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lunes, 7 de diciembre de 2015

LOS "CASINOS": NEGOCIOS MULTIMILLONARIOS bajo la "SOMBRA y SOSPECHA"


De las 32 empresas con permisos para operar casinos en México, Comercial de Juegos de la Frontera, SA de CV, es la que registra más ingresos en forma individual (4 mil 300 millones de pesos anuales), mientras que la filial de la española Codere –socia o dueña de ocho compañías con permisos– es el conglomerado que lidera el mercado del juego en el país, tanto en número de centros de apuestas como en utilidades.
En total, la Secretaría de Gobernación (Segob), a través de su Dirección General de Juegos y Sorteos, ha otorgado permisos para la instalación y operación de 1 mil 38 salas de sorteos de números y centros de apuestas remotas, de los cuales hay al menos 357 establecimientos en operación.
A pesar de ser vulnerables al delito de lavado de dinero, sus rentables negocios tienen escasa vigilancia: las sanciones impuestas por irregularidades en su funcionamiento son mínimas, y ni siquiera se les aplica un régimen fiscal especial, acorde con sus multimillonarias ganancias.
La empresa más rentable en lo individual, Comercial de Juegos de la Frontera, pertenece a los hermanos Francisco Javier y Óscar Rodríguez Borgio, señalados desde 2012 por las autoridades federales de estar supuestamente vinculados al crimen organizado.
De acuerdo con un reporte del Centro de Investigación y Seguridad Nacional al que se tuvo acceso, los casinos habrían servido para lavar dinero del Cártel del Golfo, y los 60 establecimientos de su Grupo Gasolinero México, para la supuesta venta de combustibles robados a Petróleos Mexicanos (Contralínea380).
Incluso el empresario Francisco Javier habría estado prófugo de la justicia, luego de enfrentar una orden de aprehensión por la presunta falsificación de una licencia de la Dirección Adjunta de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, con la que estaría operando alguno de sus casinos y centros de apuestas, hechos consignados en la causa 324/2012 del Juzgado 22 Penal del Distrito Federal.
Pese a ello, en los registros de la Dirección General de Juegos y Sorteos, su hermano Óscar Rodríguez Borgio sigue ostentándose como apoderado legal de Comercial de Juegos de la Frontera. Más aún, la Dirección de la Segob no registra ningún procedimiento en contra de alguno de los hermanos ni de su empresa, revela la respuesta a la solicitud de información pública 0000400046115, hecha por Contralínea.
Lo que sí informa la autoridad federal son las multimillonarias ganancias del grupo: en el ejercicio 2014, la compañía reportó ingresos netos por 4 mil 300 millones 21 mil 643 pesos, de los cuales se desprendió una utilidad bruta de 456 millones 232 mil 733 pesos. El pago de impuestos apenas se fijó en 11 millones 950 mil 499 pesos.
De acuerdo con la información oficial, Comercial de Juegos de la Frontera opera bajo el permiso DGG/723/97, que data del 18 de diciembre de 1997, con una vigencia ilimitada. Ésta tiene en operación 18 centros de apuestas remotas con sala de sorteo de números llamados, todos, Big Bola.
Las salas se ubican en Ahome, Sinaloa; en Álvaro Obregón, Distrito Federal (dos establecimientos); Atizapán, Metepec, Naucalpan, Tlalnepantla y Huixquilucan, Estado de México; Córdoba, Orizaba, Tuxpan, Xalapa y Boca del Río, Veracruz; Ciudad del Carmen, Campeche; León y Celaya, Guanajuato; Querétaro, Querétaro; y San Luis Río Colorado, Sonora.
Como negocio de casinos, el único procedimiento que ha enfrentado en el periodo 2013-2014 según la Segob fue el proceso administrativo AJP/0051/13-VI, para aclarar el sorteo de un automóvil, el funcionamiento de la ruleta, black jack, así como la entrega de un premio de sorteo, sin que se le impusiera sanción alguna.
La escasa supervisión de la Dirección General de Juegos y Sorteos sobre esta empresa contrasta con la actuación de la Procuraduría General de la República (PGR) en torno a otras empresas de los Rodríguez Borgio. En 2014 congeló las cuentas en el extranjero de GGM Energy que estaban presuntamente vinculadas a Oceanografía, de Amado Yáñez (Alfredo Méndez, La Jornada, 22 de octubre de 2014). Además, de acuerdo con la Agencia Quadratín, en febrero de 2012 elementos de la PGR catearon las oficinas del Grupo Gasolinero Mexicano para buscar indicios de combustible robado.
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Codere México

