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miércoles, 7 de mayo de 2025

“CROMO y DORADO ?”:”AUTOS HIBRIDOS y MAESTRAS a DOMICILIO para EDUCAR a los PLEBES del PRIMITO INCONFORMAN al SICARIATO en CAMARGO y DIAZ ORDAZ y le ATIZAN al R8″…justifican que su quincena la cobran robando ciudadanos.


“Cuando el jefe olvida a su tropa y presume fortuna, la traición no tarda en tocar a su puerta: el descontento de abajo siempre es la antesala de la captura de arriba”.

Esta frase aglutina el sentido de los indicios de ruptura interna en el Cartel del Golfo en la “frontera chica” de Tamaulipas,mero saldo de la inconformidad por la falta de paga ,que terminan pagando los ciudadanos en forma de extorsion en Diaz Ordaz,Camargo y Miguel Aleman,como en todo Tamaulipas.

El contraste es brutal entre la bonanza de un “traficante de todo” que lo mismo negocia con drogas que ilegales,cocaina, fentanilo o huachicol,que se da el lujo de exportarlo a la India y Japón.

Pero en el extremo mas bajo,el de los que se matan para que no se arriesguen los jefes ,a los que la misma filtración llama “bola de miedosos”, es un anticipo de que la fractura interna suele ser el inicio del final para los líderes criminales como Avaro Noe Morfin Morfin,alias el “R8” y sus hermanos Cesar Morfin el “Primito” y Remigio de los mismos apellidos.

Los brotes internos

Las manifestaciones en redes sociales que circulan tras el señalamiento de EE.UU contra los carnales Morfín Morfín, ya no solo preludian la caída del capo y su ralea por los escasos actos de las fuerzas de la ley y del otro lado del río,tambien tendran la ayuda de una fractura interna muy significativa en la estructura criminales bajo mando del “R8” que todo indica ya se le salieron del “huacal”,se resisten a obedecer se infiere que ya se cansaron de pagarles su tren de vida a control remoto.

El texto en redes es una clara infidencia del Cartel y de su mismo sicariato, al filtran inconformidad pero tambien datos que le pueden ser útiles a la “inteligencia gubernamental”.

Resulta,que hay un profundo malestar entre las bases operativas identificadas en clave como “cromo” (Camargo) y “dorado” (Diaz Ordaz), acusan la falta de pago de quincenas cuyos beneficios económicos se concentran en la cúpula, específicamente en la familia de Morfín ,pues dicen que sus hijos disfrutan de autos híbridos y maestras particulares para sus hijos.

Como dice el texto: 

…Primitio y su hermanito el R8 ahora quieren culpar a la raza de Cromo y dorado de andar robando si no nos pagan el único que nos aliviana es el comandante Sanchez y el pajarito, ustedes solo vienen por la feria que se saca en los cruces y más en las Pipas por cromo, ya se olvidaron cuantas madrugadas produjimos Millones. Y todo se los llevan a sus pueblos. Que asta carros hividros para sus plebes tiene en su rancho tenemos que pagarles asta las maestras Para que les vayan a dar clases a su rancho y asi nos agradecen ala operativa un jefe nunca es de lejos como ustedes y ahora quieren culpar a varios comandantes de sus raterías y de llevarse toda la Feria de Las Plazas tengan vergüenza. Vengan a Tamaulipas dejen de estar nomas dando órdenes la Operativa De cromo y dorado estamos asta La madre y bájese para acá primo a ver si nos pagan Las Quincenas que nos deben, un general no es.naden Sin su tropa, bola de miedosos Morfines…”

Este tipo de brotes públicos en redes sociales, suelen ser síntomas de una crisis de liderazgo y de legitimidad que expone los indicios de una traición interna ,por un lado elogian al “Comandante Sanchez y el pajarito”, pero se dejan caer contra el “jefe de arriba”, al que seguramente ya ven caido.

