jefe de plaza en Diaz Ordaz,que ha desencadenado pugnas y desordenes.
La imagen lo exhibe en modo relajado, copa en mano, mientras las líneas de investigación lo pintan como quien ordena quemar llantas y cerrar carreteras, pues su jefe de plaza «no asiste a la plaza» e igual que Cesar Morfin el «Primito», despachan desde Jalisco en las verijas del CJNG y desde la app cifrada de «Silent».
La filtracion del rostro del «AVE» no es cosa menor,es el primer paso para acotarles el libre transito como preámbulo a la captura de un sujeto «AVEcindado» en la frontera chica al servicio de los «Primitos».
Aunque si se le escarba tantito,tambien el Secretario General del Gobierno,Hector Joel Villegas,alias «Calabazo» ligado a estos personajes.
Que “El Ave” salga retratado así, ligado al Sánchez, al Primito y a la facción michoacana que se apodero de Camargo, debe ser el preámbulo de la captura para que estos rostros pasen del VIP del narco a la galería de procesados.
Un tipo va manejando, charla de cualquier cosa con su esposa, quizá discuten qué pedir de cena o si ya pagaron la luz… y en milésimas de segundo el universo le contesta con un airbag, una bolsa de aire en la cara y cuerpo. Un segundo estás hablando de tonterías, al siguiente estás mascando polvo y tratando de recordar en qué momento tu vida se convirtió en una escena borrada de “Rápido y Furioso”.
El golpe que no sale en la agenda
La vida real no manda correo previo ni pone recordatorio en el calendario: sólo te estampa otro coche en la puerta y a ver cómo lo administras. Uno va en piloto automático, confiado, domesticado por la rutina, como si cada trayecto viniera con garantía extendida de “llegar vivo”. Pero basta un semáforo en rojo que alguien decide ignorar, un WhatsApp que otro imbécil decide contestar, para que el piso se mueva y te acuerdes de que tu cuerpo es hueso, carne y suerte, no armadura.
La trampa del “un viaje más”
Nos creemos muy importantes, planificando semanas, proyectos, jubilaciones, como si el futuro fuera un checklist, no una apuesta. Y luego llega un choque así, absurdo, sin banda sonora épica, y te enseña que tu gran “plan de vida” depende de que un desconocido no vaya mirando TikTok a 80 por hora. Lo verdaderamente obsceno no es el impacto, sino lo rápido que después volvemos a manejar igual, creyendo que lo frágil es “lo de los demás”, nunca lo nuestro.
Manual mínimo para no vivir dormidos
No se trata de volverse paranoico ni de rezarle al airbag antes de arrancar, pero sí de dejar de tratar cada trayecto como si fuera relleno entre cosas “importantes”. Manejar con atención, abrocharse el cinturón, bajar la velocidad, no distraerse con el celular, son gestos ridículamente simples comparados con el peligro que se arma cuando fallan. La vida no te va a mandar un corto: sólo la película completa, sin aviso, y tu única herramienta real es estar presente mientras ocurre.
La incomodidad necesaria
Escenas como esa incomodan porque tiran la mesa donde acomodamos nuestra fantasía de control: demuestran que puedes hacer “todo bien” y aun así depender del azar ajeno. Pero también dejan algo brutalmente honesto: si cada día es tan frágil, entonces cada día es, por definición, demasiado valioso como para vivirlo en modo “siguiente, siguiente, siguiente”. El auto se arregla o se cambia; la pregunta incómoda es otra: ¿qué carajo estás haciendo con los minutos que todavía no han rebotado contra ningún parabrisas ?.
Alberto “Beto” Granados, el alcalde «Moreno-Escorpión» de Matamoros, quiso venderle a sus ciudadanos gobernados por el crimen organizado, la épica del alcalde héroe que “ya está harto del cobro de piso”, pero de este lado del Río,ni del otro en Texas,le compraron el guion «made in la tatema» de Alfredo Cardenas,alias El Contador».