En términos globales, la empresa líder en el negocio es Codere México, que se describe a sí misma como “la compañía más importante en la industria del juego en el país”, debido –indica– “a la distribución de actividades y al número de establecimientos” que posee.
Aunque no tiene asignado en forma directa permiso alguno para operar casinos, es la que más ingresos obtiene de éstos: en 2014, reportó ganancias por 341.9 millones de euros (unos 5 mil 983.25 millones de pesos a un tipo de cambio de 17.5 pesos por euro) provenientes de la filial mexicana.
Y es que Codere México es propietaria de Promojuegos de México, SA de CV; Mio Games, SA de CV; Libros Foráneos, SA de CV; Operadora Cantabria, SA de CV; Operadora de Espectáculos Deportivos, SA de CV; Recreativos Marina, SA de CV; y es socia de Administradora Mexicana de Hipódromo, SA de CV; y de Grupo Caliente (Operadora de Apuestas Caliente, SA de CV, e Hipódromo de Agua Caliente, SA de CV).
De acuerdo con su propia información empresarial, en total cuenta con 17 mil 414 terminales de juego, 84 establecimientos, 73 puntos de apuesta y un hipódromo. “Todas las actividades se realizan con las marcas comerciales Royal Yak, Yak, Jackpot, Mio Games, Bingo 777, Casino Bingo 777, Caliente e Hipódromo de las Américas”, detalla en su página web.
En términos individuales, la segunda empresa más rentable es justamente Administradora Mexicana de Hipódromo, ligada a Codere. De acuerdo con la información proporcionada a la Segob por los propios permisionarios, en 2014 la también subsidiaria de Impulsora de Centros de Entretenimiento de Las Américas, SAPI de CV, reportó ingresos netos por 4 mil 64 millones 772 mil 84 pesos.
La compañía –que formó parte del conglomerado Corporación Interamericana de Entretenimiento, de Alejandro Soberón Kuri– estimó su utilidad bruta para ese ejercicio en 851 millones 830 mil 305 pesos y se le fijó el impuesto sobre la renta (ISR) en 103 millones 543 mil 445 pesos, de los cuales difirió 12 millones 598 mil 586 pesos.
En 2013 sus ingresos netos sumaron 4 mil 312 millones 683 mil 674 pesos, y su utilidad bruta se fijó en 977 millones 543 mil 838. Antes de concluir la administración de Felipe Calderón, en 2012 se le hicieron dos concesiones: el 10 de septiembre, mediante el oficio DGJS/SCEV/1097/2012, se le autorizó la captación de apuestas y sorteos vía internet, telefónica o electrónica a cambio del 0.25 por ciento por concepto de participaciones; y el 26 de noviembre de 2012, en términos del oficio DGJS/SCEV/PT-19/2012, se le autorizó la instalación, operación y funcionamiento de máquinas tragamonedas para ser operadas en los establecimientos autorizados por la Secretaría.
Otro de los activos de Codere es Hipódromo de Agua Caliente, del Grupo Caliente, que reportó ingresos totales en 2014 por 2 mil 599 millones 238 mil 211 pesos y una utilidad bruta de 748 millones 772 mil pesos. Los impuestos que debió pagar en ese ejercicio ascendieron a sólo 64 millones 113 mil 443 pesos.
En febrero de 2015, la empresa también vinculada al político priísta Jorge Hank Rhon fue multada tras resolverse el proceso administrativo AJP/0049/2014-VI, por las irregularidades consistentes en no entregar oportunamente a la Dirección General de Juegos y Sorteos el reporte de ingresos y pago de participaciones correspondientes al erario federal a que refiere el artículo 5 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.
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Entre las empresas más rentables en 2014 también se encuentra Operadora Cantabria, SA de CV. La subsidiaria de Codere se ubicó en la quinta posición, al reportar ingresos por 973 millones 504 mil 618 pesos. El pago de impuestos a la utilidad se le fijó en tan sólo 21 millones 792 mil 549 pesos.
Las ganancias en 2014 del resto de las empresas ligadas a Codere no son despreciables: por ejemplo, Libros Foráneos reporta ingresos por 434 millones 37 mil 810 pesos e impuestos a la utilidad por 3 millones 3 mil 796 pesos.
Ese año Operadora de Espectáculos Deportivos reportó ingresos por 211 millones 165 mil 653 pesos y pagó impuestos a la utilidad por apenas 2 millones 676 mil 947 pesos.
En el caso de Mio Games, a la que se le identifica como subsidiaria de Grupo Inverjuego, SAPI de CV, tuvo ingresos por 31 millones 35 mil 369 pesos. De impuestos a la utilidad pagó 127 mil 794 pesos. El 23 de noviembre de 2012, mediante el permiso DGJS/SCEV/PT-07/2012, se le autorizó el uso de máquinas tragamonedas.
Dos empresas de Codere no transparentaron sus ingresos: Promojuegos de México y Recreativos Marina. En el primer caso, a la fecha, ésta no ha hecho público su reporte anual 2014. En su informe del trimestre octubre-diciembre indica un total de activos por 176 millones 671 mil 726 pesos. Recreativos Marina sólo informó un activo total por 86 millones 323 mil 712 pesos.
En el caso de Operadora de Apuestas Caliente, a la que se ubica en sus estados financieros como subsidiaria de Turística Akalli, SA de CV, tuvo ingresos por 45 millones 490 mil 65 pesos, mientras que los impuestos que pagó ascendieron a 6 millones 573 mil 176 pesos.