La incapacidad de un jefe de plaza, la de mantener la lealtad de sus operadores mediante pagos puntuales, el reparto equitativo de ganancias, pero ademas el de no alentar, pero ademas frenar la animadversión contra los “Carnales Morfin”, no parece estarse cumpliendo en estas plazas y esto podria desembocar en:

  • Fragmentación interna,posibles deserciones o traiciones.
  • Filtración de información sensible a autoridades o rivales como forma de presión o venganza.
  • Aumento de la violencia interna por disputas de control y recursos.
  • Extorsiones a nivel industrial contra ciudadanos, como ya ocurre
  • Pérdida de control territorial ante la debilidad operativa del mando criminal.

La exposición de los lujos familiares atribuidos ael capo fueron atestiguados por la Marina en cateo de 2023 en su guarida de la comunidad de Las Naranjas,en Pihuamo,Jalisco,donse sospechosamente la Marina tardo mucho años en ir a molestarlo al domicilio.

Aunque “no tardo mucho en cobrarles la afrenta,vigilandolos y luego venadeandolos con motosicarios”,asi de atrevido el amigo de muchos marinos mas,silenciarlo para que no exponga su pudrición,es lo que sigue.

Roban mas porque no les pagan

“…ahora quieren culpar a la raza de Cromo y dorado de andar robando si no nos pagan…”

Esta postura solo perjudica mas a los ciudadanos ,de por si ya perjudicados como objeto recurrente de extorsion,pero no solo erosiona la autoridad del capo huyendo, sino que va acelerar su caída, pues la insatisfacción interna es combustible para que su misma gente deje de serlo y busquen desplazarlo o para que las autoridades reciban información que facilite su captura.

En suma, estos brotes de descontento, al hacerse públicos y viralizarse, minan la cohesión del grupo y dejan a los hermanos Morfín más vulnerables, tanto a la accion de EE.UU o Mexico, y la consabida traición interna.

Con informacion: @Redes/ medios

LAS “BALAS SIN DUEÑO”: “ROCHA SALIO a DAR y VERLES la CARA pero OMISIONES del EJERCITO y DESPRECIO por la VIDA del CDS MATARON a las NIÑAS y NO seran las ULTIMAS”…la verdad balística seguirá durmiendo en expedientes cerrados.


El Gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, expresó sentir indignación y que las autoridades están indagando el asesinato de dos niñas que se quedaron el pasado martes junto con su familia en medio de una balacera en el Municipio de Badiraguato.

Rocha Moya utilizó la conferencia de prensa de la Vocería estatal, la cual comúnmente sólo es protagonizada por el secretario general de Gobierno, Feliciano Castro, para emitir su posicionamiento, pero sin permitir cuestionamientos de medios locales.

La declaración del gobernador Rubén Rocha Moya

La declaración del gobernador Rubén Rocha Moya, en la que expresa “indignación” y promete que “no habrá impunidad” tras el asesinato de dos niñas en Badiraguato, repite un patrón discursivo recurrente en la retórica oficial ante tragedias similares: lamentos públicos, promesas de justicia y solidaridad con las familias, pero sin permitir preguntas de la prensa ni asumir responsabilidades claras. 

Este tipo de posicionamientos, leídos en conferencias sin espacio para el escrutinio periodístico, suelen reciclar fórmulas de condolencia y compromiso que no se traducen en acciones efectivas ni en resultados tangibles para frenar la violencia o proteger a la población civil, especialmente a la infancia.

Por qué el Ejército y el crimen organizado son responsables del asesinato de las menores

1. Responsabilidad directa del crimen organizado

  • El asesinato de menores en Sinaloa ocurre en el contexto de una guerra intestina entre facciones del Cártel de Sinaloa (“Los Chapitos” y “Los Mayos”), que ha dejado al menos 34 menores asesinados desde septiembre de 2024.
  • Los grupos armados actúan con total impunidad, empleando tácticas de combate urbano y rural que desprecian la vida de civiles y generan múltiples bajas colaterales.
  • En el caso específico de Badiraguato, las niñas y su familia quedaron en medio de un fuego cruzado durante un enfrentamiento entre civiles armados contra militares y elementos de la Guardia Nacional, lo que evidencia la brutalidad y el desprecio de los grupos criminales por la vida ajena.

