El cierre del más violento y sangriento de los últimos sexenios es también el de una abierta confrontación entre dos instancias clave en el contexto de descomposición de la seguridad pública en el país: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), dependencia que ya rebasó el número de Recomendaciones recibidas en el sexenio anterior.
Con sus discursos y acciones, ambas instancias se han enfrascado en una serie de batallas que se dan en sus terrenos (el del combate a la delincuencia y el de la defensa de los derechos humanos), desde sus perspectivas y a partir de dos lógicas que chocan al momento de confrontar los límites de lo legalmente permitido con lo extrajudicial y oscuro.
Los jaloneos y contrapuntos de la Comisión y de la Marina se fundamentan en su labor, en su discurso y en sus cifras, pero estas últimas no favorecen a los marinos. Más bien ocurre todo lo contrario y de manera agravada.
Hoy, bajo el Mandato de Enrique Peña Nieto y en la administración del almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, la Marina-Armada de México lleva acumuladas más Recomendaciones de la CNDH que las recibidas en el gobierno de Felipe Calderón.
Con Peña como Comandante Supremo, la Marina ha recibido hasta ahora 22 Recomendaciones. La más reciente fue por Violaciones Graves a los derechos humanos. Es la que se refiere a la desaparición forzada de 10 civiles (entre ellos dos menores de edad) ocurrida en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a manos de un grupo de Infantes de Marina.
En el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa la Armada acumuló 17 Recomendaciones. Ninguna fue por Violaciones Graves a los derechos humanos.
Desapariciones forzadas
La CNDH emitió la Recomendación sobre las desapariciones en Nuevo Laredo, pero nunca aclaró o informó cuál será la situación jurídica de los involucrados. Tampoco la Armada de México se ha pronunciado al respecto, pese a que en su momento emitió un comunicado informando las medidas adoptadas para coadyuvar y colaborar en la investigación.
La Marina anunciaba que además de comprometerse a respetar la integridad y las labores desarrolladas por defensores y activistas de derechos humanos de Nuevo Laredo, también permitiría el acceso a sus instalaciones para que peritos forenses y visitadores revisaran en busca de rastros de los desaparecidos.
No solo eso; la Marina informaba que para facilitar las investigaciones concentraba en la Ciudad de México, en el Cuartel General del Alto Mando (a cargo del Vicealmirante Arturo Ramón Boscó), a los integrantes del grupo operativo señalado por las desapariciones forzadas.
Tras recibir y aceptar la Recomendación 11VG/2018 de la CNDH en un caso grave y delicado, la Marina ha guardado silencio y no ha habido pronunciamiento alguno para señalar o explicar o referirse al hecho contundente de que la investigación de la Comisión encontró que un grupo de marinos que operan en Nuevo Laredo sí fue responsable de la detención y desaparición de al menos 10 civiles (inocentes o no) a quienes se detuvo, se sometió y nunca se les presentó ante autoridad alguna.
Este caso en particular reviste enorme. De acuerdo con los testimonios y datos presentados por la CNDH, la Semar negó en todo momento las acusaciones hechas por los familiares y por decenas de testigos que presenciaron las detenciones.
Las protestas y movilizaciones de los familiares y de dirigentes de grupos de derechos humanos como Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) para denunciar la oleada de desapariciones ocurridas en esa ciudad tamaulipeca y en otros puntos cercanos y conexos al estado de Nuevo León atrajeron la atención de la comunidad internacional.
En unió de este año la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) hizo un recorrido en Nuevo Laredo junto con funcionarios mexicanos para conocer de cerca la situación acerca de la oleada de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales denunciadas y atribuidas a la Marina.
La CNDH entró en escena y junto con la Procuraduría General de la República (PGR) iniciaron la investigación sobre las desapariciones. La CNDH es la única que ha emitido un pronunciamiento oficial y presentado, en el marco de sus atribuciones, una Recomendación y una postura en torno a 10 de los más de 20 casos reportados.