Las más rentables

En términos individuales, después de Comercial de Juegos de la Frontera –de los hermanos Rodríguez Borgio–, de Administradora Mexicana de Hipódromo y de Hipódromo de Agua Caliente –ambas ligadas a Codere–, se localiza la empresa de Marco Antonio Ayala Anzaldua y Antonio Ochoa Garza, Comercializadora de Entretenimiento de Chihuahua, SA de CV. Ésta reportó 1 mil 24 millones 68 mil 700 pesos en ingresos por apuestas en 2014, de los cuales tuvo una utilidad bruta de 91 millones 340 mil 980 pesos.
El 26 de noviembre de 2012, mediante el permiso DGJS/SCEV/PT-11/2012, la empresa fue autorizada a operar máquinas tragamonedas en todos sus establecimientos.
En cuarto lugar de rentabilidad se ubica Apuestas Internacionales, SA de CV, subsidiaria de Televisa Juegos, SA de CV, que el año pasado reportó ingresos por 795 millones 420 mil pesos, mientras que en 2013 fue por 828 millones 950 mil pesos. En 2014 reportó el pago de impuestos por sólo 70 millones 24 mil pesos.
En la sexta posición, después de Operadora Cantabria (de Codere), se encuentra Atracciones y Emociones Vallarta, SA de CV –la propietaria del Casino Royale–, que reportó ventas totales por 630 millones 460 mil 75 pesos, de los cuales su utilidad neta, según sus estados financieros, ascendió a 6 millones 238 mil 819 pesos, y los impuestos en 7 millones 757 mil 311 pesos.
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El resto del mercado

Aunque en 2014 la economía mexicana se enfrentó a la recesión, los estados financieros entregados por los casineros a la Dirección General de Juegos y Sorteos revelan ganancias millonarias en la mayoría de los casos.
Aunque no emitió el reporte anual, en su balance general al cierre de ese año Promociones e Inversiones de Guerrero, SAPI de CV, refiere un activo total por 1 mil 292 millones 198 mil 810 pesos.
Juega y Juega, SA de CV, reportó ingresos netos por 358 millones 212 mil 553 pesos y una utilidad antes de impuestos de 94 millones 920 mil 527 pesos. Por concepto de ISR pagó 30 millones 746 mil 224 pesos.
Los ingresos totales de Grupo Océano Haman, SA de CV, ascendieron a 286 millones 583 mil 435 pesos, mientras que su utilidad se fijó en 282 millones 74 mil 631 pesos. En 2015 se le inició un proceso administrativo (el AJP/0031/15-IV) por “las presuntas irregularidades consistentes en no entregar oportunamente a la Dirección General de Juegos y Sorteos el reporte de ingresos y pago de participaciones, respecto de diversos meses de 2014”.
Espectáculos Latinoamericanos Deportivos, SA de CV, reportó ingresos por 172 millones 75 mil 515 pesos en 2014, de los cuales su utilidad bruta se ubicó en 166 millones 45 mil 567 pesos, mientras que los impuestos se fijaron en apenas 778 mil 151 pesos.
En su escueto estado de resultados, Divertimex, SA de CV, cuyo apoderado es Faustino Islas Ponce, informa que sus ingresos ascendieron a 123 millones 792 mil pesos.
Cesta Punta Deportes, cuyo apoderado es José María Guardia, también presenta un escueto estado de la situación financiera de su casino. Éste cuenta con un total activo de 69 millones 617 mil 196 pesos. En 2013, la empresa enfrentó un juicio administrativo (AJP/0087/2013-VIII) por irregularidades consistentes en la apertura del establecimiento denominado Atlantic, en Boca del Río, Veracruz, de la empresa operadora Siol, SA de CV, sin contar con la autorización correspondiente. El proceso se resolvió en su contra, al decretar la clausura total y definitiva del establecimiento.
Los ingresos de Impulsora Geminis, SA de CV, ascendieron a 48 millones 90 mil 250 pesos y su utilidad bruta se fijó en 47 millones 520 mil 835 pesos. En el rubro del ISR, el estado financiero presentado por la empresa a la Segob se reporta en cero.
El Palacio de los Números, SA de CV –propiedad de Eduardo Luis Laris Rodríguez, Ramón Manuel Aznar González y Óscar Paredes Arroyo– reporta ingresos por 40 millones 402 mil 869 pesos en 2014. Este año, a la empresa se le inició un proceso administrativo (el AJP/0028/15-IV) por “las presuntas irregularidades consistentes en no entregar oportunamente a la Dirección General de Juegos y Sorteos el reporte de ingresos y el pago de participaciones”. Desde el 26 de noviembre de 2012, cuenta con permiso para operar máquinas tragamonedas.
Para 2014, Espectáculos Deportivos de Cancún, SA de CV, reportó una utilidad bruta de 25 millones 817 mil 86 pesos. Los ingresos totales de Eventos Festivos de México, SA de CV, sumaron 657 mil 731 pesos, mientras que su activo circulante ascendió a 68 millones 449 mil 251 pesos.
Durante 51 días de operación, Pur Umazal Tov, SA de CV, reportó ingresos netos por 26 millones 354 mil 253, de los cuales la utilidad bruta se fijó en 21 millones 194 mil 955 pesos y el pago de ISR en 214 mil 938 pesos. Esta empresa se constituyó el 28 de agosto de 2014 con el propósito de operar salas de juego de números y salones de apuestas deportivas y sorteo de números a través de dispositivos electrónicos.
Los permisos con los que opera fueron otorgados el 27 de noviembre de 2014 por la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Segob. Esta compañía está asociada con El Palacio de los Números. Sus accionistas son Shalom Vehatzlaja Raba, SA de CV; Juegos y Espectáculos Win, SA de CV; Organización Mazal, SA de CV; Operadora con Beraja, SA de CV; Operadora Briut Ubrajá, SA de CV; Buen Mazal del Norte, SA de CV; Controladora de Juegos Mazal, SA de CV; Buen Mazal de México, SA de CV; Loto Win, SA de CV; Operadora Win, SA de CV; Administradora, SA de CV; Mazalico, SA de CV; Briut Ubrajá, SA de CV; Entretenimiento y Diversiones Selectas, SAPI de CV; Nes Gadol, SA de CV; Siempre con Buen Mazal, SA de CV; y Diversiones Win, SA de CV.
Producciones Móviles, SA de CV, registró ingresos totales por 9 millones 676 mil 85 pesos y fijó su utilidad en 5 millones 829 mil 53 pesos. Los impuestos que pagó ISR ascendieron a 377 mil 100 pesos. Entre 2013 y lo que va de 2015, ésta es la empresa que ha enfrentado más procesos judiciales y administrativos: 27 en total.
En 2014, Sabia Corporation, SA de CV, reportó ingresos totales por 6 millones 590 mil 184 pesos mientras que fijó sus impuestos en cero pesos. Su permiso, el DGJS/DGAJ/DEV/P-01/2014, fue otorgado el 16 de enero de 2014 para operar un centro de apuestas remotas con sala de sorteo de números, con vigencia de 10 años.
Juegos y Sorteos de Jalisco, SA de CV, tuvo una utilidad bruta de 5 millones 933 mil 206 pesos en 2014, mientras que en el rubro de pago de impuestos no reporta cifra alguna. No obstante, en fuentes de financiamiento indica como impuestos por recuperar la cantidad de 319 mil 91 pesos, mientras que en impuestos por pagar reporta una cifra menor: 201 mil 59 pesos.
Actualmente, dicha empresa enfrenta un proceso administrativo, el AJP/0017/15-III, por las presuntas irregularidades consistentes en no contar con autorización de la Dirección General de Juegos y Sorteos para el funcionamiento del establecimiento ubicado en Camino Desierto de los Leones, 52, locales H-1, H-2, H-3 y S-3, Colonia San Ángel, México, Distrito Federal.