2. Responsabilidad institucional y del Ejército

  • El despliegue militar en zonas de conflicto, lejos de contener la violencia, suele escalar los enfrentamientos y aumenta el riesgo para la población civil. 
  • Expertos en seguridad han señalado que la estrategia de choque y patrullaje militar, en contextos de alta presencia criminal, termina provocando más bajas civiles porque los grupos criminales reaccionan con mayor violencia y los operativos no logran separar a inocentes de combatientes.
  • El Ejército, al participar en operativos sin protocolos efectivos para proteger a la población, contribuye a que familias enteras queden atrapadas en tiroteos donde sus balas también suelen cruzarse con cuerpos inocentes y asi pudo pasar en Badiraguato, donde la familia de las menores transitaba por la zona justo cuando se desató el enfrentamiento armado y fuego cruzado,dos fuegos, dos responsables.
  • La falta de coordinación y de inteligencia operativa e incluso la contradicción con sus propios “Manuales de uso de la fuerza letal“, podrian evitar la exposición de civiles en zonas de riesgo, pero siempre caen en la omision grave al violentar las disposiciones obligatorias para las fuerzas armadas.

Un desglose claro y puntual de las omisiones y violaciones fundamentales que el Ejército ha cometido, basándonos en el Manual del Uso de la Fuerza Letal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2014, así como en informes y recomendaciones de organismos de derechos humanos. Esto permite clarificar las responsabilidades institucionales que se incumplen sistemáticamente en casos como el asesinato de menores en zonas de conflicto:


Omisiones y violaciones fundamentales del Ejército según el Manual del Uso de la Fuerza (DOF, 30/05/2014) y análisis complementarios

1. Violación del principio de legalidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza

  • El Manual establece que el uso de la fuerza debe ser legal, necesaria, proporcional y racional para el cumplimiento de la misión.
  • En múltiples operativos, como el de Badiraguato, la fuerza empleada es desproporcionada, exponiendo a civiles inocentes, incluidos menores, a fuego cruzado, lo que viola este principio básico.

2. Falta de protección a civiles y grupos vulnerables

  • El Manual obliga a proteger a personas ajenas al conflicto, especialmente a menores, mujeres y personas con discapacidad.
  • La realidad evidencia que las fuerzas armadas no implementan protocolos efectivos para evitar daños colaterales, ni para asistir oportunamente a heridos civiles.

3. Omisión en la preservación y custodia de la escena del crimen

  • El Manual indica que el personal militar debe preservar el lugar de los hechos para facilitar la investigación y el levantamiento forense.
  • Sin embargo, existen múltiples denuncias sobre la alteración o contaminación de escenas de enfrentamientos, dificultando la identificación de responsables y la cadena de custodia de evidencias balísticas.

4. Falta de transparencia y rendición de cuentas

  • A pesar de que el Manual establece la obligación de documentar y reportar el uso de la fuerza, en la práctica no se publican informes claros ni se permite la supervisión externa efectiva.
  • Esto genera impunidad, ya que no se investiga ni sanciona adecuadamente la posible responsabilidad de elementos militares en daños a civiles.

5. Inadecuada integración de averiguaciones previas y obstaculización del acceso a la justicia

  • Las investigaciones ministeriales relacionadas con incidentes violentos en los que participan militares suelen ser deficientes, con retrasos, reservas injustificadas y falta de diligencia.
  • Esto impide que las víctimas y sus familias accedan a la verdad y a la reparación integral del daño.

6. Uso ilegítimo y excesivo de la fuerza pública

  • Casos documentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y otras instancias muestran que el Ejército ha empleado fuerza letal en situaciones donde no era justificada, causando lesiones graves y muertes evitables.
  • El Manual señala que el uso de armas de fuego debe ser el último recurso, pero la práctica militar en zonas de conflicto ha sido contraria a este mandato.