El alcalde escorpión y su mapa con GPS chueco
En conferencia, Beto se paró gallito para anunciar un “operativo” contra la extorsión, con Sedena, Marina y Fiscalía, jurando por el «osito bimbo» que los que cobran piso “operan fuera de Matamoros” y llegan con documentos falsos.
Traducción al cristiano: la extorsión no es del ayuntamiento,no son de la casa «Escorpion»; el problema, según su relato de novela policiaca de vaqueros, viene del sur de Tamaulipas, como si Matamoros fuera un convento sitiado por forasteros que se hartaron de cobrar cuota en sus lugares de origen y llegaron con turismo extorsivo a la frontera dominada por «Escorpiones» que dominan al alcalde.
Pero todo mundo sabe que en Matamoros no se mueve una hoja, una ruta de cobro, sin que lo registre la caja registradora del grupo que manda en la plaza y cobra por toda actividad licita e ilícita.
Dicho sin anestesia: la ciudad es bastión histórico de la facción ligada a El Contador ligado a «Beto», heredero del legado de Osiel con el que ahora antagoniza, y en un territorio así no hay extorsión masiva sin la venia del dueño del changarro.
Si el alcalde jura que el cobro de piso es “sureño”, lo que está diciendo entre líneas es: “aquí los de Matamoros no son el problema, el Contador es buena persona, cuando esta dormido”.
Del otro lado del río tampoco le creen
Y por si fuera poco, ni dentro ni fuera de México se tragan el cuento del alcalde sincero y bueno, rodeado de malos.
La informacion publicada por Breitbart en Texas, subraya que Matamoros está hundida en corrupción y extorsión, con autoridades municipales que históricamente han servido de ventanilla recaudadora para el Cártel del Golfo.
En ese contexto, es un acto propio de sinverguenzas que el mismo alcalde que tiene en la nomina a la familia del «Cartel y sus recomendados» salga a anunciar una cruzada contra la extorsión mientras culpa a “gentes del sur” suena, visto desde la frontera y desde Texas, a clásico político embarrado intentando venderse como parte de la solución cuando es parte del ecosistema criminal que los prohija y sostiene.
Es decir:
En Matamoros, todo tipo de comerciantes denuncian cobro de piso, cuotas y extorsión sistemática; Beto primero lo negaba, ahora acepta que sí hay, pero la culpa es de los “externos”.
Pero del otro lado del río ,al que ya no pasa porque después de interrogarlo 8 horas en la garita de entrada a Brownsville, las autoridades norteamericanas le tumbaron la visa, lo pintan como otro alcalde de región caliente que se sube tarde al discurso anticorrupción, cuando ya todos saben que la línea entre Palacio y plaza está más borrosa que nunca.
Morena, el escorpión y el plan con maña
Granados no es un francotirador aislado: es alcalde de Morena en una ciudad donde el control territorial histórico del CDG que lo llevó al poder se sigue mezclando con cuadros políticos alineados con el proyecto estatal y federal, de tal suerte que la narrativa “sureña” de la extorsión no se sostiene porque la alcaldía misma es un apéndice del CDG.
No es un alcalde hablando de seguridad:
Es un funcionario que, al acomodar el relato, se coloca como actor político-funcional a un bando criminal en un momento en que operativos federales contra extorsión han pegado a otros alcaldes como el de Tequila Jalisco,entre otros funcionarios en el país, exhibiendo cómo la ventanilla municipal sirve para exprimir negocios a nombre del narco y consecuentarlos en todo.
El problema es que cuando un alcalde escorpión toma partido con el micrófono, las balas suelen encargarse del resto; y en Tamaulipas, cada vez que un político presume que “ya se hartó” de la extorsión, el que realmente termina pagando es el comerciante que abre la cortina mañana a las ocho.
Morena, el partido en el poder, está en guerra contra sí mismo: Julio Scherer contra Jesús Ramírez Cuevas; Mario Delgado contra Marx Arriaga; Pablo Gómez contra Manuel Velasco; Rafael Marín Mollinedo contra Mara Lezama; Saúl Monreal contra Alfonso Ramírez Cuéllar; Adán Augusto López contra el mundo entero. Los pragmáticos contra los puros. El movimiento de la Cuarta Transformación está implosionando.