Los que ya no figuran

espectaculos-deportivos-300Aunque mantienen vigentes sus permisos para operar casinos, cuatro empresas no reportan actividad. Entre ellas Espectáculos Deportivos de Occidente, SA de CV, cuyos apoderados son Norberto Adrián Mantiñan Macouzet y Fernando Mendoza Chávez. Ésta que dejó de presentar estados financieros en el segundo semestre de 2013, cuando reportó un activo total por 50 mil pesos.
Espectáculos Deportivos Frontón México, SA de CV, del apoderado Jorge Herrera Gómez, aún no registra actividad; y Operadora de Coincidencias Numéricas, SA de CV, no ha presentado estados financieros.
Petolof, SA de CV, podría estar en esa misma situación, pues reporta en sus estados financieros ventas netas por 18 mil 800 pesos (sic), e impuestos por 5 mil 641 pesos (sic). El año pasado, esta empresa enfrentó un proceso administrativo –el AJP/0010/14-II– con motivo de no acreditar fehacientemente la legal operación de un establecimiento y sus actividades. El 19 de diciembre de 2014 se emitió la resolución en la que se determinó imponer multa y la clausura definitiva del establecimiento.

Las sanciones

De diciembre de 2012 a marzo de 2015, la Secretaría de Gobernación (Segob) ha impuesto tan sólo 37 sanciones establecidas en la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento, tanto a permisionarios como a terceros no permisionarios, revela a Contralínea la dependencia encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong.
De acuerdo con la respuesta a la solicitud de información 0000400046115, de las 37 sanciones, 24 implicaron el pago de una multa. En total, las multas sumaron sólo 235 mil 286 pesos.
Las 37 sanciones también derivaron en el cierre de 56 casinos y centros de apuestas ilegales y tres revocaciones de permisos. Las multas más altas ascendieron a 20 mil pesos (una de ellas, aplicada al municipio de Benito Juárez, por ingresar de forma extemporánea las publicaciones y por reincidencia; la otra, a la Feria de Espectáculos y Paseos Turísticos de Durango, por ingresar de manera extemporánea el reporte de ingresos y el pago de participaciones al erario federal); las más bajas, a 5 mil pesos.
Entre las sanciones económicas destaca una de 10 mil pesos, fijada a la Cremería La Borbolla, por operar sin permiso una máquina electrónica con cruce de apuestas. También, por la misma cantidad, la multa al Colegio de Bachilleres de Veracruz por comprobar de forma extemporánea la entrega de premios de un sorteo.
Para la elaboración de este trabajo, se solicitó desde el 29 de octubre pasado conocer la versión de la Secretaría de Gobernación –a través de los funcionarios Roberto Femat, Dora Angélica González y Hebert Arenas, de la Coordinación de Comunicación Social–, sin que a la fecha de cierre de edición se haya obtenido respuesta.
Nancy Flores, @nancy_contra
/Primera de dos partes

