Con la finalidad de brindar un eficaz adiestramiento de los elementos que integran la Brigada de Fusileros Paracaidistas, se construyó y equipó un túnel de viento en las instalaciones de la Base Aérea Militar (BAM) N° 1 en Santa Lucía (Edo. Méx).
Este túnel tiene la capacidad para recrear las condiciones atmosféricas de la caída libre, brinda la sensación de volar en un entorno controlado y por tal motivo brindar experiencia a los usuarios y entrenar posibles técnicas de combate para asegurar el objetivo de las misiones asignadas.
Al realizar el adiestramiento en el túnel de viento se puede ajustar la velocidad del aire de acuerdo al peso de las personas para simular la velocidad ejercida por la fuerza de gravedad. Contar con una instalación de este tipo se traduce en mayor seguridad para los integrantes de la brigada brindando la posibilidad de practicar este tipo de saltos de manera controlada y segura.
Una cualidad de este grupo de elite mexicano es su movilidad estratégica: la base central de sus operaciones se trasladó de la Ciudad de México a la Base Aérea Militar N°1 con la finalidad de que, una vez emitida una alerta, el personal esté listo para realizar operaciones con una aeronave en 25 minutos, reduciendo de manera considerable los tiempos de reacción y despliegue de operaciones.
Anteriormente, el personal convocado a operaciones se trasladaba desde el Campo Militar No. 1 hasta Tecámac con el fin de abordar una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana.
Con las nuevas instalaciones, la integración de personal con las aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana se realiza en menos tiempo cuando se trata de mover grandes cantidades de personal, armamento y equipo en poco tiempo.
Las nuevas instalaciones de la brigada tienen una extensión de 243,732 m2 y, además de superar a las antiguas instalaciones en tamaño, cuenta con mejoras técnicas sugeridas por los propios integrantes de la brigada, las que aumentan la productividad de los elementos.
Integrantes de la Brigada de Fusileros Paracaidistas. Firma Sedena
México es el tercer país de AL con más asesinatos de defensores del medio ambiente y la tierra del 2012 al 2023, según Global Witness.
En México, 203 personas defensoras del medio ambiente y la tierra han sido asesinadas del 2012 al 2023, de acuerdo con cifras de Global Witness, organización internacional que comenzó a reportar este tipo de delitos en 2012.
Con ese número, el País es el tercero en América Latina con mayor número de asesinatos de tales defensores. Sólo es superado por Colombia (461 homicidios) y Brasil (401), según el reporte “Voces silenciadas: la violencia contra las personas defensoras de la tierra y el medioambiente”.
El 85 por ciento de los asesinatos registrados en 2023 ocurrieron en esta región. La agrupación reportó 18 ambientalistas asesinados en México durante el año pasado.
203
Aambientalistas han sido asesinados en México desde el 2012.
Vinculan delitos con minería
Más del 40 por ciento de los asesinatos sucedidos en 2023 en México fueron vinculados por Global Witness con las operaciones mineras a las que se oponían los defensores.
Otra preocupación son las desapariciones forzadas, actos considerados por la organización como especialmente crueles y típicos en el País porque dejan a las familias en un estado de incertidumbre perpetua y sin recursos a la justicia.
En todo el territorio nacional, 93 personas defensoras del medio ambiente y la tierra han desaparecido entre diciembre de 2006 y agosto de 2023, apunta la investigación periodística “A dónde van los desaparecidos”.
Un caso destacado por Global Witness es el de Antonio Díaz Valencia y Ricardo Arturo Lagunes Gasca, quienes desaparecieron en enero de 2023. Ambos trabajaban en Michoacán para proteger a la comunidad de San Miguel de Aquila de Ternium, uno de los mayores productores de acero de América Latina.
A lo largo de cuatro años, personas armadas los siguieron y amenazaron. Cuando volvían de una reunión comunitaria desaparecieron. Su vehículo fue encontrado con llantas pinchadas el 15 de enero. Desde entonces su familiares los buscan, pero parece que nadie sabe nada.
¿Qué hacer?
Como parte de su reporte anual, Global Witness emite recomendaciones a gobiernos y empresas. Algunas de ellas son:
Los gobiernos deben:Aplicar las leyes y mecanismos vigentes que reconocen y protegen la labor de estas personas. Por ejemplo, el Acuerdo de Escazú.