Uno de los ejemplos más significativos de esta guerra civil es la cruzada de la presidenta Claudia Sheinbaum para hacer de Adán Augusto López un ejemplo de disciplina. El ex secretario de Gobernación, “hermano” del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, pactó una alianza electoral con “Andy” López Beltrán y está impulsando una agenda de movilización sin autorización de Palacio Nacional. Contra la indicación de la presidenta Sheinbaum, Adán Augusto López insiste en colocar a Andrea Chávez como candidata a la gubernatura de Chihuahua. La respuesta del gobierno federal no tardó en llegar.
La semana pasada, un operador financiero del senador de Morena fue arrestado en Tabasco. La detención pasó desapercibida en medios, pero fue confirmada a Código Magenta por un antiguo colaborador de una red de empresas vinculadas a Adán Augusto López. El arresto pone bajo tela de juicio a la constelación de empresas fachada que fueron beneficiadas con contratos públicos en el Senado por intermediación directa de Jorge Alberto Medina González, mano derecha de Adán Augusto López y ex director general de Recursos Materiales de la cámara alta. En Tabasco, la detención se entendió como un mensaje.
Días más tarde, N+ Televisa publicó un reportaje en el que revela cómo se desviaron por lo menos 10 millones de pesos del Instituto de Vivienda de Baja California Sur para financiar la precampaña presidencial de Adán Augusto López en el 2023. No es casualidad que el gobernador del estado, Victor Castro Cosío, sea señalado como uno de los beneficiaros de la estructura de financiamiento ilegal de campañas electorales operada por el empresario Sergio Carmona en 2021. Los gobernadores que llegaron al poder con dinero del huachicol fiscal terminaron como alfiles de Adán Augusto López en la contienda interna por la candidatura presidencial de Morena.
El expediente de Sergio Carmona es objeto de interés del aparato de justicia de Estados Unidos. Julio Carmona, hermano de Sergio y ex administrador General de la Aduana de Reynosa, se entregó a las autoridades norteamericanas y funge como testigo colaborador, de acuerdo a una fuente con conocimiento del asunto consultada por Código Magenta.
La presión de Washington fue clave para que la presidenta Claudia Sheinbaum ordenara la remoción de Adán Augusto López como coordinador de la bancada de Morena en el Senado. ¿Es casualidad que el gobierno haya vetado al senador morenista de operar electoralmente en los estados de la Primera Circunscripción Electoral, es decir, las entidades que en 2021 fueron beneficiadas con financiamiento de la red de Sergio Carmona?
Esta semana, el gobierno filtró una decisión trascendental en relación al proceso electoral de 2027. Ricardo Monreal, un político pragmático que el año pasado tuvo un serio desencuentro con Adán Augusto López, será el responsable de coordinar las campañas de Morena en los estados de la Primera Circunscripción: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco Nayarit, Sinaloa y Sonora. El mensaje para Adán Augusto López no podría ser más claro. En público, la presidenta Sheinbaum sostiene que no existen investigaciones en contra del ex secretario de Gobernación. En privado, sin embargo, el gobierno federal se ha volcado contra Adán Augusto López.
En septiembre de 2025, cuando N+ Televisa publicó un reportaje con datos confidenciales bajo control del SAT sobre las omisiones mutlimillonarias de Adán Augusto López, el senador lanzó una amenaza implícita contra la presidenta Sheinbaum: “Yo sí sé de parte de quién y de quiénes, sé por qué lo hacen, pero como decimos en el pueblo: ‘a todo santo, le llega su capillita’… yo soy parte fundamental en un movimiento, y desde luego, todo este tipo de ataques, llevan a un solo objetivo, dañar el movimiento. Ahora resulta que el pato mayor le tira a las escopetas”. Meses más tarde, el fuego amigo de Palacio Nacional alcanzó a Adán Augusto López.
