Una ficha criminal,la del actual senador de Morena y conocido empresario farmacéutico Carlos Lomeli Bolaños,nos confirma otra vez, quienes estan al frente del pais,pues el aludido fue detenido en Estados Unidos y precisamente por venderle precursores químicos a su majestad el Cártel de Sinaloa,que los transforma en fentalino y luego em dinero,mucho dinero.
Sobre este señalamiento, existen documentos judiciales que vinculan a Lomelí con la venta de precursores químicos al Cártel de Sinaloa a través de su empresa Lomedic, según exagentes de la DEA y documentos publicados en 2021 y 2024.
Que dice el DOCUMENTO OFICIAL:
IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE WESTERN DISTRICT OF TEXAS EL PASO DIVISION
UNITED STATES OF AMERICA, Plaintiff, v. EP-10-CA-379-FM $602,324.00 in UNITED STATES CURRENCY, more or less from INTER NATIONAL BANK IN MCALLEN, TEXAS, ACCOUNT NUMBER 566896, $1,954,298.91 in UNITED STATES CURRENCY, more or less from PERSHING LLC ACCOUNT NUMBER 6MH-256279, A SUBSIDIARY OF BANK OF NEW YORK MELLON; AND $100,000.00 in UNITED STATES CURRENCY, more or less from a U.S. BANK NA ACCOUNT NUMBER 10477802891, Respondent Property.
ORDER GRANTING MOTION FOR DEFAULT AND FINAL JUDGMENT OF FORFEITURE AGAINST CARLOS LOMELI-BELANOS, KARIN LUCIA NAVARRO PEREZ, AND AGAINST ANY AND ALL OTHER POTENTIAL CLAIMANTS WHO WERE SERVED BY PUBLICATION
On this day, the Court considered the United States of America’s (“Government”) “Motion for Default and Final Judgment of Forfeiture Against Carlos Lomeli-Belanos, Karin Lucia Navarro Perez, and Against Any and All Other Potential Claimants Who Were Served By Publication” (“Motion for Default Judgment”) [ECF No. 15], filed December 28, 2010. On January 18, 2011, the Clerk of the Court entered his “Entry of Default Against Carlos Lomeli-Belanos, Karin Lucia Navarro Perez, and Against Any and All Other Potential Claimants Who…
Este documento judicial confirma que una corte federal en Texas otorgó la confiscación definitiva de fondos por más de 2.6 millones de dólares en cuentas asociadas a Carlos Lomelí-Belanos (Lomelí Bolaños) y Karin Lucía Navarro Pérez, tras no haber presentado defensa en el proceso.
Además, en 2011, una sentencia de un juez de Distrito en El Paso, Texas, señala que Lomelí confesó haber vendido precursores químicos para la producción de metanfetaminas y haber estado involucrado en lavado de dinero para dicho cártel. Como parte de un acuerdo, Lomelí sirvió como testigo para la justicia estadounidense y consintió la confiscación de 2.7 millones de dólares.
Quien es Lomedic y Karina Lucia
Lomedic es una de las más de 20 compañías que forman la red que tejió Lomelí en la última década, y que le permite operar un conglomerado farmacéutico en Jalisco y Karina Lucía Navarro Pérez, quien figura como socia de la empresa, y obtuvo 261 contratos entre 2010 y 2018,es su esposa.
Hoy Lomeli ,desde el Senado de la Republica y la cuarta transformacion,lo mismo promueve la elección Judicial,que legisla con el pueblo en el corazón.
Hasta el momento, no ha sido procesado ni sentenciado por estos delitos en territorio mexicano y aunque existen denuncias y solicitudes de investigación presentadas ante la Fiscalía General de la República,no hay intenciones de meterse con un Senador , quien mucho o poco,pero ha contribuido al actual estado de cosas que prevalece en Sinaloa.