Detectar, documentar y analizar sistemáticamente los ataques contra dichos defensores.
Facilitar el acceso a la justicia.
Las empresas deben:Detectar, prevenir, documentar, mitigar y reparar sistemáticamente los daños y perjuicios causados por sus operaciones a los defensores.
Aplicar una política de cero tolerancia a agresiones y represalias en contra de estas personas, así como a la adquisición ilegal de tierra y a las violaciones del derecho al consentimiento libre, previo e informado.
«El número de homicidios sigue siendo escandaloso y los gobiernos no pueden mantenerse impasibles ante esta situación completamente inaceptable».Laura FuronesAsesora principal de la campaña de personas defensoras de la tierra y el medioambiente de Global Witness.
Todos los soldados saludan con la mano al frente al teniente coronel Jacinto Moreno al pasar con la camioneta. Las costumbres castrenses se ablandan en cuanto el alto rango pone un pie en el suelo del Criadero Militar de Santa Gertrudis, ubicado en las llanuras del sur del Estado de Chihuahua. Bromea y habla de la situación de los animales con los veterinarios, que en este espacio tan grande como la Ciudad de México reproducen y crían a los caballos que cada año cruzan la capital en los grandes desfiles militares.
En este campo los soldados dejan las armas para conservar al bisonte americano y el borrego cimarrón, especies que estuvieron en riesgo de desaparecer del territorio mexicano. Unos animales ahora amenazados por la sequía. La falta de agua ha provocado en los últimos seis años un aumento del 29% en los costes de mantenimiento de los animales de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).
La entrada al Campo Militar 42a Francisco Villa, a donde se llega desde la ciudad de Delicias, es un pequeño puesto en el que un militar revisa quién y por qué entra. A partir del control, las llanuras salpicadas por algunas montañas se extienden por más de 149.440 hectáreas que cubren pequeños arbustos y pasto de un color verde apagado.
“Hace un mes se veía todo amarillo”, recuerda el militar y veterinario Moreno, de 53 años, para advertir cómo la sequía extrema lleva años afectando al Estado de Chihuahua. La escasez de agua es una de las razones por la que la cantidad de caballos del criadero ha mermado desde los 2.400 que había en 2020 a los poco más de 1.000 que hay en la actualidad, según la estimación del teniente coronel.
Los equinos, que pastaban en ganadería extensiva comiendo lo que salía de la tierra, ahora tienen que ser alimentados con forraje y sales minerales con melaza. Viven en 16 de las 21 estancias —asentamientos rurales— en los que está dividido el campo militar. Una de ellas, que está junto a los edificios centrales de Santa Gertrudis, es la Unidad de Reproducción de Cerro Colorado.
La subteniente y encargada del centro de reproducción equino, Jeimmy Hernández, de 30 años, tiene a sus subordinados preparados para comenzar la exhibición de caballos. La veterinaria da la orden y un soldado saca al óvalo de exhibición a un frisón negro de 165 centímetros a la cruz, donde empieza el cuello del animal. “Es utilizado como semental. Tiene tres años y seis meses, todavía es un caballo que va a continuar creciendo”, explica Hernández. Los sementales son pocos. Son los que aportan el semen para inseminar artificialmente a las yeguas, que forman un grupo de 40 en un área cercada muy próxima a los establos.
Los frisones y los cuartos de milla son los dos principales caballos que se “producen” en el criadero. Pero nacen del vientre de otra raza diferente, la Santa Gertrudis, que está en proceso de convertirse en la primera raza militar mexicana certificada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Para la subteniente Hernández son una raza excelente para gestar el embrión de cualquier tipo de caballo. “La Santa Gertrudis tiene algunas características preciosas, entre ellas una buena adaptabilidad a los cambios climáticos que son altamente extremos en el norte del país y una buena conversión alimenticia [con poco alimento son capaces de crecer]”, explica.