En los hechos, la presidenta Claudia Sheinbaum está desplazando del mapa político al grupo de “Los Puros”, al ala más radical de Morena, la más leal al ex presidente Andrés Manuel López Obrador. En su libro, “Ni venganza, ni perdón”, el ex consejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer Ibarra, acusa implícitamente a esta facción de lavado de dinero, desvío de recursos públicos y colusión con la delincuencia organizada. Scherer narra la conexión del ex vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, con el empresario huachicolero, Sergio Carmona. Ramírez Cuevas fue quien le abrió las puertas de Palacio Nacional. El ex consejero jurídico también ofrece una imagen nítida de cómo Ramírez Cuevas financió ilegalmente la campaña de Clara Brugada a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, una jugada que le costará 27 mil millones de pesos a los contribuyentes mexicanos. Asimismo, Scherer describe cómo “Andy” López Beltrán colocó a decenas de sus amigos en posiciones de poder, particularmente en funciones relevantes para la asignación de contratos públicos. Antes de publicarse, el libro fue consultado con Presidencia.
El despido de Marx Arriaga, el protegido de Beatriz Gutiérrez Müller en la Dirección de Materiales Educativos de la SEP, y la remoción del obradorista José Romero como director del CIDE complementan el rompecabezas: Palacio Nacional se está deshaciendo de los radicales.
En el fondo, estos conflictos son producto de la tensión permanente entre la herencia política de Andrés Manuel López Obrador y el intento de la presidenta Claudia Sheinbaum por ejercer el poder. La remoción de Adán Augusto López de la bancada de Morena en el Senado, el rompimiento con la política de “abrazos no balazos” y el empoderamiento de Omar García Harfuch como el eje del aparato de seguridad nacional representan quiebres silenciosos de la inquilina de Palacio Nacional respecto a su antecesor.
La firma de análisis político León Barrena Rodríguez and Partners lo pone de esta manera: “Morena está entrando en una fase de fragmentación abierta impulsada por una restricción externa más que por una evolución ideológica interna. La presidencia de Sheinbaum está priorizando la supervivencia del régimen y la contención internacional por encima de la cohesión del movimiento, bajo presión directa de Estados Unidos, que ha dado señales de haber seleccionado ya a Omar García Harfuch como el sucesor aceptable y garante de seguridad. La amenaza implícita de la Administración Trump es clara: alineamiento político o escalada militar. Sheinbaum ha optado por el alineamiento”.
Sin embargo, la respuesta de Palenque, a veces por medios violentos, amenaza la estabilidad del país. El asesinato de dos familiares de Mario Delgado, el ex dirigente nacional de Morena que tuvo relación directa con el esquema de huachicol fiscal de Sergio Carmona, es un recordatorio de que el poder tras las sombras utiliza la violencia como divisa. La sangría de Morena apenas está por comenzar.
Los “jueces sin rostro” son la última genialidad de un sistema que pretende combatir al crimen organizado tapándose la cara, pero dejando intacta la corrupción, el nepotismo y la puerta giratoria de la impunidad.
Por qué la figura es tóxica para un juicio justo
En cuanto tú le quitas el nombre y el rostro al juez, le quitas al acusado la posibilidad de cuestionar su idoneidad, independencia o imparcialidad; no puede saber si ese juzgador fue abogado de un cártel, compadre de un gobernador o pieza de un grupo político.
La Corte Interamericana ya lo dijo clarito en casos contra Perú: los tribunales “sin rostro” violan el artículo 8.1 de la Convención Americana porque impiden conocer quién juzga, recusar, y garantizar que sea un tribunal independiente e imparcial.
El truco del anonimato convierte al juicio en acto de fe: “créeme que soy independiente, pero no puedes saber quién soy, ni de dónde vengo, ni a quién le debo el cargo”. Eso no es justicia, es liturgia de oscuridad con toga.