En México, la frontera entre el poder político y el crimen organizado se difumina en expedientes, cuentas bancarias y acuerdos en la sombra; cuando empresarios y funcionarios pactan con el narco, la impunidad se convierte en la única ley vigente.
Hoy como ayer,la enfermedad de la impudemia se extiende como infección difícil de controlar y paradogicamente como ocurre hoy en Tamaulipas,son médicos quienes enferman mas al pais.
La noche de ayer miércoles 7 de mayo, Sinaloa vivió una nueva jornada de violencia con bloqueos simultáneos, ataques armados y vehículos incendiados en distintos puntos de los municipios de Culiacán, Navolato y Mocorito.
Los hechos incluyeron el uso de vehículos pesados para bloquear carreteras, incendios provocados, ponchallantas y la presencia de civiles armados que sembraron temor y parálisis en varias comunidades.
A pesar de la movilización de fuerzas estatales y federales, la realidad es que la autoridad se ha visto completamente rebasada ante la magnitud y coordinación de los ataques.
Las propias autoridades reconocieron públicamente su incapacidad para controlar de inmediato la situación, limitándose a emitir llamados a la población para evitar las zonas de riesgo y mantener la calma, sin poder garantizar la seguridad ni el restablecimiento de la movilidad en el corto plazo.
Las acciones de contención y los operativos desplegados por las fuerzas de seguridad no lograron evitar que durante varias horas los grupos criminales impusieran su ley en las calles, bloqueando vialidades clave y enfrentándose a plena luz del día.
La circulación quedó completamente obstruida en puntos estratégicos, como la salida norte de Culiacán sobre la carretera México 15, donde vehículos incendiados impidieron el paso en ambos sentidos.
Simultáneamente, se reportaron balaceras y desplazamientos de convoyes armados en Mocorito y Navolato, mientras que en Rosario, sujetos armados bloquearon por completo el puente del río Baluarte, dejando varados a pasajeros y automovilistas.
La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa y otras instancias únicamente informaron de manera reactiva y a través de comunicados en redes sociales, recomendando precaución y evitando circular por las zonas en conflicto, pero sin ofrecer garantías de protección ni control efectivo de la situación.
En la práctica, la población quedó expuesta y desprotegida, dependiendo de la información que circulaba principalmente en redes sociales y no de los canales oficiales.
En este contexto, los hechos recientes confirman que las autoridades, tanto estatales como federales, no son garantía de seguridad para la ciudadanía en Sinaloa.
Su capacidad de respuesta ha sido superada por la violencia y la organización de los grupos criminales, que han demostrado poder operar con impunidad y controlar territorios durante horas, sin que la presencia de fuerzas armadas logre disuadirlos o restablecer el orden de manera inmediata.
Para machos,muchos ?
En Sinaloa, los problemas complejos ya deberian haber tenido soluciones dificiles,porque los que imponen su voluntad con violencia y control territorial- son los criminales y de plano no entienden.
El Ejército, aunque cuenta con miles de efectivos, no ha sido totalmente efectivo y no ha actuado con la contundencia que la situación exige: se limita a hacer lo que puede, no lo que realmente se necesita para recuperar el control y garantizar seguridad a la población.
La estrategia militar actual se ha centrado en desplegar tropas y responder a los ataques de manera reactiva, pero no ha logrado romper la capacidad operativa ni el dominio social del Cártel de Sinaloa, que sigue produciendo drogas, operando con esquemas de dispersión y vigilancia, adaptándose incluso bajo asedio militar y atacando pese a su presenciado les tienen respeto,tampoco miedo.
Los operativos son fragmentados, mientras los criminales mantienen la iniciativa y el control de los tiempos y los espacios.
La pregunta central es por qué, teniendo el Estado la capacidad de movilizar fuerzas superiores en número y recursos, no se pasa de la contención a una ofensiva real que desmantele las estructuras criminales.