La cría de caballos jugó un papel importante desde que en 1927 el Gobierno mexicano cedió los terrenos de Santa Gertrudis a la entonces Secretaria de Guerra y Marina. Los avances militares y automovilísticos volvieron al animal irrelevante en la década de los años setenta. Los equinos que hoy nacen en Santa Gertrudis solo son destinados a los 25 regimientos de Caballería del Ejército mexicano para uso deportivo y para los desfiles militares. “Nosotros somos la tienda, ellos son los que compran”, ejemplifica Hernández sobre el funcionamiento del criadero. Este año les han pedido ocho frisones. “El 90% de los caballos que desfilan en Ciudad de México nacieron aquí”, apunta el teniente coronel Moreno.
El otro programa a gran escala del criadero militar es el bovino. En total hay más de 2.700 cabezas de ganado repartidas en 10 estancias del criadero. Las razas que se producen son la Aberdeen Angus, de origen escocés; la Charolaise, venida desde Francia; la británica Hereford; y la más reciente incorporación, llegada hace tres años, la japonesa Wagyu. La mayoría de las vacas tienen como fin ser consumidas por los miles de soldados del Ejército mexicano. El número de ganado en el criadero no suele variar. “Nacen 600, mueren 600″, explica Moreno.
El coste de este criadero para los mexicanos, como muchos de los gastos del Ejército y la Marina, son opacos en los Presupuestos de Egresos de la Federación. Ni Moreno ni la responsable de prensa del criadero han dado cifras del mantenimiento de los alrededor de 450 militares destinados al mantenimiento de Santa Gertrudis y los más de 3.700 animales que allí habitan. La única cifra que permite aproximar el dinero dedicado a la cría de animales de la Sedena es el apartado “salud y producción animal”, que alcanza los 113 millones de pesos (5,7 millones de dólares), un 27% más que la de 2018.
El teniente coronel admite un aumento de los costos en los últimos años a causa de la sequía. “Tienes que empezar a ver cómo comprar el forraje, hay que conseguir el agua, hay que llevársela hasta donde están [los animales]. Todo eso ya influye en la cuestión económica”, asume.
Conservación de especies protegidas
En el cerro del Convento, uno de los que salpican las extensas llanuras de Santa Gertrudis, el sargento segundo Silvestre Salgado, de 37 años, bromea sobre si salvaría a un borrego cimarrón de las garras de un águila real mexicana, ambos en protección especial en México. “Pero aparte está en el escudo nacional [el ave], ni modo que la mates”, dice entre las risas de sus compañeros. El ambiente del criadero dista mucho de la imagen típica de un campo militar. En Santa Gertrudis ni veterinarios ni ganaderos llevan armas. El único distintivo son los uniformes de la Sedena y los modos castrenses como el pase de filas y el saludo militar.
Los soldados, junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), comenzaron el programa de conservación del borrego cimarrón, que durante años estuvo en peligro por la caza furtiva. Llegaron ocho hembras y dos machos que se reprodujeron hasta los 52 especímenes, que viven en semilibertad en un área de 500 metros cuadrados en los que se les prepara para ser devueltos a la libertad. “Ya tenemos animales que son propensos a ser liberados y hay que buscar las hembras que puedan irse con ellos”, explica Salgado. La orden de liberación, en este caso, no vendrá de uno de sus mandos superiores, sino de los expertos de la Semarnat, que cada poco acuden para ver el estado de los borregos.
A unos kilómetros del cerro del convento, en una pequeña cuadra de piedra, está el que Moreno considera el animal “más imponente” del criadero. Unos 11 bisontes, el mamífero terrestre más grande del continente americano, se mueven poco entre los muros de piedra. Son solo algunos de los 35 que viven en Santa Gertrudis y que se han reproducido desde que el programa de conservación comenzó en 1996, con cuatro machos y siete hembras.
A finales del siglo XIX apenas quedaban 300 bisontes en todo el mundo. Sus principales amenazas fueron la pérdida de sus hábitats por tierras de cultivo. Otra de sus amenazas es el muro fronterizo, según un informe de la Semarnat, a pesar de que hay más de 350.000, la mayoría en Estados Unidos y Canadá, de los que el 70% se destinan a consumo humano. En el criadero su problema es, como para casi todos los animales, la falta de agua y pasto. “Se enflacan y tenemos que encerrarlos para apoyarlos con alimento y agua”, explica Moreno. Junto a ellos también se crían 80 especímenes de ciervo rojo, originarios de Europa pero traídos de Nueva Zelanda, para investigarlos científicamente.