La experiencia internacional: del “remedio” al desastre
Perú y Colombia ya jugaron este experimento: en el contexto de terrorismo y crimen organizado se montaron tribunales sin rostro y terminaron con cientos, incluso más de mil personas inocentes condenadas, al grado de que la propia Corte IDH y organismos de derechos humanos obligaron a desmontar el modelo.
Amnistía Internacional documentó en Perú alrededor de 700 casos de personas inocentes encarceladas por jueces sin rostro y organizaciones locales estimaron hasta 1,400; al final, el mecanismo se retiró por inhumano y arbitrario, no por “falta de comunicación”.
El Salvador, en plena fiebre de régimen de excepción, retomó la fórmula: juicios sin presencia del acusado, identidad oculta de juzgadores, ampliación de prisión preventiva, incluso contra menores de 12 años, y un deterioro brutal de garantías básicas.
Moraleja internacional: cada país que mete jueces sin rostro acaba retirándolos con un costal de víctimas, condenas internacionales y sentencias de la Corte IDH recordándole que el estado de derecho no se defiende a oscuras, sino justamente con luz.
México: el anonimato como coartada perfecta de la corrupción
En México el problema no es que los jueces tengan rostro, es que tienen padrino: gobernadores que los “recomiendan”, partidos que los impulsan, redes familiares dentro del Poder Judicial, despachos que se reciclan en juzgados, y una larga tradición de favores procesales a políticos y narcos.
La corrupción judicial no se combate tapando caras, sino exhibiendo trayectorias: quién fue abogado de quién, quién ascendió por mérito y quién por cuota política, quién aparece en los expedientes como salvavidas de criminales de alto perfil.
Anonimizar a jueces en un país donde la opacidad es la regla es como darle pasamontañas a un ladrón y luego sorprenderte de que robe más tranquilo: se vuelve imposible rastrear patrones de resoluciones a favor de ciertos grupos, mapear redes de complicidades o vincular sentencias escandalosas con carreras políticas.
Cuando el Estado propone “proteger” a los jueces con anonimato, pero es incapaz de proteger a testigos, periodistas, defensores y víctimas, no está diseñando una política integral de seguridad: está construyendo un blindaje selectivo para un eslabón del sistema que además ya opera bajo altos niveles de impunidad interna.
Lo que dicen las y los especialistas (y lo que se lee entre líneas)
Mercedes Carbonell recuerda que los países que implementaron esta medida terminaron por retirarla; es una figura con fecha de caducidad porque choca frontalmente con los estándares interamericanos y genera más daño que protección]
María Luisa Aguilar, del Centro Prodh, admite que el Estado debe proteger a quienes imparten justicia, pero subraya que el anonimato judicial es incompatible con los principios básicos del juicio justo: si el procesado no sabe quién lo juzga, no puede cuestionar competencia, independencia ni imparcialidad.
Cristina Reyes Ortiz advierte que regular mal la figura abre la puerta a un uso expansivo y autoritario: lo que empieza como “excepción contra el crimen organizado” termina siendo herramienta para perseguir disidencia, criminalizar pobreza y atacar oposición política, tal como pasó en Colombia y Perú.
Del otro lado, voces como Rubén Pacheco Inclán hablan de “viabilidad” en México por el riesgo que enfrentan jueces, pero su solución es el bisturí de carnicero: en vez de exigir protección real, investigación de ataques, castigo a agresores y depuración interna, promueve una máscara procesal que deja al ciudadano viendo un teatro de sombras.
La idea del “comité ético” que autorice el anonimato suena muy institucional hasta que recuerdas dónde estás: México, donde los comités se llenan de cuotas y lealtades, y donde las decisiones “técnicas” muchas veces son políticas con corbata.
Por qué no debe aplicarse en México (y por qué no va a funcionar)
Porque viola estándares internacionales ya probados
La Corte Interamericana tiene una línea sólida: tribunales sin rostro violan el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial, con garantías de defensa; México está obligado por la Convención Americana y por esa jurisprudencia.