7. Falta de protocolos claros para el trato a menores y heridos

  • El Manual prevé la creación de protocolos para el trato especial a menores y atención a heridos, pero en la realidad estos protocolos no se aplican o no existen procedimientos efectivos que garanticen su cumplimiento.

8. Persistencia de quejas y denuncias por violaciones a derechos humanos

  • Entre 2006 y 2014, se presentaron 8,749 quejas ante la CNDH contra personal militar, muchas relacionadas con uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y violaciones a la integridad personal.
  • Aunque hay una aparente disminución en el número de quejas, la cifra sigue siendo alta y refleja un patrón sistemático de violaciones.

Conclusión

El Ejército, al no cumplir con los lineamientos establecidos en el Manual del Uso de la Fuerza y en la legislación nacional e internacional, incurre en omisiones graves que contribuyen directamente a la violencia y a la impunidad en casos como el asesinato de menores en Badiraguato. 

La falta de peritajes balísticos transparentes, la alteración de escenas del crimen, el uso desproporcionado de la fuerza y la ineficacia en la procuración de justicia son violaciones claras que agravan la tragedia y perpetúan el ciclo de violencia y sufrimiento para las familias afectadas.


Este análisis muestra cómo las normas existen, pero no se aplican ni se respetan, lo que evidencia una responsabilidad institucional directa del Ejército en la crisis de violencia y violaciones a derechos humanos en México.

Incapacidad y omisión del Estado

  • Las autoridades estatales y federales han sido incapaces de prevenir la violencia, proteger a la niñez y garantizar justicia para las víctimas. La impunidad es la norma: en la mayoría de los homicidios de menores no hay detenidos ni esclarecimiento de los hechos.
  • El discurso oficial se limita a lamentar las muertes y prometer investigaciones, pero la realidad es que la violencia sigue escalando y los programas de protección a la infancia son inexistentes o insuficientes.
  • La sociedad sinaloense ha respondido con protestas, exigiendo que “con los niños no”, pero el Estado no ha sido capaz de responder a esa demanda básica de protección.

¡La evidencia balística,el peritaje forense y la INVIDENCIA del GOBIERNO

Tan solo unas cuantas pruebas podrian determinar con precisión de dónde provinieron las balas que asesinaron a las menores y quién disparó. Sin embargo, por omisión, complicidad o falta de voluntad política, casi nunca se realiza este proceso de manera transparente y exhaustiva. 


El peritaje forense: la clave que nunca se utiliza

1. ¿Qué podría esclarecer un peritaje forense serio?

  • Trayectoria de las balas: El análisis de los cuerpos y la escena del crimen permite determinar el ángulo, distancia y dirección de los disparos.
  • Balística comparativa: Las balas recuperadas pueden compararse con las armas, pero no fueron aseguradas a militares, como nunca lo hacen y asi determinar, quien exactamente disparó y quien las mato.
  • Residuos y huellas: El análisis de residuos de pólvora y huellas en casquillos o armas puede vincular a un tirador específico con un disparo,pero es poco probable ver a militares sometidos a una prueba de radizonato de sodio, una  prueba colorimétrica que se utiliza en criminalística para identificar la presencia de residuos de disparo de arma de fuego, específicamente para detectar plomo y bario. La prueba es positiva si el área de la muestra cambia de color debido a la reacción del rodizonato de sodio con los metales pesados. 

2. ¿Por qué no se hace?

  • Protección institucional: Si las balas provinieron de armas oficiales, el Estado suele encubrir a sus elementos para evitar escándalos y responsabilidades legales.
  • Complicidad y miedo: En zonas de alta violencia, los peritos y ministerios públicos pueden ser amenazados o cooptados por el crimen organizado o el propio Estado,una conducta recurrente en militares.
  • Desinterés político: La narrativa oficial prefiere dejar la culpa en “el fuego cruzado” y evitar esclarecer responsabilidades individuales, porque eso implicaría reconocer fallas o crímenes de Estado.