Se cuestiona el conformismo de “hacer lo que se puede” en vez de “hacer lo necesario”, como planteaba Churchill en tiempos de crisis:
It is not enough that we do our best; sometimes we must do what is required.” (“No basta con hacer nuestro mejor esfuerzo; a veces debemos hacer lo que es necesario.”)
Asumir el costo de una acción dura y temporal podria evitarle una agonía prolongada de violencia constante a ciudadanos que viven bajo el perpetuo goteo incesante de sangre y no precisamente es por goteo.
La idea inmersa en la frase, proyecta la necesidad de una estrategia similar a la de Bukele en El Salvador -una intervención de máxima presión, aunque sin llegar al estado de excepción- para “sufrir mucho por poco tiempo, pero no poco o mucho todo el tiempo”, lo que nos remite a que es preferible enfrentar un periodo breve pero intenso de dificultades (por ejemplo, mediante una acción contundente) en vez de soportar un sufrimiento prolongado e incierto.
Es decir, asumir el costo político y social de una ofensiva total, aunque implique incomodidad y sacrificios temporales, para realmente romper el ciclo de violencia y control criminal,pero ademas, dejar de seguir fracasando para romper ese ciclo interminable ciclo transexenal donde la receta militar siempre falla, como cita la prensa alemana Deutsche Welle (DW).
La falta de contundencia no se explica por incapacidad logística o por falta de recursos humanos, sino que deja abierta la sospecha de complicidad, colusión o falta de voluntad política. Si el Estado no puede -o no quiere- actuar con la fuerza necesaria, la ciudadanía queda atrapada en una guerra interminable donde la autoridad es rebasada y los criminales son los únicos que ejercen el poder real.
En resumen: El Ejército ha respondido con refuerzos, pero no con la fuerza transformadora que la crisis exige. Los criminales son los “machos” que mandan, y la autoridad, aunque numerosa, no pasa de la reacción a la acción decisiva. La exigencia es clara: dejar de hacer solo lo posible y atreverse a hacer lo necesario, aunque implique una estrategia de choque, para terminar con la violencia crónica que desangra a Sinaloa y al país.
Saúl Francisco Hernández Tenorio, alias “El Ponchis” o “El Fantasma”, considerado uno de los líderes criminales más peligrosos de Sonora y operador de alto rango de “Los Salazar” aliados de La Mayiza del Cartel de Sinaloa, se fugó la noche del domingo 4 de mayo de 2025 del Centro de Readaptación Social (Cereso) 1 de Hermosillo.
Su evasión no fue detectada sino hasta el pase de lista del lunes 5 de mayo, y fue confirmada públicamente por las autoridades hasta la noche del martes 6 de mayo.
Perfil del fugado y su relevancia criminal
“El Ponchis”, de 37 años, es identificado como líder de células como “Los Alfas”, “Los Fantasmas” o “Los Cazadores”, brazo armado de “Los Salazar”, grupo prioritario para la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) por su papel como generador de violencia en la región.
Enfrenta múltiples órdenes de aprehensión por homicidio calificado, asociación delictuosa, falsificación de documentos, falsedad de declaración y posesión de metanfetamina con fines de venta, así como delincuencia organizada con fines de tráfico de personas.
Fue detenido el 25 de marzo de 2025 en Hermosillo tras un operativo conjunto de fuerzas estatales y federales, e ingresado al penal un día después.
Circunstancias de la fuga y versiones
El escape fue detectado hasta el pase de lista del lunes 5 de mayo, casi 24 horas después de ocurrido.
Existen versiones contradictorias sobre la forma de la fuga:
Una hipótesis apunta a que “El Ponchis” salió por la puerta principal con ayuda de cuatro personas que lo visitaron durante una supuesta visita conyugal.
Otra versión sugiere complicidad de personal penitenciario, señalando que habría escapado a bordo de una ambulancia, acompañado por quienes lo visitaron esa noche.
Ninguna de estas versiones ha sido confirmada oficialmente, y la Fiscalía mantiene abiertas las líneas de investigación sobre complicidad interna y negligencia.