Al teniente coronel Jacinto Moreno sabe que le queda poco tiempo en el criadero. Cada poco tiempo relevan a los altos mandos, como es común en las comandancias y regimientos del país. No teme que el criadero se vea consumido por grupos criminales o una desmilitarización. La presa Francisco I. Madero, que surte a Santa Gertrudis, está apenas al 15% de su capacidad máxima, según el monitoreo de la Comisión Nacional del Agua. La verdadera preocupación del veterinario es el cambio climático. “Me tocó vivir este periodo de sequía. Yo no me lo esperaba. Es algo contra lo cual no tienes muchas armas para hacerle frente. Tú nomás ves como el campo se está secando y tus animales están enflacando, enflacando, enflacando…”.
El Informe Policial Homologado (IPH) es el primer paso para que quienes violan la ley puedan ser procesados y sentenciados, pero se ha convertido en “el coco” para algunos policías.
En el 2010 comenzó aplicarse el IPH y es responsabilidad de los primeros respondientes a un hecho, que regularmente son los policías estatales o municipales.
Pero esa nueva responsabilidad ha desatado controversia entre los mismos uniformados, pues algunos lo consideran una carga más a su trabajo, ya que deben invertirle tiempo al llenado del documento.
Además, temen que algún error les acarree problemas legales, y en ocasiones deben destinar su día descanso a acudir a citas de algún juez en la investigación de su detención.
“Estamos conscientes de que su llenado es parte de nuestro trabajo”, dijo un elemento estatal que pidió omitir su nombre, “lo que no toman en cuenta es que estamos rebasados por el alto índice de delincuencia.
“Imagínate, llenar (el IPH) casi al final del turno”, añadió, “uno ya anda desvelado y pues se han ido errores, que eso nos causa broncas legales, además de que es muy laborioso hacerlo.
“Lo hacemos, pero sí es una friega”.
RIESGO LEGAL
Si el IPH presenta errores en su llenado, imprecisiones o datos falsos, puede ser la puerta de salida para los delincuentes, pues los abogados defensores lo usan para invalidar las capturas.
Esa situación le causa problemas a los policías: pueden ser suspendidos, dados de baja y hasta detenidos, según la gravedad de la falta.
“Los errores que aprovechan los abogados”, describió Javier Antonio Sepúlveda, criminólogo y catedrático desde hace 21 años en la Facultad de Derecho de la UANL, “es cuando (los policías) ponen una fecha distinta, cuando se equivocan en la hora, cuando se equivocan en el lugar donde fue encontrado el sujeto o la droga.
“O en la puesta a disposición que diga que lo detuvieron a las 8 de la noche y en la cadena dice que la realizaron a las 7 con 50 minutos. Ésos son los errores que aprovecha un abogado”.
Un ex elemento de la policía estatal que ahora es comerciante confirmó que hay errores comunes en el llenado del IPH, pero aseguro que se deben al cansancio y la carga laboral.
“Son errores, pero sin intención”, afirmó, “uno ya anda con carga de trabajo y desvelado y pues se van esos errores, y luego viene la bronca para uno que por eso (el delincuente) quedó en libertad”.
MALOS EJEMPLOS
La mala elaboración del IPH ya ha traído consecuencias en Nuevo León.
En febrero del 2021, dos policías de Escobedo hallaron a sospechosos con metanfetamina y los persiguieron hasta el interior de una casa, donde los capturaron.
Para justificar la detención sin una orden de cateo, en el IPH señalaron que el arresto fue en la calle. Pero esto provocó que los presuntos delincuentes fueran liberados.
Los uniformados fueron sentenciados a 4 años de prisión por los delitos de abuso de autoridad y contra la administración de justicia. Al someterse a un procedimiento abreviado recibieron un beneficio legal y cumplieron la sentencia en libertad, pero su historial quedó marcado.
El 5 de septiembre del 2023, 10 policías de Fuerza Civil señalaron que una persona fue detenida en posesión de drogas y un arma de fuego.
Pero tras realizarse la investigación, con cámaras de video se determinó que los elementos falsearon información, al señalarse que “sembraron” las evidencias. Ante esa situación, fueron suspendidos y el acusado fue dejado en libertad.
