Gilberto Aguirre Garza, ex director general de los Servicios Periciales en Veracruz, preso por desaparición forzada de personas, denunció al Gobernador Miguel Ángel Yunes y al Fiscal de la entidad, Jorge Winkler, por tortura, abuso de autoridad y simulación de pruebas.
El ex funcionario también reveló un acuerdo con el Gobernador Yunes para testificar contra el ex Fiscal Luis Ángel Bravo, a cambio de que siguiera su proceso en libertad.
Aguirre Garza fue detenido en abril pasado y actualmente está preso en el Penal de Pacho Viejo por la desaparición del policía David Lara Cruz, delito del que se ha declarado inocente.
En su denuncia, Aguirre Garza asegura que fue encarcelado por venganzas políticas del Gobernador Yunes, en contubernio con el Fiscal y otros servidores públicos.
"Existen venganzas políticas en contra de ex funcionarios de la anterior Administración estatal, de las cuales soy ajeno por ser un funcionario de carrera en procuración de justicia y jamás he sido político. Recién llegados los denunciados a la Fiscalía General del Estado Jorge Winkler y Marcos Even Torres (este último en ese entonces visitador de la Fiscalía y actualmente Fiscal Anticorrupción) fui designado como Fiscal Regional en la ciudad de Córdoba, Veracruz, quienes en varias entrevistas me preguntaban cuáles eran las irregularidades que tenía conocimiento se habían cometido, durante el periodo que fungió como Fiscal General del Estado Luis Ángel Bravo Contreras.
"Que tenían instrucciones precisas del Gobernador Yunes Linares de meter a la cárcel a quien fuera Fiscal General del Estado anteriormente, a lo que contestaba que no tenía conocimiento de ninguna irregularidad, ya que de haber existido, como funcionario probo y conocedor de la ley, tenía perfectamente claro que debía denunciar de ser el caso, que nunca le habían ordenado nada que no fuera legal", expone en su denuncia.
Al ingresar al Reclusorio Regional de Pacho Viejo en la Sección A, Estancia 1, tras ser vinculado a proceso, durante su estancia pusieron, por órdenes de la dirección, radios con bocina a todo volumen, durante día y noche y por varios días, lo que se convirtió en una tortura.
Ante esta situación, habló con el director del reclusorio, Gabriel Jiménez Ramírez, quien le dijo que no podía hacer nada y que sólo recibía órdenes superiores.
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Por esta tortura, asegura Aguirre Garza, bajó ocho kilogramos de peso, como puede verificarse con la hoja de ingreso al penal y notas médicas posteriores, y a la fecha no se ha podido recuperar.
El ex funcionario fue detenido en abril pasado y aseguró que al ingresar al Reclusorio Regional de Pacho Viejo fue internado en la sección "A", Estancia 1, litera 1, al ser vinculado a proceso.
En la denuncia presentada ayer ante la Fiscalía estatal, Aguirre asegura que el pasado 10 de mayo fue visitado por Eduardo Coronel Gamboa, Fiscal para la Atención de Personas Desaparecidas.
"El Licenciado Eduardo Coronel Gamboa me dijo que sabía perfectamente que no había cometido ningún delito, pero que el ex fiscal Luis Ángel Bravo Contreras había roto un acuerdo con el Gobernador del Estado Miguel Ángel Yunes Linares y que necesitaba que declarara y lo incriminara en el mismo delito por el que fue vinculado a proceso", detalla.
"Que ellos ya sabían lo que había pasado en el levantamiento de cadáveres a principios de 2016, que tenía una propuesta que hacerme por parte del Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y el Fiscal General del Estado Jorge Winckler Ortiz, consistente en que si declaraba en contra de Bravo Contreras dejarían de torturarme; que además respetarían a mi familia, que pasando la elecciones del 1 de julio ya que ganarían con el Candidato Miguel Angel Yunes Márquez".
Aguirre Garza aseguró que le fue prometido cambiar el delito de desaparición forzada al de incumplimiento de un deber legal, para continuar su proceso en libertad, y que después se desistirían de la acción penal.
"La entrevista concluyó a las 04:00 horas de la madrugada, sin que estuviera presente ningún defensor, con el tiempo constata que su declaración de fecha 10 de mayo de 2018 fue alterada porque la primera hoja no tiene firmas, esa declaración sirvió como dato de prueba para girar orden de aprehensión en contra de Luis Ángel Bravo Contreras y Rosario Zamora González dentro de los autos del proceso penal 103/2018 del índice del Juzgado de Proceso y Procedimientos Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz", se explica en la denuncia.
La defensa de Aguirre aseguró que llevará la denuncia ante instancias internacionales.
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