Respuesta institucional y operativos
La FGJE duplicó la recompensa a un millón de pesos para quien aporte información útil, eficaz y veraz que conduzca a su recaptura (antes de la fuga, la recompensa era de 500 mil pesos).
Se conformó un bloque de búsqueda especializado que opera en puntos estratégicos del estado, con intercambio de inteligencia y acciones tácticas coordinadas entre corporaciones estatales y federales.
Cuatro personas han sido detenidas por presunta participación en la fuga, acusadas de evasión de presos agravada, asociación delictuosa agravada, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal; ya están a disposición de un juez.
Consecuencias políticas y administrativas
Tras la fuga, Víctor Hugo Enríquez García renunció como Secretario de Seguridad Pública de Sonora. Aunque fuentes señalan que la decisión estaba tomada previamente, la coincidencia con el escape ha generado especulaciones sobre su relación directa con la crisis penitenciaria.
Se perfila como nuevo titular de la SSP a Braulio Martínez Navarrete, capitán de la Marina y actual secretario particular del gobernador Alfonso Durazo.
Contexto criminal y relevancia del caso
“El Ponchis” es considerado objetivo prioritario por su liderazgo en “Los Salazar”, grupo ligado a la faccion de La Mayiza del Cártel de Sinaloa y enfrentado a otras facciones como “Los Chapitos”.
Su fuga representa un duro golpe a la estrategia de seguridad estatal y federal, y ha evidenciado posibles fallas graves en los controles penitenciarios y la cadena de mando.
Investigación en curso
Las autoridades han prometido sancionar cualquier complicidad o negligencia detectada y han asegurado que se informará de los avances conforme los tiempos procesales lo permitan.
El caso ha generado indignación social y presión sobre el gobierno estatal, especialmente por la percepción de vulnerabilidad institucional ante el crimen organizado.
En resumen: La fuga de “El Ponchis” exhibe graves deficiencias en la seguridad penitenciaria de Sonora, ha provocado la renuncia del secretario de Seguridad Pública y mantiene en alerta máxima a las fuerzas estatales y federales, que ahora ofrecen una recompensa de un millón de pesos por su recaptura.
Kash Patel, director del FBI, confirmó en una audiencia reciente que las agencias de inteligencia de Estados Unidos y el Pentágono están evaluando medidas para combatir a los cárteles del narcotráfico dentro de México.
Patel enfatizó que la colaboración incluye a la comunidad de inteligencia y, en última instancia, al Departamento de Defensa, aunque subrayó que las acciones concretas “aún se están definiendo”
Este anuncio se produce en medio de una escalada de tensiones diplomáticas tras la revelación de que el presidente Donald Trump propuso a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, el envío de tropas estadounidenses a México para combatir directamente a los cárteles. Sheinbaum rechazó tajantemente la propuesta, defendiendo la soberanía nacional y afirmando que “el territorio es inviolable. La soberanía no se vende. La soberanía se ama y se defiende.
Trump, por su parte, ha insistido públicamente en que Sheinbaum rechazó la oferta por “miedo a los cárteles”, acusación que la mandataria mexicana ha preferido no debatir en medios, reafirmando que la cooperación debe limitarse a intercambio de información y acciones coordinadas, pero nunca a la presencia militar estadounidense en territorio mexicano.
¿Qué sigue tras estas declaraciones?
1. Evaluación de Opciones por EU
Las agencias estadounidenses (FBI, CIA, Pentágono) están revisando el marco legal y operativo para determinar hasta dónde pueden actuar contra los cárteles en México, sin violar la soberanía mexicana ni desencadenar un conflicto diplomático mayor.
La CIA, en particular, está evaluando la posibilidad de usar “fuerza letal” contra cárteles en México, aunque reconoce los riesgos legales, éticos y de daños colaterales, especialmente por la presencia de ciudadanos estadounidenses y el potencial de represalias, cita CNN.