CUESTIÓN DE EDAD
Pese al rechazo que mantienen algunos policías ante el IPH, hay otros que ven ese informe como parte de su trabajo y, al ser homologado, les permite saber lo que tienen que hacer si cambian de corporación.
Y la diferencia entre estar a favor o en contra del documento puede ser cuestión de edad.
“Los de la ‘vieja guardia’”, explica el abogado Sepúlveda, “ellos llenaban en una sola hoja la puesta a disposición y nomás ponían fulanito estaba en tal lugar, lo detuvimos, ratificaban la detención ahí mismo y no se les volvía a hablar a los policías por esa detención.
“Ahora no, ahora van a tener que ir a un juicio, porque ellos tienen que defender su trabajo con el correcto llenado del Informa Policial Homologado”.
Señaló que hay una herramienta muy importante para evitar errores en el llenado del IPH: capacitación constante.
El que “dejó varias bocas abiertas” en Colima, nos cuentan, fue Luis Gerardo García Olivares (PAN), un joven de sólo 19 años, quien está a punto de convertirse en el próximo alcalde de Coquimatlán y el más joven del país, pues está registrado como suplente en la planilla que ganó la pasada elección, cuyo titular es el panista Carlos Chavira George, arrestado desde el pasado 2 de septiembre por el delito de abuso sexual en contra de un menor.
Nos indican que la situación legal de don Carlos difícilmente se resolverá antes del próximo 15 de octubre, cuando se instalarán los nuevos cabildos en el estado del Pacífico, por lo que el joven Luis Gerardo, listo o no, deberá asumir el cargo. ¿Podrá con la responsabilidad?
Hablar debiera ser una virtud de los poetas y de los políticos, aunque también estos últimos se enredan en su propia labia y no vaya muy lejos, basta seguir la conferencia mañanera del presidente AMLO,o el catálogo de pendejadas de Vicente Fox cuando fue presidente de la república, o de Enrique Peña Nieto.
¿Alguien que lo supo podría olvidar cuando Fox presidente, hablando de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos, dijo que ellos “están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer”? ¿O cuando Ernesto Zedillo, también siendo presidente, dijo a una anciana que le pedía caridad en Tres Marías, Morelos, “no tengo cash”?
Asi que pedirle a un general que no diga un despropósito cuando encabeza una conferencia de prensa como si fuera la primera autoridad, estando presente el gobernador Rubén Rocha, sería injusto.
Dueños de la mesa, hablaron todos, hasta el secretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, vestido de civil pero también General… menos Rocha.
Si no tomamos la declaración del general, Jesús Leana Ojeda, Comandante de la Tercera Región Militar (a la que corresponden Sinaloa y Durango), como un derrape verbal de alguien que no sabe usar las palabras, tendríamos que empezar a armarnos nosotros mismos, como lo han hecho en estados y municipios donde el Gobierno simplemente es incapaz de combatir a los grupos armados.
Esto no ha ocurrido hasta ahora en Sinaloa, pero es la inexistencia del Estado en algunas zonas del país la que estimula estos fenómenos.
Lo dijo en la conferencia de prensa que se ofreció al término del desfile del 16 de septiembre en el palacio municipal.
Me pregunto por qué el gobernador se hizo a un lado, por qué les cedió el micrófono a los militares, por qué nunca habló ni siquiera para presentarlos.
Tenemos un gobierno civil, los ciudadanos votamos por autoridades civiles y esas autoridades son las que mandan.
A nivel nacional el mando supremo de las fuerzas armadas es civil, es el Presidente de la República. A nivel estatal, la máxima autoridad es civil, es el gobernador, por él votamos. Las fuerzas castrenses están como coadyuvantes de la autoridad civil, pero solo eso. Esos son los roles constitucionales y si quieren invertirlos háganlo, tienen todo para ello (y si alguien lo duda que le pregunte al Poder Judicial).
El espectáculo que vimos esa mañana en la sala de cabildos, fue triste. Triste por el lugar que el gobernador se adjudicó a sí mismo y triste por las declaraciones de un alto mando militar que toma la palabra solo para decir que estamos en manos de los grupos del narcotráfico en pugna y que ellos, el gobierno, no pueden hacer nada para garantizar la seguridad de los sinaloenses.