3. ¿Qué implica no hacerlo?

  • Impunidad total: Sin peritaje, nunca se sabrá si las niñas murieron por disparos de criminales o de soldados, y nadie será juzgado.
  • Revictimización: Las familias no obtienen verdad ni justicia, y la sociedad queda con la versión oficial de “daños colaterales”.
  • Repetición sistemática: Al no haber consecuencias, la historia se repite una y otra vez.

Conclusión

La ciencia forense tiene la capacidad de decir la verdad sobre quién mató a quién. Pero mientras el Estado y las autoridades se nieguen a aplicarla con rigor y transparencia, seguirán reciclando discursos de indignación y promesas vacías, mientras la impunidad se perpetúa. 

La exigencia debería ser clara: que se realicen y se publiquen los peritajes balísticos y forenses en todos los casos de civiles muertos en enfrentamientos, especialmente cuando hay menores de por medio. Solo así se podrá romper el ciclo de impunidad y complicidad que mancha profundamente al ejercito al ejercito y las policías, esta claro que se les debe mucho, pero YA DEBEN MUCHAS.

Con informacion: ELNORTE/

LOS “ROBO la MARINA,HARFUCH o los DOS ?”: “ARISTEGUI CONFIRMA ERAN 20 y NO 10 MILLONES de LITROS en BUQUE INCAUTADO en TAMAULIPAS”…botin de guerra se evaporo por el calor inclemente de la corrupción del segundo piso.


La periodista Verónica Ayala, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), confirmo con ‘Aristegui en Vivo’ como la Secretaría de Marina (Semar) efectivamente confirmo que el decomisó de 10 millones de litros de diésel en marzo de 2025, el reporte original indicaba que el buque transportaba 20 millones de litros.

Este escandalo, originado por la denuncia de trafico descarado, acusado por previamente por “Codigo Magenta” y que choca con la version de la “sedicente inteligencia” ,nos deja ver como esos 10 millones de litros de diesel ,como si fueran gotas de rocío bajo el sol del mediodía, se evaporaron al calor de la corrupción oficial, dejando solo el rastro húmedo de la impunidad sobre el asfalto del puerto y el reclamo de la empresa que por la via legal, pelea sin vergüenza lo que se convirtió en botín de guerra de “tiempos de jodencia presupuestaria”

Detalles del decomiso

  • El operativo de la Marina ocurrió a finales de marzo de 2025 en el puerto de Tampico, donde se aseguró SIN DETENIDOS, el cargamento más grande de “huachicol” en la historia reciente: 10 millones de litros de diésel que habían sido importados desde Texas en el buque Challenge Procyon, haciéndolos pasar por aditivos para aceites.
  • Intanza, la empresa importadora, reclamó judicialmente la confiscación de un volumen equivalente a 20 millones de litros, el doble de lo reportado oficialmente como decomisado. La diferencia de 10 millones de litros no ha sido aclarada por las autoridades.
  • La Semar informó que la determinación del volumen real y el destino del combustible corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR), y aseguró que colaborará en la investigación sin proteger a ningún implicado.

Vínculos empresariales y patrimoniales

  • Francisco Javier Antonio Martínez no aparece como accionista directo de Intanza, pero sí es socio de los dueños de esa empresa, Ricardo Ayón Rodríguez y Ramiro Rocha Alvarado, en otra compañía llamada Comercializadora de Bienes y Servicios de Nuevo León Belure.
  • Martínez no reportó su participación accionaria en Belure en su declaración patrimonial, pese a que desde 2022 figura como socio. En ese periodo, acumuló una colección de autos clásicos y vehículos de lujo.
  • Intanza fue suspendida del padrón de importadores por el SAT el 31 de marzo de 2025.