El Pentágono ha dejado claro que, aunque los cárteles han sido designados como organizaciones terroristas extranjeras, esto no otorga automáticamente autoridad al ejército estadounidense para realizar ataques directos en México. Cualquier acción requeriría autorización expresa y coordinación binacional.
2. Estrategia de “presión máxima” de Trump
Trump ha incrementado la presión sobre México mediante el despliegue de recursos militares en la frontera, designación de cárteles como organizaciones terroristas y propuestas de intervención directa, buscando obligar a México a intensificar su combate al narcotráfico.
La designación de los cárteles como terroristas amplía el margen de acción de agencias estadounidenses, pero no implica una intervención automática; sí permite mayor presión financiera y operativa sobre los grupos criminales.
3. Respuesta y postura de México
Sheinbaum ha reiterado que la cooperación con Estados Unidos debe ser en pie de igualdad, sin injerencia militar directa, y que México está dispuesto a compartir inteligencia y coordinar acciones, pero nunca a aceptar tropas extranjeras.
México ha reforzado su seguridad fronteriza y ha realizado capturas y extradiciones de figuras clave del narcotráfico, como parte de los esfuerzos bilaterales, pero insiste en que el respeto a la soberanía es innegociable.
4. Escenario inmediato
Estados Unidos continuará evaluando opciones de presión e intervención indirecta (inteligencia, vigilancia, sanciones, cooperación policial), pero una intervención militar directa sigue siendo altamente improbable sin consentimiento mexicano, tanto por razones legales como políticas.
La tensión diplomática podría aumentar si la administración Trump insiste en la narrativa de que México es incapaz o rehúye enfrentar a los cárteles, pero Sheinbaum ha optado por no escalar el conflicto y mantener canales de comunicación abiertos.
Conclusión
Las palabras de Kash Patel reflejan qel interés de Estados Unidos para llevar la lucha contra los cárteles “hasta donde el FBI pueda”, mientras la Presidenta sigue jugando con la soberanía a la Sheinbaum para enmascarar las mismas intenciones del ex-presidente Lopez Obrador de no colaborar hasta donde se pueda,en la V.2do piso.
En Tamaulipas, la justicia se ha vuelto campo de batalla entre “morenos y azules”, donde las acusaciones cruzadas y la denuncia selectiva son moneda corriente. La “limpieza” prometida por unos y la defensa encarnizada de otros no han hecho sino perpetuar la desconfianza en las instituciones, dejando claro que el relevo de actores no garantiza el fin de la impunidad, sino apenas el cambio de manos en la administración del poder, donde la unica diferencia es y ha sido, el nivel de sinverguenzas.
Así, la disputa entre cofradías judiciales y políticas sigue siendo el telón de fondo de una transición que, más que ruptura, parece continuidad de la misma podredumbre que todos dicen combatir.
Así como se acusa a Morena de apropiarse de las viejas prácticas priistas, el panismo cabecista representa la continuidad de una élite política que, bajo el disfraz de la alternancia y el discurso de la legalidad, ha protegido sus propios intereses y los de su grupo, representados por un ente endurecido y pulido por años de poder, experto en el arte de la simulación y la autoprotección, pero igualmente partícipe de la eterna disputa por el control y la impunidad en Tamaulipas y que nunca huyo a EE.UU,solo regreso a su tierra.
Los Morenos ilusos, que no tienen, ni han tenido la estatura de capacidades para enfrentar a CDV,que no es que sea muy ducho,sino ellos “muy tarugos”, deberian ya de saber que no solo se enfrentan al poder politico, economico o incluso criminal del Texano,a lo que realmente se estan enfrentando es a su capital relacional, no necesariamente su probidad ,ni su discurso,es su lista de contactos.
Que paso ahora
Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados y militante de Morena, quien ha encabezado una serie de denuncias públicas contra jueces federales en Tamaulipas, ahora los acusa de formar una “cofradía” para proteger al exgobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca.
