La Procuraduría General de la República (PGR) ofreció una recompensa de 1.5 millones de pesos a quien ofrezca información que lleve a identificar y detener a los responsables del asesinato del Juez federal Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, ocurrido el 17 de octubre de 2016 en Metepec, Estado de México.
NOTA RECLACIONADA:
Alberto Díaz Beltrán, encargado de despacho de la PGR, publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo A/052/18 donde autoriza la recompensa para dar con el paradero de los homicidas del ex Juez Quinto de Distrito en Amparo y Juicios Civiles Federales en Toluca.
"El monto de la recompensa será de hasta 1 millón 500 mil pesos por la identificación, localización, detención o aprehensión de los probables responsables del delito de homicidio calificado cometido en agravio de Vicente Antonio Bermúdez Zacarías.
"Si la información es aportada por dos o más personas simultáneamente, respecto de las mismas personas por las que se hace el ofrecimiento, la recompensa será entregada proporcionalmente, según la veracidad, utilidad, eficacia y oportunidad de la información aportada por cada uno", señala el responsable de la PGR.
El ofrecimiento excluye como beneficiarios de los recursos a los funcionarios de seguridad pública, administración de justicia y ejecución de sanciones penales, así como de sus cónyuges o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles.
"La limitación será aplicable hasta un año después de que el servidor público se haya retirado del empleo, cargo o comisión", señaló.
La información que se aporte, el número de identificación confidencial y, en su caso, los datos personales de quien la haya proporcionado, así como las actas que se levanten y toda la documentación que se genere, se clasificarán como información reservada y confidencial.
El homicidio de Bermúdez Zacarías está por cumplir dos años, sin que a la fecha las autoridades hayan podido castigar a los culpables.
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Según información judicial, meses antes de su asesinato, el juez denunció ante el Consejo de la Judicatura Federal diversas irregularidades en su juzgado, como el ingreso ilegal de varios de sus subordinados al Penal del Altiplano, para reunirse con narcotraficantes.
La Judicatura suspendió a tres integrantes del Poder Judicial de la Federación por las anomalías e inhabilitó a dos de ellos por 20 años para ocupar un cargo público.
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