"LE CAE la PATRULLA FRONTERIZA y TRAFICANTE ABANDONA CARGA de MARIHUANA".


Agentes de la Patrulla Fronteriza asignados al puesto de vigilancia en la comunidad de Hebbronville respondieron a un llamado de actividad sospechosa que se registró en una ranchería cercana a la carretera 359.
Tras llegar al lugar los elementos federales se percataron que por un camino rural circulaba un vehículo a alta velocidad al cual se intentó marcarle el alto, pero el chofer aceleró la marcha enfilando hacia la ranchería.
El sospechoso trató de evadir la acción de la justicia e intentó realizar algunas maniobras para perderse de los vehículos oficiales hasta que entró a los dominios de la propiedad señalada donde dejó abandonado el inmueble.
Al arribar las autoridades federales al lugar donde se encontraba el vehículo, se percataron que en el asiento trasero se encontraban un total de 82 paquetes de droga que fueron de inmediato decomisados como evidencia en el caso.
Después las autoridades procedieron a rastrear el área de monto por donde huyó el fugitivo, pero no lograron encontrarlo por más que fue buscado por aire y tierra por elementos de la dependencia, confiscando sólo la droga.
La Patrulla Fronteriza no dio a conocer el peso y monto total de la droga decomisada, ya que el caso se encuentra bajo investigación, además de que se turnará la evidencia a las autoridades encargadas en el combate a narcóticos.
Además de que también se investiga a quien pertenecía el vehículo que fue confiscado durante la persecución para saber si no era robado y utilizado en este tipo de ilícitos.
Fuente.-

"CATEAN RANCHO a EX-GOBERNADOR PANISTA"...ya es una "PRESA" y lo quieren "PRESO".


El  agente del Ministerio Público, peritos de la Procuraduría de Justicia y representantes del poder Judicial realizarán un cateo al rancho Pozo Nuevo, ubicado en la sierra de Sonora y perteneciente a la familia del exmandatario panista Guillermo Padrés Elías, quien es investigado por su probable responsabilidad en los delitos de operación con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero.
La madrugada del domingo, el juez Chastré Leyva Miranda, titular del Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Penal, otorgó tres órdenes de cateo que se realizaron simultáneamente en dos domicilios particulares ubicados en los residenciales Bachoco y La Joya, dos de las zonas más exclusivas de esta capital de Sonora.
Además de una lujosa mansión habilitada como oficina del exgobernador, ubicada en calle Justo Sierra de la colonia Pitic, donde los investigadores aseguraron varias computadoras, discos duros, facturas y talones de cheques como evidencia de los movimientos financieros y la administración de los ranchos propiedad de las familias Padrés Elías y Padrés Dagnino.
Fuentes oficiales confirmaron en exclusiva para Excélsior que el rancho Pozo Nuevo, de Padrés, ubicado en Bacanuchi, Sonora, se encuentra sitiado y que en cualquier momento se obtendrá la orden del juez para iniciar el cateo.
Mientras que la Procuraduría General de Justicia del Estado solicitó una ampliación del plazo legal de 48 horas (que se cumplió a las 19:00 horas de ayer domingo) para consignar al veterinario Luis Arístides López Moreno, detenido en flagrancia delictiva transportando más de 3.5 millones de pesos y quien confesó que trabaja para los hermanos Guillermo y Miguel, ambos de apellidos Padrés Elías.
“La solicitud para ampliar el término legal es para continuar con las diligencias como catear el rancho Pozo Nuevo de Padrés, porque la evidencia documental recogida al momento y los dichos del sospechoso detenido, son que él trabaja como administrador de la propiedad del exgobernador y su familia, además se quiere integrar una averiguación previa contundente que no deje lugar a dudas de que se trató de la comisión de un delito y que Guillermo Padrés está involucrado”, detalló la fuente oficial.
En conferencia de prensa, Rodolfo Montes de Oca Mena, procurador de Justicia en Sonora, señaló que todo este proceso penal deriva de un trabajo de inteligencia en contra de delincuentes, además recalcó que en la averiguación previa existen datos e información “muy contundentes y delicados”, aunque se negó a revelar más detalles para no entorpecer las diligencias judiciales.
Cabe recordar que no es la primera vez que las autoridades intervienen en el rancho Pozo Nuevo de Padrés, pues en septiembre de 2014 distintas dependencias federales realizaron un operativo de inspección en esta propiedad, donde descubrieron una enorme presa donde el exgobernador acaparaba el recurso hídrico del río Sonora, dejando sin agua para consumo humano y actividades productivas a miles de habitantes de la ribera.
Guillermo Padrés fue multado por violaciones a la Ley de Aguas Nacionales, pero casualmente la presa se vino abajo en medio del escándalo, alimentando la polémica y los rumores de que el mismo exgobernador la mandó dinamitar para ocultar evidencias.
Fuente.-

"LANZAN y RELANZAN ESTRATEGIAS",pero GUERRERO sigue al "BORDE del PRECIPICIO".