Según Gutiérrez Luna, esta red opera para obstaculizar acciones penales y beneficiar al exmandatario, actualmente señalado por delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Quienes son los nuevamente señalados:
“….Juan Fernando Alvarado López, a quien Gutiérrez Pérez dejó en su lugar y quien otorgó a García Cabeza de Vaca el amparo para que fuera diputado federal, en contradicción con lo establecido por el Tribunal Electoral, que le había negado la candidatura.
Gutiérrez Luna indicó que luego de que promovieron ante el CJF una queja en contra de Alvarado López, éste fue suspendido, pero en su lugar quedó Piedad del Carmen Hernández Ávila, esposa del juez Faustino Gutiérrez Pérez.
Otro personaje, dijo, es Mauricio Fernández de la Mora, presidente del primer Tribunal Colegiado, a quien acusó de estar en contubernio con Juan Fernando Alvarado López, así como la magistrada Amalia del Carmen Fernández Barquín, secretaría ejecutiva del Consejo de Vigilancia del CJF quien, afirmó, está impidiendo que la Fiscalía General de la República ejecute la acción penal en contra de Alvarado López.
“Es una trama compleja de intereses, es una trama compleja de dinero, una trama compleja de intención por blindar a un personaje corrupto”, afirmó.
El morenista indicó que existen más de 20 amparos que tienen que ver con beneficiar de manera irracional a García Cabeza de Vaca, un político prófugo.
Patrón de enfrentamiento político y judicial
La conducta del denunciante que nunca que causalmente nunca denuncia la corrupcion de “casa”, se inscribe mas dentro de un patrón recurrente de confrontación política y judicial en Tamaulipas.
Cada capítulo de esta disputa suele estar marcado por declaraciones públicas, denuncias formales ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), y solicitudes de remoción o sanción de jueces específicos.
El discurso de Gutiérrez Luna y otros legisladores de Morena enfatiza la existencia de una supuesta red de corrupción judicial que actúa en contubernio con Cabeza de Vaca, utilizando términos como “trama compleja de intereses” y “mafias de jueces” para no voltear a ver las tramas propias.
Este tipo de denuncias no es nuevo ni aislado. Desde 2021, jueces como Faustino Gutiérrez Pérez han sido señalados por emitir resoluciones favorables a Cabeza de Vaca, incluyendo la cancelación de órdenes de aprehensión y la concesión de amparos que han impedido acciones de la Fiscalía General de la República (FGR).
Las acusaciones incluyen supuestos vínculos familiares y de afinidad política entre jueces y el exgobernador, como el caso de Piedad del Carmen Hernández Ávila, esposa de Gutiérrez Pérez, quien asumió funciones de magistrada tras la suspensión de su esposo.
Contexto de reforma judicial y disputa de legitimidad
Las denuncias de Gutiérrez Luna coinciden con un proceso de reforma judicial en Tamaulipas, que busca sustituir el CJF por un Tribunal de Disciplina Judicial y un Órgano de Administración Judicial, con el objetivo de combatir la corrupción y la impunidad en el Poder Judicial de la que Morena y el actual gobernador son tambien parte del problema.
La narrativa del denunciante se alinea con el discurso de Morena a nivel federal que presume “limpieza” del Poder Judicial , pero en los hechos estan “ensuciando todo”.
En síntesis, la conducta del denunciante responde a una estrategia política más amplia, donde la denuncia de corrupción judicial y el señalamiento de una “cofradía” de jueces se han convertido en parte del enfrentamiento continuo entre grupos de poder en Tamaulipas, particularmente entre Morena y el PAN, y no necesariamente en el resultado de investigaciones judiciales concluyentes.
Mientras todo esto ocurre, los señalamientos contra los próximos adalides de la justicia siguen brotando, dejandonos ver por la rendija de la puerta del próximo poder judicial ,que este sera una continuidad de la pudricion que tanto critican.