Adoptar jueces sin rostro sería un retroceso reconocido como tal: académicos y organizaciones han señalado que esta reforma implica echarse décadas para atrás en materia de derechos humanos y debido proceso.
Porque el verdadero problema de seguridad no se resuelve con anonimato
La experiencia comparada muestra que la figura no garantiza seguridad real: en países donde se aplicó, la violencia contra operadores de justicia no desapareció; lo que sí creció fueron las violaciones de derechos y la opacidad.[
Proteger a jueces implica investigar y sancionar agresiones, robustecer escoltas, reforzar infraestructura, depurar cuerpos policiales, no esconder nombres en expedientes mientras los cárteles siguen sabiendo perfectamente quién firma qué.
Porque en un sistema corrupto, el anonimato es gasolina, no freno
En México, donde hay denuncias de nepotismo y redes familiares en el Poder Judicial, y un largo historial de resoluciones que favorecen a élites políticas y criminales, ocultar la identidad de quienes deciden es facilitar el negocio, no proteger la justicia.
La reserva de identidad permitiría que jueces con vínculos turbios tomen decisiones cruciales sin escrutinio público, sin presión social, sin que víctimas, periodistas o académicos puedan documentar patrones de impunidad.
Porque abre la puerta al autoritarismo procesal
Una vez que normalizas el juzgar con identidad oculta, el siguiente paso es ampliar los supuestos: hoy “crimen organizado”, mañana “terrorismo”, pasado mañana “seguridad nacional”, y pronto cualquier caso incómodo puede terminar ante un tribunal opaco.
La experiencia de El Salvador ya mostró cómo, bajo la narrativa de seguridad, se pueden usar este tipo de figuras para encarcelar masivamente, incluidas personas menores de edad, con mínima o nula capacidad de defensa.
Porque choca frontalmente con la exigencia de transparencia en un país de impunidad crónica
México no necesita jueces sin rostro; necesita jueces con historia pública rastreable, declaraciones patrimoniales creíbles, audiencias transmitidas, resoluciones completas accesibles y mecanismos reales para recusar y sancionar.
En un país donde la ciudadanía ya desconfía de ministerios públicos, fiscalías y tribunales, pedirle que confíe en decisiones de alguien a quien ni siquiera puede identificar es casi una burla institucional: “confía en mí, pero no preguntes quién soy”.
En resumen: los jueces sin rostro venden la ilusión de seguridad de los juzgadores mientras compran, a muy buen precio, más opacidad para un sistema judicial que ya es experto en esconder la impunidad detrás de sellos, tecnicismos y puertas cerradas. En México, donde la corrupción judicial tiene nombre, apellido y padrinos, la solución no es borrar el rostro del juez, sino exhibirlo por completo junto con su trayectoria, sus decisiones y sus vínculos.
Atención, ciudadanos contribuyentes, pagadores de impuestos, víctimas del sistema y demás especímenes de buena fe que aún creen en la justicia mexicana: el mecanismo está completo. Perfectamente engrasado. Blindado con triple cerradura y sellado con lacre presidencial. Porque si todavía les quedaba duda de cómo opera la fábrica de impunidad más exitosa del continente, la presidenta Sheinbaum y su secretaria anticorrupción, Raquel Buenrostro, lo dejaron clarito como agua de manantial corrupto.
El triple descaro, desglosado para los incrédulos
Primer descaro: «que presenten su denuncia». Así, tal cual, con el cinismo de quien te pide que llenes un formulario en una oficina que ya cerró. Le preguntaron a Buenrostro si no debería investigar las acusaciones de Julio Scherer Ibarra —el mismísimo exconsejero jurídico de López Obrador, no un anónimo tuitero— sobre lavado de dinero, narcopolítica, extorsión y corrupción en la 4T. ¿Y qué respondió la encargada de «combatir la corrupción»? Que la narrativa no es suficiente, que sin denuncia formal no hay investigación.
