Horas después de trascender a la opinión
pública que el fiscal general de Nayarit, Édgar Veytia, estaba en manos de la
justicia de Estados Unidos acusado de múltiples delitos relacionados con el
tráfico de drogas, fuerzas federales blindaron el estado. Testigos de la
operación reportaron que helicópteros artillados sobrevolaron Tepic y que la
frontera con Jalisco se reforzó la seguridad. ¿Por qué tras la captura del
fiscal se tomaron medidas como si el detenido hubiera sido el jefe de un cártel
de drogas? La explicación la dio el gobernador Roberto Sandoval dejó más dudas
que certezas, pero el extraño sellamiento del estado fue resultado de una
petición que le hizo el martes al secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong.
Sandoval se encontraba en Tepic cuando
le notificaron de la detención de su fiscal poco después de presentarse ante un
juez en la Corte Federal de San Diego, donde le leyeron las acusaciones.
Inmediatamente voló a la ciudad de México para hablar con Osorio Chong, explicó
sin aclarar porqué fue a Bucareli y no a la Secretaría de Relaciones Exteriores
para que pidieran oficialmente información al gobierno de Estados Unidos, o a
la Procuraduría General de la República para que recabara la información
pertinente del caso. El gobernador, que no acudió a las instancias que
corresponden a un asunto que requiere de trabajo diplomático y jurídico
internacional, tuvo una reacción de miedo.
Veytia fue detenido el lunes por la
noche por agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, al cruzar la
frontera de Estados Unidos para ir a visitar a su familia a San Diego, como lo
hacía de manera regular cada 15 días, tras ser acusado por un Gran Jurado, que investiga
en secreto una presunta conducta criminal y determina a partir de testimonios y
documentos si debe acusársele de un delito, en Nueva York. Sandoval no explicó
por qué el fiscal general estaba viajando a Estados Unidos en un día laboral.
Funcionarios de la DEA dijeron que tan pronto como se otorgó la orden de
aprehensión, estuvieron vigilando el cruce fronterizo por donde siempre entraba
a Estados Unidos, en el paso exprés entre el aeropuerto de Tijuana y la Mesa de
Otay.
La Corte Federal del Este en Nueva York,
que lleva el caso de Joaquín El Chapo Guzmán, presentó cargos
insólitos contra Veytia, al acusarlo de producción, transportación,
distribución y venta de heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana en un
mismo proceso. La investigación en su contra comenzó en enero de 2013 y se
cerró, al presentar ante un juez la acusación para obtener la orden de
aprehensión, el 2 de marzo pasado. Las acusaciones comprenden tráfico de drogas
que manejan los cárteles del Pacífico, Jalisco Nueva Generación y Beltrán
Leyva, que estuvieron asociados hasta 2008, y que desde entonces han vivido en
constante conflicto.
De acuerdo con funcionarios de la DEA,
Veytia estaba vinculado a dos cárteles, enemigos entre sí, el de los Beltrán
Leyva, donde la relación que tenía, afirman, era con el jefe de la plaza en
Nayarit, Daniel Isaac Silva Gárate, apodado el H-9, que fue abatido
durante un enfrentamiento con la Marina el 11 de febrero pasado, y con el
Cártel Jalisco Nueva Generación. Según funcionarios federales, el fiscal general
–un cargo que aprueban todas las fracciones parlamentarias-, tenía una red de
prostitución en el estado donde utilizaba a las mujeres como informantes. La
PGR comenzó a seguirle la pista a Veytia el año pasado, pero nunca avanzó hacia
una investigación formal. El gobernador Sandoval insistió el jueves que él no
sabía nada de las relaciones criminales de su fiscal, y que todo lo que había
oído de él eran “percepciones”.
Sin embargo, su proceder el martes
despierta sospechas. La manera como actuó es propia de la forma como, de manera
preventiva, se redobla la seguridad cuando un criminal con fuerte poder en una
región es capturado o abatido, y deja un vacío de poder. El reforzamiento de la
seguridad en esos casos es para evitar que los momentos de confusión, otros
busquen ocupar el lugar vacante. Nunca se había visto un blindaje por el hecho
de que un alto funcionario del gobierno fuera detenido por delitos relacionados
con el narcotráfico. Sandoval se comportó intuitivamente como si Veytia fuera un
capo que viviera en Nayarit, y no su fiscal general.
Su preocupación fue que no hubiera
violencia en Nayarit, no preguntar sobre los porqués y las razones de la
captura de su muy cercano colaborador. Balbuceante, el gobernador dijo que
apoyaba al gobierno de México y, también, al de Estados Unidos. Qué proyectó,
es un misterio. Señaló, cándidamente, que no había sido informado que hubiera
señalamientos en contra de su fiscal. De hecho, ninguna área del gobierno
federal fue informada que se investigaba a Veytia desde hace cuatro años y que
lo iban a detener. La ausencia de información refleja el grado de deterioro en
la relación bilateral dentro del campo de la seguridad, y consecuencia directa
de la negativa en el gobierno de Enrique Peña Nieto a que sus altos mandos
fueran certificados para recibir inteligencia de Estados Unidos. Hasta
aquí quedó el discurso embustero de la cooperación bilateral.
La captura pegó por debajo de la línea
de flotación del gobierno, y representa una primera importante llamada de lo
que viene desde el norte en los próximos meses. Peña Nieto debe registrar con
cuidado lo que está sucediendo, y si se decide, actuar y corregir.
Fuente.-@Rivapa/