Fue un “relanzamiento” de la estrategia de seguridad para la Tierra Caliente de Guerrero donde no estuvo presente ningún mando del ejército. Ante la ola criminal que tiene sitiados a los habitantes de los nueve municipios que conforman esta región de la entidad, que colinda con Michoacán y Estado de México, el gobierno federal decidió enviar 200 agentes federales más para reforzar el despliegue. 

El territorio guerrerense, con todo y nuevo gobernador, sigue sumando ingredientes al coctel explosivo que lo tiene colocado como el estado más violento del país durante el 2015. 
Los asesinatos, secuestros y extorsiones que campean a sus anchas en ciudades y poblados, se le suma el control territorial en comunidades serranas de grupos armados al servicio de la delincuencia organizada. Mientras las movilizaciones magisteriales y estudiantiles no paran un solo día de protestar por la impunidad en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, la propaganda criminal tampoco deja de sacar a relucir nombres de funcionarios supuestamente coludidos con el narco.

Por ningún lado apareció alguna autoridad castrense como el general de brigada Raúl Gámez Segovia, comandante de la 35 zona militar en Chilpancingo. Era el medio día del pasado sábado 5 de diciembre cuando el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo acompañado del Comisionado Nacional de Seguridad Pública, Renato Sales Heredia, “relanzaron” en ciudad Altamirano el “Operativo Tierra Caliente”. Esta estrategia de seguridad la cual cumplió su primer año, en el inicio estuvo a cargo del general Enrique Dena Salgado, de quien poco o nada se supo después.

Una reunión privada en palacio municipal con ocho de los nueve alcaldes de esta región, que colinda con Michoacán y Estado de México, antecedió al evento donde el anfitrión fue Ambrosio Soto Duarte, empresario que encabeza el ayuntamiento de Pungarabato, cabecera de ciudad Altamirano. El perredista denunció en días pasados que en la zona operaba una célula del grupo criminal denominado “Templarios”, y que como otros habitantes de la comunidad había sido víctima de extorsión. Fue uno de los últimos funcionarios en pedir ayuda al gobierno federal ante la ola criminal que tiene paralizada a la región.

A un año también de que el general Gámez Segovia asumiera la comandancia de la 35 zona militar, en sustitución del divisionario Alejandro Saavedra Hernández, actual comandante de la novena región que abarca todo el estado, los secuestros, asesinatos, extorsiones se han desbordado. Ha sido la impunidad con que se mueven los grupos delictivos que sus amenazas han orillado por igual a profesionales de la salud a dejar Altamirano, que a empresas como Coca Cola a cerrar sus plantas en la zona.

Soto Duarte, alcalde de Pungarabato, alertó sobre lo que nadie quiere voltear a ver. “Vivimos una situación complicada, todo mundo lo sabe y no podemos seguir así, créanme no podemos seguir así. Necesitamos prevención social en la región, necesitamos normas elementales de convivencia, necesitamos justicia de lo cotidiano y algo que es un reto, necesitamos romper el pacto de silencio para denunciar. Hay que decir las cosas, no vamos a decir mentiras, no vamos a decir algo que no es. Tenemos mucho tiempo viviendo así”, declaró ante medios locales.

Astudillo, gobernador de extracción priista, se contuvo al salir de la reunión, dijo que “se trataron cosas delicadas” y no podía abundar “por obvias razones”. Reportes del gobierno federal señalan que más del 80 por ciento de las presidencias municipales en el estado de Guerrero tienen a su policía infiltrada o al servicio del narcotráfico. Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que entre enero y octubre de 2015 se registraron mil 651 asesinatos en toda la entidad, 383 casos más durante el mismo lapso de 2014. La cuota que la Tierra Caliente aportó es similar a la de otros municipios donde el narco, los grupos paramiliares y la narco política son autoridad.
Un actor que nadie mira
Uno de los últimos días de finales de septiembre pasado, la capital guerrerense amaneció tapizada de “narcomantas” dirigidas contra Salvador Anaya del Carmen, subdelegado de la PGR en Guerrero, quien junto al fiscal del Estado, Miguel Ángel Godínez Muñoz, han sido señalados varias ocasiones por los diversos grupos delictivos de estar vinculados al crimen organizado.

Lo que llamó la atención del caso del funcionario de PGR es que lo mismo ha sido relacionado con el grupo denominado “los Rojos”, como ocurrió el 28 de septiembre en Chilpancingo, que con “Guerreros Unidos” como pasó meses atrás cuando también se dijo que era compadre de Felipe Flores Velázquez, el prófugo ex secretario de seguridad pública de Iguala, vinculado a la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa ocurrida en septiembre del 2014.