Unos días antes el mismísimo presidente AMLO en una de sus mañaneras había hecho un llamado a los narcos para que actuaran con responsabilidad, haciéndoles notar que Sinaloa es su casa, que la cuidaran.
Pero son solo formas de esquivar una responsabilidad o de tratar de ocultar la realidad, o equívocos verbales —en el caso del General—, porque días después, elementos del ejército y la Guardia Nacional dieron el golpe más duro que uno de los bandos en pugna, Los Chapitos, ha recibido desde que empezaron los enfrentamientos con los Mayos. En una operación relámpago, detuvieron a Mario Alexander Gámez Cuevas, el Piyi, quien ocupó en lugar del Nini cuando este fue detenido.
Y dos días después llevaron a cabo un cateo en la colonia Guadalupe Victoria, donde aseguraron vehículos y ocho motopatrullas clonadas, sin que hasta ahora hayan dicho a quién pertenecía la bodega. Con lo cual los militares demostraron que están hechos para actuar, no para dictar conferencias de prensa.
Este es un contexto que no nos imaginábamos hace dos meses. Empezamos a preguntarnos si llegaría a partir de la captura o entrega de Ismael Zambada García y más aún cuando en su carta el capo dijo que Joaquín Guzmán López lo había secuestrado. Cierto o no, el conflicto estalló y Sinaloa, sobre todo la capital y el sur, ha entrado en una especie de parálisis y de caos, la normalidad se ha trastocado y no se ve todavía una luz en el túnel.
Despilfarro de recursos, amiguismo, negligencia, corrupción y pérdida credibilidad, es lo que impera en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), acusaron trabajadores y extrabajadores del organismo, quienes en una carta dirigida a la Presidenta electa, Claudia Sheimbaum, le piden que la o el próximo titular de la Comisión cuente con presencia y reconocimiento.
“En la administración Piedra-Estrada imperan amiguismo, negligencia, corrupción y pérdida credibilidad, estamos conscientes que el abuso d e esas ‘cualidades’ no son privativas de una institución como la CNDH, pero es muy lamentable que esto suceda en un Organismo Autónomo que debiera ser garante de los intereses de las víctimas, los perseguidos, Ios desaparecidos y los marginados en nuestra sociedad.
“Sin embargo, con una presidencia abandonada y caracterizada por la ausencia y falta de compromiso de Rosario Piedra, la CNDH ha quedado en manos de Francisco Estrada para su uso, abuso, venganza, aspiraciones políticas personales, todo ello en detrimento de la propia Comisión y los objetivos por los que fue creada”, destacan.
Rechazan que tengan preferencia por candidata o candidato alguno, aunque agregan que “si tenemos la certeza de conocer a quienes no queremos y esta opción de incapacidad y negligencia es encabezada por las personas que actualmente dirigen la CNDH como son María del Rosario Piedra lbarra y Francisco Emiliano Estrada Correa, quienes han llevado a la Comisión a su estado deplorable actual”.
Acusan que en la Comisión Nacional se hace un despilfarro inmenso de los poco más de mil 798 millones de pesos de presupuesto anual, de los que un 81% se ejercen en el capítulo mil destinado a servicios personales.
Sin embargo, agregan, la gran simulación se hace en los capítulos do mil y tres mil donde los dos suman un monto de 334.2 millones de pesos.
“En el ejercicio de estos capítulos se esconde la desviación de recursos que hace Estrada Correa mediante las partidas de adquisición de mobiliario, vehículos, pago a servicios externos como en el rubro de estudios y proyectos, en esta sola partida cada año se hacen erogaciones de un monto cercano a los 100 millones de pesos”, mencionan.
Precisan que en 2022 se denunciaron pagos a empresas fantasmas por 25 millones de pesos, monto que al año siguiente por el mismo concepto creció a 73 millones de pesos y cada año en esa partida la erogación es mayor.
“Esto es una de las razones que explican el porqué en la administración de Rosario Piedra y Francisco Estrada se ha requerido cambiar hasta por 5 veces al Oficial Mayor y estos prefieren la renuncia antes que ser cómplices en sus manejos”, mencionan.
