La Campaña Nacional para el Reporte y Bloqueo de teléfonos Celulares, apuesta para combatir el robo de los móviles que involucró un acuerdo de telefónicas, al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) y procuraduría del país, comenzó su declive y se encuentra en el olvido, inoperante para combatir este delito.
Hace 8 años se planteó que a través del IMEI, una clave única de cada aparato, se inutilizara completamente cualquier celular robado y así dejaran de ser un objeto atractivo de hurto. Hace 4 años se realizaron intensas campañas para que este mecanismo funcionara y se multiplicara. Y sí, en efecto, el número de celulares desactivados, aunque en forma discreta, creció año con año hasta 2016, cuando alcanzó 892 mil 316 aparatos. Pero el último reporte, el de 2017, muestra sólo 786 mil 977 en el año, 12 por ciento menos que el año anterior.
Peor aún, esto pasó desapercibido debido a que los datos no están a la vista de Ifetel ni de las organizaciones civiles, como el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, que apoyó el proyecto en su arranque. El seguimiento a la gran campaña contra el robo de celulares ni siquiera quedó en manos de las compañías telefónicas, sino en la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), una asociación civil de las telefónicas que mantiene la concentración de datos a nivel nacional pero que a 8 años de iniciar aquel proyecto no puede “por problemas técnicos de los datos” hacer una radiografía de este delito por estado. Sólo tiene un dato bruto del reporte nacional.
Luis Wertman Zaslav, presidente del Consejo de Ciudadanos CDMX, señalaba que el crecimiento en el número de celulares bloqueados por IMEI era notorio y un buen síntoma porque se tenía avances y un promedio de cancelación mayor cada mes, “sin embargo, éste es un mercado de 103 millones de líneas de telefonía celular, así que, aunque se habían registrado meses con un aumento del 500 por ciento en cancelaciones, aún así no íbamos a la velocidad que quisiéramos. Es importante recordar que fue precisamente el Consejo Ciudadano el que impulsó esta iniciativa y durante los últimos cinco años hemos trabajado mucho con la Anatel para mejorar”.
Para el presidente del Consejo, la clave del proyecto era denunciar el robo y evitar así la compra del dispositivo en el mercado ilegal. Una idea con la que difícilmente se podría estar en contra, pero es el Director General del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, también consultado por Crónica, quien señala la posible razón del fracaso: “Cuando inició el bloqueo por IMEI yo tuve que hacer el procedimiento 8 veces antes de lograrlo; los ciudadanos debemos mejorar la cultura de la legalidad, cumplir las normas, pero la autoridad debe ayudar con procesos sencillos”.
Paradójicamente, el proyecto pretendía abarcar a los celulares extraviados, pero ni así se evitó que perdiera impulso.
¿DÓNDE ESTÁ EL PILOTO? El Ifetel fue consultado sobre el seguimiento del proyecto de bloques de IMEI. Argumentó que a pesar de ser firmante del acuerdo que dio origen al proyecto IMEI y de ser el órgano que regula a las compañías telefónicas, éstas no tienen una obligación para compartir con el instituto datos sobre los teléfonos bloqueados: “Las cifras las comparten los mismos operadores (compañías) porque como tal, ellos son los que realizan el bloqueo cuando los usuarios los reportan como robados. Nosotros no tenemos los datos”, dijo el departamento de Comunicación Social.
Al consultar a las tres compañías de telefonía móvil que operan en México y que en conjunto conforman más del 90 por ciento del mercado, Telcel, Movistar y AT&T, argumentaron que los datos sobre el número de celulares dados de baja a través del IMEI por robo sólo pueden ser conocidos a Anatel, que dirige Gabriel Székely.
“Las compañías tenemos los datos pero no los hacemos públicos, sólo a través de la Anatel”, respondió el área de Comunicación y Prensa de AT&T, mientras que Telcel y Movistar no dieron mayor detalle.
Por separado, la Anatel otorgó las cifras sobre el número de celulares robados anualmente que acompañan estas líneas, sin embargo no ofreció el detalle desagregado a nivel estatal. Cuando se le pide una mayor desagregación responde: “Existen problemas técnicos y metodológicos para obtener el dato a nivel estatal, por ejemplo, los usuarios itinerantes”.
En cuanto al nivel de detalle de los datos de celulares desactivados, Wertmal aspira a un nivel de abismalmente mayor que el logrado por Anatel: “Necesitamos crear una base de datos por Estado, por ciudad y hasta por comunidad. Tenemos ya muchos datos (al menos el Consejo Ciudadano tiene una base muy completa) para que sea accesible tanto para las autoridades como para las empresas”.
Wertmal indica que “nosotros dimos el primer paso hace casi dos años, al compartir nuestra base de números comprobados que se usan para algún tipo de extorsión con Plataforma México (Comisión Nacional de Seguridad). También hablamos, en el caso de robo a celular, que alcanza 75 por ciento del robo a transeúnte, el delito número uno en los últimos siete años a nivel nacional”.
“Inhabilitar el celular por medio del IMEI es una tarea que recae mucho en nosotros como usuario. Hay que presionar a la compañía para que cancele el IMEI y denunciar con el objetivo de que ese aparato no pueda ser usado para un crimen o revendido en el mercado ilegal; si se usa el acta sólo para reponer el dispositivo, nosotros mismos alimentamos el delito”, concluye Wertmal.
Un dato bruto, nacional, en declive y de poca utilidad para entender este delito. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 81 millones de personas en México tienen acceso a un teléfono celular. El mercado en realidad puede rondar los 103 millones de aparatos.
Miguel Ángel Mancera en 2017 se quejó de la ausencia de mecanismos para desalentar el mercado de celulares robados, refería que en un par de operativos se habían incautado 30 mil aparatos de dudosa procedencia.
“Finalmente lo que genera es un mercado ilícito en un contexto lícito: para vender celulares en un tianguis, tienes que pagar corrupción de autoridades para que no vean”, señala por su parte Francisco Rivas, “y eso tiene que ver con cómo se establecen las redes de corrupción, así que debe ser considerado un delito relevante”. Mañana, una última entrega sobre este tema.
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