Anaya del Carmen es el responsable por parte de la PGR de llevar las indagatorias relacionadas con delitos federales, los que se han incrementado de manera exponencial en los últimos meses, de acuerdo a estadísticas de la secretaría de Gobernación. El mensaje que dejaron contra él aquella ocasión decía: “A todas las autoridades, Sedena, Semar, Seido, Gendarmería y Policía Federal Ministerial, investiguen al subdelegado de la PGR en Chilpancingo el Lic. Salvador Nava del Carmen y sus chalanes Antonio de León y Gerónimo por sus nexos con Gueyo Seron, Trine, Senen Nava alias el Chaparro, Carmen Nava, el Pescado, Jorge Higachi perteneciente a la banda de los Rojos (…)”. Más adelante decían que el funcionario tenía por lo menos “más de 10 años” dando protección a esta organización desde diferentes puestos. Su actuación era, añadían, un ejemplo de cómo había abonado a la inseguridad.

Las imágenes de mantas colgadas en la vía pública en Acapulco o en Chilpancingo, se han convertido más que en una estrategia de propaganda del crimen organizado, en un directorio de funcionarios municipales, estatales y federales presuntamente coludidos con las diversas organizaciones que se disputan rutas y áreas de producción de droga en la sierra de Guerrero.

Si la vía pública de estas ciudades la usan los criminales para difundir sus mensajes, la estrategia del terror para el dominio territorial campea en poblados sierreños como los municipios de Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo. Grupos armados han hecho de caminos y brechas en esta zona, coto privado donde los asesinatos, secuestros que devienen en desapariciones se han desbordado en los últimos meses.
El ejército pasivo
Los hombres armados que patrullan por las brechas del municipio de Heliodoro Castillo son los que tienen sumido en el terror a la región, dice un ex munícipe del lugar que pidió no ser citado por su nombre. El mes pasado habitantes de la sierra decidieron protestar y retuvieron a soldados de una compañía de infantería, que por esos días habían detenido a guardias comunitarios, quienes habían decidido confrontar a los criminales que operan en la zona.

Tras la detención de los comunitarios, los criminales atacaron a varios pobladores en los alrededores, se reportaron muertos y lesionados pero la llegada del ejército impidió conocer a detalle cuántos fallecieron en total. El enfrentamiento sucedió en el municipio de Ojo de Agua, perteneciente a Heliodoro Castillo, donde comunitarios y narcos se enfrascaron durante varias horas hasta la llegada de los soldados. Los militares solo desarmaron a los policías civiles y se llevaron a algunos detenidos, lo que desató la ira de los habitantes quienes acusaron al ejército de actuar del lado de los criminales, dice este ex presidente municipal.

Comisarios ejidales del municipio vecino de Leonardo Bravo así como de Heliodoro Castillo, movilizaron a varios centenares de habitantes quienes interceptaron al convoy militar. Después de un lapso de tensión y pláticas entre los mandos castrenses y los líderes, liberaron a los detenidos y les devolvieron las armas que habían decomisado.

Hace unos meses el general Gámez Segovia acusó a la sociedad de la capital del estado por el nivel de violencia e impunidad que prevalece en Chilpancingo. Dijo que para actuar las autoridades requieren que haya una denuncia, y pese a que la gente sabe quiénes son los delincuentes, no lo hacen.
Lo que este oficial de infantería no dijo es que la sociedad no denuncia porque no cree en sus autoridades, ni estatales ni federales. Gamez, quien tiene en su hoja de servicios militares el haber sido profesor de materias como grupos de comando, guerra irregular, disturbios civiles y paracaidismo militar, pasó por alto la corrupción, parte nodal del clima de inseguridad y hartazgo que priva en Guerrero. Raro para un militar con su perfil, después de que pasó cinco años, entre 1992 a 1997, en la sección segunda, inteligencia militar, del Estado Mayor de la Defensa. Extraño en alguien que estudio en 1995 inteligencia militar en el Pentágono, para después ser nombrado director de la Escuela Militar de Inteligencia.

En Guerrero a un año de su arribo como comandante de la 35 zona militar, que abarca el norte del estado parte de la sierra y la Tierra Caliente, el general Gámez Segovia ya entendió que mientras la hidra de la narco política siga vigente, como en varios municipios calentanos, sus apariciones serán esporádicas, y sus dichos meros comentarios alrededor de un incendio que amenaza con crecer y arrasar con todo.
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Juan Veledíaz
@velediaz424


"EJECUTAN" a DIRECTOR MUNICIPAL en ACAPULCO...con "todo" y "Operativo Guerrero".



El director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Acapulco, Luis Andrés Lara García, fue ejecutado esta mañana junto a su chofer en este destino turístico, informaron autoridades ministeriales del Estado de Guerrero.

Según los primeros reportes policiacos, alrededor de las 9:30 horas sobre la Calle Hornitos, a un costado del Barrio de Petaquillas, en la Colonia Centro, al menos dos hombres armados dispararon en contra del funcionario municipal.