Indican queque anualmente la CNDH ejerce más de 30 millones de pesos por concepto de arrendamiento, el cual se celebra mediante contratos de adjudicación directa y sin licitación.
Señalan que estas anomalías presupuestales son hechas con el conocimiento y complicidad de la contadora Olivia Rojo, titular del Órgano lnterno de Control, quien en lugar de ver por los intereses de la CNDH se ha dedicado a perseguir a los trabajadores señalados por Francisco Estrada y a archivar cualquier queja o denuncia en contra Piedra Ibarra y Estrada.
Expone que cuando Rosario Piedra asumió la titularidad de la CNDH encontró una plantilla de mil 720 trabajadores y en sus primeros cuatro años de gestión ha hecho mil 614 despidos, lo que implicó un costo de 407 millones 273 mil 548 pesos.
La Presidenta electa Claudia Sheinbaum corrigió hasta dos veces la carta de respuesta al Gobierno de España, en la que justificó la no invitación al Rey Felipe VI.
Sin embargo, la morenista no modificó la sustancia o el sentido del escrito, sino un dato histórico sobre la fundación de Tenochtitlán y el nombre del Presidente del Gobierno español.
También borró un párrafo completo en el que presumía la aprobación de la reforma para reconocer los derechos plenos de las comunidades indígenas.
Sheinbaum publicó ayer una carta en la que justificó que el Rey Felipe VI no fue invitado a la toma de posesión por haber ignorado el reclamo del Presidente Andrés Manuel López Obrador de ofrecer disculpas por los abusos cometidos durante la Conquista.
Este jueves, en medio del escalamiento del pleito entre México y España, la próxima Presidenta cambió partes del posicionamiento por errores.
«Comparto de nuevo el posicionamiento con dos precisiones que se fueron en la transcripción», publicó Sheinbaumen redes sociales.
En la carta original, Sheinbaum recordó que López Obrador envío al Rey una carta con motivo de la celebración de los 200 años de la vida independiente y casi 2 siglos de la fundación de Tenochtitlan.
El dato erróneo sobre la fundación de Tenochtitlan, que fue en 1325, fue criticado sobre todo en redes sociales, por lo que la próxima Mandataria precisó a «casi siete siglos».
«Con motivo de la celebración de los 200 años de vida independiente y de casi 7 siglos de la fundación de Tenochtitlan…», se lee en la misiva corregida.
Otro dato que precisó Sheinbaum es el nombre del Presidente del Gobierno español.
En la carta publicada ayer se leía «Pedro Sánchez Castrejón», cuando el nombre correcto del Mandatario es Pedro Sánchez Pérez-Castejón.
Asimismo, Sheinbaum eliminó el siguiente párrafo de la versión final: «En este sentido, es relevante mencionar que la propuesta enviada el 5 de febrero por el presidente López Obrador para reconocer los derechos plenos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y Senadores».
La morenista Montserrat Caballero Ramírez, quien se fue a vivir a cuartel militar por «miedo» y concluye su cargo como Alcaldesa de Tijuana este próximo 30 de septiembre, ya posee una propiedad valuada en 16 millones de pesos en Playas de Tijuana, una de las zonas más exclusivas de la ciudad.
Tan sólo el terreno de 375 metros cuadrados, donde se encuentra la casa, tiene un valor comercial de 4.5 millones de pesos, y hay que sumarle 12 millones de pesos por costo de la edificación y acabados de más de 775 metros cuadrados, en la Colonia Costa Coronado Residencial.
Una copia de las escrituras notariadas del inmueble, emitidas el 9 de octubre del año 2021, detalla que el vendedor fue el médico cirujano Joaquín Pascual Merlos Barajas, recientemente asesinado en el estacionamiento del Hospital de los Arcángeles, en la Colonia Guanajuato, apenas el pasado 18 de abril.
En sus seis años en la política, sus ingresos como diputada local y como presidenta del XXIV Ayuntamiento de Tijuana suman un total de 4 millones 254 mil 079.69 pesos, cantidad que representa solo una cuarta parte del valor total de la propiedad en mención.
La responsabilidad que durante tres años desempeñó Montserrat Caballero Ramírez como alcaldesa de Tijuana, culmina en unos días.