Y de remate, Sheinbaum le sopla la respuesta como maestra de primaria: «Que presenten su denuncia». Soberbio. Porque en México, los delitos como lavado de dinero, narcotráfico y extorsión se persiguen de oficio, es decir, la autoridad tiene la obligación constitucional de investigarlos tan pronto tiene conocimiento de los hechos, sin necesidad de que nadie presente denuncia.
Pero aparentemente el libro Ni venganza ni perdón, que ya va en varias reediciones y que acusa directamente a operadores clave del obradorismo de huachicol fiscal y financiamiento ilícito, no es «conocimiento suficiente».
Segundo descaro: la secretaria anticorrupción es parte del chiste. Resulta que en ese mismo libro, Scherer revela que la funcionaria que quiso investigar al hijo de Bartlett durante el sexenio de López Obrador fue corrida del cargo. Mensaje cristalino: no te metas o te va mal. ¿Y Buenrostro qué hace? En lugar de investigar, anuncia reformas para legalizar «agentes encubiertos» y proteger a denunciantes. Magnífico teatro: primero te dicen que sin denuncia no hay caso, y luego te prometen que algún día vas a poder denunciar con seguridad. Es como el bombero que prende el fuego y después te vende el extintor.
Tercer descaro: el circuito cerrado de la impunidad. Supongamos que eres valiente, temerario o simplemente ingenuo y decides denunciar. Aquí viene el laberinto kafkiano del morenismo:
¿Quién investiga? La Fiscalía General de la República, encabezada por alguien afín a Morena.
¿Quién juzga? Los jueces electos por voto popular en una reforma diseñada por Morena, donde el oficialismo arrasó con candidatos a modo.
¿Quién revisa? Los magistrados, que son de Morena.
¿Quién tiene la última palabra? La Suprema Corte, ahora presidida por Hugo Aguilar, exfuncionario del gobierno de López Obrador, en una corte que cerró la etapa de «confrontación» con el Ejecutivo para inaugurar la de «colaboración institucional».
¿Y si hay juicio político? El Congreso también es de Morena, con mayoría calificada suficiente para modificar la Constitución de manera unilateral.
El caso Manso: cuando sí denuncias y no pasa absolutamente nada
Para los que todavía crean que «presentar la denuncia» sirve de algo, ahí está el ejemplo del asesinato de Carlos Manso, alcalde de Uruapan y líder del Movimiento del Sombrero, acribillado a ocho balazos el 1 de noviembre de 2025 mientras se tomaba fotos con niños en la Plaza Morelos. Su viuda, Grecia Quiroz —ahora alcaldesa—, hizo exactamente lo que el gobierno pide: denunció formalmente ante la Fiscalía de Michoacán al senador Raúl Morón, al exalcalde Ignacio Campos y al exgobernador Leonel Godoy, los tres de Morena. El propio Manso los señaló decenas de veces en vida: «Si me pasa algo, son estos tres».
Resultado después de 109 días: ninguno de los tres ha sido siquiera citado a declarar. Ni para guardar las apariencias. Y la cereza del pastel presidencial: Sheinbaum tiró línea desde la Mañanera diciendo que «todo indica que fue delincuencia organizada», exonerando de facto a los morenistas señalados antes de que la fiscalía concluya la investigación.
El negocio redondo
Lo que tenemos, entonces, no es un sistema de justicia. Es una franquicia. Morena controla al que investiga, al que acusa, al que juzga, al que revisa y al que absuelve. Es el círculo perfecto de la simulación: te piden que denuncies sabiendo que la denuncia va a caer en manos del mismo partido del denunciado. Es como quejarte del servicio al cliente con el dueño del changarro que te robó.
Así que ya saben, morenistas de todas las cepas: si robaron, si se involucraron con el narco como Americo Villarreal o Ruben Rocha Moya y resto de animales politicos, si se hicieron huachicoleros, si desviaron recursos o si mandaron matar a alguien, pueden dormir tranquilos. El sistema está diseñado, afinado y perfeccionado para que no les pase absolutamente nada. La impunidad ya no es un defecto del sistema; es la función principal.
