Luego de que durante años Andrés Manuel López Obrador hizo de los bloqueos su método común para protestar y presionar, ayer el Congreso de Tabasco, su Estado natal, aprobó modificaciones al Código Penal para imponer hasta 13 años de cárcel al que impida la ejecución de trabajos y obras públicas o privadas.
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Con esto, la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, obra emblemática del Presidente, quedó blindada contra protestas o bloqueos de cualquier persona o agrupación.
El Congreso del Estado está dominado por Morena, el partido de AMLO.
La reforma fue aprobada en sesión extraordinaria con 24 votos a favor -21 de Diputados de Morena- y uno en contra, pese a los cuestionamientos de organizaciones y legisladores de oposición que acusaron una "Ley Garrote" contra manifestaciones.
El cambio establece que quien extorsione, coercione o intente imponer cuotas e impida totalmente o parcialmente el libre tránsito para la ejecución de trabajos y obras tendrá una pena de 6 a 13 años de cárcel y una multa de mil a 2 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).
"Lo grave de todo esto es que hay belicosidad", dijo la Diputada morenista Julia del Carmen Pardo.
"Es que estos pseudogrupos ya vienen incluso hasta armados", dijo. "Arman golpizas cuando no se les da los que ellos quieren, retienen a la gente en una especie de secuestro exprés para poder coercionar.
"Eso no lo podemos seguir permitiendo porque viene una inversión descomunal", añadió.
El Gobernador de Tabasco, el morenista Adán Augusto López, también negó que los cambios sean una "Ley Garrote" y aseguró que están encaminados a castigar la extorsión de agrupaciones vinculadas al PRI.
En octubre, el Congreso tabasqueño aprobó reformas a las leyes de obras públicas y de adquisiciones con el fin de dispensar licitaciones en obras estratégicas, como la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.
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