En la medida en que la investigación avanzaba y los pronunciamientos de organismos internacionales se multiplicaban, los ataques y amenazas en contra de personajes como Raymundo Ramos crecieron. Fueron necesarias nuevas intervenciones y condenas por parte de la CNDH y de la ONU-DH para frenar la embestida contra el activista.
Ramos se vio obligado a pedir medidas cautelares para él y parta su familia por las amenazas recibidas y por las acusaciones que comenzaban a aparecer en algunos medios nacionales y locales.
En junio de este año se filtraron declaraciones incluidas en la averiguación previa AP/PGR/SEIDO/VEITA/073/2015, iniciada en marzo de 2015 con la captura de Ramiro Pérez Moreno, El Ramas, quien aseguraba que Raymundo Ramos recibía 5 mil dólares semanales para permitir que integrantes de los Zetas se ocultaran en sus oficinas cuando eran perseguidos por militares y policías.
Pérez Moreno declaraba además que el cártel repartía 80 mil dólares semanales a diversas organizaciones civiles para que hicieran marchas, plantones, cierre de calles y quema de llantas y vehículos exigiendo que las fuerzas armadas abandonaran Tamaulipas, acusándolas de abusos y desapariciones forzadas y de toda clase de excesos.
Todas las notas publicadas se centraban en las declaraciones del sicario, en las que no aparecían referencias a las otras ONGs supuestamente pagadas por los Zetas en Nuevo Laredo.
El clímax de las guerras entre la CNDH y la Marina ocurrió de manera indirecta el pasado 30 de julio, cuando el Ejército y la PGR dieron con una supuesta casa de seguridad ubicada en Nuevo Laredo, en la que hallaron un arsenal de 11 armas largas y 137 mantas o pancartas que aparentemente han sido utilizadas por civiles para protestar en las calles en contra de las fuerzas armadas y exigir su salida.
Dos días después del hallazgo -sin detenidos-, la CNDH difundió un comunicado en el que señalaba que “a partir de la representación de distintos casos de desaparición en Nuevo Laredo y el acompañamiento a los familiares de las víctimas, se han venido presentando ataques contra el defensor Raymundo Ramos”.
Los señalamientos e intentos de criminalización, indicaba la comisión nacional, “buscan desviar la atención de lo verdaderamente preocupante: la desaparición de personas en distintas regiones del país, muchas veces atribuida a corporaciones de seguridad del Estado”.
En los meses previos a estos hallazgos se dieron enfrentamientos de soldados y marinos contra elementos del Cártel del Noreste y se encontraron uniformes, fornituras y chalecos tácticos con la leyenda “MARINA”. En un cateo se encontraron 32 chalecos y otros aditamentos y equipo de uso militar. La Semar aseguró en su momento que se trataba de vestimenta apócrifa.
Con este argumento se intentó llevar el inicio de las investigaciones sobre los desaparecidos y ejecutados asegurando que en realidad habían sido levantados por sicarios de cárteles rivales que se disfrazaban como marinos.
En tanto, la Marina insiste en que sus niveles de mala operación o de abusos o de excesos cometidos son extremadamente bajos si se hace una comparación entre el número de quejas, de denuncias y de recomendaciones emitidas en un universo de más de 47 mil operaciones navales realizadas en forma conjunta con otras corporaciones o de manera individual.
El cierre de sexenio está a la vuelta y es muy probable que la Marina -que en este gobierno ha rebasado también el Ejército en Recomendaciones de la CNDH- vea crecer los señalamientos en su contra por violaciones a los derechos humanos.
Esta será una agenda ineludible y de atención inmediata para el futuro M-1 que llegue a ocupar el lugar del almirante Soberón, a quien el tema del respeto a los derechos humanos y el control de las tropas de elite se le fue de las manos.
Fuente.-Jorge Medellín
@JorgeMedellin95
(Imagen/Web)
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