Red de complicidad y contexto institucional

  • Fuentes de MCCI y documentos judiciales sugieren que Martínez forma parte de una red que opera tráfico ilegal de combustible en el puerto de Tampico, con participación de exfuncionarios federales, personal de ASIPONA y mandos de la Marina responsables de la administración portuaria.
  • El modus operandi incluye permitir el ingreso de buques con diésel disfrazado de aditivos, evadir controles aduanales y cargar el combustible en pipas para su distribución clandestina en México.
  • Ni Martínez ni el director general de ASIPONA, Almirante Rubén Alfonso Vargas Suárez, han sido removidos de sus cargos tras el escándalo. Ambos aparecieron en eventos públicos posteriores al decomiso

Reacciones oficiales

  • La Secretaría de Marina reiteró su compromiso de colaborar con las investigaciones y de no proteger a ningún implicado, señalando que la FGR debe determinar el volumen y destino final del combustible decomisado.
  • El caso sigue bajo investigación y ha puesto en foco la presunta complicidad de funcionarios federales y portuarios en el tráfico de hidrocarburos a gran escala.

En síntesis:
La investigación periodística de MCCI, difundida en Aristegui Noticias, documenta que Francisco Javier Antonio Martínez, alto funcionario portuario en Tampico, mantiene vínculos empresariales con los dueños de Intanza, la empresa a la que la Marina decomisó 10 millones de litros de diésel. 

Sin embargo, el buque traía 20 millones de litros, y la desaparición de la mitad del cargamento sigue sin explicación oficial. El caso revela indicios de una red de tráfico ilegal de combustible en el puerto, con presunta protección institucional y falta de sanciones a los funcionarios implicados.

Con informacion: ARISTEGUI/

LA “RESILENCIA CRIMINAL”: “DECOMISO HISTORICO en EE.UU EXHIBE IMPARABLE al CARTEL de SINALOA que NO se DETIENE,se REINVENTA y sigue TRAFICANDO FENTANILO a lo BESTIA”…es un negocio que sobrevive a todos los golpes.


Estados Unidos reportó ayer el decomiso de 3 millones de pastillas de fentaniloque entraron desde México y que de acuerdo a la Administración de Donald Trump,este desarticulauna red de narcotráfico ligada al Cártel de Sinaloa en cinco Estados de ese país que condujo al decomiso de 420 kilos de fentanilo, el más grande en la historia de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés.

Validación de la tasación y contexto económico

El reporte sobre el decomiso de 420 kilos de fentanilo y tres millones de pastillas provenientes de México, atribuido al CDS, señala un valor estimado de 200 mil dólares por kilo, lo que sumaría 84 millones de dólares. Sin embargo, la tasación real del fentanilo es mucho más compleja y depende de varios factores:

  • El precio de un kilo de fentanilo puede variar significativamente según la pureza, la forma (polvo o pastillas), el punto de venta (mayoreo o menudeo), y la saturación del mercado. Por ejemplo, informes recientes indican que el precio en la calle ha caído drásticamente debido a la sobreoferta: de 1.75 dólares por pastilla en 2021 a apenas 45 centavos en 2024, especialmente en el sur de California.
  • El valor de 200 mil dólares por kilo representa un cálculo en el extremo superior, probablemente basado en la venta al menudeo y no en operaciones mayoristas, donde el precio puede ser mucho menor (entre 25 mil y 30 mil dólares por kilo en ciudades como Houston, según reportes de 2023).
  • Las ganancias para el crimen organizado pueden ser astronómicas, ya que un kilo de fentanilo puede producir hasta un millón de pastillas, con un valor en el mercado negro de hasta 20 millones de dólares si se vende al menudeo.

En resumen, aunque la cifra de 84 millones de dólares es plausible como valor máximo de menudeo, la realidad es que el valor de mercado fluctúa y la saturación ha reducido los precios, aunque no necesariamente las ganancias totales del crimen organizado, debido al volumen y la eficiencia de sus redes.