Para ser exactos el próximo lunes 30 de septiembre, encargo que de acuerdo a datos obtenidos le permitirá vivir en una zona privilegiada de la delegación Playas de Tijuana.
Y es que de otra manera no se entiende cómo Montserrat Caballero Ramírez pudo adquirir una propiedad cuyo valor supera los 16 millones de pesos.
En sus seis años en la política, sus ingresos como diputada local y como presidenta del XXIV Ayuntamiento de Tijuana suman un total de 4 millones 254 mil 079.69 pesos, cantidad que representa solo una cuarta parte del valor total de la propiedad en mención.
Del año 2019 a 2021, como diputada local recibió como remuneración la cantidad de 1 millón 147 mil 710 pesos y de 2021 a 2024 fue de 3 millones 106 mil 308 ya como presidenta del XXIV Ayuntamiento de Tijuana.
En un documento firmado por el licenciado Gustavo Casanova López, titular de la Notaría Pública Número Veintiuno, con folio oficial 8956502, se formalizó el contrato de compraventa, entre la aún alcaldesa de Tijuana y el señor Joaquín Pascual Merlos Barajas, de un terreno de 375 m2.
El predio está ubicado en residencial Costa Coronado, en Playas de Tijuana, donde actualmente se encuentra un inmueble en construcción con valor total estimado de 16 millones 055 mil pesos, de acuerdo a una consulta del mercado inmobiliario de la ciudad.
Evidentemente hay de por medio, la presunción de actos de corrupción, daños patrimoniales y abuso de privilegios por parte de la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez, convirtiendo su residencia por concluir en Playas de Tijuana como la versión local de la “Casa Blanca”.
La forma como se hizo de este predio y ha edificado su futura residencia, son hechos que deberán ser tomados en cuenta por las autoridades correspondientes para pedir que rinda cuentas claras a los tijuanenses, quienes que en algún momento le otorgaron su voto de confianza.
¿Cuál será el destino final de residencia de la aún presidenta municipal de Tijuana? ¿Será este uno de los motivos por los cuales en repetidas ocasiones ha externado que vivirá en el extranjero y alejada de los reflectores?
En dichas escrituras, el avalúo comercial es de un millón 704 mil 180 pesos y la compra se pactó en un millón 658 mil 344 pesos, hubo una primera transferencia de 33 mil 900.98 dólares y, la segunda, de 46 mil 99 dólares, de acuerdo con la documentación.
Un análisis inmobiliario particular indica que el metro cuadrado de terreno en esa zona de Playas de Tijuana vale al menos 600 dólares, es decir, el terreno por sí solo vale 4 millones 275 mil pesos.
Pero la casa tiene un aproximado de 775 metros de construcción, con un costo por metro cuadrado de 800 dólares, que dan aproximadamente 620 mil dólares, es decir, 11 millones 780 mil pesos de construcción, dando un total de 16 millones de pesos por la propiedad.
Su salario no coincide. Los ingresos que obtuvo como diputada local del 1 de agosto al 7 de marzo del 2021 ascendieron a 63 mil 721.63 pesos mensuales, menos una donación de sueldo a una asociación deportiva por 63 mil pesos, lo que da un total de un millón 147 mil 710 pesos durante los 19 meses del encargo.
En tanto, en sus 36 meses como Alcaldesa, del 1 de octubre del 2021 al 30 de septiembre del 2024, casi todos como integrante de Morena, su salario mensual de 90 mil 574 pesos alcanzó los 3 millones 260 mil 664 pesos, menos 63 mil 721 pesos de la donación de su sueldo por las afectaciones del huracán Otis en noviembre del 2023, sumó un total de 3 millones 196 mil 943 pesos.
La discrepancia entre el salario de la Alcaldesa y su salario es de alrededor de 11.6 millones de pesos.
La Alcaldesa de Tijuana fue expulsada de Morena por la Comisión Nacional de Honor y Justicia de ese partido por haber respaldado a la candidata del PAN y reportera local, Maricarmen Flores, en los pasados comicios contra del morenista Ismael Burgueño.
Lo anterior, tras filtrarse un audio en el que la Presidenta Municipal ofreció apoyo financiero a Flores; sin embargo, Caballero siempre argumentó que el audio era producto de inteligencia artificial.