Al interior del vehículo, una camioneta tipo pick up, quedaron sin vida los cuerpos del directivo y su acompañante cerca del Museo Fuerte de San Diego y de las instalaciones de oficinas del Gobierno municipal.

Cabe mencionar que esta muerte sucede luego del anuncio de limpiar la nómina de personas que cobran sin trabajar y un ajuste en las finanzas del puerto.

Lara García había ocupado el mismo cargo durante la administración del Alcalde perredista Alberto López Rosas en el trienio 2002-2005.

Evodio Velázquez Aguirre, Alcalde porteño, canceló su gira de trabajo por la localidad y se espera que el Gobierno municipal fije una postura sobre los hechos.
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De "VERDAD HISTORICA a MONTAJE HISTORICO",en "COCULA NO HUBO INCENDIO"...y pesquisa se va al "basurero".


El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH) reveló hoy que de acuerdo con imágenes satelitales provistas por una institución reconocida, a solicitud de la Procuraduría General de la República (PGR), no hubo un incendio en el basurero de Cocula el 26 y 27 de septiembre de 2014 .
La evidencia fue otorgada por una institución metereológica, de la cual no dieron el nombre por reserva de información en el expediente, a solicitud de la misma Procuraduría.
Angela Buitrago, del Grupo de Expertos reveló que las imágenes satelitales, entregadas el 30 de septiembre de este año, indican que entre la 1:00 y 4:00 de la madrugada del 27 llovió en la zona con una precipitación de 21.8 milímetros.
“El hecho de que no sea en el basurero de Cocula, no genera la liberación automática de los presuntos responsables. No quita la desaparición de los muchachos, que fueron tomados y llevados por policías. La desaparición existe”, dijo Carlos Beristain sobre los mas de 100 detenidos por la PGR en torno a la “verdad histórica”.
El GIEI enfatizó en la necesidad de estar presentes en la ampliación de militares del 27 Batallón. Luego de una revisión de los últimos tomos del expediente, los expertos se percataron de que entre el 26 de agosto y el 1 de septiembre declararon varios militares, sin que el Grupo fuera informado.
Destacaron la necesidad de que se amplien las declaraciones, pues lo que hay en el expediente no es suficiente para aclarar la participación e información que los militares poseen sobre lo sucedido esa noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre.
Los militares estuvieron en al menos cuatro de los escenarios estudiados por los expertos la noche de la desaparición. El GIEI indicó que hay nuevos lugares de búsqueda para la PGR, sin mencionar los nombres por confidencialidad de la investigación.
El Grupo aclaró que se deben agilizar los trámites legales para concluir la evaluación de la autopsia hecha a Julio César Mondragón, y aclaró que el normalista Aldo Gutiérrez se encuentra en estado vegetativo y no de muerte cerebral como se ha manejado.
En cuanto a la nueva evidencia científica de lo ocurrido en el basurero, los expertos de la CIDH dijeron que a raíz de la petición de la PGR de realizar un nuevo peritaje en el basurero de Cocula, se tomó el acuerdo conjunto de establecer las características de los peritos y las condiciones adecuadas para hacer un nuevo dictamen.
En la actualidad, la PGR trabaja con el GIEI en dicho proceso de selección, definición de la metodología y de los tiempos de trabajo. “Se están traduciendo al inglés los insumos para el nuevo dictamen, entre ellos el material de José Torero y de los peritajes de la PGR, así como una síntesis de las declaraciones de los inculpados, que serán enviados previamente para su estudio a los expertos en fuego que participen”, informó el GIEI.
El Grupo señaló que no hay ninguna constancia en el expediente, ni en declaraciones de inculpados ni en la reconstrucción de hechos o peritajes de la PGR, “de que un grupo mucho más reducido de normalistas fuera llevado a dicho basurero, por lo que pide no especular sobre nuevas hipótesis sin base y que los objetivos del peritaje se centren en evaluar los hechos señalados”.
Dijo que la PGR, a petición del GIEI, pidió un estudio a un centro especializado en meteorología sobre la situación en la zona de Cocula-Iguala los días 26 y 27 de septiembre de 2014.
El estudio, realizado el 30 de septiembre de 2015 por dicho centro, tras la publicación del informe del GIEI, señala en sus conclusiones que la estación meteorológica de Iguala tuvo una precipitación acumulada de 21.8 mm de la 1 am a las 4 am del 27 de septiembre de 2014. Aunque no se consiguieron registros sobre Cocula, el informe señala que los pronósticos e imágenes de nubes muestran un perfil similar.
En el estudio citado, el monitoreo satelital muestra un solo punto de incendio en el estado de Guerrero el 27 de septiembre de 2014, mismo que no corresponde a las coordenadas de Cocula. Dicho informe concluye que: “sí llovió en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, y que no se detectó un incendio en la población de Cocula durante los mismos días”.
El GIEI consideró que este análisis apoya totalmente las revelaciones incluidas en su informe y que debe ser aportado como un material fundamental en la realización de cualquier estudio.
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