El esfuerzo criminal truncado: ¿realmente un golpe contundente?

El operativo que llevó a la detención de 16 personas, incluido Heriberto Salazar Amaya, y la incautación de armas, dinero y drogas, es presentado por autoridades estadounidenses como un “golpe histórico” al Cártel de Sinaloa. Sin embargo, la experiencia y la literatura especializada indican que estos golpes, aunque significativos en el corto plazo, rara vez logran desmantelar o frenar de manera sostenida las operaciones del crimen organizado mexicano.

Características de la resiliencia criminal

  • Descentralización y flexibilidad: Los cárteles mexicanos, especialmente el de Sinaloa, han desarrollado estructuras descentralizadas, con células autónomas que pueden reconstituirse rápidamente tras la captura de líderes o grandes decomisos.
  • Capacidad de adaptación: El negocio del fentanilo es altamente rentable y adaptable. Los cárteles han diversificado rutas, métodos de ocultamiento (como el uso de redes sociales y plataformas digitales para distribución), y fuentes de precursores químicos, principalmente de China.
  • Reemplazo de liderazgos: La detención de figuras clave como Salazar Amaya suele derivar en reacomodos internos, pero no en la desaparición de la red. Nuevos líderes o células asumen las operaciones, manteniendo la continuidad del flujo criminal.
  • Alianzas y expansión: Tanto el Cártel de Sinaloa como el CJNG han expandido su influencia a nuevas regiones y mercados, diversificando actividades ilícitas y estableciendo alianzas internacionales, lo que dificulta aún más su erradicación.

Efectos de los decomisos

  • Impacto temporal: Grandes decomisos pueden interrumpir momentáneamente el flujo de droga y elevar precios localmente, pero la sobreoferta y la capacidad de producción en México han hecho que el impacto sea cada vez más efímero.
  • Aumento de violencia y fragmentación: Los golpes a estructuras criminales suelen generar violencia, fragmentación y aparición de nuevos grupos, sin reducir necesariamente el volumen global del tráfico de drogas.

La resiliencia criminal: ¿por qué no se detienen?

La resiliencia de los cárteles mexicanos es resultado de una combinación de factores estructurales y coyunturales:

  • Altísima rentabilidad: El fentanilo es barato de producir, fácil de transportar y extremadamente lucrativo, lo que incentiva la entrada y permanencia en el negocio incluso ante grandes riesgos.
  • Corrupción y complicidad: La infiltración de redes criminales en instituciones de seguridad y justicia en México, así como redes de lavado de dinero y complicidad transnacional, les permite operar con relativa impunidad.
  • Innovación constante: El uso de tecnología, redes sociales y métodos logísticos sofisticados permite a los cárteles adaptarse rápidamente a nuevas amenazas y oportunidades.
  • Demanda inelástica: La crisis de opioides en Estados Unidos garantiza un mercado constante y creciente, lo que hace que la presión sobre la oferta solo tenga efectos limitados en la reducción del consumo y el tráfico.

Conclusión: Un esfuerzo criminal que no se detiene

El decomiso de 420 kilos de fentanilo y la captura de líderes son, sin duda, golpes relevantes en la lucha contra el narcotráfico, pero no representan una victoria definitiva. La resiliencia, adaptabilidad y capacidad de regeneración de los cárteles mexicanos han demostrado, una y otra vez, que los esfuerzos policiales y judiciales, aunque necesarios, son insuficientes si no se acompañan de estrategias más amplias: reducción de demanda, combate a la corrupción, cooperación internacional efectiva y políticas sociales robustas en ambos lados de la frontera.

Mientras no se atiendan las causas estructurales y la demanda siga intacta, los cárteles seguirán encontrando la manera de reinventarse y mantener su negocio, por más golpes que reciban. La historia reciente del fentanilo es, sobre todo, la historia de un esfuerzo criminal que, lejos de detenerse, se reinventa y expande con una resiliencia sorprendente.

Con informacion: ELNORTE/